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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL SE HUBIERE CONCEDIDO LA MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 181/2023. · Registro digital (IUS): 32071
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-19
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo IV, Pág.4107.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 181/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 17 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS: DISIDENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA) Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, CON VOTO CONCURRENTE DEL ÚLTIMO DE LOS NOMBRADOS RESPECTO DEL FONDO DEL PRESENTE ASUNTO. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.

I. COMPETENCIA

PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la región en la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción, y la materia sobre la que versa, corresponde también a la asignada a este tribunal.

II. LEGITIMACIÓN

SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, órgano jurisdiccional que resolvió los incidentes de suspensión relativos a los juicios de amparo ********** y **********, que dieron origen a los criterios denunciados en la contradicción.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

TERCERO.—Para una mejor comprensión del asunto, a continuación, se realiza una síntesis de los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados.

A. Recurso de queja ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Antecedentes.

Demanda de amparo. Por escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, el ocho de noviembre de dos mil veintidós, una persona física por propio derecho promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

"1. H. Congreso del Estado Nuevo León, Septuagésima Sexta Legislatura.

"2. H. Pleno del Congreso del Estado Nuevo León, Septuagésima Sexta Legislatura.

"3. Comisión Anticorrupción del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

"4. Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León.

"5. C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

"IV. ACTOS RECLAMADOS

"1. Del H. Congreso del Estado de Nuevo León de su Septuagésima Sexta Legislatura, del Pleno y de la Comisión de Anticorrupción de dicho Congreso, se reclama:

"a) La emisión del Acuerdo 254, de fecha 12 de octubre de 2022, en el que se contiene la convocatoria y las bases para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, en adelante ‘Convocatoria Fiscal General.’

"El referido Acuerdo 254, entró en vigor el día 14 de octubre de 2022, mediante su publicación en el portal oficial del H. Congreso del Estado, lo cual puede corroborarse de lo dispuesto en el artículo primero transitorio del citado acuerdo, consultable en la liga: https://www.hcnl.gob.mx/pdf/Acdo-254-Convocatoria-Fiscal-General-Justicia.pdf.

"b) La omisión de observar los principios de paridad, igualdad y alternancia de género en la emisión de la ‘Convocatoria Fiscal General.’

"c) La omisión de observar el debido proceso en la emisión de la ‘Convocatoria Fiscal General.’

"d) La omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35, inciso a), fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en cuanto a establecer en la ‘Convocatoria Fiscal General’ los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles que serán considerados en la definición de los candidatos.

"2. Del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, se reclama:

"a) La emisión de la propuesta de Convocatoria a Fiscal General de Justicia del estado de Nuevo León, lo cual constituye un hecho notorio y es consultable en la liga: https://www.elnorte.com/propone-comité-del-seaconvocatoria-para-eleccion-de fiscal/ar2485259.

"b) La omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35, inciso a), fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en cuanto a emitir opinión previa a la Comisión de Anticorrupción del H. Congreso del Estado de Nuevo León de su Septuagésima Sexta Legislatura, para la formulación del proyecto de convocatoria pública para ocupar el cargo de Fiscal General.

"c) La omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, último párrafo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, en lo que respecta a enviar al Congreso del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado sus decisiones y acuerdos tomados.

"3. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se reclama:

"a) La iniciativa, promulgación y orden de publicación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, específicamente sus artículos 158 y 159.

"b) La inminente selección de la terna definitiva y envío al Congreso del estado de Nuevo León, en términos de lo dispuesto por el artículo 159, fracción II, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

"4. Del C. Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se reclama:

"a) La expedición, promulgación, firma y refrendo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, específicamente sus artículos 158 y 159.

"5. De todas las autoridades responsables se reclaman la ejecución y las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de los actos reclamados, incluida la integración de una lista de aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, por parte del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León y la inminente designación de dicho titular, por parte del H. Congreso del Estado de Nuevo León, lo cual de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León ha de ocurrir de manera posterior a la selección de la terna definitiva por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

"Así como la aplicación en perjuicio de la parte quejosa de los artículos 158 y 159 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, es decir, la primera aplicación de dicha norma en perjuicio de la hoy quejosa, que se suscitó a través del siguiente acto que también se reclama:

"1) Acuerdo número 254 relativo a la ‘Convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León’, emitido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, de su Septuagésima Sexta Legislatura, mismo que entró en vigor en fecha 14 de octubre de 2022.

"Precisamente, en el acuerdo de referencia se convocó al cumplimiento de diversos requisitos, a fin de presentar solicitud de aspiración para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León.

"Sin embargo, también en dicho acuerdo se omitió respetar los principios de progresividad, paridad de género y alternancia, en su vertiente de ejercer acciones afirmativas en beneficio del género femenino, lo que involucró también una inconstitucionalidad de los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, al generar una discriminación y no respetar el principio de paridad de género, pues no se advierte el ejercicio de alguna medida afirmativa o cuota de género que permita cumplir y hacer cumplir lo establecido en diversos tratados internacionales y en criterios jurisdiccionales en materia de género.

"A su vez, los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, son inconstitucionales y contrario al artículo 41, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no respetó el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de los órganos autónomos, esto porque la Constitución Federal, señala:

"..."

Correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, cuya titular lo registró con el número ********* y por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, dado que en la controversia constitucional ********** se había concedido la suspensión, declaró sin materia el incidente de suspensión, con fundamento –dijo– en el artículo 145 de la Ley de Amparo.

Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, el veintidós de diciembre del mismo año, la quejosa interpuso recurso de queja de la que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo Magistrado presidente en acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente **********.

En acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, el Pleno de ese órgano colegiado determinó:

"ÚNICO. — Es infundado el recurso de queja.

"Notifíquese ..."

Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:

a. El órgano revisor estimó fundados los agravios planteados, aunque inoperantes porque al reasumir jurisdicción, consideró que por diverso motivo resultaba improcedente el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados.

b. Así, determinó que no era viable jurídicamente establecer que con el pronunciamiento en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 238/2022, (la suspensión del acto ahí reclamado), pudiera quedar sin materia el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo de origen, debido a que para ello debían cumplirse a cabalidad los requisitos establecidos en el referido numeral 145 de la Ley de Amparo, y para evidenciarlo señaló:

• Que en los agravios la recurrente, indicó en esencia que el auto recurrido resultaba ilegal porque la Juez de Distrito aplicó de manera incorrecta lo previsto por el artículo 145 de la Ley de Amparo al haber declarado sin materia el incidente de suspensión, por considerar que los efectos respecto de los cuales se solicitó la suspensión de los actos reclamados ya habían sido abordados por el Ministro instructor actuando con la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional ********** y con base en ello, resolvió dejar sin materia dicho incidente, sustentando su determinación en el citado numeral 145, el cual no resultaba aplicable en el caso por no surtirse los supuestos ahí previstos.

• Que le asistía razón en tanto que en efecto –sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de referencia– el auto recurrido fue jurídicamente incorrecto, porque en el caso no se colmó la totalidad de los supuestos jurídicos del artículo 145 de la Ley de Amparo, y ante ello resultó incorrecto que se dejara sin materia el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo de origen.

• Lo anterior, porque en el caso la suspensión a la que hace referencia la Juez de Distrito, fue resuelta en un incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional ********** por el Ministro instructor, actuando con la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mas no en un juicio de amparo promovido con anterioridad por la parte quejosa ahora recurrente o por otra persona en su nombre o representación; contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades responsables.

• En ese sentido el órgano colegiado estimó que era claro que en el juicio de amparo de origen, la parte quejosa se trataba de una persona física, mientras que en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 238/2022, la parte actora lo era el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, lo cual consideró suficiente para advertir que no se actualizaban las hipótesis jurídicas del artículo 145 de la Ley de Amparo, ya que no se trataba de otro juicio de amparo promovido por la parte quejosa recurrente, sino de una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, siendo necesario que apareciera debidamente probado que ya se hubiere resuelto sobre la suspensión en otro diverso juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre y representación contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades responsables, lo que en el caso no ocurrió.

• Asimismo, señaló que no obstaba a lo anterior, el que uno de los actos reclamados en el juicio de amparo de origen se tratara de la emisión del Acuerdo 254, de doce de octubre de dos mil veintidós, que contiene la convocatoria y las bases para ocupar el cargo de fiscal general de Justicia del Estado de Nuevo León, que consistió en el acto reclamado en la mencionada controversia constitucional, puesto que para que se colmara la totalidad de los supuestos jurídicos del referido artículo 145 de la Ley de Amparo, debía aparecer debidamente probado que ya se hubiere resuelto sobre la suspensión en otro diverso juicio de amparo promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación con el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades responsables, lo que no sucedió en el caso, por no tratarse de otro juicio de amparo promovido por la parte quejosa recurrente, sino de una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

c. Ante lo fundado de los argumentos, ese tribunal revisor reasumió jurisdicción y estimó que era improcedente el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, bajo diversas consideraciones que expuso para negar la medida en tanto que de otorgarla se contravendría el orden público y el interés social previstos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que tales aspectos conformen la materia de la presente contradicción de criterios.

B. Recurso de queja ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Antecedentes.

Juicio de amparo. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, una persona física promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES

"1. C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

"2. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

"3. C. Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

"4. C. Director del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

"IV. ACTOS RECLAMADOS

"La aplicación en perjuicio de la parte quejosa del artículo 158, cuarto párrafo, fracciones II y III, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León mismo que establece lo siguiente:

"‘Artículo 158. El Ministerio Público, es la institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad y velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, será desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del Estado que contará por lo menos con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra Especializada en Delitos Electorales, por los agentes de dicho ministerio y demás servidores públicos que determine la ley.

"‘La Fiscalía General de Justicia será un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la ley, con los efectos que ello implica.

"‘La renuncia a los cargos de Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales será comunicada al Congreso del Estado, quien una vez aceptada, emitirá la convocatoria correspondiente para una nueva designación.

"‘Para ser Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales se deberán reunir los requisitos que señale la ley y los siguientes:

"‘I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

"‘II. Tener cuando menos 35 años el día de la designación.

"‘III. Poseer el día de la designación, título profesional de licenciatura en derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

"‘IV. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin embargo, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado, cohecho u otro hecho de corrupción o delito en general que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

"‘V. No haber sido Gobernador o secretario de despacho del Ejecutivo, cuando menos un año previo al día de su nombramiento y tener un perfil que le permita que la función de procuración de justicia cumpla con los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.’

"La primera aplicación de dicha norma en perjuicio de la parte quejosa se suscitó a través del siguiente acto que también se reclama:

"1) Acuerdo Núm. 254 relativo a la ‘Convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León’, emitido en fecha 14 –catorce de octubre de 2022– dos mil veintidós por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de su Septuagésima Sexta Legislatura.

"Precisamente, en el acuerdo de referencia se convocó a quienes posean título profesional de Licenciado en Derecho ccon antigüedad mínima de 10 años y que cuenten con experiencia y conocimientos en procuración o impartición de justicia en el ámbito público o privado, a presentar solicitud para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León.

"Sin embargo, también en dicho acuerdo se requirió a los aspirantes acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, del que destaca su fracción II que solicita ‘tener cuando menos 35 años el día de la designación.’

"Al suscrito le causa afectación la exigencia de dichos requisitos por ser un Licenciado en Derecho que cumple con todas las condiciones para aplicar al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León a excepción de la antigüedad mínima de 10 años con el título profesional de Licenciado en Derecho y la edad requerida para dicho puesto, resintiendo un perjuicio a sus garantías de igualdad, no discriminación y seguridad jurídica. "Ahora bien, a las autoridades señaladas como responsables les atribuyo puntualmente lo siguiente:

"1. Al C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se reclama:

"a) La iniciativa, promulgación y orden de publicación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, específicamente su artículo 158, cuarto párrafo fracción II.

"2. Al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León de su Septuagésima Sexta Legislatura se reclama:

"a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Constitución Política del Estado Libré y Soberano de Nuevo León, específicamente su artículo 158, cuarto párrafo, fracción II.

"b) La aplicación en perjuicio del suscrito de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, específicamente su artículo 158, cuarto párrafo, fracción II, materializado a través de la publicación del Acuerdo Núm. 254 relativo a la ‘Convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León’, emitido en fecha 14 –catorce de octubre de 2022– dos mil veintidós.

"3. Al C. Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se reclama:

"a) La expedición, promulgación, firma y refrendo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, específicamente su artículo 158, cuarto párrafo, fracción II.

"4. Al C. Director del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León se reclama:

"a) La publicación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, específicamente su artículo 158, cuarto párrafo, fracción II, que ocasionó la entrada en vigor de dicha norma."

Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso amplió la demanda en contra de los siguientes actos y autoridades:

"IV. ACTOS RECLAMADOS

"• La aplicación en perjuicio de la parte quejosa de los artículos 158, cuarto párrafo, fracciones I, III y IV y 159 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, mismo que establece lo siguiente: (Se transcriben)"

Correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, cuya titular, lo registró con el número 1546/2022, y por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, declaró sin materia el incidente de suspensión, con fundamento –dijo– en el artículo 145 de la Ley de Amparo.

Recurso de Queja **********. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en donde se registró con el número **********, y en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió en el sentido de considerarlo infundado, se confirmó el auto impugnado y se declaró sin materia el incidente de suspensión.

Lo anterior con base en que tanto en el juicio de amparo como en la controversia constitucional, se solicitaba la misma suspensión de los actos reclamados. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se sintetizan los siguientes:

a. Con independencia de la deficiencia de los argumentos de la parte quejosa, el órgano colegiado estimó que lo resuelto en la controversia constitucional 238/2022, por el Ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde concedió la suspensión a fin de que el Congreso del Estado de Nuevo León, se abstuviera de designar al fiscal general de Justicia del Estado, hasta en tanto se dictara sentencia, debiéndose contener de emitir actos que consumaran o ejecutaran la etapa final, culminante o de conclusión del procedimiento previsto en la convocatoria pública impugnada, sí incidía en la materia del incidente de suspensión sujeta a revisión, toda vez que lo que pretendía el recurrente, era que se paralizara el procedimiento para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado o, en su caso, se evitara que el mismo entrara en funciones hasta en tanto se resolviera sobre la constitucionalidad de la norma reclamada, así como a la legalidad del procedimiento de designación, esto es, los mismos efectos de la suspensión que previamente había sido otorgada.

b. Que lo anterior era así, ya que lo que se pretendía con la suspensión solicitada en el juicio de amparo de origen, era que no se designara al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado o en su caso, se evitara que el mismo entrara en funciones hasta en tanto se resolviera sobre la constitucionalidad de la norma reclamada en el juicio principal, así como a la legalidad del procedimiento de designación.

c. Mientras que en la controversia constitucional se concedió la suspensión a fin de que el Congreso del Estado de Nuevo León se abstuviera de designar al fiscal general de Justicia del Estado, hasta en tanto se dictara sentencia en el asunto, por lo que consecuentemente debía de abstenerse de emitir actos que consumaran o ejecutaran la etapa final culminante o de conclusión del procedimiento previsto en la Convocatoria Pública impugnada, específicamente la designación de un fiscal general de Justicia en el Estado, incluso, en caso de que el gobernador no enviara la terna definitiva de los aspirantes al cargo, de manera tal que el Congreso de Nuevo León y cualquier otra autoridad que por razón de sus funciones debía intervenir en el procedimiento en cuestión, deberían abstenerse de designar un fiscal general de Justicia del Estado.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

CUARTO.—Como punto de partida para verificar si existe o no contradicción de criterios entre los órganos contendientes, debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la referida contradicción entre Tribunales Colegiados de Circuito existe cuando en la resolución de los asuntos que son de su competencia sostienen criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia e independientemente de que exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios del caso, pues si el problema jurídico central es perfectamente identificable debe preferirse la certidumbre en las decisiones judiciales mediante la unidad interpretativa del orden jurídico.

Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtú

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32071-805482d2/incidente-de-suspension-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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