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Modo: Corpus Pro

OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2018. · Registro digital (IUS): 28445
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Pág. 1253.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.17 DE OCTUBRE DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: ANA MARCELA ZATARAIN BARRETT.

II. Competencia

5. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis entre los citados Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. En virtud de que a este Alto Tribunal le compete conocer de las contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente Circuito.

III. Legitimación

6. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados Jorge Luis Mejía Perea, Roberto Hoyos Aponte y Alberto Augusto de la Rosa Baraibar, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, quienes intervinieron en la emisión de la resolución dictada del amparo en revisión 809/2016. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y el diverso 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

7. En la parte conducente es aplicable la tesis 1a. XVIII/2015 (10a.),(3) sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS DISCREPANTES NO EMANEN DEL TRIBUNAL AL QUE PERTENECEN."

IV. Existencia de la contradicción

8. En principio, debe destacarse que el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(4)

9. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

10. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

11. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias 1a./J. 23/2010(5) y 1a./J. 22/2010,(6) de los rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", respectivamente.

13. A continuación, se precisan las razones por las cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan todos los requisitos enunciados.

14. Posturas contendientes. En primer orden se sintetizan las consideraciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a la interrogante de si existe o no una contradicción de criterios.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco.

a) Recurso de revisión 257/2017

15. El referido Tribunal Colegiado resolvió el recurso de revisión 257/2017, en sesión de ocho de junio de dos mil diecisiete, del cual se considera oportuno destacar los datos siguientes:

16. Juzgado de amparo. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto presentado el veintisiete de julio de dos mil dieciséis en la oficina respectiva, en donde diversos quejosos señalaron, como actos y autoridades responsables, los siguientes:

Actos reclamados:

• La omisión de proporcionar tenis para realizar deporte.

Autoridades responsables:

• Titular del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social dependiente de la Secretaría de Gobernación.

• Director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco.

• Encargado del área de almacén, también del citado centro penitenciario.

17. Seguido el juicio correspondiente, el Juez de amparo dictó sentencia el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo indirecto, pues consideró que los actos reclamados eran inexistentes.

18. Recurso de revisión. Inconformes con dicho fallo, algunos de los quejosos interpusieron recurso de revisión.

19. Resolución del órgano colegiado. Del asunto conoció el citado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien por mayoría de votos(7) falló, en esencia, lo siguiente:

• Estimó acertado que el juzgador de amparo tuviera por inexistente la "omisión reclamada" respecto a cuatro de los quejosos, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y consideró que tocante a uno de ellos se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al considerar que habían cesado los efectos del acto reclamado por aquéllos, por lo que consideró que tocante a éste también debía sobreseerse en el juicio de amparo.

• Posteriormente, calificó de fundada la pretensión del resto de los cuatro amparistas, pues consideró que sí se acreditó la existencia del acto reclamado por éstos, por lo que al revisar el fondo del asunto estimó fundados los conceptos de violación, ya que las autoridades responsables no proporcionaron el calzado deportivo en el tiempo establecido, lo cual consideró violatorio de los derechos humanos de aquéllos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal.

• Frente a tal panorama, el Tribunal Colegiado determinó modificar la resolución recurrida, sobreseer en el juicio de amparo respecto a cinco de los recurrentes, y tocante a los otros cuatro conceder el amparo solicitado, en los términos que precisó en la propia ejecutoria.

b) Amparo en revisión 304/2017

20. Posteriormente, el referido Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito falló el recurso de revisión 304/2017, en sesión de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, del cual se considera oportuno destacar los siguientes datos:

21. Juzgado de amparo. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto presentado el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete en la oficina respectiva, diversos quejosos señalaron como actos y autoridades responsables, los siguientes:

Actos reclamados:

• La omisión de las autoridades para renovarles el vestuario (uniforme, calzado, ropa interior, calcetines y tenis).

• La omisión de las autoridades responsables de brindarles atención médica, así como una adecuada y suficiente alimentación a los ahora quejosos (dieta adecuada).

Autoridades responsables:

• Director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco.

• Subdirector técnico y encargado del Departamento de Servicios Médicos (titular del área de servicio médico) del citado centro de reinserción social.

• Titular del departamento de almacén, también del citado centro.

22. Seguido el juicio correspondiente, el Juez de amparo dictó sentencia el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en donde respecto a unos quejosos sobreseyó en el juicio de amparo, y tocante a otros decidió concederles la protección constitucional, esencialmente, por las razones siguientes:

23. Tocante a uno de ellos, tuvo por inexistente el acto reclamado, y respecto a dos quejosos, estimó que habían cesado los efectos de los actos reclamados, debido a que la autoridad responsable desapareció en su totalidad los efectos de los actos reclamados, por lo que estimó procedente sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la de la Ley de Amparo.

24. En cuanto al resto de ellos determinó que debía concederse el amparo solicitado debido a que las autoridades responsables incumplieron con la obligación de proporcionales el vestuario, atención médica y alimentación que refirieron en su demanda de amparo.(8)

25. Recurso de revisión. Inconformes con dicho fallo, los quejosos a quienes le sobreseyeron en el juicio de amparo indirecto interpusieron recurso de revisión por estimar actualizada la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos. También la autoridad responsable denominada titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Reinserción Social interpuso recurso de revisión.

26. Resolución del órgano colegiado. Del asunto conoció el citado Tribunal Colegiado, quien por mayoría de votos falló, en esencia, lo siguiente:

• Estimó acertada la decisión del juzgador de amparo de sobreseer en el juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al considerar que habían cesado los efectos de los actos reclamados por los quejosos.

• Calificó de inoperantes los agravios formulados por la autoridad recurrente. Estimó correcto que se tuvieran por ciertos los actos reclamados, ante la omisión de aquélla de rendir su informe justificado en los plazos establecidos en la Ley de Amparo.

• Frente a tal panorama, el Tribunal Colegiado determinó que en la materia de la revisión debía confirmarse la resolución recurrida, sobreseerse en el juicio de amparo en los términos indicados en la ejecutoria impugnada y concederse el amparo solicitado.

c) Recurso de queja 215/2017

27. Luego, el citado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito falló el recurso de queja 215/2017, en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, del cual se considera oportuno destacar los siguientes datos:

28. Juzgado de amparo. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto recibido en la oficina respectiva el tres de agosto de dos mil diecisiete, en donde un quejoso señaló, como acto y autoridades responsables, los siguientes:

Acto reclamado:

• La negativa a su petición de cambiar de pasillo, para que con ello le cambien su día de visita familiar.

Autoridades responsables:

• Director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco.

• Otras.

29. El cuatro de agosto de dos mil diecisiete, el juzgado de amparo registró la demanda y la desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que existía discrepancia entre la firma autógrafa que aparecía en el escrito de amparo con la rúbrica estampada en otro escrito por el mismo quejoso.

30. Recurso de queja. Inconforme con dicho fallo, el amparista interpuso recurso de queja, del que conoció el citado tribunal, quien, por mayoría de votos, determinó revocar el acuerdo recurrido y ordenar admitir la demanda de amparo, bajo el argumento esencial de que la causa de improcedencia no era notoria ni manifiesta, pues podrían existir diversas razones que harían comprensible la diferencia de firmas entre ambos escritos de demanda.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México.

31. El referido Tribunal Colegiado resolvió el recurso de revisión 261/2017, en sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, del que se considera oportuno destacar los datos siguientes:

32. Juzgado de amparo. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto recibido en la oficina correspondiente el veinte de abril de dos mil diecisiete, en donde un quejoso señaló como acto y autoridades responsables, los siguientes:

Acto reclamado:

• El acuerdo de la sesión ordinaria No. 3, que se realizó el veintinueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", por medio del cual, le fue negada la petición administrativa No. 01250/2017, a través de la cual solicitó ser reubicado en un módulo que le permitiera recibir la visita de su familia los días domingo.

Autoridades responsables:

• Directora general del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

• Comité Técnico del citado Centro de Readaptación Social.

33. Seguido el juicio correspondiente, el Juez de Distrito dictó sentencia el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo indirecto, esencialmente, porque estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, pues estimó que carecía de interés jurídico. Lo anterior, porque para el juzgador federal el reclamo debía resolverse ante la jurisdicción ordinaria, pues al haber solicitado el amparista la modificación de las condiciones de internamiento, lo resuelto podía controvertirse ante el Juez de Ejecución, en términos de los artículos 116, 117 y 120 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

34. Recurso de revisión. Inconforme con dicho fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión.

35. Resolución del órgano colegiado. Del asunto conoció el citado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito quien, por unanimidad de votos resolvió, en esencia, lo siguiente:

• Estimó acertado que el juzgador de amparo sobreseyera en el juicio, aunque consideró que la causa de improcedencia correcta era la establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.

• Así, dicho tribunal sostuvo que, conforme a la citada causa de improcedencia, el juicio de amparo se torna improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que, conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido.

• Del mismo modo, precisó que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

• Luego, refirió que el juicio de amparo se rige por reglas y principios fundamentales que lo estructuran, entre otros, el de definitividad que, como regla condicionante de procedencia de la acción constitucional de amparo en vía indirecta, impone la carga a los quejosos promoventes de agotar previamente los recursos ordinarios, o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Para ello, precisó que lo anterior razonablemente se justifica en la medida que el juicio de regularidad constitucional constituye un medio de defensa extraordinario que sólo procede en casos de excepción, como lo son, entre otros, aquellos que no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa en ejercicio de jurisdicción ordinaria.

• De igual modo, sostuvo que dicha regla no es absoluta, en tanto la propia legislación de amparo establece diversos y específicos casos de excepción, como lo previsto en la fracción XX del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en cuanto a que no resulta obligatorio agotar el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de donde emerge la resolución reclamada, en los supuestos siguientes: a) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; b) se aleguen violaciones directas a la Constitución; o bien, c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

• Así, sostuvo que si en el caso el veinte de enero de dos mil diecisiete, el amparista optó por presentar su petición para ser reubicado de dormitorio y estar en condiciones de recibir visita en domingo, precisamente ante la directora general del reclusorio federal en que permanece recluido, y con apoyo en los preceptos 1o., 8o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 107, 108, 109 y 114 de la aplicable Ley Nacional de Ejecución Penal, entonces, en el caso, no cabía abandonar ese procedimiento administrativo previsto en la citada ley, el cual inició con su petición para ser reubicado de dormitorio, empero, que interrumpió el cauce natural del mismo para en su lugar acudir al juicio de amparo indirecto, sin antes controvertir lo resuelto en dicha petición.

• También refirió que por disposición expresa de los preceptos 116, fracción I, y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los Jueces de Ejecución conocen de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad, de manera que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver tales controversias, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.

• Derivado de lo anterior, el tribunal consideró que si a través de la referida petición administrativa, el amparista dirigió a la directora general del centro de reclusión en que permanece privado de libertad, con la expresa solicitud de ser reubicado a dormitorio donde se le permitiera recibir visita en domingo, era evidente que había optado por la vía natural prevista en la aplicable Ley Nacional de Ejecución Penal para el trámite y resolución a su petición, por lo que, dijo, al haberse negado lo pretendido al quejoso, lo que procedía era que éste no dejara inconcluso ese procedimiento, a fin de controvertir lo resuelto en vía de controversia ante el Juez de Ejecución, como taxativamente se prevé en los numerales 116, fracción I, y 117, fracción I, de la legislación especial de ejecución en cita.

• Con motivo de ello, el Tribunal Colegiado estimó que se incumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que debía confirmarse la sentencia sujeta a revisión y sobreseerse en el juicio, en términos de los preceptos 63, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por actualización del motivo de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XX, de la propia legislación.

• Por otro lado, el Tribunal Colegiado consideró que no cambiaba el sentido anterior, lo previsto por el segundo párrafo del artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en cuanto prevé que el Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto.

• Lo anterior, sostuvo el tribunal, porque con ello se cumple con lo exigido por la citada fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, en lo atinente a que el juicio se torna improcedente, como aquí acontece, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que, conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México.

36. El referido Tribunal Colegiado falló el recurso de revisión 170/2017, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, del cual se considera oportuno destacar los siguientes datos:

37. Juzgado de amparo. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto presentado el treinta de marzo de dos mil diecisiete en la oficina respectiva, en donde diversos quejosos señalaron, como actos y autoridades responsables, los siguientes:

Acto reclamado:

• La omisión de proporcionales gratuitamente artículos de higiene personal.

Autoridades responsables:

• Directora general del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

• Comité Técnico del citado Centro de Readaptación Social.

38. Seguido el juicio correspondiente el Juez de Amparo dictó sentencia el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en donde decidió sobreseer en el juicio de amparo.

39. Recurso de revisión. Inconformes con dicho fallo, nueve de los quejosos interpusieron recurso de revisión.

40. Resolución del órgano colegiado. Del asunto conoció el citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito quien, por unanimidad de votos, falló, en esencia, lo siguiente:

• Estimó acertada la decisión del juzgador de amparo de sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, pues consideró, que la omisión reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso.

• Para apoyar su afirmación, dicho tribunal destacó que la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, resultaba aplicable al caso en particular, porque si bien del artículo transitorio primero se advertía que la citada legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio, lo cierto era que ésta sí era aplicable al caso. Lo anterior, porque tal numeral no podía interpretarse de manera aislada, sino, por el contrario, en la especie resultaba indispensable analizar de manera conjunta y armónica los diversos artículos transitorios del mencionado ordenamiento legal, entre ellos, el diverso tercero transitorio, así como los 1 y 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de donde se podía concluir que tal ley era aplicable a todos aquellos procedimientos tendentes a resolver controversias, así como establecer las normas y procedimientos que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, deberán regirse por la mencionada Ley Nacional de Ejecución Penal, salvo aquellos casos en los que dichos procedimientos hubieran iniciado antes de que entrara en vigor tal legislación.

• Asimismo, refirió que todos los internos que consideren tener un conflicto suscitado al interior del centro de reclusión, independientemente de su estado procesal, deberán regirse por el procedimiento establecido en la multicitada ley, a fin de dirimir su controversia, pudiendo interponer en su caso los medios de impugnación que la propia legislación establezca.

• Del mismo modo, precisó que fue ajustado a derecho que el Juez de Distrito tuviera por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque del contenido de tales numerales se deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos.

• Luego refirió que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos y el acto de autoridad debe existir en el mundo fáctico como consecuencia de un acto de aplicación, ya sea a título de acción u omisión, pero como expresión de una decisión del ente público emitida en el ejercicio o con motivo de sus funciones.

• Del mismo modo, sostuvo que en materia de amparo el agravio se identifica con la afectación de un interés jurídico o legítimo; así, tendrá el carácter de parte agraviada quien al acudir al juicio de amparo cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

• La procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona.

• Con motivo de ello, estimó que, conforme a las anteriores consideraciones, podía afirmarse que en el caso particular se actualizaba la causa de improcedencia que prevé la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, dada la inexistencia del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28445-b702ce79/omisiones-inherentes-a-las-condiciones-de-internamiento-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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