AMPARO INDIRECTO. NO ES NECESARIO AGOTAR ALGÚN RECURSO ORDINARIO CUANDO SE PROMUEVE CONTRA LA OMISIÓN DE VIGILAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, RELACIONADA CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE UNA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 119/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, QUIEN SE APARTÓ DE LOS PÁRRAFOS CUARENTA A CUARENTA Y SEIS DE LA SENTENCIA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: HUGO AGUILAR ORTIZ. SECRETARIOS: ALFREDO SILVA JUÁREZ Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
Síntesis ciudadana: en Chiapas, una persona privada de la libertad necesitaba atención médica, pero las autoridades del centro penitenciario no le hicieron caso; por ello, promovió una controversia judicial, en la que el Juez de Ejecución ordenó a las autoridades penitenciarias que se la brindaran. A pesar de lo anterior, no recibió la atención médica, así que acudió al juicio de amparo para demandarle al Juez de Ejecución que hiciera lo necesario para que su resolución se cumpliera. Sin embargo, el Juzgado de Distrito le negó el amparo.
En desacuerdo, la persona privada de la libertad interpuso un recurso de revisión, en el que solicitó a un Tribunal Colegiado de Chiapas que revisara si esa sentencia era correcta. El Tribunal revocó la sentencia que negó el amparo y resolvió que una persona que se encuentra en prisión puede acudir al juicio de amparo, sin necesidad de que antes tenga que ir con otras autoridades, cuando la Jueza o Juez de Ejecución no vigile el cumplimiento de la resolución que dictó para que se le brindara atención médica.
En Coahuila, una persona privada de la libertad requería atención psiquiátrica y medicamento; sin embargo, las autoridades de su centro penitenciario fueron omisas ante su solicitud. Entonces, la persona privada de la libertad promovió una controversia judicial y el Juez de Ejecución ordenó que la persona tuviera una cita médica y su tratamiento. Debido al incumplimiento de la resolución, la persona privada de la libertad acudió al juicio de amparo para lograr que el Juez de Ejecución realizara las acciones necesarias para hacer cumplir su resolución, pero el Juzgado de Distrito decidió no estudiar el asunto y lo sobreseyó.
Inconforme, la persona privada de la libertad solicitó a un Tribunal que revisara esa sentencia. El Tribunal de Coahuila resolvió que tampoco estudiaría el caso, porque consideró que la persona privada de la libertad, antes de acudir al amparo, debió activar el recurso de inconformidad contenido en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Como se puede observar, ambos Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron en sentidos opuestos sobre si una persona privada de la libertad puede promover un juicio de amparo en contra de la persona juzgadora de ejecución, para que dé seguimiento al cumplimiento de una resolución en la que ordenó otorgar la atención médica, o si antes tiene que interponer otro recurso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la persona privada de la libertad en cualquier estado del país puede acudir al amparo para demandarle a la persona juzgadora que vigile el cumplimiento efectivo de la resolución que dictó en una controversia sobre las condiciones en las que vive dentro de prisión, sin que antes tenga que ir con otra autoridad o interponer otro recurso. Lo anterior, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal no contiene algún mecanismo adecuado para ello.
Este criterio contribuye a que se cumplan las decisiones judiciales que puedan mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, con el propósito de garantizar su derecho de acceso a la justicia.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública correspondiente al doce de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 119/2025, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito (perteneciente a la Región Centro-Sur), en contra del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito (correspondiente a la Región Centro-Norte) y del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito (adscrito a la Región Centro-Sur).
El problema jurídico que debe resolver esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si una persona privada de la libertad debe agotar algún recurso o medio de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal (en adelante LNEP) antes de acudir al juicio de amparo, para combatir la omisión de la persona juzgadora de ejecución de cumplir con su deber de vigilar el efectivo cumplimiento de la resolución que dictó en una controversia judicial en relación con sus condiciones de internamiento.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. El veinticinco de abril de dos mil veinticinco, el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la denuncia de contradicción de criterios realizada por los Magistrados integrantes del mencionado órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 249/2024, en contra de los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 184/2024 y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 209/2024.(1)
2. Admisión. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 119/2025, admitió a trámite la denuncia y reservó el turno del asunto hasta en tanto la nueva integración del Tribunal Constitucional determinara lo conducente. Asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes las versiones digitalizadas de las ejecutorias y que informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados en éstas.
3. Vigencia de los criterios. Los días quince y veintitrés de mayo del dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, respectivamente, informaron que sus criterios seguían vigentes y anexaron la versión electrónica de las ejecutorias con su respectiva evidencia criptográfica.
4. Por acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, la anterior Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por integrada la contradicción de criterios.
5. Turno. En virtud de que, en sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil veinticinco, tomaron protesta las Ministras y los Ministros integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de dos de septiembre de la misma anualidad, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) el Ministro Presidente turnó el expediente a su Ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
6. Recepción en Ponencia. El ocho de septiembre de dos mil veinticinco, la Secretaría de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia del Ministro Hugo Aguilar Ortiz el expediente físico de la contradicción de criterios 119/2025.
II. COMPETENCIA
7. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a diferentes regiones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política del país,(3) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(4) 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) así como el punto segundo, fracción X, inciso e), del Acuerdo General 2/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(6)
8. Este Tribunal Pleno no soslaya que el órgano competente para pronunciarse sobre la contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, es el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México; al tratarse de órganos jurisdiccionales que pertenecen a la Región Centro-Sur.
9. Sin embargo, dado el sentido de la presente resolución y en atención al principio de economía procesal, es innecesario remitir el asunto a dicho Pleno Regional, ya que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no existe la contradicción de criterios respecto de dichos órganos colegiados y, en su caso, establecerá el criterio que debe prevalecer con motivo de la denuncia de la contradicción subsistente entre los Tribunales Colegiados contendientes que restan.(7)
III. LEGITIMACIÓN
10. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del país y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(8) la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 249/2024, de su índice.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. En este apartado se realiza una síntesis de los argumentos que sustentaron cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que contienden en la presente contradicción de criterios.
A) Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito (Región Centro-Sur), en el amparo en revisión 249/2024
12. Hechos. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, un especialista en traumatología valoró al señor **********, persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (en adelante CEFERESO), número 15, “CPS Chiapas”, en Tapachula, Chiapas, y lo diagnosticó con aflojamiento de material en hombro derecho. Por tanto, la persona especialista programó una cirugía para el catorce de noviembre de la misma anualidad; sin embargo, no se llevó a cabo debido a la falta del material.
13. Controversia judicial. Ante la omisión de la autoridad penitenciaria de realizar las gestiones para conseguir el material y llevar a cabo la cirugía, el señor ********** promovió una controversia judicial de la cual conoció el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, con el número de expediente **********.
14. En la audiencia del tres de julio de dos mil veintitrés, la persona juzgadora del conocimiento resolvió fundada la controversia promovida por el señor ********** y requirió a la autoridad penitenciaria realizar todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la intervención quirúrgica, así como los estudios actualizados.
15. Demanda de amparo indirecto. El veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, el señor ********** promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la omisión del Juez de Ejecución, entre otras autoridades, de requerir a la autoridad penitenciaria el cumplimiento total de la resolución dictada en la controversia judicial **********.
16. Sentencia de amparo. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, que lo registró con el número de expediente **********.
17. En audiencia constitucional de trece de mayo de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Distrito del conocimiento dictó sentencia en la que negó el amparo al señor **********, ya que consideró que el Centro de Justicia Penal Federal sí efectuó los requerimientos a la autoridad penitenciaria y demostró realizar las gestiones correspondientes ante el Hospital General de Huixtla, en el ámbito de su competencia. Por lo que el hecho de que no se haya logrado llevar la cirugía no quedaba al alcance de la autoridad penitenciaria, ya que dependía de la agenda del hospital.
18. Recurso de revisión. En desacuerdo con lo anterior, el señor ********** interpuso un recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito (en adelante el Tribunal Colegiado de Chiapas), que lo registró con el número de expediente **********.
19. Criterio contendiente. En la sentencia emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado de Chiapas determinó revocar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Directora General del CEFERESO, así como del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, y conceder el amparo al quejoso, por las siguientes consideraciones:
a) La LNEP no prevé un recurso o medio de defensa que deba agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra de la omisión del juez de ejecución de velar por el cumplimiento de la resolución emitida en una controversia relacionada con las condiciones de internamiento.
b) El artículo 129 de dicha ley establece los procedimientos a seguir en los diversos supuestos que se puedan presentar en la ejecución de las resoluciones a cumplir por la autoridad penitenciaria, y únicamente prevé las siguientes hipótesis: 1) cumplimiento sin objeción del interesado; 2) cumplimiento con inconformidad del interesado; 3) cumplimiento parcial o de imposible incumplimiento; 4) imposibilidad material o económica para el cumplimiento; y 5) falta de cumplimiento por parte de la autoridad penitenciaria.(9)
c) De los procedimientos previstos en dicho numeral, no se aprecia la procedencia de un recurso en la hipótesis reclamada por el quejoso, es decir, contra la omisión del juez de ejecución de vigilar o velar por el cumplimiento de la resolución emitida en la controversia judicial relacionada con la falta de atención médica y medicamentos adecuados.
d) Del análisis de otras disposiciones de la LNEP, tales como los artículos 130, 131 y 132, relativos a los recursos de revocación y apelación, se concluye que no existe otro precepto que prevea un mecanismo de defensa contra la omisión reclamada.(10)
e) Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, el quejoso no estaba obligado a agotar ningún medio ordinario de defensa para combatir la omisión de la persona juzgadora de ejecución penal.
f) En otro orden de ideas, aunque el juzgado responsable llevó a cabo diversos requerimientos a la autoridad penitenciaria para que cumpla la resolución, pasó más de un año sin que se practicara la cirugía al quejoso, lo que vulnera su derecho humano de acceso a la justicia en un tiempo razonable.
g) En consecuencia, concedió el amparo al quejoso para que el Juez de Ejecución realizara lo siguiente: 1) requiera a la Directora del CEFERESO para dar cumplimiento de forma inmediata a la resolución de la controversia judicial; 2) con las facultades que le confiere el artículo 129 de la LNEP, requiera a las autoridades superiores jerárquicas de la Directora del CEFERESO para que gestionen el inmediato cumplimiento de la resolución; y 3) en caso de que el hospital no tenga las condiciones para que se realice la intervención quirúrgica a la brevedad, junto con la Directora del CEFERESO y las autoridades penitenciarias vinculadas, refieran al quejoso al lugar de atención médica más próximo donde sí se pueda llevar a cabo la cirugía.
B) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito (Región Centro-Norte), en el amparo en revisión 209/2024
20. Hechos. El dieciocho de febrero de dos mil veintitrés, **********, persona privada de la libertad en el CEFERESO número 14 “CPS-Durango”, fue atendido por la doctora **********, quien le recetó clonazepam, quetiapina, mirtazapina, gabapentina y valproato de magnesio, debido a su condición psiquiátrica.
21. Controversia judicial. Ante la falta de atención psiquiátrica y medicamentos recetados por su especialista, el señor ********** promovió una controversia judicial, de la cual conoció el Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, quien la registró con el número de expediente **********.
22. El veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, el juez de ejecución emitió una resolución en la que declaró fundada la controversia y requirió a la autoridad penitenciaria para que el señor ********** tuviera una interconsulta con una persona especialista en psiquiatría y se le entregaran los medicamentos recetados.
23. Demanda de amparo indirecto. Debido al incumplimiento de la sentencia, el once de enero de dos mil veinticuatro, el señor ********** promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la omisión del Juez de Ejecución, entre otras autoridades, de supervisar el debido cumplimiento de la resolución emitida en la controversia judicial **********.
24. Sentencia de amparo. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, Torreón, Coahuila, que lo registró con el número de expediente **********.
25. En audiencia constitucional de seis de marzo de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Distrito del conocimiento dictó sentencia en la cual sobreseyó en el juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado, ya que el ocho de febrero de dos mil veinticuatro, el CEFERESO argumentó haber cumplido con la totalidad de la resolución emitida en la controversia judicial y que, con fundamento en el artículo 129 de la LNEP, se dio vista al señor ********** y a su defensa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
26. Recurso de revisión. Inconforme, el señor ********** interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito (en adelante el Tribunal Colegiado de Coahuila), que lo registró con el número de expediente **********.
27. Criterio contendiente. El dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Coahuila determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo por diversa causa de improcedencia, a la luz de las siguientes consideraciones:
a) En principio, el quejoso promovió una demanda de amparo en contra del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal a quien reclamó la omisión de dar seguimiento a lo resuelto en la controversia judicial.
b) En el juicio de amparo, el Juzgado de Distrito resolvió sobreseer en el juicio al determinar que habían cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad penitenciaria argumentó haber cumplido con la sentencia del Juez de Ejecución.
c) Los argumentos que sustentan esa decisión son desacertados, pues el hecho de que la autoridad penitenciaria señalara haber cumplido con la resolución, no trae como consecuencia la cesación de efectos del acto reclamado, ya que el Juez de Ejecución debe pronunciarse sobre si su sentencia fue totalmente cumplida, o bien si solo se acató parcialmente y de los autos de la controversia no se advierte pronunciamiento por parte del juez responsable.
d) Por tanto, lo conducente es confirmar el sobreseimiento recurrido, aunque por diversas consideraciones, esto es, por la inobservancia del principio de definitividad, el cual exige a la persona quejosa agotar los recursos o medios de defensa ordinarios de manera previa a la presentación de su demanda de amparo. e) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la LNEP contiene un mecanismo de control denominado “petición administrativa”, mediante el cual las personas privadas de la libertad pueden ver satisfechas sus pretensiones relacionadas con las condiciones de internamiento, incluidas las omisiones de atención médica de carácter urgente. Inclusive, existe la posibilidad de que éstas sean suspendidas oficiosamente por el juez de ejecución.
f) De dichas consideraciones se desprendió la jurisprudencia de rubro: “OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO”.(11)
g) De ahí que la LNEP prevé un mecanismo sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de la libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, los aspectos vinculados con las condiciones de internamiento. En consecuencia, las personas quejosas tienen la obligación de agotarlo antes de acudir al juicio de amparo.
h) En el caso, el quejoso agotó la controversia judicial contemplada en la LNEP, cuyo artículo 129 prevé que la resolución del Juez de Ejecución se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, la persona juzgadora podrá requerir a la autoridad el cumplimiento de ésta, ya sea de oficio o a petición de parte.
i) De la lectura del mencionado artículo se desprende que para que el Juez de Ejecución requiera a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de la resolución, debe existir la denuncia o instar la actuación judicial por parte de quien promovió la controversia.
j) Entonces, antes de promover un juicio de amparo, la persona privada de la libertad debió comparecer ante el Juez de Ejecución a manifestar su inconformidad con el cumplimiento de la resolución, o bien, instar la actuación judicial para que se requiriera a las autoridades penitenciarias el total cumplimiento de la medida decretada.
k) Es decir, la LNEP establece un mecanismo sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de la libertad pueden instar la acción judicial para que se cumplan las resoluciones del Juez de Ejecución.
l) De no estar de acuerdo con lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, entonces la persona privada de la libertad cuenta con el recurso de revocación o apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la LNEP.
m) En la especie, el quejoso no activó el medio de defensa previsto en el artículo 129 de la LNEP antes de promover su demanda de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo,(12) por no observar el principio de definitividad.
C) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito (Región Centro-Sur), en el recurso de queja 184/2024
28. Hechos. El señor **********, persona privada de la libertad en el CEFERESO número 13, con sede en Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca, fue diagnosticado con cefalea tensional, epilepsia de etiología post traumática, gonalgia bilateral, rinitis alérgica y disminución de agudeza visual.
29. Controversia judicial. Ante la falta de atención médica a sus padecimientos por parte de la autoridad penitenciaria, el señor ********** promovió una controversia judicial. Correspondió conocer del asunto al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y lo registró con el número de expediente **********.
30. El veinte de abril de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución resolvió fundada la controversia y, con fundamento en el artículo 129 de la LNEP, ordenó requerir a las autoridades penitenciarias que dieran la atención médica especializada, suministrar a la persona privada de la libertad sus medicamentos de forma oportuna, permanente e ininterrumpidamente, realizar los estudios médicos correspondientes y llevar a cabo las gestiones de liberación de recursos a cargo del Estado para tales fines, dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surtiera efectos la notificación de la sentencia.
31. Demanda de amparo indirecto. Ante la falta del cumplimiento de dicha resolución, el señor **********, a través de su defensor público, promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la inejecución de la resolución de la controversia judicial, así como la demora en la administración de justicia, atribuidos al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y Administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Así como el incumplimiento de la resolución de la controversia judicial, atribuida a diversas autoridades penitenciarias.
32. Desechamiento de plano. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que lo registró con el número de expediente **********.
33. Mediante acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, por los siguientes razonamientos:
a) Respecto a la omisión por parte del Juez de Ejecución de dar seguimiento y cumplimiento a su resolución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, ya que la persona quejosa debió agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales(13) (en adelante CNPP), en atención al principio de definitividad.
b) En cuanto a la omisión de las autoridades penitenciarias, a saber, el Director General del CEFERESO, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Coordinador General de Centros Federales, relativa a cumplir la resolución dictada por el Juez de Ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, ya que el quejoso debió activar el procedimiento previsto en el artículo 129 de la LNEP, en observación al principio de definitividad.
34. Recurso de queja. En desacuerdo, el señor ********** interpuso un recurso de queja, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito (en adelante el Tribunal Colegiado de Oaxaca), que lo registró con el número de expediente **********.
35. Criterio contendiente. El siete de noviembre de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Oaxaca declaró infundado el recurso de queja por las siguientes consideraciones:
a) Al analizar de forma integral la demanda de amparo, el acto reclamado se traduce en la demora en la administración de justicia ante la omisión de las autoridades pertenecientes al CEFERESO de cumplir la determinación que dictó el Juez de Ejecución en la controversia judicial.
b) El medio de defensa ordinario que debió agotar el quejoso para combatir la omisión reclamada en el juicio de amparo no lo constituye el recurso de queja previsto en el artículo 135 del CNPP, toda vez que tal omisión no aconteció dentro de alguna de las etapas que comprende el proceso penal, sino en un procedimiento de ejecución penal.
c) Sin embargo, es correcta la decisión del Juzgado de Distrito al afirmar que el quejoso no agotó el principio de definitividad, ya que debió hacer valer el recurso ordinario previsto en el artículo 129 de la LNEP, para atacar la omisión de las autoridades responsables pertenecientes al CEFERESO de cumplir con la determinación del Juez de Ejecución.
d) De dicho numeral se advierte que una vez que el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución debe notificar a la autoridad penitenciaria tal desacuerdo, a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido el plazo, la persona juzgadora resolverá sobre el cumplimiento de la resolución.
e) Ello pone de relieve que la LNEP establece un mecanismo sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de la libertad pueden instar acción judicial, con la finalidad de que se cumplan las resoluciones que se emiten en una controversia.
f) Por tanto, si las autoridades penitenciarias adscritas al CEFERESO han omitido dar cumplimiento a la resolución pronunciada por el Juez de Ejecución, el quejoso debió intentar el mecanismo previsto en el artículo 129 de la LNEP, previo a la promoción del juicio de amparo.
g) En el caso, no obra constancia en el expediente de que la parte quejosa hubiera interpuesto la inconformidad contemplada en el artículo 129 de la LNEP ante el Juez de Ejecución. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo.
36. Una vez expuestos los criterios contendientes, conviene insertar la siguiente tabla en el cual se sintetizan las decisiones adoptadas por los Tribunales Colegiados contendientes:
Ver tabla
V. INEXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS RESPECTO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE OAXACA
37. En el presente caso, el Tribunal Pleno considera que no existe la contradicción de criterios denunciada entre el Tribunal Colegiado de Chiapas y el Tribunal Colegiado de Oaxaca.
38. Para llegar a esa conclusión, primero es necesario enlistar los requisitos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar la existencia de una contradicción de criterios:(14)
I. Los tribunales contendientes resuelv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33874-c7ba5554/amparo-indirecto-no-es-necesario-agotar-algun-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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