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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES DECRETADAS POR LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO FEDERAL, TIENE EL ALCANCE DE PERMITIR REALIZAR LA DILIGENCIA Y TENERLA POR LEGALMENTE HECHA DESDE QUE SE PRACTICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 68/2023. · Registro digital (IUS): 32016
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-12-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo III, Pág.3076.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 68/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). DISIDENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al trece de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente a la contradicción de criterios 68/2023, suscitada entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito. La problemática jurídica que subyace en este caso es la siguiente:

Este Pleno Regional debe determinar, si una notificación practicada en un día marcado como inhábil en la ley, pero habilitado por la persona titular del juzgado en el que se tramita el juicio de amparo en el que se realizó la diligencia, debe tenerse por hecha legalmente en el momento en que se hizo o hasta el día hábil siguiente.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

1. Mediante oficio 155/2023, presentado vía interconexión el doce de julio de dos mil veintitrés, ante este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco; denunció la posible contradicción suscitada entre el criterio sostenido en el recurso de queja 138/2023, del índice del citado Tribunal Colegiado y el sustentado en el recurso de revisión 555/2017, del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito.

2. Mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 68/2023, y por turno, correspondió conocer del asunto al Magistrado Arturo Iturbe Rivas.

3. En el mismo auto se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes, a efecto de que informaran si continuaban vigentes los criterios en contienda o manifestaran las consideraciones que motivaron su abandono.

4. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.

5. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, dio cuenta con la razón de notificación, en la que la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, informó que no fue posible notificar al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, del acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, dictado en la presente contradicción; esto, ante la conclusión de labores del citado órgano, refiriendo que fue sustituido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

6. Atento a lo anterior, se solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a efecto de que informara si continuaba vigente el criterio sustentado al resolver el amparo en revisión 555/2017, o manifestara las consideraciones que motivaron su abandono. Asimismo, se le solicitó pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos relativos al citado recurso de revisión involucrado en la presente contradicción.

7. Por oficio 3738, de tres de agosto del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito informó que ponía a disposición de este Pleno, la consulta del expediente electrónico del recurso de queja 138/2023, y manifestó que el criterio sostenido en la sentencia dictada en dicho medio de impugnación, se encontraba vigente.

8. Por oficio 5038/2023, de tres de agosto del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito informó que ponía a disposición de este Pleno, la consulta del expediente electrónico del recurso de revisión 555/2017, y manifestó que el criterio sostenido en la sentencia dictada en dicho medio de impugnación, se encontraba superado; esto, al resolver el amparo en revisión 298/2021.

9. Por oficio 3738, de tres de agosto del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito informó que ponía a disposición de este Pleno, la consulta del expediente electrónico del recurso de queja 138/2023, y manifestó que el criterio sostenido en la sentencia dictada en dicho medio de impugnación se encontraba vigente.

10. Por oficio DGCCST/X/690/08/2023, de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó a este Pleno que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

11. Mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas.

12. Por comunicación presentada vía electrónica el seis de septiembre de dos mil veintitrés y, de manera física, el doce siguiente, el administrador de Amparo e Instancias Judiciales "5" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria formuló manifestaciones a manera de opinión (amicus curiae), respecto de las que se proveyó oportunamente.

II. COMPETENCIA.

13. Este Pleno Regional en Materia Administrativa Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, esto es, dentro de la circunscripción territorial de este órgano colegiado: además, el fondo de la contradicción es de materia común.

14. No pasa inadvertido para este Pleno Regional que uno de los órganos jurisdiccionales contendientes no tiene especialización en materia administrativa, empero, el otro Tribunal Colegiado es semiespecializado, siendo la administrativa una de las materias que integraban dicha semiespecialización y, sobre todo, la materia de la contradicción es común, al referirse a un supuesto que puede acontecer en cualquier materia (administrativa, civil, penal y laboral), por lo que no existe obstáculo para asumir la competencia que corresponde en el caso concreto.

III. LEGITIMACIÓN.

15. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; órgano jurisdiccional que conoció y resolvió el recurso de queja 138/2023, deducido del juicio de amparo 620/2023, del índice del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

16. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

17. Antecedentes relacionados con la decisión del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito.

18. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, las personas quejosas demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que se indican a continuación:

"3) AUTORIDADES RESPONSABLES. a) El C. Titular del Centro Federal Número 13 CPS-OAXACA. b) Titular del Área Médica de este Centro #13 CPS-OAXACA. c) Titular del Área de Dontología (sic) Dentistas d) Oficialía de Partes Titular CPS-OAX.

"4) ACTO RECLAMADO DE ESTAS AUTORIDADES, LES RECLAMAMOS: Abuso de la autoridad al igual de privarnos de una ‘ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA Y DENTAL’, vunerando (sic) nuestros derechos Constitucionales y así violando (el artículo 4 párrafo tercero Constitucional). Así mismo(sic), denegarnos contacto familiar por medio de correspondencia ..."

19. De la demanda de amparo antes descrita, correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, que registró el expediente bajo el número 291/2017 y, por auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, admitió a trámite la demanda.

20. Seguidos los trámites de ley, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, el Juez del conocimiento determinó sobreseer en el juicio.

21. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, órgano jurisdiccional que lo radicó bajo el expediente 555/2017 y, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, resolvió el medio de defensa.

22. En dicho recurso, en la parte que interesa a la presente contradicción, determinó oportuna la interposición del citado recurso, con base en las consideraciones medulares que enseguida se precisan:

a) Para computar la oportunidad en la interposición del recurso de revisión, tomó en consideración que la notificación de la sentencia recurrida fue diligenciada el sábado diecisiete de junio de dos mil diecisiete, por lo que debía tenerse por hecha legalmente el día hábil siguiente.

b) Precisó que en el auto admisorio del juicio de amparo de siete de uno de marzo de dos mil diecisiete, la persona titular del juzgado habilitó al actuario para que, de ser necesario, practicara notificaciones personales en horas y días inhábiles.

c) Consideró que el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, permite a los tribunales habilitar días y horas inhábiles, lo que debe entenderse únicamente para su práctica y no para tenerlas por realizadas en esa misma fecha (día inhábil), sino que debe estimarse hecha el día hábil siguiente.

d) Refirió que sostener lo contrario, era en perjuicio del justiciable y en contravención al artículo 19 de la Ley de Amparo, que establece cuáles son los días hábiles.

e) Por lo que concluyó que, aunque se practique una notificación en día inhábil (por haberse habilitado), se debe tener por realizada para los efectos legales hasta el día hábil siguiente.

f) Con base en lo anterior, tuvo por hecha la notificación el lunes diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por lo que procedió a computar la oportunidad en la presentación del medio de defensa, con base en dicha fecha, esto es, la notificación de la sentencia recurrida surtió sus efectos el martes siguiente y el plazo transcurrió del miércoles veintiuno de junio al martes cuatro de julio de dos mil diecisiete.

23. No se omite poner de relieve, que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cambió su denominación a Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2019), a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

24. Mediante oficio 5038/2023, signado por la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, comunicó a este Tribunal Colegiado que el criterio sostenido en el recurso de revisión 555/2017, había quedado superado; en virtud de que en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 298/2021, resolvió que es improcedente el juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la falta de atención médica, de suministro de medicamentos y de práctica de estudios de laboratorio, en aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

25. Al respecto, este Pleno Regional tiene presente que la materia de la contradicción no se refiere a la procedencia del juicio de amparo en relación con omisiones a las condiciones de internamiento de personas, sino al momento en que debe tenerse por hecha una notificación practicada en un día inhábil, pero habilitada por la persona juzgadora correspondiente, respecto de lo que no se pronunció el Tribunal Colegiado sustituto del contendiente, por lo que se entiende que el criterio sigue vigente en cuanto a la materia que debe resolverse en este expediente.

26. Efectivamente, el aludido tribunal decretó sobreseer en el juicio, con base en las consideraciones torales siguientes:

"Sentado lo anterior, y aun en suplencia de la queja se estima legalmente correcto que el resolutor de amparo determinara que, en contra de dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, toda vez que el ahora inconforme previamente a instar el juicio de amparo indirecto, debió de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

"En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, o recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados.

"Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la misma.

"Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para los efectos del juicio de amparo, que un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto.

"Por lo que, en resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad.

"Ahora bien, de las constancias valoradas con antelación, se aprecia que el quejoso, en su carácter de interno del ********** promovió el juicio de amparo indirecto de origen contra actos del Jefe o titular de área Farmacéutica, jefe del Área Médica, titular financiero, todos del referido centro de internamiento, consistente en la falta de atención médica en las especialidades de Oftalmología, neurología, psiquiatría, traumatología y reumatología, por los padecimientos que presenta y como consecuencia de lo anterior, la falta de suministro de los medicamentos respectivos para esos padecimientos, así como la falta de práctica de los estudios de laboratorios correspondientes; con lo cual refiere, se pone en riesgo su salud física, mental, moral, ocasionándole tortura física y mental, al no recibir constantemente una debida atención médica especializada, así como el suministro de esos medicamentos y estudios respectivos.

"Asimismo, en la determinación recurrida el resolutor federal, estimó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto de que se trata, por considerar que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; bajo la consideración de que como el acto reclamado se traduce en una omisión inherente a las condiciones de internamiento del quejoso en un Centro Federal de Readaptación Social, antes de presentar su demanda de amparo, debió agotar el mecanismo de control previsto para tal efecto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad.

"Lo que se comparte, por las siguientes consideraciones.

"En efecto, como lo destaca el A quo de amparo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la contradicción de tesis 57/2018 de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), estableció que cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento (como en el caso lo es la falta de atención médica), ello constituye un acto omisivo que debe agotar antes de acudir al juicio de amparo, los medios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de promover un juicio de amparo indirecto contra las condiciones de internamiento incluso urgentes o que representen un riesgo para la salud de las personas.

"Para lo cual, destacó que la persona privada de la libertad puede instar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o bien acudir al Juez de Ejecución correspondiente.

"Determinó que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se llegó después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3o., fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. "Asimismo, que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece un ‘Procedimiento Administrativo’ como un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social.

"Y se precisó que tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada.

"1) Las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentre recluida la persona. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.

"En el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente (artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal).

"Así, las peticiones administrativas no urgentes debían substanciarse de la forma siguiente (conforme lo disponen los artículos 111 a 114 de la mencionada Ley):

"• Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente.

"• En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada.

"• Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición.

"• Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado.

"• Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta.

"• Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho.

"• La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento.

"• Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa –como parte– podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistirse de la acción, siempre que dicho desistimiento no implique la renuncia a un derecho fundamental.

"• Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda.

"• Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla (artículos 130, 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal).

"Sin que sea optativo para el interesado agotar o no dicho recurso, pues el hecho de que la ley que regula el acto reclamado permita recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo ‘podrá’, ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino a la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito.

"Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 148/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 355, con registro digital 170455, del tenor literal siguiente:

"...

"2) Asimismo, cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes siendo éstas, entre otras, omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato –dentro de las cuales podemos considerar contempladas las condiciones de internamiento relativas a la prestación de servicio médico o asistencia médica–, se puede obviar el trámite de la petición administrativa ya que el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que, el promovente podrá acudir directamente ante el juez para plantearle su petición al disponer que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición.

"En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria.

"Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.

"Si el juez determina que, por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Tal como se sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común y Penal, página 230, con registro digital: 2018548, invocada por el A quo recurrido:

"...

"De ahí que resulte evidente que, como bien lo apreció el A quo, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debió agotar los medios ordinarios de defensa previstos para tal efecto en la Ley Nacional de Ejecución Penal; pues aun cuando se trate de casos urgentes, la ley contempla control judicial de inmediato para atender la omisión de la autoridad penitenciaria que pudiera poner en riesgo a la persona privada de la libertad y hacer cesar los actos violatorios de derechos humanos en tutela judicial efectiva que contrae la función de la etapa de ejecución penal a cargo de un Juez Especializado en funciones de Ejecución cuya jurisdicción es precisamente la población penitenciaria en términos del artículo 24 de la Ley Nacional en comento, acorde a la diversa jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.), de registro digital 2023554 y rubro ‘CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD.’, en la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal, atento a que se interpretó que la finalidad del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal es crear certidumbre para la p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32016-e2a3af88/notificacion-personal-la-habilitacion-de-dias-y-horas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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