ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 271/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, y 21, fracción, VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció del amparo directo **********, del cual se advierten los antecedentes siguientes:
Demanda de divorcio. ********** promovió juicio de divorcio en contra de **********, a quien demandó la disolución del vínculo matrimonial y el pago de los gastos y las costas judiciales.
De la demanda correspondió conocer a la Juez Décimo Quinto Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que la admitió a trámite con el número de expediente **********. Luego, en proveído de dos de abril de dos mil nueve, tuvo por no contestada la demanda de divorcio y dejó a salvo los derechos de la demandada inherentes al convenio relativo al pago de pensión alimenticia.
El tres de abril de dos mil nueve, la Juez del conocimiento dictó sentencia en la que declaró disuelto el vínculo matrimonial, dio por terminada la sociedad conyugal y dejó a los cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. No emitió condena en costas.
Juicio de amparo. ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la referida sentencia. El asunto fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el número de expediente **********, mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil nueve, en el sentido de negar el amparo y la protección constitucional.
Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:
Señaló que la violación a las leyes del procedimiento que aludía la quejosa, se centraba en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, a través del cual, la Juez Décimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal desechó de plano, por frívolo (sic) e improcedente, el incidente de nulidad del emplazamiento, promovido por la quejosa, para lo cual, transcribió el referido auto, que es del tenor siguiente:
"A sus autos el escrito de **********; se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y por facultadas a las personas mencionadas con las obligaciones y responsabilidades del párrafo cuarto del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, debiendo registrarse en la libreta de autorizaciones que para tal efecto se lleva en la Oficialía de Partes de este Juzgado; asimismo, se tienen por autorizadas a las diversas personas mencionadas, sólo para oír y recibir notificaciones; por otra parte, dígase a la promovente que no ha lugar a admitir a trámite el incidente de nulidad de emplazamiento por frívolo e improcedente, con fundamento en el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles, en atención a que la cédula del emplazamiento y en especial a que el proveído de doce de marzo del año en curso sí habilita al actuario del juzgado para practicar la diligencia en días y horas inhábiles, con fundamento en el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese. ..."
En ese sentido, consideró que lo aducido por la quejosa no daba lugar a la concesión del amparo, porque lo que al efecto expuso, no evidencia la ilegalidad del auto controvertido.
Lo anterior, porque refirió que a foja treinta y seis del expediente ********** constaba el acta de la diligencia del emplazamiento practicado a la demandada. Según lo asentado al respecto por el actuario:
a) El emplazamiento se realizó el sábado catorce de marzo de dos mil nueve, a las nueve horas con cuarenta minutos.
b) Tal diligencia se llevó a cabo en el domicilio de la demandada, sito en la **********.
c) La notificación se entendió de manera directa y personal con **********, demandada en el juicio referido.
d) A dicha persona se entregaron los documentos inherentes a la citación al procedimiento de divorcio.
En ese orden de ideas, estableció que la argumentación de la quejosa no controvertía los referidos hechos, por causa de inexistencia o inexactitud en lo asentado en el acta respectiva, pues su alegato fue dirigido a la circunstancia de que el emplazamiento se haya efectuado en sábado.
Señaló que la quejosa atribuyó conductas tanto al actor como a la juzgadora que, en su concepto, evidenciaban la ilegalidad del auto de treinta y uno de marzo de dos mil nueve.
Estableció que lo atribuido al actor era lo siguiente:
1. Dicho demandante solicitó que el emplazamiento se realizara el sábado catorce de marzo de dos mil nueve.
2. Esta petición fue incompleta, porque no solicitó la habilitación de días y horas inhábiles.
3. Por ende, tampoco expresó las razones por las cuales el emplazamiento debía llevarse a cabo en ese día inhábil.
Por lo que respecta a la conducta que la quejosa atribuyó a la Juez, el Tribunal Colegido estableció que consistía en lo siguiente:
1. Acogió incorrectamente la petición del actor, acerca del emplazamiento (en el auto de diez de febrero de dos mil nueve), porque según la quejosa:
a) En la solicitud no fue expresada la razón por la cual la notificación debía practicarse en esa fecha.
b) La Juez inobservó lo dispuesto en el artículo 64 del código local adjetivo, porque en el auto que dictó no expresó la causa urgente por la que habilitó días y horas inhábiles, para la práctica de la diligencia en cuestión.
Así, determinó que las manifestaciones de la quejosa estaban relacionadas con lo dispuesto en el 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que en su texto señala:
"Artículo 64. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que las leyes declaren festivos.
"Se entienden horas hábiles las que median desde las siete hasta las diecinueve horas. En los juicios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos posesorios, diferencias domésticas y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles. En los demás casos, el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse."
Estableció que por cuanto hace a la conducta atribuida al actor, era inexacto que éste haya solicitado a la Juez del conocimiento que el emplazamiento se realizara el sábado catorce de marzo de dos mil nueve, pues lo cierto era que mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil nueve, el actor proporcionó un nuevo domicilio donde podría realizarse el emplazamiento. A esta promoción recayó el acuerdo dictado al día siguiente, en donde se ordenó la práctica de la citación a juicio en el domicilio propuesto por el demandante y se facultó al actuario para que pudiera practicar la diligencia, incluso, en días y horas inhábiles.
Como el emplazamiento no pudio efectuarse, mediante escrito fechado el veinticinco de febrero de dos mil nueve, el actor solicitó que de nueva cuenta se llevara a cabo esa diligencia. Pidió también que una persona autorizada por él acompañara al actuario. Se destaca que en el escrito referido no se advierte que su autor haya advertido de la necesidad de que la diligencia se practicara precisamente el sábado catorce de marzo de dos mil nueve.
A través del auto de nueve de marzo de dos mil nueve, la petición del actor se acogió de conformidad y, al efecto, la Juez ordenó que la persona autorizada acordara con el notificador la fecha y la hora para la práctica del emplazamiento.
Al efecto, según la constancia de fecha doce de marzo de dos mil nueve, **********, autorizada por el actor, y el actuario adscrito al Juzgado Décimo Quinto Familiar, acordaron asistir al domicilio de la demandada a las ocho horas del día catorce siguiente.
En ese tenor, evidenció la inexactitud de lo aducido por la quejosa, respecto a que el actor solicitó que la diligencia se realizara el sábado catorce de marzo de dos mil nueve.
Respecto a lo anotado en los puntos dos y tres relativos a las pretensiones de la quejosa, en la transcripción del artículo 64 del código adjetivo local, se advirtió que, contrariamente a lo manifestado por aquélla, tal artículo no dispone que para que el Juez habilite días y horas inhábiles, deba necesariamente mediar la petición de una de las partes en el proceso, pues el contenido de tal precepto ratifica al juzgador la calidad de director del proceso, pues le otorga la facultad de quitar obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo del juicio, o bien, que impidan la observancia de principios rectores del proceso, como el de celeridad.
Por tanto, dijo que si el precepto mencionado no exigía la previa petición de parte para habilitar días y horas, la circunstancia de que el Juez haya procedido de oficio para hacerlo, no es conculcatorio de disposición alguna.
Aclaró que en lo atinente a la conducta atribuida a la juzgadora, anotada en el inciso a), el actor no pidió en su promoción que se habilitaran días y horas inhábiles para la práctica del emplazamiento, sino que se limitó a proporcionar un nuevo domicilio donde podía ser localizada la demandada y a solicitar que ahí se llevara a cabo la citación a juicio. En una distinta promoción, el demandante propuso que una persona autorizada por él acompañara al actuario para que se efectuara el emplazamiento, sin hacer alguna mención respecto a la habilitación de horas y días inhábiles. Fue la Juez del conocimiento quien, al acordar de conformidad lo solicitado por el promovente, habilitó días y horas inhábiles.
Concluyó que, contrario a lo aducido por la quejosa, la manera de proceder de la Juez natural no era ilegal, porque el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no dispone que la habilitación de días y horas inhábiles deba estar precedida de una petición expresa de las partes.
Respecto a lo anotado en el inciso b), señaló que si bien era cierto que la Juez del conocimiento no expresó la urgencia del caso, dicha causa estaba implícita en su decisión, porque el segundo párrafo del artículo 17 constitucional garantiza la pronta impartición de justicia a los gobernados.
Acorde con el precepto constitucional mencionado, el artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que las notificaciones deberán practicarse dentro de los tres días siguientes al en que se reciba el expediente o las actuaciones correspondientes.
Las anteriores disposiciones son acordes con el principio de celeridad del proceso.
Así, apuntó que, en el caso, la solicitud de divorcio se presentó el seis de enero de dos mil nueve. El primer intento para emplazar a la demandada se realizó a las doce horas del catorce siguiente, sin que el actuario haya obtenido resultados favorables.
Al haber pasado más de un mes sin que se hubiera realizado el emplazamiento, el tiempo que la ley concede para realizar tales notificaciones había transcurrido en exceso, en contravención al mencionado precepto y en inobservancia al principio de celeridad.
Por tal motivo, el diez de febrero de dos mil nueve, en previsión de algún obstáculo que pudiera presentarse, la Juez ordenó la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de tal diligencia, habilitación que se reiteró el nueve de marzo de dos mil nueve.
Por ello, señaló que con lo anterior se ponía de manifiesto que, en el caso, sí se acreditaba la urgencia referida en el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues había pasado mucho tiempo sin que el emplazamiento se hubiera llevado a cabo, lo cual contravenía en perjuicio de las partes la garantía de prontitud de la impartición de justicia.
Además de las razones expuestas, señaló que no tendría caso acoger la pretensión de amparo sobre la base de la omisión acerca de la expresión de la urgencia de habilitar días y horas inhábiles para la práctica del emplazamiento, al dictarse los autos de diez de febrero y nueve de marzo de dos mil nueve, porque la manera de proceder de la Juez de primera instancia fue correcta y, por tanto, no habría lugar a variar el sentido de las determinaciones a que se hizo alusión.
También estableció que la parte final del primer párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que deben concurrir para impugnar las violaciones a las leyes que rigen al procedimiento, a través del juicio de amparo directo. Uno de esos requisitos consiste en que la pretendida conculcación afecte las defensas de la parte quejosa; y que, en el caso, el argumento fundamental de la quejosa para plantear la supuesta transgresión a las leyes rectoras del procedimiento fue que la diligencia de emplazamiento se produjo durante un día inhábil (el sábado catorce de marzo de dos mil nueve).
Sin embargo, con tal argumento la quejosa no demostró que haya quedado en estado de indefensión, porque lo fundamental es que no está evidenciado el desconocimiento del juicio de divorcio ni del plazo que tenía para comparecer a él a hacer valer lo que estimara pertinente. Tan es así que dicha peticionaria no controvirtió parte alguna de lo asentado en el acta relativa al emplazamiento.
Estableció que, de conformidad con los artículos 327, fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo asentado por el actuario en el acta de emplazamiento permitió concluir que la quejosa sí tuvo conocimiento oportuno del juicio de divorcio, pues dicha diligencia se practicó directamente y de manera personal con la demandada en su domicilio y consta también que, al efecto, recibió la documentación atinente a esa citación a juicio.
Además, dijo que otro elemento que sirvió de base para considerar que la promovente tuvo conocimiento de la demanda promovida en su contra, es el hecho de que acudió al juicio natural. Si bien, no a través de la contestación de la demanda, sí lo hizo mediante la promoción del incidente de nulidad del emplazamiento, en el que el tema toral planteado fue que la diligencia respectiva se haya verificado en día y hora inhábil, esto es, el sábado catorce de marzo de dos mil nueve.
Por ello, concluyó que la promovente no quedó en estado de indefensión y, por tanto, la pretendida violación a las leyes que rigen al procedimiento no admitía servir de base para la concesión del amparo.
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció del amparo en revisión **********, del que se desprenden los antecedentes siguientes:
Origen del acto reclamado. **********, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó a ********** en la vía mercantil ejecutiva, ejerciendo la acción cambiaria directa, el pago de:
"a) $**********, como suerte principal.
"b) $**********, equivalente al 30% treinta por ciento de la cantidad señalada en el inciso anterior.
"c) Intereses moratorios a razón del 6% seis por ciento anual, desde que el demandado se constituyó en mora, hasta la total liquidación del adeudo.
"d) Gastos y costas."
El actor fundó la causa de pedir en el dicho de que en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el veintitrés de abril de dos mil dieciséis, el demandado libró un título de crédito tipo "cheque" a su favor, por ciento veinte mil pesos; sin embargo, el accionante detalló que el veintisiete de abril siguiente, presentó ese cheque para su cobro en un banco, pero éste fue devuelto por saldo insuficiente. Agregó el demandante que, a pesar de los múltiples requerimientos realizados al aquí recurrente, éste se ha negado a cubrir el adeudo.
De la demanda correspondió conocer al Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el que la radicó en el expediente **********; luego, en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, debido a que el demandado no contestó la demanda, se declaró por perdido su derecho para tal efecto.
Seguido el juicio, el doce de marzo de dos mil dieciocho, se emitió sentencia en la que se declaró la procedencia de la acción y, entre otras cosas, se condenó al demandado al pago de la suerte principal.
Juicio de amparo indirecto. ********** promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridades responsables al Juez y secretario ejecutor, adscritos al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a quienes reclamó, respectivamente, el auto de ejecución de catorce de julio de dos mil dieciséis, y la diligencia en la que se materializó ese mandamiento, de seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la cual se le secuestró un inmueble y aseguró que se le emplazó defectuosamente.
De esa demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, actual Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el que la radicó en el expediente **********; y, seguido el juicio constitucional, el once de febrero de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que negó la protección constitucional.
Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, ********** interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número de expediente **********; y dictó sentencia el diez de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo.
Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:
En principio, dijo que el recurrente hizo valer diversos argumentos, los cuales, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, eran susceptibles de agruparse en dos temas:
I. Incorrecta calificación de un concepto de violación como fundado pero inoperante, por parte del Juez de Distrito.
II. Ilegalidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento por inobservancia de formalidades.
Luego, señaló que el agravio en el cual, el recurrente afirmó que el Juez de Distrito no "explicitó" las razones por las cuales consideró que, aunque fundado, el concepto de violación en el que aseguró que en la resolución de catorce de julio de dos mil dieciséis –que entre otras determinaciones admitió la demanda promovida por ********** en su contra y ordenó requerirlo de pago, embargarlo y emplazarlo a juicio– el Juez responsable se limitó a disponer la habilitación de días y horas inhábiles para que tuviera verificativo esa diligencia, sin que al efecto indicara la causa urgente para hacerlo; devenía inoperante, porque contrario a lo que manifestó el recurrente, el Juez sí lo explicó, sustentando la inoperancia, básicamente, en que si el actor en la demanda inicial solicitó al Juez mercantil la habilitación de días y horas inhábiles para practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio, aduciendo que el demandado se retira temprano de su domicilio y regresa a éste muy tarde, era incuestionable que es ahí donde reside la razón o causa que motivó que el Juez de origen autorizara al secretario ejecutor efectuar la diligencia mencionada, fuera de las horas hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 1065 del Código de Comercio, en tanto que, como rector del proceso, procuró la continuidad y agilización del juicio.
Así, consideró que eran sustancialmente fundados los agravios relativos a que el Juez de Distrito soslayó que no se tiene la certeza de que la reparación constitucional que tendría que hacer el juzgador responsable en sede común con motivo de ese eventual fallo protector indefectiblemente propiciaría la emisión de una sentencia "denegadora" (sic) de amparo por causa de la interposición de segundo juicio de amparo contra el "nuevo acto reclamado" y, por otro lado, que dejó de lado que la declaración de inconstitucionalidad que se diera con base en el aludido concepto de violación ocasionaría la reparación de las consecuencias del estado de indefensión en el que se colocó al quejoso "en sede ordinaria", por causa del emplazamiento defectuoso al que fue sujeto, para situarlo justamente en la posibilidad de interponer óptima defensa ante la misma autoridad responsable, en contra de las pretensiones jurídicas del actor.
También determinó que eran sustancialmente fundados los agravios en los cuales el recurrente afirma que la actividad jurisdiccional que desplegó el Juez federal no podía expandirse hasta trastocar la manifestación dada por el actor ante la potestad común, ya que, en atención a la técnica de amparo, el análisis del órgano judicial, como autoridad de control constitucional, únicamente puede hacerse consistir en el análisis de los actos de autoridad controvertidos en el juicio de amparo, no así sobre la actuación o petición manifestada por la actora en sede ordinaria, ya que ello es de la incumbencia de la potestad común, no así de los Jueces constitucionales, por lo que tampoco debió declarar inoperante el concepto de violación, en el cual, tildó de nula la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, al no haberse efectuado en horario hábil, es decir, entre las siete y las diecinueve horas.
De igual manera, enfatizó que en la resolución recurrida, el Juez de Distrito incurrió en una incongruencia interna, pues primero declaró fundado el concepto de violación relativo a que el juzgador mercantil transgredió la ley, porque "no expresó en el auto que ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, cuál era la causa urgente que motivaba autorizar la habilitación de días y horas inhábiles para efectuar ésta" y, por otra parte, al tratar de evidenciar la supuesta inoperancia de ese motivo de disenso, sostuvo literalmente que "la habilitación de días y horas que ordenó la autoridad responsable en el auto que admitió la demanda, se decretó en atención a la petición contenida en su punto petitorio segundo", y que "si la parte actora en la demanda solicitó al Juez la habilitación de días y horas inhábiles para practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio, aduciendo que el demandado se retira temprano de su domicilio y regresa a éste muy tarde, es incuestionable que es ahí donde reside la razón o causa que motivó que el Juez de origen autorizara al secretario ejecutor efectuar la diligencia mencionada, fuera de las horas hábiles, conforme con lo dispuesto en el artículo 1065 del Código de Comercio, en tanto que el rector del proceso, procurando la continuidad del juicio y con la intención de agilizarlo, autorizó la práctica del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en días y horas inhábiles, en atención a la solicitud del actor en su demanda, fundada en el horario en que era posible localizar al demandado".
Dijo que esas consideraciones se oponen al principio lógico de no contradicción, pues no era congruente calificar como fundado un concepto de violación bajo la consideración de que la autoridad responsable omitió expresar la causa urgente para habilitar días y horas inhábiles en el proveído reclamado y, por otra, indicar que el mismo concepto de violación deviene inoperante, porque el Juez responsable habilitó días y horas inhábiles en atención a la causa expresada por el actor en el petitorio segundo de su demanda inicial, en cuanto a que el demandado se retira temprano de su domicilio y regresa a éste muy tarde, pues esto último es lo opuesto a una omisión.
Señaló que advertía que lo que el Juez de Distrito en realidad trató de expresar fue que aunque era fundado el argumento de que el Juez mercantil omitió indicar la causa urgente por la cual era necesario habilitar días y horas inhábiles, en términos del artículo 1065 del Código de Comercio, ello devenía inoperante, porque sería impráctico conceder la protección constitucional para que el Juez indicara expresamente la causa por la cual era necesaria esa habilitación, ya que, para el a quo federal, era "incuestionable" que había una causa urgente y debía atenderse la misma, inmersa en la petición realizada por la actora en su demanda natural, en cuanto a que el enjuiciado se retira temprano de su casa y regresa muy tarde por la noche.
Que esa premisa se obtenía porque, en la resolución recurrida, el Juez de Distrito sustentó la declaratoria de inoperancia del concepto de violación primeramente declarado fundado, en la jurisprudencia 108, emitida por la entonces Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", pero que el Juez de Distrito no advirtió que tal criterio se refiere al supuesto en el cual el concepto de violación que resulta fundado es de naturaleza formal, por "razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso", pero "claramente", por razones que "ven al fondo de la cuestión omitida", ese mismo concepto de violación resulta "inepto" para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso.
También refirió que la hipótesis que se plantea en tal jurisprudencia no presupone que el órgano de control constitucional tenga que hacer per se, un análisis profundo de las cuestiones de fondo para llegar a concluir que la violación formal planteada no afectaría el fondo de la cuestión omitida, sino que se apoya en una de estas dos premisas: a) que en la ejecutoria de amparo se deba examinar el fondo de la cuestión; o, b) que aunque una determinada cuestión sustancial no deba ser examinada por el órgano de control constitucional, resulte indubitable, sin necesidad de un estudio acucioso del problema, que si fuera analizada por la autoridad responsable, el fondo de la cuestión omitida no podría variar.
Dijo que esa hipótesis de violación formal no podía equipararse a la que fue analizada por el Juez de Distrito, ya que, en la especie, no se estaba ante una omisión o incongruencia de esa naturaleza, sino que, como se dejó entrever previamente, la habilitación de días y horas inhábiles por parte del juzgador mercantil, en la especie, se relacionaba estrechamente con el emplazamiento a juicio del demandado, pues la diligencia de llamamiento al procedimiento fue practicada en una hora inhábil; de ahí que la validez de esta última dependía de la legalidad del proveído en el que se realizó tal habilitación.
En ese tenor, determinó que el Juez de Distrito no estaba en condiciones de decretar que, por "razones relacionadas con el fondo del asunto", era inoperante el concepto de violación en comento, resultando impráctico conceder la protección constitucional, ya que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 5/1996, aplicable por analogía, determinó que la transgresión de formalidades relacionadas con el emplazamiento no se convalidan por el sentido de la resolución en cuanto al fondo.
También dijo que en el aludido precedente este Alto Tribunal consideró que, tratándose de terceros interesados no emplazados al juicio de amparo, por más que se alegue que la concesión de la protección constitucional es invariable se le llame o no al procedimiento a aquél, el Juez de Distrito o la autoridad responsable, en su caso, carecen de atribuciones para declarar "intrascendente o innecesario el emplazamiento a una de las partes en el juicio de amparo", y tampoco puede válidamente hacerlo el tribunal que conoce del amparo directo o en revisión, apoyándose en alguna circunstancia particular o modalidad del fallo protector por dictarse o confirmarse, según sea el caso, ante el desconocimiento de la conducta que podría desplegar aquel que no fue emplazado y, en apoyo de esto, citó la jurisprudencia de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29327-4a831d99/actuaciones-judiciales-el-juzgador-debe-senalar-expresamente-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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