SECUESTRO AGRAVADO. LAS PENAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, SON DE APLICACIÓN EXCLUYENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ROBERTO NEGRETE ROMERO.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece.
5. Asimismo, la competencia recae en esta Sala, en virtud de que el tema de la contradicción deriva de juicios de orden penal, materia en la cual se encuentra especializada.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue realizada por la parte quejosa del amparo directo del que derivó el asunto.
7. TERCERO.—Criterios contendientes. Para determinar si la contradicción de tesis es existente, es necesario analizar las posiciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales:
8. Criterio 1. Sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo 134/2018, en el cual determinó que:
"...
"VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo 134/2018; y
"...
"SEXTO.—Son infundados los conceptos de violación.
"...
"Ahora bien, los conceptos de violación se enfocaron básicamente en la imposición de las penas, pues según la argumentación del promovente es incorrecto sumar las sanciones contenidas en los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley, y no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, sino en todo caso se debió imponer, únicamente, la prevista en el último numeral en cita, toda vez que esto conllevaría a violentar el artículo 35 del Código Penal del Estado de Nuevo León
"En apoyo de su postura invocó las tesis 1a. CCXXXVI/2012 (10a.) y I.5o.P.20 P (10a.) de rubro y de título y subtítulo:
"‘HOMICIDIO CALIFICADO. LOS ARTÍCULOS 128 Y 138 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE DETERMINAN LA APLICACIÓN DE UNA SANCIÓN AGRAVADA EN COMPARACIÓN CON LA PREVISTA PARA EL DELITO SIMPLE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ y
"‘PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON EL PROPÓSITO DE COMETER SECUESTRO EXPRÉS PERPETRADO POR DOS PERSONAS Y CON VIOLENCIA, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN I, INCISO D), Y 10, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LOS PRECEPTOS SEÑALADOS, ES VIOLATORIA DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 23 CONSTITUCIONALES.’
"Sobre el particular la responsable argumentó:
"‘En tales consideraciones, al no existir ninguna agravante de la conducta desplegada por ************, se estima que el grado de culpabilidad que revela es el mínimo, tal y como lo determinó el Juez de origen, motivo por el cual se considera justo y equitativo condenar al referido acusado, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a sufrir una pena de 20-veinte años de prisión y multa 500 quinientas cuotas, cada una a razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 moneda nacional); pena que se agrava con 25 veinticinco años más de reclusión y multa de 2,000 dos mil cuotas, cada una de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 moneda nacional), salario mínimo más bajo vigente en el Estado al momento de acontecer los hechos. Para dar un total de la pena a imponer al acusado 45-cuarenta y cinco años de prisión y multa de 2500 cuotas, equivalentes a la suma de $147,700.00 (ciento cuarenta y siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).’
"Con independencia de que la responsable afirmó que, a pesar de no existir una agravante, impuso la pena tanto del artículo 9 como del 10 de la ley de la materia, debe entenderse que tal expresión se refirió al tema de fijación del grado de culpabilidad estimado en el mínimo, no puede perderse de vista que previa a tal determinación consideró:
"‘SEXTO.—Pasando al apartado de la clasificación de la sanción, tenemos que el de primera instancia consideró sancionar a *************, por su plena participación en la comisión del antijurídico de secuestro, de acuerdo al numeral 10, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (anterior a las reformas del 3-tres de junio del año 2014-dos mil catorce), que contempla un parámetro de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa.
"‘El representante social formuló agravios a fin de combatir tal aspecto de la resolución, señalando en esencia, que al encontrarse debidamente acreditadas ambas figuras delictivas previstas en los artículos 9 y 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y en estricta aplicación de la norma penal, procedía imponer las sanciones establecidas por ambos numerales.
"‘Agravios que son considerados fundados, pues tal y como lo señaló el recurrente, el delito de secuestro tipificado por el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que a quien prive de la libertad a otro, con el objeto de satisfacer alguno de los propósitos que se prevén en dicho numeral, se le sancionará con una pena privativa de libertad de tipo básico.
"‘Por su parte, el diverso numeral 10 de la legislación en cita establece que cuando la conducta de secuestro atribuida al justiciable por el artículo que le precede, concurra con una o más de las hipótesis normativas que para tal efecto prevé, la sanción contemplada para el tipo básico de secuestro se agravará, atendiendo al supuesto de que se trate.
"‘Luego, considerando que la voluntad del legislador de dotar con mayor rigor la penalidad cuando la conducta reprochada encuadre en aspectos de relevancia, se concluye que para determinar qué penalidad corresponde aplicar a un individuo por la comisión de una conducta delictiva denominada secuestro, en la que además de acreditarse el tipo básico del delito, se actualiza un supuesto de tipo agravado, es menester que las sanciones contempladas tanto para el tipo básico como para el agravado, sean adicionadas.
"‘En tales condiciones, siendo fundado el agravio del órgano técnico, lo que procede es modificar el presente apartado para el efecto de establecer que la pena a imponerse al acusado, por la comisión del delito de secuestro, será la prevista por los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 del Pacto Federal, las cuales prevén, el primero, una pena de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, y el segundo dispositivo, establece una sanción de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y multa de dos mil a cuatro mil días.’
"El concepto planteado es infundado.
"Ciertamente, este Tribunal Colegiado en seguimiento de los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular de la resolución de contradicción de tesis 5/94 y la ejecutoria emitida en el amparo directo en revisión 1453/2012, considera acertada la determinación combatida, en razón de que como el mismo quejoso lo admitió el ilícito reprochado es de los clasificados como complementados, esto es, que aparte de la consumación del tipo básico agotado con la acción de privar de la libertad al pasivo con el propósito de obtener rescate, como elemento subjetivo especifico, como se describe en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la legislación general en cita, concurrió la circunstancia agravante atinente a que para perpetrar el hecho positivo antes mencionado, se ejerció la violencia física y moral en la persona de la víctima al sustraerlo contra su voluntad del entorno en que se hallaba mediante golpes y amenazas de muerte, según lo precisó en las diversas declaraciones expuestas en la indagatoria y en sede judicial, cuya agravante se evidenció como el dictamen psicológico reseñado en la sentencia.
"De consiguiente, es improcedente la pretensión del quejoso de que únicamente debió imponérsele la sanción prevista en el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por ser inconcuso que dicho numeral no contiene un tipo autónomo o especial, sino la voluntad del legislador consiste en sumar las penas del tipo básico en el margen establecido en el referido numeral, en tanto ese es el sentido de las circunstancias agravantes de aumentar las sanciones del tipo fundamental, sin crear una nueva figura delictiva.
"Es así, ya que la redacción del texto vigente en julio de dos mil doce disponía: ‘Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, se agravarán: I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: ... c) Que se realice con violencia ...’, no admite otra interpretación que la explicada en párrafos precedentes, esto es, que a la pena restrictiva de la libertad de veinte años impuesta al solicitante del amparo por la comisión del delito básico se le debe agregar la mínima de veinticinco años prescrita en el artículo 10 de la ley en comento, debido a la actualización de la calificativa de violencia en la perpetración de la conducta, tal como lo estableció la autoridad responsable en el acto reclamado, pues de ningún modo debe entenderse que el precepto en comentario contenga un delito especial, con existencia autónomo o independiente del tipo básico descrito en el artículo 9 de la legislación en cita.
"Así, se disiente respetuosamente del criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo II, marzo del 2014, tesis I.5o.P.20 P (10a.), materia constitucional, página 1905, invocada por el quejoso. En su caso se debe denunciar la posible contradicción ante la superioridad en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
"En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación procede negar al quejoso el amparo.
"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 79, 170, 183 y 189 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve.
"ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..."
9. Criterio 2. Sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo directo 377/2013, en donde estableció:
"...
"VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo directo 377/2013, ...
"En la determinación combatida se le consideró, penalmente responsable del delito de privación de la libertad con el propósito de cometer secuestro ‘express’, agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, párrafo primero, fracción I, (si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de) inciso d) (cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro), y 10, fracción primera, incisos b) (quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos personas), y c) (lo realicen con violencia), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 18, párrafos primero (acción dolosa) y segundo (conocer y querer), y 22, fracción II (lo realicen conjuntamente), del Código Penal para el Distrito Federal, en agravio de ...
"Determinó que el grado de culpabilidad que le corresponde, es ‘mínima’ igual al estimado por el a quo, por tanto, por el injusto básico le impuso veinte años de prisión y quinientos días multa y por actuar en grupo de dos personas y con violencia aumentó veinticinco años de restricción de la libertad y dos mil días multa; en total cuarenta y cinco años de cárcel ...
"...
"OCTAVO.—Por otra parte, es parcialmente fundado el concepto de violación 9 en que aduce que fue incorrecto le impusiera las penas aludidas, aunque por distinta razón a lo que expone, en consecuencia, la sentencia reclamada transgrede las garantías individuales de la solicitante de la protección constitucional, por tanto, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se suple su deficiencia.
"En efecto, este tribunal constitucional advierte incorrecto que la ad quem impusiera las penas tanto del numeral 9, como del 10, ambos en su fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transgrediéndose con ello los preceptos 14, 16 y 23 del Pacto Federal.
"Lo que antecede, dado que si bien quedó acreditada la responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito de privación de la libertad para cometer secuestro ‘express’, previsto por el dispositivo 9, fracción I, inciso d), así como las agravantes referidas en el numeral 10, fracción I, incisos b) y c), de la legislación especial mencionada, cierto es también que para imponer las penas en ellos establecidas, deben interpretarse de forma concatenada, no de manera aislada como lo hizo la autoridad responsable.
"De ahí que, se observa que nos encontramos ante un tipo especial que se desprende del fundamental o básico, al agregarle nuevos elementos, integrándose así una nueva figura típica, con propia penalidad la cual se agrava al llevarse a cabo agregándose circunstancias diversas en su comisión, en el caso que nos ocupa, perpetrado por dos personas y con violencia, fijándose una sanción agravada; pues el numeral 10 no ordena agregar la pena que prevé a la del delito básico de privación de la libertad para cometer secuestro ‘express’, esto es, al llevarse a cabo únicamente el delito básico, se aplicará la pena especificada en el dispositivo 9, fracción I; sin embargo, cuando dicho ilícito se realice además con las agravantes de llevarse a cabo por dos personas y con violencia, la pena a imponer se encuentra especificada en el propio precepto 10, fracción I; esto obedece a que para el legislador reviste enorme gravedad que el injusto de privación de la libertad para cometer secuestro "express" se ejecute en la formas expresadas, de tal manera que establece penas severas y en atención a ello, ya no deben ser agregadas las que correspondan a la figura básica, pues al efecto dice tal dispositivo que las penas a que se refiere el numeral 9 ‘se agravarán’, más no expresa que se aumentarán al delito básico.
"Al respecto se transcribe lo conducente de los numerales aludidos:
"‘Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:
"‘I. ... si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:
"‘...
"‘d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.’
"‘Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, se agravarán:
"‘I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
"‘b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
"‘c) Que se realice con violencia.’
"De lo externado se advierte que las penas de ambos preceptos no son acumulativos, pues si lo fuera, sería incongruente e ilógico, pues llegaría al absurdo de que las sanciones mínimas y máxima a imponer ‘cuarenta y cinco a ochenta y cinco años de prisión; y multa de dos mil quinientos a seis mil días’, rebasarían las previstas en el dispositivo 11 de la propia legislación especial, que se encuentra en el mismo capítulo del ilícito que nos ocupa, que reza: ‘Si la víctima de los delitos previstos en la presente ley es privada de la vida, por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.’, ilícito que además de tutelar el bien jurídico de la libertad de ambulatoria, también protege uno de mayor valía como es la vida del ser humano.
"De ahí que, de aplicar ambos preceptos por la misma conducta delictiva se sancionaría dos veces por el mismo hecho, lo cual no está permitido por el artículo 23 de la Carta Magna.
"Por tanto, al vulnerarse la esfera jurídica de la quejosa por la inexacta aplicación de la ley, y atendiendo al principio de relatividad de las sentencias de amparo lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable únicamente en lo que atañe a la ahora quejosa:
"1. Deje insubsistente la resolución reclamada.
"2. Emita otra en la que reitere todos los aspectos no considerados inconstitucionales en el presente fallo.
"3. Conforme a los lineamientos de esta resolución determine que sólo debe imponerle las penas establecidas en el artículo 10, fracción I, de la legislación especial referida.
"Concesión del amparo que debe hacerse extensiva ..."
10. Del criterio que se narra en esa ejecutoria, derivó la tesis I.5o.P.20 P (10a.), cuyos rubro y texto son:
"PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON EL PROPÓSITO DE COMETER SECUESTRO EXPRÉS PERPETRADO POR DOS PERSONAS Y CON VIOLENCIA, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN I, INCISO D), Y 10, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LOS PRECEPTOS SEÑALADOS, ES VIOLATORIA DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 23 CONSTITUCIONALES. Se transgreden los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se imponen las penas de ambos numerales de la ley general mencionada, pues se advierte que el dispositivo 10 contempla un tipo especial que se desprende del fundamental o básico, dado que se agregan nuevos elementos de los mencionados en este ilícito. Esto es, cuando el delito de privación de la libertad para llevar a cabo secuestro exprés, se cometa además con diversos supuestos cualificantes, en el caso, por dos personas y con violencia, se integra una nueva figura típica, con una pena propia, la cual resulta más grave que la establecida en el precepto 9 aludido, pues para el legislador el ilícito cometido en la forma indicada resulta más grave, de tal manera que las sanciones son más severas y, en atención a ello, ya no deben agregarse las que correspondan a la figura básica; además el artículo 10 expresa ‘se agravarán’, pero no refiere que se aumentarán al delito fundamental las sanciones del ilícito previsto en el dispositivo 9, por tanto, no son acumulativas. La anterior apreciación jurídica se refuerza al considerar que acumular ambas penas sería incongruente e ilógico, pues se llegaría al absurdo de que las sanciones mínima y máxima a imponer ‘cuarenta y cinco a ochenta y cinco años de prisión y multa de dos mil quinientos a seis mil días’ rebasarían las previstas en el dispositivo 11 (Si la víctima de los delitos previstos en la presente ley es privada de la vida, por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa) de la propia legislación especial, que se encuentra en el mismo capítulo de aquel ilícito y que tutela además del bien jurídico de la libertad ambulatoria (que también protege el injusto que nos ocupa), el de la vida que es de mayor valía. De ahí que, aplicar ambos preceptos por la misma conducta delictiva implicaría sancionar dos veces el mismo hecho, lo cual no está permitido por el artículo 23 de la Carta Magna."
11. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(5) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
12. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
13. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
14. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
15. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
16. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
17. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
18. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
19. Con este test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
20. Primer requisito: Arbitrio judicial. Los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre las reglas de aplicación de las penas previstas para las conductas ilícitas descritas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21. Específicamente sobre si lo correcto es la acumulación –y consecuente imposición– de las penas previstas en los artículos 9 y 10, o bien, si se actualiza la figura delictiva agravada, únicamente debe imponerse la pena dentro del margen de punición contenido en la segunda de las normas.
22. Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico. Como puede advertirse, los Tribunales Colegiados resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que determinaron lo conducente respecto a cómo deben apreciarse esas normas de carácter penal para efectos de la imposición de las penas derivadas de la comisión de una conducta ilícita que además de colmar los elementos básicos (artículo 9 del citado ordenamiento), los rasgos del caso también actualizan alguna agravante (de aquellas contenidas en el artículo 10).
23. El primero de los órganos referidos interpretó que al no tratarse de figuras autónomas, sino de la voluntad del legislador por agravar este tipo de conductas, lo correcto era sumar las penas del tipo básico a las de la agravante sin crear una nueva figura delictiva, refiriendo concretamente que en ese tipo de casos existe un agotamiento de la conducta esencial sumada a una de los elementos calificadores contenidos en la norma subsecuente, dando lugar a la imposición conjunta de las penas por estar frente a un ilícito complementado, y descartando con ello que se esté frente a un delito especial autónomo o independiente.
24. Mientras que el segundo de los tribunales involucrados determinó que acumular ambas penas sería incongruente e ilógico, pues se llegaría al absurdo de que las sanciones mínima y máxima a imponer rebasarían las previstas para conductas de mayor gravedad que el delito básico agravado (cuando además del secuestro concurre la muerte de la persona privada de la libertad).
25. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.
26. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia de contradicción de tesis.
27. Ambos órganos, para emitir sus pronunciamientos, consideraron la actualización de una conducta ilícita agravada de secuestro, que agotó los elementos previstos en el artículo 9 de la ley de la materia, así como alguno de aquellos previstos en el siguiente numeral (10); y,
28. Frente a tales elementos, el criterio del primero de los Tribunales Colegiados involucrados fue considerar la acumulación de las penas de la figura básica y la figura agravada, mientras que el segundo consideró que no era posible esa acumulación y debía imponerse sólo la última de ellas, es decir la de la hipótesis calificada.
29. A partir de todo lo anterior, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: Tratándose de la actualización de alguna de las figuras delictivas contenidas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para el caso de que esté acompañada de alguna de las agravantes del artículo 10 ¿Deben acumularse las penas previstas en cada norma (9 y 10), o bien, sólo debe imponerse la prevista para la comisión del delito agravado (10)?
30. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno del tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.
31. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29488-cbe2b597/secuestro-agravado-las-penas-previstas-en-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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