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Modo: Corpus Pro

SECUESTRO EXPRÉS. EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO QUE LO PREVÉ, EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE ACREDITAR Y SANCIONAR DE FORMA AUTÓNOMA LOS TIPOS PENALES DE ROBO O EXTORSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 93/2024. · Registro digital (IUS): 32878
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL C
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.707.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 93/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE) Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de trece de junio de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA

1. Contradicción de criterios 93/2024, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos 1/2023 y 574/2022, así como el amparo en revisión 78/2020, respectivamente.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios y, de ser así, emitir un criterio jurisprudencial que defina si el delito de secuestro exprés previsto en el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsume el de robo o extorsión, o bien se deben sancionar de manera autónoma.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio recibido vía interconexión en este Pleno Regional, el seis de mayo del año en curso, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por ese órgano jurisdiccional y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver los amparos directos 1/2023 y 574/2022, respectivamente, contra lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 78/2020.

4. Por acuerdo de siete de mayo de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la citada denuncia; ordenó crear y registrar el expediente electrónico con el número de contradicción de criterios 93/2024; delimitó de forma preliminar el tema de contradicción; requirió a los Tribunales Colegiados contendientes pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice, para vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional, asimismo, requirió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito y al Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, informaran si el criterio que sustentan sigue vigente, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello aconteció, también, que adjuntaran copia digital certificada de la sentencia (con firma electrónica) en la que sustentaron el criterio denunciado, y en caso de que se hubieran apartado, remitieran la diversa con el nuevo criterio.

5. De igual forma, presumió la vigencia del criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en virtud de ser el denunciante, y únicamente le solicitó informara si en el trámite de la presente contradicción, su criterio había sido superado o abandonado, además de señalar las razones que apoyaran la consideración respectiva y remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria correspondiente. Finalmente, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; y, turnó el asunto electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.

6. El diez de mayo del presente año, se tuvo por recibido el oficio 2804/2024, por medio del cual el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, informó que el criterio contendiente sustentado en el amparo en revisión 78/2020, de su índice, continúa vigente; asimismo, remitió copia digital certificada de la ejecutoria dictada en dicho asunto y realizó la vinculación del expediente electrónico de mérito.

7. Por auto de quince de mayo de dos mil veinticuatro, la Magistrada en funciones de presidenta de este Pleno Regional, tuvo por recibidos los oficios 11069/2024 y 4738/2024, por medio de los cuales el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, informaron que el criterio contendiente sustentado en los amparos directos 574/2022 y 1/2023, de su índice, respectivamente, continúan vigentes; asimismo, se tuvo como hecho notorio que se encuentra visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) la ejecutoria dictada en el amparo directo 574/2022 y se certificó que ambos tribunales realizaron la vinculación de los expedientes electrónicos de mérito.

8. El veintitrés de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/472/05/2024, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal contradicción de criterios relacionada con el tema establecido de forma preliminar en el presente asunto.

9. En esa misma fecha, se tuvo por integrada la contradicción de criterios en la que se actúa y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto respectivo.

II. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

11. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2, del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 9, 11 y 18, párrafo primero, del citado Acuerdo General 67/2022.

IV. LEGITIMACIÓN

14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a saber, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

15. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo a realizar una breve relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que, de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar si el delito de secuestro exprés previsto en el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsume el de robo o extorsión, o bien se deben sancionar de manera autónoma.

a) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 1/2023.

16. Marco procesal. Auto de apertura a juicio oral. El veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, emitió auto de apertura a juicio oral, dentro de la causa penal **********, instruida en contra de los acusados por el hecho que la ley contempla como delitos de secuestro exprés y robo calificado, en su calidad de coautores.

17. Recepción del auto de apertura a juicio oral y radicación. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Séptimo Distrito Judicial con sede en Calera, Zacatecas, tuvo por recibido el auto de apertura a juicio, por lo que ordenó radicar el proceso; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate y ordenó notificar a las partes y personas intervinientes como órganos de prueba, a excepción de los que los acusados se comprometieron a presentar.

18. Audiencia de juicio y sentencia. Previo diferimiento, la audiencia inició el cinco de agosto de dos mil veintiuno y culminó el diez siguiente con el pronunciamiento del fallo, en el que se consideró acreditado el delito de secuestro exprés y el de robo calificado, en contra de la víctima de identidad reservada, asimismo se encontró acreditada, más allá de toda duda razonable la responsabilidad de los acusados, a quienes se les impuso entre otras sanciones, una pena de cincuenta y cuatro años de prisión ordinaria.

19. Recurso de apelación. Inconformes con la resolución en cita, los sentenciados interpusieron recurso de apelación de forma separada, mismo que le correspondió conocer a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien, por auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, los admitió y registró bajo el número **********, de su índice; de igual forma ordenó notificar a las partes y se realizaron los trámites correspondientes para nombrar un asesor jurídico a la víctima.

20. Además, indicó que ninguna de las partes expresó su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios y tampoco lo estimó de utilidad; por lo que, no señaló fecha para la audiencia prevista en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales y procedió al dictado de la sentencia correspondiente.

21. Sentencia de segunda instancia. El treinta de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia en la que confirmó haber quedado acreditado el delito de secuestro exprés y robo, así como demostrada, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los sentenciados; sin embargo, al no haber especificado en los hechos de acusación, objetos diversos al vehículo desapropiado al pasivo, determinó que éstos no debían ser materia de análisis de la sentencia, por lo que, modificó el monto de condena, respecto de la reparación del daño.

22. Amparo directo. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, uno de los sentenciados, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se indican:

“III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Le reviste tal carácter en su calidad de ordenadora a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

IV. NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN RECLAMADAS. Se reclama totalmente la sentencia que emitió el treinta de junio de dos mil veintidós, dentro del toca penal oral **********”.

23. Le correspondió conocer de la demanda de amparo directo, al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quien, por auto de presidencia de nueve de enero de dos mil veintitrés, la admitió y registró bajo el número 1/2023, de su índice.

24. En sesión de once de abril de dos mil veinticuatro, el citado Tribunal Colegiado negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso.

b) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver el amparo directo 574/2022.

25. Marco procesal. Averiguación previa y acción penal. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “B”, adscrito a la Agencia Octava Investigadora, mediante oficio 3629/2014 de esa misma fecha, consignó una averiguación previa por la que ejercitó acción penal en contra de dos indiciados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: A) robo, previsto en los artículos 367, 372, 376, 381, fracciones I y IX, del Código Penal Federal; B) secuestro exprés, ilícito previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ambos ilícitos considerados como graves por el artículo 194 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales; cometido en términos de los artículos 7, 8 (hipótesis dolosa), 9, párrafo primero (hipótesis de querer y conocer); y cometidos en términos del artículo 13, fracción III, (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal, dejándolos a disposición del Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Chihuahua, internos en el CEFERESO número **********.

26. Causa penal. En auto de veintidós de agosto de dos mil catorce, dicho juzgador radicó la causa penal bajo el número **********, ratificó la detención de los indiciados, los sujetó a término constitucional y en esa misma fecha, se les escuchó en preparatoria, en donde designaron a la defensora pública federal adscrita.

27. Auto de formal prisión. Posterior al dictado de un auto de formal prisión e impugnación del mismo, el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, se les dictó nuevo auto de formal prisión como probables responsables en la comisión del delito de: a) robo, previsto en el artículo 367 y sancionado por el numeral 37, párrafo tercero, del Código Penal Federal, con las agravantes previstas en los artículos 376 bis y 381 fracciones I y IX, del citado ordenamiento legal, en perjuicio del **********; y, b) secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

28. Recurso de apelación. Los indiciados y su defensa interpusieron recurso de apelación que se radicó bajo el número de toca **********, y mediante resolución pronunciada el veintinueve de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, confirmó ese auto de término constitucional.

29. Juicio de amparo indirecto. Inconformes con lo anterior, los inculpados por conducto de la defensa pública federal, promovieron el juicio de amparo **********, en el que, por sentencia engrosada el diez de septiembre de dos mil quince, el Primer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, les negó el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada.

30. Recurso de revisión. En contra de esa determinación, interpusieron recurso de revisión, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, el cual lo radicó bajo el número 332/2015, y en sesión de quince de enero de dos mil quince, resolvió confirmar la sentencia recurrida.

31. Sentencia condenatoria. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se consideró a los sentenciados, responsables en la comisión de los delitos de robo, previsto en el artículo 367 y sancionado en el 370, párrafo tercero, en relación con el numeral 372, y con las agravantes previstas en el artículo 381, fracciones I y IX del Código Penal Federal; robo previsto y sancionado en el artículo 376 Bis, del Código Penal Federal; y, secuestro exprés, que prevé y sanciona el arábigo 9°, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se les impuso entre otras sanciones, una pena de cincuenta y tres años un día de prisión.

32. Recurso de apelación. El agente del Ministerio Público, los sentenciados y su defensa interpusieron recurso de apelación, Mismo que el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en auxilio del Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, radicó bajo el número de toca **********, y por resolución dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, confirmó esa sentencia condenatoria.

33. Amparo directo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, uno de los sentenciados, por conducto de su defensora particular, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se indican:

“III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Como ordenadora, el C. Secretario en funciones de Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio conocido en Culiacán, Sinaloa, quien dictó la resolución que constituye el acto reclamado, dentro del cuadernillo auxiliar **********, de su índice, derivado del toca ********** del Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito en Chihuahua, este con domicilio conocido en Chihuahua Chih.

IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye la resolución dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el cuadernillo auxiliar **********, del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio conocido en Culiacán, Sinaloa, derivado del toca ********** del Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito en Chihuahua, este con domicilio conocido en Chihuahua, Chih., en la que, en lo de interés, confirmó la sentencia de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede la ciudad de Chihuahua, en la causa penal **********.”.

34. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo directo, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, quien, por auto de presidencia de trece de enero de dos mil veintitrés, la admitió y registró bajo el número 574/2022, de su índice.

35. En sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el citado Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso.

36. Consideraciones que sustentan el criterio sostenido en los amparos directos 1/2023 y 574/2022. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 1/2023, de su índice, en el tema que aquí interesa, expuso razones idénticas al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver el diverso amparo directo 574/2022; por tanto, para evitar reiteraciones innecesarias, en este apartado se reseñarán esas consideraciones una sola vez, en el entendido de que, eso mismo se sostuvo en los dos asuntos; solo al final se hará referencia a las salvedades apuntadas por dichos Tribunales Colegiados, únicas diferencias de la parte considerativa entre tales resoluciones. 37. Indicaron que el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:

I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:

[...]

d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten”.

38. Señalaron que del precepto en cita, se observa que la voluntad del legislador fue establecer una pena específica para quien privara de la libertad a una persona, con el propósito de ejecutar un diverso delito, como es el de robo; y que es claro en establecer que ello sería con independencia de las sanciones que resultaren por otros delitos.

39. Entendiéndose entonces, que la pena por secuestro exprés, será independiente a la de robo o extorsión, si éstos se llegaran a concretar.

40. Precisaron que la citada porción normativa constituye un tipo penal especial, toda vez que, se trata de tipificar la conducta relativa a la privación de la libertad ambulatoria de las personas, con la finalidad o propósito de ejecutar los delitos de robo o extorsión, siendo los bienes jurídicos protegidos por una parte, la libertad física de tránsito o de la locomoción de las personas, o sea, su libertad ambulatoria, y en atención a los propósitos o finalidades el pretender cometer el robo o extorsión, la seguridad del patrimonio del sujeto pasivo.

41. Además, dijeron que la descripción legal contiene un elemento subjetivo que debe tener el sujeto activo en el momento de la comisión del ilícito penal y es el referente a la finalidad o propósito de cometer un delito de robo o extorsión, de ahí que basta la existencia del simple propósito en el activo de cometer el delito de robo o extorsión al consumarse la privación de la libertad, para que ese delito se considere consumado o agotado, lo que implica que para la consumación del delito de secuestro exprés, no se requiere la consumación del delito de robo o la extorsión, ya que el tipo penal no exige que el propósito se materialice, pues independientemente de que consiga o no dicho propósito, el delito se considera configurado.

42. Entonces, establecieron que el propósito que guía la conducta del activo al cometer la privación material de la libertad ambulatoria del sujeto pasivo no requiere ser alcanzada y en ese orden, este delito podrá configurarse independientemente de que el sujeto activo materialice o no la finalidad propuesta.

43. De ahí puntualizaron que, los delitos cometidos durante el tiempo en que fue privado de la libertad el sujeto pasivo, deben ser considerados inmersos dentro del concurso real de delitos, en razón a que se trata de conductas y lesiones jurídicas diversas a la del secuestro exprés.

44. Ya que se está ante pluralidad de conductas y lesiones jurídicas, como lo es la privación de la libertad con el fin de cometer el robo y el apoderamiento de los objetos ajenos.

45. Por ende, mencionaron que si la privación de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés, con la finalidad de cometer los delitos de robo y extorsión y la propia consumación de estos últimos son conductas independientes, entonces la configuración del secuestro exprés no excluye la posibilidad de acreditar en forma autónoma el tipo básico de robo.

46. Máxime, si la penalidad propia prevista para la figura delictiva de secuestro exprés, evidencia la intención del legislador de sancionar la conducta que establece con su propia penalidad, diferenciándolo de esa forma de los tipos autónomos que integra (robo o extorsión), y otorgándole autonomía propia.

47. Lo anterior lo destacaron así, porque la parte final del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, precisa que las penas ahí establecidas se impondrán sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que resulten de las conductas a las que se aplican; tal como se ilustra a continuación:

“Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:

[...]

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten”.

48. Lo que además se adminicula con lo postulado en el diverso 9 de dicha normativa.

49. Por otra parte, resaltaron que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, tuvo su origen en la intención del Poder Ejecutivo Federal, de los titulares de las entidades federativas, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, presidentes municipales, entre otros órganos de gobierno, de los diversos ámbitos, de combatir el delito de secuestro, en sus diversas modalidades, al estar identificado como uno de los delitos más crueles y devastadores, que trastoca a toda la sociedad, y para evitar que dichas conductas queden impunes, se propuso dicha ley, para establecer los tipos penales, sus sanciones y la distribución de competencias entre la Federación y los Estados, siendo el objeto fundamental de dicha ley poner principal atención en la integridad de la víctima e implementar tipos penales y sanciones de las conductas que atenten contra la seguridad, la libertad personal y la vida.

50. Lo que justifica que en dicho ordenamiento, se acojan las conductas relativas a los delitos de secuestro y de otras conductas que se cometan durante el cautiverio de la víctima; sin que ello implique que la intención haya sido que no se penalicen los delitos de robo y extorsión en forma independiente, de llegar a cometerse, puesto que esos delitos, en todo caso, se tipifican en cada una de las legislaciones locales o la Federal, según corresponda, y el bien jurídico que tutelan es el patrimonio de las víctimas.

51. Mientras que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, tiene como bien jurídico tutelado la seguridad, la vida o la libertad personal de los sujetos pasivos, así como su patrimonio.

52. Argumentaron que, al resolver la contradicción de tesis 269/2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó el artículo 163 Bis del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, adicionado el quince de septiembre de dos mil cuatro y reformado su segundo párrafo el veinticuatro de febrero de dos mil seis; y cuyas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 138/2009, de rubro y texto siguientes:

“SECUESTRO EXPRESS. EL HECHO DE QUE SE ACTUALICE ESTE DELITO NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE ACREDITAR EN FORMA AUTÓNOMA LOS TIPOS PENALES BÁSICOS DE ROBO O EXTORSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme al artículo 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal que prevé el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, subyacen dos bienes jurídicos protegidos autónomos: la libertad física de tránsito o locomoción de las personas, es decir, su libertad ambulatoria y la seguridad del patrimonio del sujeto pasivo o de sus familiares. Además, el tipo descrito en dicha norma contiene un elemento subjetivo referente a la finalidad o propósito del sujeto activo de cometer un delito de robo o extorsión, o el de alcanzar un beneficio económico, ya que basta la existencia de tal propósito para que el delito se considere agotado, sin necesidad de la consumación material de la finalidad propuesta. En efecto, el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro no incluye resultado material, pues se configura independientemente de que se consiga o no el mencionado propósito, lo cual se confirma con el segundo párrafo del citado precepto legal, que establece una penalidad de veinte a cuarenta años de prisión únicamente por la comisión del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos de robo o extorsión. De manera que si el legislador distinguió claramente entre la conducta que tipifica la privación de la libertad en su modalidad de secuestro express y las conductas comisivas de los delitos de robo o extorsión, resulta evidente que se trata de conductas independientes y, por tanto, el hecho de que se actualice el delito de secuestro express no excluye la posibilidad de acreditar en forma autónoma los tipos básicos de robo o extorsión de llegar a la fase de ejecución.”.

53. Interpretación que si bien fue realizada a la luz del artículo 163 bis(3) del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la estimaron aplicable al caso, en razón a que el numeral tiene un contenido similar.

54. Ahora bien, en el amparo directo 1/2023, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, no estimó aplicable la jurisprudencia 1a.J/11/2005,(4) de rubro: “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD CUANDO SE LLEVA A CABO ÚNICAMENTE PARA COMETER LOS DELITOS DE ROBO O EXTORSIÓN. ES UN TIPO ESPECIAL CUYA ACTUALIZACIÓN EXCLUYE LA ACREDITACIÓN EN FORMA AUTÓNOMA DE ESAS FIGURAS DELICTIVAS”. En razón a que surgió a la luz de la interpr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32878-e246ecb3/secuestro-expres-el-articulo-9-fraccion-i-inciso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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