SECUESTRO. NO SE CONFIGURA ESTE DELITO ANTE LA AUSENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DE FINALIDAD QUE LO RIGE.
AMPARO EN REVISIÓN 273/2022. 22 DE JUNIO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA. SECRETARIO: GERMÁN MONTES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Estudio. Los agravios expuestos se califican esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que, contrario a la conclusión genérica del A quo, este tribunal revisor estima que el auto de vinculación a proceso reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, habida cuenta que analizados objetivamente los antecedentes de la investigación expuestos por la fiscalía, conforme a la dinámica de los hechos materia de la formulación de imputación, se advierte la concurrencia de dos hechos aparentemente concomitantes con la restricción de la libertad personal de quien se identificó como **********, incluso posiblemente excluyentes entre sí, que al vincularse estrechamente con el elemento subjetivo específico del propósito por el cual se llevó a cabo esa privación de la libertad, potencialmente inciden en la apreciación jurídica del hecho con apariencia de delito;(4) circunstancia que con el objeto de salvaguardar el principio de legalidad, en su vertiente de exacta aplicación de la ley penal, obligaba al juzgado de control, previo examen cauteloso de los argumentos expuestos por el representante social y de los datos de prueba en que sustentó su afirmación, a realizar esa diferenciación y pronunciarse al respecto de manera fundada y motivada, lo que resulta suficiente para revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, conceder la tutela constitucional solicitada.
Conviene precisar, como se adelantó, que este asunto se resolverá atendiendo al principio de suplencia de la queja previsto en el numeral 79, fracción III, inciso a), de la legislación reglamentaria, toda vez que los revisionistas tienen el carácter de imputados en el procedimiento penal de origen, por lo que se actualiza a su favor el supuesto contenido en el precepto de referencia y, por ende, este medio de impugnación debe resolverse aun respecto de cuestiones no propuestas en los agravios que se hacen valer, ya que la suplencia de la queja permite analizar íntegramente el caso sometido a la jurisdicción de este tribunal pese a la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos o, incluso, ante la falta de éstos.(5)
En principio, se estima correcto que el juzgado de Distrito, acorde a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la legislación reglamentaria, haya fijado como acto reclamado:
• El auto de vinculación a proceso emitido el veintitrés de julio de dos mil veintidós, por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la causa de control **********.
Sin que se advierta variación alguna o intervención de distinta autoridad que deba ser reparada de oficio por este tribunal revisor.
De igual manera, fue legal que tuviera por cierto el acto reclamado, toda vez que al rendir su informe de ley la autoridad responsable expresamente aceptó que en la fecha indicada dictó auto de vinculación a proceso contra los investigados, aquí recurrentes; aunado a que así se advierte en los registros de audio y video que conforman la audiencia inicial que culminó con la emisión de la determinación que constituye el acto reclamado.
Documentos de naturaleza pública con eficacia demostrativa, en términos de los preceptos 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones.(6)
Ahora, conviene puntualizar que si bien el auto de vinculación a proceso reclamado se encuentra regulado directamente en el párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Federal; empero, no puede llegarse al extremo de considerar que sólo ese precepto lo rige, debido a que, por su naturaleza, también pudiera conculcarse algún otro derecho sustancial reconocido en un diverso numeral de la Carta Magna, dado que la totalidad de las prerrogativas consagradas en la Constitución son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano.
En ese sentido, acorde con lo establecido en los numerales 14 y 20 constitucionales, cuando se reclama vía amparo un auto de vinculación a proceso, debe verificarse que se hubieren atendido las formalidades esenciales del procedimiento; de ello que, por cuanto hace a la notificación de inicio del proceso y sus consecuencias, se advierte que en audiencia inicial para formulación de imputación en el segmento de diecinueve de julio de dos mil veintidós, la representación social hizo saber a los indiciados sobre la investigación que se sigue en su contra por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley prevé como delito de secuestro exprés agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso d) y 10, fracciones I, incisos b) y c) y II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales **********; especificando la fecha, lugar y circunstancias de su comisión, clasificación jurídica preliminar, la forma de intervención, así como el nombre de su acusador.
Además, desde el primer segmento de la audiencia inicial, de manera libre por así convenir a sus intereses, los imputados 1. ********** y 2. ********** designaron como sus defensores a los particulares **********, ********** y ********** (éste sólo en segmento de veintidós de julio de dos mil veintidós); así como 3. ********** designó como sus defensores a ********** y **********; profesionistas que aceptaron y protestaron el cargo conferido, exhibiendo para tal efecto las cédulas profesionales **********, **********, **********, ********** y **********, respectivamente, con las cuales acreditaron contar con la calidad de licenciado en derecho; dando cumplimiento a la realización material de una defensa técnica adecuada.
Por otra parte, se observa que una vez que los indiciados escucharon la imputación y debidamente asesorados por su respectiva defensa privada, decidieron dar contestación al cargo que pesa en su contra, emitiendo de manera separada su declaración en relación con los hechos imputados; procediendo la fiscalía a la exposición de los datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, solicitando auto de vinculación a proceso.
Posteriormente, nuevamente asistidos de su defensa particular, solicitaron que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, esto es, esa determinación sobre la decisión judicial que resolvería sobre el término constitucional, tuvo como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales el representante social estimó que los datos de prueba recabados durante la investigación informal acreditan la existencia del hecho delictuoso materia de la imputación y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión.
De ahí que estuvieron en condiciones de decidir sobre la prórroga o no del plazo constitucional, así como de ofrecer los medios convictivos que a su interés legal convino para desvirtuar la imputación; sin que se desprenda obstaculización o retraso para hacer valer su prerrogativa.
Orienta al respecto la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)."(7)
De igual forma, se les respetó el derecho que tenían para alegar a su favor, toda vez que sus respectivos defensores particulares en todo momento expusieron los alegatos que a esa parte procesal correspondía y siempre que así alguno lo solicitó, se le otorgó el uso de la voz para realizar las manifestaciones que a su interés legal convino.
En consecuencia, el veintitrés de julio de dos mil veintidós el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso contra 1. **********, 2. ********** y 3. **********, por su probable comisión del hecho delictuoso por el cual la fiscalía formuló imputación y solicitó sometimiento a una investigación formalizada.
Circunstancias por las cuales, de manera general, se observó debidamente el derecho de audiencia y se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento.
Orienta al respecto, el criterio jurisprudencial P./J. 47/95, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."(8)
Por otra parte, como de manera similar lo estableció el juzgado federal, cabe resaltar que los requisitos que se deben cumplir para la emisión de un auto de vinculación a proceso se encuentran contenidos, entre otros, en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; numerales que en lo conducente estatuyen:
Constitución Federal
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
"El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
"...
"El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad."
Código Nacional de Procedimientos Penales
"Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso
"El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:
"I. Se haya formulado la imputación;
"II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
"III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y
"IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.
"El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa."
De la interpretación sistemática de tales preceptos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los requisitos formales y de fondo siguientes:
a) Requisitos formales:
I. Debe ser emitido por autoridad judicial legalmente competente y videograbado;
II. Dictarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del indiciado o su defensor;
III. Se haya formulado la imputación;
IV. El imputado hubiese rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar.
V. Debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público.
VI. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo.
Requisitos de fondo:
1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley indique como delito;
2. Así como la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y
3. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.
Como legalmente lo consideró el juzgado de amparo, respecto a los requisitos formales, se cumplieron, habida cuenta que el auto de vinculación se emitió por autoridad legalmente competente para ello; al caso, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde sucedieron los hechos (Toluca, Estado de México); en audiencia oral, de la cual se elaboró el registro de actuación videograbado respectivo, como se desprende de los autos de la causa de control **********, así como de la versión escrita (contenida en el expediente electrónico), que fueron enviados para la resolución de este asunto.
Por otra parte, como se observa de autos, con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión librada, a partir de las seis horas con veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil veintidós, se decretó su detención judicial por los hechos motivo de la formulación de imputación, por lo que el plazo constitucional de setenta y dos horas para resolver su situación jurídica fenecía a la misma hora del veinte siguiente.
Sin embargo, previa asesoría de su defensa, solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, esto es, de setenta y dos a ciento cuarenta y cuatro horas; petición que fue acordada de conformidad; por lo cual el aludido plazo fenecía a las seis horas con veinte minutos del veintitrés de julio de esa anualidad.
De tal manera, si a las cinco horas con cincuenta y ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil veintidós, se dictó auto de vinculación a proceso, deviene inconcuso que esa resolución fue emitida dentro de la temporalidad legalmente establecida, cumpliendo el requisito identificado con el romano II.
En otro aspecto, en el segmento de la audiencia inicial de diecinueve de julio de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público formuló imputación a los ahora recurrentes por la probable comisión del hecho delictuoso de secuestro exprés agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso d) y 10, fracciones I, incisos b) y c) y II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales **********.
Asimismo, una vez que los indiciados manifestaron haber entendido la totalidad de los hechos atribuidos, previa comunicación con sus defensores particulares decidieron dar contestación al cargo que pesa en su contra, emitiendo su declaración en relación con los hechos imputados.
De igual forma, expuestos los antecedentes de investigación que conforman la carpeta de investigación, la representación social solicitó auto de vinculación a proceso; ante lo cual, previa asesoría de la defensa particular, peticionaron la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, lo cual fue acordado favorable; asimismo, su defensa ofreció y desahogó en segmentos de veintiuno y veintidós siguiente los datos de prueba que estimó pertinentes, resolviendo en esa fecha su situación jurídica; motivo por el cual, se estiman actualizados los requisitos III y IV de referencia.
Y, concerniente a los requisitos V y VI, el juzgado de control dictó auto de vinculación a proceso contra los ahora recurrentes, respecto de los hechos que expuso la fiscalía al momento de formular imputación, sin variarlos; mencionó el hecho delictuoso que se les imputó, así como las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ejecución en que aconteció (lo cual será materia de análisis acorde a lo resuelto por el Juzgado de Distrito y, en su caso, aquellos aspectos que en suplencia advierta este tribunal revisor).
No obstante lo anterior, concerniente al requisito de fondo 1, contrario al análisis y conclusión que realizó el juzgado de Distrito, y como esencialmente se duelen los revisionistas en los agravios 1 y 47,(9) este tribunal revisor estima que aun cuando el estándar probatorio para su emisión es mínimo, el auto de vinculación a proceso reclamado adolece de una debida fundamentación y motivación, habida cuenta que sometidos a un examen de razonabilidad los datos de prueba expuestos por el representante social, a fin de probar la mecánica de hechos materia de la formulación de imputación, revelan la concurrencia de dos hechos concomitantes con la restricción de la libertad personal de **********, incluso excluyentes entre sí; circunstancia que incide potencialmente en la acreditación del elemento subjetivo específico del propósito por el cual se llevó a cabo esa restricción a la libertad personal, lo que se vincula directamente con la clasificación jurídica del hecho delictuoso consignado por el Ministerio Público; lo que hace procedente, como se adelantó, revocar el pronunciamiento impugnado y, en reasunción de jurisdicción, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos que se precisarán; ello, con base en las consideraciones siguientes.
En el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, se establece:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."
De una interpretación del precepto transcrito, en lo que interesa, se colige que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado.
En relación con lo anterior, es importante precisar que por fundamentación del acto de autoridad debe entenderse como la expresión, con toda precisión, del precepto legal aplicable al caso; es decir, es necesario que se sustente en una disposición normativa de carácter general; esto es, la ley que prevea una situación concreta, para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por otra parte, se destaca que por motivación del acto de autoridad debe entenderse que, al existir una norma jurídica, el caso o situación concreto respecto de los que se pretende emitir un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación establece que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido en la ley; por consiguiente, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una ley, es decir, aunque esté debidamente fundado.
En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria y el caso específico en el que ésta va a operar o surtir sus efectos.
En tal virtud, para que una autoridad responsable cumpla con la fundamentación y motivación de sus actos, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que sirvan de sustento a su determinación y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión que el asunto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invocó.
Lo que significa que debe satisfacer la exigencia de fundar en la ley, y la expresión de todos y cada uno de sus motivos y consideraciones legales, por los cuales arribó a su determinación; ello tiene como propósito que el gobernado tenga pleno conocimiento de los fundamentos y precisiones legales, a fin de no colocarlo en un estado de indefensión y, en su caso, hacer valer su derecho, pues todo acto de autoridad debe fundarse correctamente y ser acorde con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios.
Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."(10)
Ahora, como de modo similar lo refirió el juzgado de Distrito, conviene mencionar que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley contempla como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable.
Es decir, en el sistema oral, a diferencia del anterior procesal tradicional mixto, no es necesario mantener un nivel probatorio tan riguroso, porque no se tienen que presentar pruebas formalizadas; habida cuenta que el estándar mediante el cual se debe analizar el cúmulo probatorio para emitir el auto de vinculación a proceso es menor y no exige analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, más allá de la directriz constitucional, para lo que el juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se puede establecer el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera esa resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental.
Es a través del auto de vinculación a proceso por el cual se formaliza la investigación, es decir, tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación sujeta a supervisión del órgano jurisdiccional, por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación; por lo que no es posible aplicar al dictado de un auto de vinculación a proceso, las categorías de análisis que se exigían para el auto de formal prisión, que sí sujetaba a proceso al imputado; además, a diferencia del sistema tradicional, la emisión de un auto de vinculación no equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.
Consideraciones que se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)."(11)
No obstante, cabe resaltar que ese estándar de prueba reducido para la sujeción a una investigación bajo supervisión del órgano jurisdiccional no limita, mucho menos excluye al juzgado de control a realizar un estudio cauteloso y acucioso de los datos de prueba en los que el representante social sustentó la petición de vinculación a proceso del indiciado, incluso con independencia de la metodología que emplee, a fin de determinar razonablemente si existen indicios suficientes que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y, en su caso, la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
En relación con lo anterior, conviene puntualizar que en materia penal el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal prevé el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley, el cual establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
Esta prerrogativa tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca), conforme a los cuales sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas.
Este principio llamado de legalidad, en su vertiente de taxatividad (o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley), no sólo obliga al legislador a declarar que un hecho es delictuoso, sino que también describa con claridad y precisión, el hecho o la conducta que se considera delictiva; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado distinguiéndose, en su caso, los elementos externos, subjetivos y normativos inherentes a las conductas antijurídicas, así como la sanción que le corresponda.
De ello deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva expresamente descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.
De esa manera, el tipo penal es un instrumento legal necesario de naturaleza predominantemente descriptiva, cuya función esencial es la individualización de conductas humanas penalmente sancionables.
Las consideraciones expuestas se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula:
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."(12)
En el asunto en particular, en principio, se destaca que en la audiencia inicial para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, de diecinueve de julio de dos mil veintidós, el Ministerio Público, al formular imputación (a partir de 01:57:58 minutos, del segmento 2/3), como hecho penalmente relevante manifestó:
"... para lo cual me permito establecer cuáles son los hechos por los cuales se solicita esta vinculación a proceso, y lo es precisamente que el doce de julio dos mil veintidós, aproximadamente a las dieciocho horas con doce minutos, la víctima de identidad resguarda de iniciales ********** circulaba en compañía de una persona del sexo femenino de nombre **********, a bordo de un vehículo Marca Hyundai, tipo Accent, negro, placas de circulación ********** del Estado de México, sobre la **********, en ese momento se detiene detrás de un vehículo Chevy, y observa que un vehículo de la marca Cavalier, sin matrícula, el cual bloqueó al Chevy y, de éste, descienden tres personas del sexo masculino acercándose al vehículo que conducía, siendo justamente ********** y **********, portando armas de fuego, le ordenan descender del vehículo, al hacerlo lo revisan sin encontrarle objeto alguno, en ese instante le dicen ‘ya sabemos que tiras droga, le vas a tener que caer, cuánto traes’, a lo cual respondió que no traía dinero y es por lo cual lo llevan hacia el vehículo Cavalier, lo abordan en el asiento trasero, sentándose junto el señor **********, para vigilarlo, mientras que el señor ****
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32362-b3a45f59/secuestro-no-se-configura-este-delito-ante-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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