Corpus
Modo: Corpus Pro

HECHO DELICTIVO. SU CONNOTACIÓN BÁSICA A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE ÚLTIMA RATIO Y DE FUNCIÓN GARANTISTA DEL TIPO PENAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 269/2023. · Registro digital (IUS): 33879
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2026-03-06
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

AMPARO EN REVISIÓN 269/2023. 8 DE AGOSTO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA. SECRETARIA: SOFÍA DÁVILA ESTRADA.

Toluca, Estado de México. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS, para resolver los autos de la revisión penal 269/2023, relativa al juicio de amparo indirecto **********, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, **********, por conducto de su defensor particular **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.

ORDENADORA:

* La Juez de Control del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con domicilio en Av. Ejército del Trabajo s/número, San Pedro Barrientos, municipio de Tlalnepantla C.P. 54010.(1)

EJECUTORAS:

* El Director General del Centro Estatal de Medidas Cautelares del Estado de México, con domicilio en Av. José María Morelos No 707, Col. La Merced, Barrio de la Merced, C.P. 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México, México.

* La Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, “Licenciado Juan Fernández Albarrán”, con residencia en Av. Ejército del Trabajo, sin número, en San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México.

IV. ACTOS RECLAMADOS.

* De la Juez de Control, señalada como autoridad responsable ordenadora, reclamo la resolución dictada el 12 de noviembre de 2021, en la continuación de la audiencia inicial, celebrada en la causa **********, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, en contra de mi defendida **********, aquí quejosa, por el hecho señalado en la ley como delito de FRAUDE PROCESAL, previsto y sancionado por el artículo 165 Bis, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c), todos del Código Penal del Estado de México.

* Del Director General del Centro Estatal de Medidas Cautelares del Estado de México, reclamo la ejecución, supervisión o seguimiento, del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas a mi defendida, aquí quejosa, en la causa **********, a consecuencia del auto de vinculación a proceso, decretado en su contra.

* De la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, “Licenciado Juan Fernández Albarrán”, localizado en San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, reclamo la realización de anotaciones en sus archivos o registros administrativos, con motivo de la vinculación a proceso decretada en contra de mi defendida, en la causa **********, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con sede en San Pedro Barrientos.

(...)” (sic).

SEGUNDO. Juicio. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, al que correspondió el conocimiento del asunto, registró el expediente con el número **********, admitió la demanda; tramitó por separado el incidente de suspensión; dio la intervención que le competía a la representación social; solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados.

Seguida la secuela procesal, previos diferimientos, el seis de junio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional respectiva, que culminó con el dictado de la sentencia que se terminó de engrosar el treinta y uno de agosto siguiente, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

“PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de los actos que reclamó de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otras autoridades, precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando sexto.

SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta sentencia ...”.

TERCERO. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, **********, en su carácter de defensor particular de **********, interpuso recurso de revisión, el cual, por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, que se registró con el número **********, se admitió; al cual se adhirió la tercero interesada **********; mismo que seguido el trámite, mediante sesión ordinaria virtual de ocho de junio de dos mil veintitrés, en la cual se resolvió:

“PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto **********, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, promovido por **********, por conducto de su defensor particular, **********, para los efectos precisados en la parte final del Considerando Cuarto de esta ejecutoria.

TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por **********, autorizado de la tercero interesada **********.

CUARTO. Nueva sentencia. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el juzgado de amparo repuso el procedimiento, realizó el emplazamiento del Ministerio Público que intervino en la emisión del acto reclamado; dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, como complemento a su informe justificado; transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se impusieran del contenido de los informes justificados y constancias, el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia el treinta y uno siguiente, la cual concluyó en los resolutivos siguientes:

“PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de los actos que reclamó de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otras autoridades, precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando sexto.

SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos considerandos de esta sentencia”

QUINTO: Interposición y admisión del recurso. Inconforme con esa determinación, **********, en su carácter de defensor particular de **********, interpuso recurso de revisión, el cual, por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, el que por auto de Presidencia de dos de octubre de dos mil veintitrés, se registró bajo el consecutivo ********** y se admitió a trámite; se reconoció el carácter de terceros interesados a la persona moral **********, representada por ********** y **********; así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la Subdirección de Litigación “B” Tlalnepantla, que intervino en la causa penal **********, del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por conducto del Coordinador General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al ubicarse en los supuestos previstos en los incisos c) y e), de la fracción III, del ordinal 5° de la Ley de Amparo y, ordenó dar vista a la representante social adscrita, quien no formuló pedimento.

Asimismo, por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, **********, autorizado de la tercero interesada **********, interpuso recurso de revisión adhesiva; y, en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, no se admitió, al estimarse que el promovente no tenía reconocido el carácter con el que se ostentó.

Inconforme con ello el autorizado de la tercera interesada, interpuso recurso de reclamación, el cual se registró con el número **********, resuelto en sesión ordinaria virtual de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, declarándose fundado; y, por auto de nueve de febrero de dos mil veinticuatro, se admitió la revisión adhesiva, en términos del precepto 82 de la Ley de Amparo.

SEXTO. Turno. El veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado Julio César Gutiérrez Guadarrama, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver el medio de impugnación planteado, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, fracción I, inciso e), 84 y 91 de la Ley de Amparo; así como 38, fracción V, y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la sentencia recurrida versa sobre la materia penal y fue dictada en un juicio de amparo indirecto por un juzgado de Distrito, cuyo domicilio se ubica dentro de la demarcación territorial en que ejerce competencia este órgano colegiado.

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. La resolución impugnada fue notificada al inconforme, el ocho de agosto de dos mil veintitrés; por lo que esa comunicación surtió efectos el nueve siguiente.

Así, el plazo de diez días a que alude el numeral 86 de la legislación de la materia para interponer el recurso de revisión, transcurrió del diez al veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, sin contar los intermedios doce, trece, diecinueve y veinte de ese mes y año, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

Por tanto, si el ocurso de agravios respectivo se exhibió, el quince de agosto de dos mil veintitrés, queda en evidencia que el referido medio de impugnación fue interpuesto oportunamente.

En otro aspecto, cabe destacar que la recurrente cuenta con legitimación para interponer este medio de impugnación, puesto que es parte en el sumario en que se dictó la decisión controvertida, en términos del primer párrafo de la fracción I del precepto 5 de la normatividad de la materia -quejosa a través de su defensor particular-.

Por otra parte, conviene precisar que el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto dentro del plazo que se establece en el artículo 82 de la Ley de Amparo; en atención a que la tercero interesada recurrente fue notificada por lista el cinco de octubre de dos mil veintitrés, la cual surtió efectos el seis siguiente, por lo que el término concedido transcurrió del nueve al once de octubre siguiente; siendo inhábiles el siete y ocho de octubre de ese mes y año, por ser sábado y domingo, de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia; por lo que, si el escrito fue presentado electrónicamente ante este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cinco de octubre de ese año, fue instado oportunamente.

TERCERO. Resolución recurrida y agravios. Con el fin de evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal, amén que no existe precepto en la Ley de Amparo que imponga tal obligación, no se transcribirán la determinación recurrida ni los agravios formulados, sin que ello sea óbice para su análisis pormenorizado.

En el entendido que tal proceder tampoco será impedimento para que este tribunal cumpla con los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener las sentencias, pues éstos se actualizan al precisar en el cuerpo de la resolución los puntos sujetos a debate que deriven de la sentencia recurrida y las inconformidades planteadas, así como de su estudio y respuesta, sin introducir aspectos distintos a los que conformen la litis, como se realizará en esta ejecutoria.

Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”(2)

No obstante, a fin de resolver la cuestión objetivamente planteada, los agravios expuestos por el recurrente principal, se sintetizan de la manera siguiente:

1. El A quo hizo un estudio superficial e incompleto de los conceptos de violación, pues no dio respuesta cabal, frontal y completa al primero de ellos, con lo que no se cumple con los principios de congruencia y exhaustividad.

2. El juzgado de Distrito en la sentencia recurrida, expresamente admite que el fiscal, al formular la imputación, no precisó que la activo desplegara la conducta de alterar los documentos; con lo que está convalidando la omisión de su contraria, respecto de uno de los comportamientos núcleo del tipo, consistentes en la alteración de los elementos de prueba, lo que es inadmisible jurídicamente.

3. El Ministerio Público como órgano técnico tiene la carga procesal de formular su imputación de forma completa y clara respecto del hecho fáctico que la ley precisa como delito; lo que no hizo, pues el núcleo del tipo se compone de dos conductas, una alterar elementos de prueba y otra, que los presente o exhiba en los procedimientos jurisdiccionales; conductas que deben estar demostradas de forma probable; luego, la letra “y” alude a conjunción copulativa, no así alternativa; de modo que las dos deben estar demostradas; por lo que no puede suponerse, como lo hizo la responsable, que al presentarse o exhibirse las facturas en juicio (ejecutivo mercantil) el sujeto activo a su vez los alteró.

4. Se imputa a la acusada haber presentado las facturas en un juicio mercantil, como documento base de la acción, pero ella no las alteró materialmente, como dogmáticamente se indicó en la imputación y en el acto reclamado, pues no se precisa en qué circunstancias ocurrió esa alteración, ni quién la realizó en forma material, menos se precisan los datos de prueba relativos.

5. No obstante que el estándar probatorio para la emisión de un auto de vinculación a proceso es el más bajo, el fiscal tiene que referirle al juzgado de control los datos de prueba conducentes, pertinentes y suficientes, con los que se acredita el hecho que la ley precisa como delito, lo que en el caso no aconteció; pues en cuanto a la conducta de alterar, los elementos de prueba que describió el fiscal no indicó datos que así lo demostraran; y, no existe precepto que autorice a inferir o suponer, que sí los presentó en juicio, se entiende, a su vez, en automático que los alteró.

6. El juzgado de Distrito negó el amparo, al estimar que la responsable no incurrió en la violación a sus derechos fundamentales, cuando dogmáticamente dio por demostrada la alteración de los elementos de prueba, con el solo hecho de haberlos presentado en juicio.

7. Los datos de prueba referidos por el fiscal no demuestran la conducta materia de la imputación, menos que ésta encuadre en el hecho que la ley precisa como delito fraude procesal, a que se refiere el precepto 165 bis del Código Penal del Estado de México.

8. Es desacertado el argumento del A quo en el que indicó que la responsable ordenadora puede realizar libremente requerimientos a la fiscalía, a fin que precise cuál es la conducta que le atribuye a la imputada, lo que trasgrede el artículo 311, párrafo final, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual solamente faculta potestativamente al juez para que a petición del imputado o defensor se realicen las aclaraciones pertinentes; pero en el caso, la acusada, ni la defensa solicitaron esas precisiones, en relación con la conducta o conductas punibles materia de la imputación, sino que fue el juzgado de control quien, por iniciativa propia, pidió las aclaraciones, lo que denota parcialidad.

9. Si bien la defensa solicitó precisiones, éstas fueron en relación con el nombre de la ofendida y en cuanto a la expedición de copias de la sentencia emitida en el juicio mercantil; pero no así respecto a la conducta atribuida; con lo que se actuó con parcialidad y se rompió el equilibrio procesal, soslayándose que la vinculación a proceso se decretará solamente por el hecho o hechos materia de la imputación; por tanto, el juzgado de Distrito no debió pasar por alto tal circunstancia y afirmar que en el acto reclamado el juzgado de control complementó la información de la imputación con la solicitud de vinculación relativa.

10. Adverso a lo indicado por el A quo en el auto de vinculación, se trasgredieron los derechos fundamentales de aplicación de la ley, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, tutelados en los dispositivos 14 y 16 constitucionales, porque se dictó auto de vinculación a proceso sin que el hecho que fue motivo de la imputación, encuadre o se ajuste a lo que la ley señala como delito fraude procesal, pues los hechos que fueron materia de la imputación, sustentados en los datos de prueba referidos por el Ministerio Público no configuran el ilícito referido.

11. En el acto reclamado, de manera reiterada, el juzgado responsable consideró que ejecutó la conducta positiva que consistió en alterar elementos de prueba, en el caso, doscientas ocho facturas que presentó dentro del juicio ordinario mercantil, pero esas aseveraciones son ilegales, en tanto no están sustentadas en los datos de prueba; pues no existen los que sean aptos, idóneos, pertinentes y suficientes, que permitan suponer la concurrencia y demostración de la alteración y la presentación (verbos rectores del tipo que son distintos).

12. Es ilegal presumir, como lo hizo el juzgado responsable, que la quejosa al presentar los elementos de prueba en un procedimiento jurisdiccional, también es la autora material de su alteración, toda vez que no se justifica con qué datos de prueba arriba a esa conclusión.

13. Es indiscutible que las facturas fueron presentadas en un procedimiento jurisdiccional, porque como administradora de la moral **********, ejerció una acción al promover el juicio ordinario mercantil; sin embargo, la conducta núcleo del tipo, consistente en alterar esos elementos de prueba, no se encuentra demostrada con ningún dato de prueba.

14. La entrevista del querellante o denunciante **********, no aporta información referente a que ********** ejecutó materialmente la alteración de los documentos base de la acción, ni le consta la realización de actos desplegados relativos a esa conducta.

15. La inspección judicial que llevó a cabo el secretario del juzgado mercantil, **********, tampoco es idónea para deducir que la impetrante incurrió materialmente en la alteración de las facturas de que se trata, solamente dio fe de las presentadas como base de la acción, que diferían de las que aparecían en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria.

16. La póliza que emitió el Corredor Público **********, que contiene una fe de hechos, en la que determinó que las facturas que se exhibieron como documentos base de la acción, no coincidían con las existentes en el portal del Servicio de Administración Tributaria, ni con las que estaban archivadas en la contabilidad de la empresa ofendida.

17. Tampoco es apto ni eficaz el dictamen en documentoscopía emitido por el experto oficial **********, en el que determinó que una vez que llevó a cabo el análisis correspondiente, pudo concluir que sí se encontraban alteradas las doscientas ocho facturas cuestionadas y exhibidas en el juicio ordinario mercantil.

18. Es ilegal y arbitrario deducir, como lo hizo el juzgado responsable, que por el hecho que la impetrante al presentar las facturas ante el órgano jurisdiccional mercantil, por sí misma, fue quien probablemente alteró las mismas.

19. El juzgado de Distrito soslayó que el acto reclamado trasgrede sus derechos fundamentales, cuando afirmó que se demostró que la quejosa fue quien de manera personal y directa ejecutó la conducta delictuosa, en términos del artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México (autoría material), al alterar elementos de prueba, específicamente doscientas ocho facturas, sin que explicara de dónde se obtuvo esa información.

20. Es verdad que la solicitante presentó en el juicio doscientas ocho facturas, pero esa conducta, no la convierte en automático en autora material de la alteración de esos títulos de crédito, porque no existe precepto legal que así lo indique; pues, para concluirse de esa manera, era necesario que la fiscalía investigara, recabara y aportara datos de prueba conducentes, sin que así lo haya hecho.

Por otro lado, la recurrente adherente **********, por conducto de su autorizado **********, formuló como motivos de inconformidad, los que a continuación se sintetizan:

i. La resolución dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es apegada a derecho, ya que al negar el amparo a la quejosa lo hizo mediante una valoración exhaustiva de los datos de prueba, además que se ocupó de los requisitos que deben considerarse para la emisión del auto de vinculación a proceso, en el caso, los contenidos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales estimó reunidos, por lo que es evidente que no le fueron violentados sus derechos fundamentales de debido proceso y defensa adecuada a la quejosa.

ii. Los datos de prueba que fueron enunciados por el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, como bien lo estimó el juzgado de Distrito y la responsable, son idóneos y suficientes para acreditar que existió el hecho con apariencia de delito fraude procesal, ya que el hecho fáctico consistió en que **********, en representación de **********, dentro del expediente **********, del Juzgado Sexto de lo Mercantil, con residencia en Naucalpan, Estado de México, requirió a **********, el pago de $**********, como suerte principal, respecto de doscientas ocho facturas que se exhibieron ante ese órgano jurisdiccional, derivadas de una relación comercial previa; esos documentos estaban alterados, ya que se colocó un porcentaje de interés del tres por ciento, así como una leyenda que decía: “si paga fuera del vencimiento ocasionará un interés moratorio a razón del tres por ciento anual”; información que no contenían las facturas originales, lo que se demostró en grado de probabilidad a certeza.

iii. La impetrante tuvo garantía de audiencia, así como se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que, adverso a lo indicado en sus agravios, la actuación del juzgado de control fue conforme a derecho, respetando el derecho de las partes a ser oídos, así como el principio de contradicción, con el fin de que las partes pudieran exponer argumentos, ejercer su derecho a un debido proceso y a una defensa adecuada; en tanto tuvo oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos; con lo cual no quedó en estado de indefensión, ni le fueron trasgredidos sus derechos, como erróneamente lo sostiene.

CUARTO. Estudio revisión principal. De las constancias en que se emitió la determinación sujeta a examen, se obtienen como datos de trascendencia:

• **********, por conducto de su defensor particular **********, en escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de vinculación a proceso de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dentro de la causa de control **********, por el hecho delictuoso fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 165 bis, en relación con los diversos 6, 7, 8, fracciones I y III, 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México.

• Mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, al que correspondió el conocimiento del asunto, registró el expediente con el número **********, admitió a trámite el aludido ocurso inicial; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados.

• El seis de junio de dos mil veintidós, a las nueve horas con treinta minutos, se celebró la audiencia constitucional y el treinta y uno de agosto siguiente, se dictó sentencia, negando la protección de la Justicia Federal solicitada.

• Inconforme con esa determinación, el defensor particular de la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, formándose el amparo en revisión **********, el cual fue resuelto en sesión ordinaria virtual de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el sentido de revocar y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto que se emplazara a juicio al Ministerio Público que intervino en la emisión del acto reclamado, le diera vista con los informes justificados rendidos por las responsables; asimismo, para que pusiera a la vista de las partes las constancias que remitió el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, como complemento a su informe justificado y una vez transcurrido el plazo de ocho días, previsto en el dispositivo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, celebrara la audiencia constitucional, resolviendo con plenitud de jurisdicción, lo que conforme a derecho procediera.

• En acatamiento a la citada ejecutoria en auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el juzgado del conocimiento dejó sin efectos la audiencia constitucional celebrada el seis de junio de dos mil veintidós, así como la sentencia de treinta y uno de agosto de ese año; ordenó el emplazamiento del tercero interesado, disponiendo hacer de su conocimiento los informes justificados rendidos por las responsables, dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictándose sentencia que se terminó de engrosar el treinta y uno de julio siguiente, negándose el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa.

• En desacuerdo con esa sentencia, la impetrante, por conducto de su defensor, interpuso este medio de impugnación.

En principio, cabe precisar que este juicio de amparo se resolverá atendiendo al principio de suplencia de la queja, en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón a que la recurrente ********** tiene el carácter de imputada; por lo que, se actualiza el supuesto contenido en el numeral de referencia; y, por ende, debe analizarse el recurso de revisión que se resuelve, aun respecto de cuestiones no propuestas en los motivos de disenso que se hicieron valer; pues, la suplencia de la queja permite analizar íntegramente el caso sometido a la jurisdicción de este tribunal colegiado, pese a la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos o, incluso, ante la falta de éstos.

Sirve de sustento a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 154/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 317 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, con registro 2010623, de rubro:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.”

Así como la tesis 2a. VIII/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 267 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con registro 200655, de epígrafe:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD.”

Sin embargo, la suplencia de la queja no debe ser absoluta, en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el tribunal la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo; por lo que, no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando ese análisis, lejos de ayudar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.

Sirve de sustento, por las consideraciones que la conforman, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes siete de julio de dos mil diecisiete, a las diez horas con catorce minutos, Décima Época, con registro 2014703, de rubro:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).”

Por otra parte, es importante establecer que este tribunal tiene la obligación de analizar los agravios formulados po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33879-0ec0ff21/hecho-delictivo-su-connotacion-basica-a-la-luz · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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