PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
AMPARO EN REVISIÓN 162/2017. 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO LARA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: GERARDO FLORES ZAVALA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En este recurso de revisión, procede la suplencia de la queja en favor de la quejosa **********, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que actuó con el carácter de ofendida en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado, por lo que se procede al análisis integral de la sentencia recurrida.
Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 70/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 848, del Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas», que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER PRIVADO CUANDO OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO. De los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, así como de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 360/2013, de la cual derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.), (1) se advierte que todos los gobernados, incluidas las personas morales de índole privado, gozarán de los derechos fundamentales. Ahora bien, si estas últimas ostentan la calidad de víctimas u ofendidos del delito, tienen a su alcance todas las prerrogativas legales y jurisprudenciales para hacer valer sus derechos y para promover, por sí, los medios legales a su alcance, en virtud de que son parte en el proceso penal, aunque las legislaciones procesales de la materia no las legitimen, por lo que cuando ejercen por sí sus derechos fundamentales y acuden a los medios de impugnación correspondientes, en respeto a la tutela judicial efectiva, bajo igualdad de condiciones, el órgano jurisdiccional en materia de amparo debe aplicar en su favor la suplencia de la queja deficiente. Lo anterior es así, porque ni la evolución jurisprudencial ni la legal precisan quiénes pueden ser las personas a las que les asiste el referido beneficio; de ahí que esté dirigido a la totalidad de supuestos en los que una persona, en su calidad de víctima u ofendido, acuda al juicio de amparo como quejoso o adherente, con independencia de que se trate de una persona física o de una moral de carácter privado, pues la base fundamental es la necesidad de brindar equidad procesal entre las partes, en tanto que el indiciado ya cuenta con dicha suplencia en su favor; sin que corresponda al juzgador prejuzgar o determinar a priori si todas las personas morales privadas cuentan con patrimonio suficiente para allegarse de un debido asesoramiento profesional o tienen amplias condiciones de ejercer sus derechos y conocer los rigorismos de la técnica legal, máxime que en algunos casos, el inculpado podría tener mayor capacidad económica y defensiva que la víctima o el ofendido, por lo que su posible situación patrimonial es insuficiente para descartar la suplencia de la queja deficiente en su favor, ni siquiera por el tipo de intereses que pudieran estar en juego en el proceso penal, como por ejemplo, los pecuniarios, pues sólo sería un factor circunstancial. Además, porque no observarlo así implicaría vulnerar el principio de progresividad previsto en los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales, una vez logrado un avance en el disfrute en materia de derechos humanos, el Estado no podrá disminuir el nivel alcanzado, por lo que no existe razón que justifique la exclusión de la protección del derecho que consigna suplir la queja deficiente a las personas morales de carácter privado cuando ostenten la calidad de víctimas u ofendidos del delito, pues la tendencia tanto jurisprudencial como legislativa ha tenido como pretensión hacer extensivo ese derecho y no limitarlo."
Previamente, se invoca como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo,(5) lo resuelto por este Tribunal Colegiado de Circuito en sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el recurso de revisión **********, derivado del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, promovido por **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderada legal **********, en el que se reconoció con el carácter de tercero interesado a **********, apoderado de **********, S.A. de C.V., por tener la calidad de indiciado en la averiguación previa **********.(6)
En el expediente de amparo indirecto **********, la quejosa **********, S.A. de C.V., reclamó la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil quince, dictada por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la averiguación previa **********, quien al resolver el recurso de inconformidad interpuesto por **********, S.A. de C.V., declaró procedente el dictamen de veinte de octubre del mismo año, emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, quien confirmó el no ejercicio de la acción penal, respecto de ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un beneficio indebido para sí, realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial), y su ejecución (averiguación previa, acto reclamado y autoridad responsable, diversos a los señalados en el juicio de amparo indirecto ********** que ahora se analizan).
El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto **********, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa **********, S.A. de C.V., al estimar que el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales responsable, no fundó ni motivó correctamente su determinación, al no valorar en su totalidad los medios de prueba que integran la averiguación previa **********.
El subprocurador responsable y el tercero interesado **********, interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de amparo, el que tocó resolver a este Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, confirmando la sentencia de amparo recurrida, al estimar inoperantes los agravios formulados por la autoridad recurrente, por no impugnar en su totalidad las consideraciones de la sentencia recurrida; asimismo, se declararon infundados e inoperantes los agravios del tercero interesado **********, apoderado de **********, S.A. de C.V.(7)
Como se aprecia, este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, conoció de la denuncia formulada por **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderada legal **********, en la averiguación previa **********, la que es diversa a la que se revisa **********; debiendo acotarse que los hechos que sustentan ambas denuncias, parten de las circunstancias fácticas ocurridas en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario promovido por **********, S.A. de C.V., contra **********, S.A. de C.V., radicado inicialmente con el número **********, del índice del Juzgado Cuadragésimo de Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, que actualmente conoce el Juez Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, con el número **********.
En atención a lo anterior, para comprensión del asunto, se reseñan los datos siguientes, obtenidos del expediente de amparo ********** y sus anexos, conformados con las constancias de la averiguación previa **********, que remitió el subprocurador responsable y que, a su vez, contienen copias certificadas del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario supra indicado.
Respecto del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, se aprecia lo siguiente:
1) El veintiocho de noviembre de dos mil ocho, **********, S.A. de C.V.,(8) por conducto de su apoderado legal **********, promovió juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario contra **********, S.A. de C.V., demandando, en esencia, las prestaciones siguientes: la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado el primero de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el incumplimiento del pago de la renta desde diciembre de dos mil tres, en los términos señalados en el contrato; el pago de rentas vencidas, sus ajustes anuales, y las que se siguieran venciendo; el pago de otros conceptos vencidos y no pagados y los que se siguieran venciendo; así como los intereses moratorios sobre las mensualidades de renta vencidas; todos, cuantificables en ejecución de sentencia.
2) La demanda de controversia de arrendamiento se radicó ante el Juzgado Cuadragésimo de Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, con el número **********, de la que conoce actualmente el Juez Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, con el número **********; durante su trámite, se ordenó emplazar a la demandada **********, S.A. de C.V., quien contestó la demanda por conducto del apoderado legal que al efecto designó en ese momento, quien negó las prestaciones reclamadas, opuso excepciones y defensas, y ofreció los medios de prueba que estimó pertinentes.
3) El diecinueve de marzo de dos mil nueve, se dictó sentencia definitiva en el expediente **********, en la que se condenó a la demandada **********, S.A. de C.V., entre otras cosas, a la rescisión del contrato de arrendamiento materia de la litis civil; a la desocupación y entrega del inmueble arrendado; al pago de la rentas no pagadas y por falta de pago no puntual; al pago de intereses moratorios; debiendo descontarse las cantidades reconocidas por la parte actora como pagadas, así como las cantidades que la parte demandada acreditara.
4) En contra de la sentencia de primera instancia, la demandada **********, S.A. de C.V., y la actora **********, S.A. de C.V., interpusieron recurso de apelación, el que radicó la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien por resolución de tres de agosto de dos mil nueve, dictada en el toca **********, ordenó reponer el procedimiento, ya que al resolver el diverso toca de apelación preventivo **********, ordenó que se tuvieran por exhibidas unas documentales presentadas por la demandada.
5) Una vez repuesto el procedimiento en el expediente **********, el Juez civil a quo dictó sentencia el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, en la que nuevamente condenó a **********, S.A. de C.V., en términos similares a los precisados en la primera sentencia de diecinueve de marzo del mismo año.
6) En contra de la nueva sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación, el que resolvió la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el diez de marzo de dos mil diez, en el toca **********, quien confirmó la sentencia recurrida.
7) Contra la resolución de segunda instancia, ambas partes promovieron demanda de amparo directo, las que radicó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con los números ********** y **********, quien en sesión de nueve de junio de dos mil diez, concedió el amparo a la actora **********, S.A. de C.V., a efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, y dictara otra en la que estimara fundados los incidentes de falta de personalidad planteados contra **********, S.A. de C.V. y, en consecuencia, resolviera la apelación contra la sentencia definitiva, ponderando lo fallado en esas incidencias, mientras que en el recurso de apelación interpuesto por la demandada, resolviera conforme a derecho.
8) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sexta Sala Civil emitió sentencia el veintidós de junio de dos mil diez, en el toca **********, en la que declaró procedentes los incidentes de falta de personalidad de la demandada **********, S.A. de C.V., y en términos del artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, otorgó diez días a la demandada para que subsanara los defectos en la personalidad de las personas que se ostentaron como sus representantes.
9) En contra de la determinación anterior, ambas partes promovieron juicio de amparo indirecto, cuyas demandas radicó el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, con los números ********** y **********, quien previa acumulación de juicios, dictó sentencia el dieciocho de abril de dos mil once, negando el amparo a los quejosos; contra esta determinación, promovieron recurso de revisión, el que tocó conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el número **********, quien en sesión de cinco de octubre de dos mil once, concedió la Protección Federal a la actora **********, S.A. de C.V., al estimar que la personalidad de los apoderados de la demandada era insubsanable; por tanto, no había motivo para el otorgamiento del plazo a que alude el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles local.
10) En acato a lo anterior, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia local, mediante resolución de diez de noviembre de dos mil once, dictada en el toca **********, declaró en rebeldía a la demandada **********, S.A. de C.V., precisó que debía quedar sin efectos todo lo actuado por las personas que carecían de personalidad para representarla; y dejó subsistente la sentencia de condena contra ésta.
11) Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil catorce, ante el Juzgado Décimo Cuarto Civil del Distrito Federal, la actora **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado **********, promovió incidente de ejecución de sentencia en el expediente **********, basándose para ello en dos dictámenes signados por los contadores públicos ********** y **********; señalando el promovente como cantidades adeudadas, en esencia, las siguientes: "a) El pago de la cantidad de $24,428,311.40 (veinticuatro millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos once pesos 40/100 M.N.), más IVA por concepto de las rentas adeudadas y reclamadas por el periodo de diciembre de 2003 al mes de noviembre de 2008 y las que se siguieron venciendo hasta el mes de julio de 2013, fecha en que se realizó la total desocupación y entrega del inmueble. tomando en cuenta las cantidades que mi representada ha reconocido, así como los billetes de depósito consignados en autos. b) El pago de la cantidad de $4,650,874,294,401.83 (cuatro billones seiscientos cincuenta mil ochocientos setenta y cuatro millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos un pesos 83/100 M.N.), más IVA, .por concepto de los intereses moratorios causados por rentas insolutas, previo descuento de las cantidades reconocidas por mi representada. ."
12) Mediante escrito de veinticinco de agosto de dos mil catorce, **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal, dio contestación a la demanda incidental, negando la acción y derecho de la actora para reclamar las cantidades supra indicadas; precisando, entre otras cuestiones, que la actora no tomó en cuenta todos los pagos por concepto de renta, las fechas en que la demandada realizó los pagos de renta mediante cheque, los pagos que la propia actora reconoció como pagados, e impugnó los medios de prueba ofrecidos por la actora en el incidente.
13) El diecinueve de marzo de dos mil quince, el Juez Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México dictó sentencia interlocutoria respecto de la demanda incidental de liquidación presentada por **********, S.A. de C.V., en el expediente **********, en la que se determinó, entre otros aspectos, que no debía aplicarse la cláusula vigésimo sexta del contrato de arrendamiento materia de la litis, que preveía una acumulación de intereses desproporcionada.
Por otra parte, de la averiguación previa **********, se aprecia lo siguiente:
14) El dos de diciembre de dos mil catorce, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Número 1, con detenido, de la Agencia de Investigación Número CUH-5, de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), inició la averiguación previa número **********, con motivo de la denuncia de hechos que presentó por escrito **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderada legal **********.
En este escrito inicial de denuncia, expuso medularmente que en el juicio de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario número **********, del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México,(9) promovido por la actora **********, S.A. de C.V., se condenó a la demandada **********, S.A. de C.V., a la rescisión del contrato de arrendamiento de fecha uno de junio de dos mil ocho, respecto del inmueble ubicado en **********, número **********, Satélite, Estado de México; al pago de rentas adeudadas y otras prestaciones; por tal motivo, en el incidente de ejecución de sentencia, las cantidades adeudadas por la demandada fueron cuantificadas por el perito particular **********, ofrecido por la actora **********, S.A. de C.V., y por la perito tercero en discordia **********, ambos en materia de contaduría; sin embargo -dice la denunciante-, los peritos faltaron a la verdad, al manifestar en sus dictámenes hechos falsos, en perjuicio de la correcta administración de justicia y el patrimonio de **********, S.A. de C.V.
15) El trece de mayo de dos mil quince, **********, en su carácter de apoderada legal de **********, S.A. de C.V., presentó ante el agente del Ministerio Público investigador, un escrito que denominó "ampliación de declaración", que contiene la denuncia de hechos contra ********** (tercero interesado en el juicio de amparo), a quien atribuyó que en su carácter de accionista, presidente del consejo de administración, consejero propietario, y representante legal de **********, S.A. de C.V., el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, presentó por conducto de ********** (apoderado legal de esa empresa), la demanda de juicio de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario, actualmente radicado con el número **********, del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, que contiene hechos falsos, al precisar que **********, S.A. de C.V., empezó a incumplir con sus obligaciones de pago a partir del mes de diciembre de dos mil tres, y señalar como no pagadas las rentas correspondientes a los meses de septiembre de dos mil cuatro, mayo, junio, julio y agosto de dos mil siete; sustentando la denunciante esa falsedad, pues aduce que sí realizó el pago de rentas generadas por el periodo de diciembre de dos mil tres a noviembre de dos mil ocho; señalando en la parte final del escrito de denuncia, lo siguiente: ". formuló (sic) denuncia en contra del señor ********** o **********, en su carácter, en noviembre de 2008, de accionista, presidente del consejo de administración y representante legal de **********, S.A. de C.V. .por la comisión del delito o delitos cometidos en contra de la administración de justicia y/o del patrimonio de **********, S.A. de C.V. ."
16) Mediante escrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderada legal **********, presentó ante el agente del Ministerio Público un escrito de pruebas, a fin de acreditar la probable responsabilidad del tercero interesado **********, en cuanto a que a la fecha en que fue presentada la demanda de arrendamiento, el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, tenía conocimiento de que **********, S.A. de C.V., había realizado los pagos por concepto de renta a favor de **********, S.A. de C.V., así como de **********, S.A. de C.V.(10)
17) El dos de junio de dos mil quince, el agente del Ministerio Público giró citatorio a **********, para que compareciera a declarar en calidad de probable responsable, y el dieciocho de junio del mismo año, giró oficio de localización y presentación contra este indiciado.(11)
17) (sic) Por acuerdo de cinco de junio de dos mil quince, el agente del Ministerio Público investigador propuso el ejercicio de la acción penal, sin detenido, contra **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un beneficio indebido para sí, realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial), previsto en el artículo 310 y sancionado en el artículo 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal, y ordenó el desglose de la averiguación previa **********, respecto de los hechos imputados a los peritos en materia de contabilidad, precisados en el escrito inicial de denuncia que dio origen a esta indagatoria.(12)
18) (sic) La propuesta de ejercicio de la acción penal contra **********, la declaró improcedente la agente del Ministerio Público adscrita a la Séptima Agencia de Procesos en Juzgados Penales con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, mediante resolución de catorce de julio de dos mil quince, al estimar que existían diligencias ministeriales pendientes y otras que debían ser subsanadas, porque existían deficiencias técnico-jurídicas en el pliego de consignación y, al estimar que no obraban medios de prueba que acreditaran el delito de fraude procesal, respecto del hecho materia de la denuncia (derivado de la presentación de la demanda de arrendamiento el veintiocho de noviembre de dos mil ocho); en consecuencia, se continuó con la integración de la averiguación previa **********, por los hechos imputados a **********.(13)
19) (sic) El doce de agosto de dos mil quince, compareció a la indagatoria el indiciado **********, quien negó los hechos que se le imputan, y el catorce del mismo mes y año, presentó su declaración por escrito, ofreciendo durante la integración de la indagatoria, los medios de prueba que estimó pertinentes para su defensa.(14)
20) (sic) Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil quince, el agente del Ministerio Público investigador propuso la consulta del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un beneficio indebido para sí, realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial), previsto en el artículo 310, y sancionado en el artículo 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal, atribuido a **********, al estimar que los hechos denunciados por **********, S.A. de C.V., no se subsumen en este delito.(15)
La propuesta ministerial anterior la declaró improcedente el agente del Ministerio Público auxiliar del procurador, mediante determinación de fecha trece de octubre del mismo año, al apreciar que no la firmó el agente del Ministerio Público proponente, ni el oficial secretario que lo asistió.(16)
21) (sic) El dieciséis de octubre de dos mil quince, el agente del Ministerio Público propuso nuevamente el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa **********, respecto de **********, por el delito de fraude procesal, al estimar una insuficiencia de pruebas para acreditar los elementos típicos de este delito, conforme a los hechos denunciados por **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderada legal **********.(17)
22) (sic) La propuesta ministerial anterior se aprobó mediante determinación de veinte de octubre de dos mil quince, signada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Revisión IV, de la Agencia de Revisión C, de la Fiscalía de Revisión A, de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, quien al analizar los elementos típicos de fraude procesal, en relación con la imputación formulada al indiciado **********, estimó que no existían medios de prueba en la averiguación previa que acreditaran la existencia de este delito, pues no se demostró que este indiciado hubiese encargado a **********, apoderado de **********, S.A. de C.V., la presentación de una acción civil, con la intención de inducir al error a una autoridad judicial, porque no está acreditada la falsedad de lo planteado ante la autoridad judicial civil local, y porque lo expuesto en la denuncia penal por **********, S.A. de C.V., por conducto de su apoderada legal **********, es lo que formó parte sustancial de la litis en la controversia en materia de arrendamiento inmobiliario.(18)
23) (sic) La denunciante **********, S.A. de C.V., interpuso recurso de inconformidad contra la aprobación del no ejercicio de la acción penal, mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, al estimar, en esencia, que los medios de prueba aportados a la averiguación previa, resultan suficientes para acreditar el delito de fraude procesal, previsto en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, bajo la premisa de que **********, para obtener un beneficio indebido, actuando por conducto de **********, apoderado de la empresa **********, S.A. de C.V., el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, promovió la demanda de controversia de arrendamiento contra la denunciante **********, S.A. de C.V., en la que manifestó hechos falsos que lograron engañar a la autoridad judicial civil, pues resultó condenada al pago de las prestaciones reclamadas por la actora, con lo que se lesionó el bien jurídico tutelado, que lo es la correcta administración de justicia.(19)
24) (sic) El recurso de inconformidad fue resuelto el quince de enero de dos mil dieciséis, por el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quien estimó infundados e inoperantes los agravios planteados por la denunciante y determinó procedente confirmar la autorización del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa **********; asimismo, ordenó la notificación de su determinación a la denunciante; y la remisión de la averiguación previa al coordinador de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador, para que por su conducto se remitiera al Archivo de Concentración y Archivo Histórico de esa Procuraduría, para su guarda y custodia.(20)
25) (sic) La resolución ministerial anterior y su ejecución, los precisó **********, S.A. de C.V., en su escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien se le negó el amparo respecto de la resolución reclamada al subprocurador responsable, en sentencia de once de octubre de dos mil dieciséis, la que constituye la materia de la litis en este recurso de revisión.
Precisados los antecedentes, este Tribunal Colegiado de Circuito estima, que en la sentencia recurrida no se fijaron totalmente los actos reclamados, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, pues únicamente se señaló el siguiente:
"La resolución de quince de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro de la averiguación previa **********."
De lo que se colige que en la sentencia recurrida se omitió fijar el acto atribuido al coordinador de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador General de Justicia de la Ciudad de México, pues la quejosa en su escrito de demanda le reclamó la ejecución de la resolución ministerial supra indicada; por tanto, este Tribunal Colegiado de Circuito procede a analizar de manera integral la existencia de ambos actos reclamados.
Del examen de las constancias del juicio de amparo **********, se aprecia que el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas responsable aceptó el acto reclamado, consistente en la resolución de quince de enero de dos mil diecisiete, por la que estimó procedente confirmar la autorización de no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa **********, en relación con el indiciado **********, por la comisión del delito de fraude procesal.
Por tanto, es correcto que en la sentencia recurrida se tuviera por cierta la existencia de este acto reclamado, con las constancias ministeriales que el subprocurador responsable remitió anexas a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
Sin embargo, no es correcto que en la sentencia recurrida se tuviera por inexistente el acto de ejecución reclamado al coordinador de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador, quien al rendir su informe justificado negó su existencia, pues esa negativa se encuentra desvirtuada con lo determinado por el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas responsable, en el resolutivo cuarto de su resolución de fecha quince de enero de dos mil diecisiete, en el que ordenó el envío de la averiguación previa **********, a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador ".para que, por su conducto, se remita al Archivo de Concentración y Archivo Histórico de la institución para efectos de su guarda y custodia."
Por tanto, al estar acredita
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27845-85d9bfbf/prescripcion-de-la-accion-penal-una-vez-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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