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Modo: Corpus Pro

FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN. FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2/2017. · Registro digital (IUS): 27371
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-09-29
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Pág. 1826.

FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.

FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.

AMPARO EN REVISIÓN 2/2017. 7 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: CARLOS LÓPEZ CRUZ. SECRETARIA: VIRGINIA JÁCOME PLANTÉ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Previo al estudio de los agravios hechos valer, conviene puntualizar los antecedentes siguientes:

a) El agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación Número 1, sin detenido, de la Agencia Investigadora T, en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la indagatoria **********, el veinte de abril de dos mil dieciséis, ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso **********.

b) Consignación cuyo conocimiento correspondió a la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, quien por resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis declinó competencia al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, al estimar que los hechos materia del ejercicio de la acción penal son competencia exclusiva de la Federación.

c) Inconforme con esa determinación, el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de referencia, interpuso el recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal **********, revocó el auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, en la causa **********, y ordenó a la Juez de referencia entrar al estudio de fondo de la orden de aprehensión solicitada.

d) En cumplimiento a la resolución dictada por el tribunal de alzada, la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, el nueve de junio de dos mil dieciséis, libró orden de aprehensión contra **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal, resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo.

En este orden de ideas, al analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, el Juez de amparo, esencialmente, sostuvo:

"...Este órgano de control constitucional considera que, atendiendo a la descripción típica del delito de fraude procesal, el bien jurídico tutelado en el mismo es la correcta administración de justicia, ya que tiene por objeto que las autoridades administrativas o jurisdiccionales no sean utilizadas con la finalidad de obtener un beneficio indebido, mediante la realización de acciones concretas, consistentes en la simulación de actos jurídicos o en la alteración de los elementos de prueba como factores que inducen al error judicial, o cualquier otra conducta, distinta a alterar o simular, tendiente a inducir al error a la autoridad judicial o administrativa con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

"...El delito de fraude procesal, eventualmente puede afectar otros bienes jurídicos, en la medida en que el beneficio indebido que se dé con el dictado de la resolución jurisdiccional o administrativa, pueda implicar un perjuicio a alguien... por lo que debe considerarse que es de los delitos denominados en la doctrina como plurilesivos o pluriofensivos.

"...En esa tesitura, es posible establecer que en el delito de fraude procesal, y contrario a lo que incorrectamente determinó el Magistrado responsable, el sujeto pasivo del delito es la autoridad administrativa o judicial o, incluso, un particular, de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso, en virtud de que la acción ilícita vulnera de forma directa y principal la confiabilidad de la certeza que deriva de las resoluciones judiciales o administrativas, en la medida en que el activo tiende a engañar o inducir al error a la autoridad (administrativa o judicial), con las acciones de simulación de actos jurídicos o alteración de elementos de prueba o de cualquier otra conducta tendente a inducirla al error con la finalidad de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, pero puede ocurrir que también de manera indirecta puede perjudicarse a un particular en sus derechos o bienes.

"...Bajo ese contexto, si los hechos imputados derivan de un juicio ejecutivo mercantil tramitado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del expediente **********, es que se estima que uno de los sujetos pasivos del delito es la Federación, pues dicho Juez de Distrito fue quien resintió de forma directa y principal la conducta tendente a inducirlo al error; por tanto, la jurisdicción local no es a quien le asiste legal competencia y, por ende, era correcto que la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, en la resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa **********, declinara la legal competencia a un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; ello, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"...La legal competencia para conocer y resolver de la causa citada (sic), debe ser atendida al tenor del artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

"Es aplicable la tesis I.1o.P.21 P (10a.), establecida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, criterio visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1707 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas», con el título, subtítulo y texto siguientes:

"‘FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL TRAMITADO ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO, LA COMPETENCIA PARA JUZGARLO Y SANCIONARLO CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL FEDERAL.’ (se transcribe texto)..."

Argumentos en los que el Juez de control constitucional se basó para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que el Magistrado integrante de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal **********, y confirmara la diversa resolución dictada por la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, dentro de la causa penal **********, el veintiocho de abril de ese año.

Asimismo, el Juez de amparo ordenó que la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, dejara insubsistente el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en el cual se estableció realizar el estudio de fondo de la orden de aprehensión que emitió el nueve de ese mes y año, dentro de la causa **********, así como la orden de captura en comento y, en su lugar, emitiera otra resolución en la que declinara legal competencia para conocer y resolver respecto de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra del quejoso, a favor del Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para que este último, con plenitud de jurisdicción, resolviera si aceptaba o no la legal competencia para conocer de la mencionada causa; en la inteligencia de que en caso de no aceptar la competencia planteada, observara lo establecido en los artículos 427 a 443 del Código Federal de Procedimientos Penales (vigente en la época de comisión de los hechos).

Concesión que el Juez segundo en mérito (sic), hizo extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al procurador General de Justicia, jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia y director de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia, todos de la Ciudad de México.

OCTAVO.-Son fundados los agravios del revisionista principal, sintetizados con los numerales 1 y 2, en la parte considerativa cuarta de la presente resolución, lo que resulta suficiente para revocar la sentencia recurrida que nos ocupa.

En efecto, resultan fundados los agravios en comento, en los que la parte tercero interesada aduce que en la sentencia recurrida se incurre en una inexacta aplicación de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; como bien se alega, el delito de fraude procesal, por el cual la responsable libró la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo indirecto por **********, no sólo lesiona la correcta administración de justicia, sino también puso en peligro el patrimonio de una persona moral; ciertamente, ese ilícito es de carácter pluriofensivo; por ende, protege bienes jurídicos distintos; por un lado, la correcta administración de justicia y, por otro, el patrimonio de las personas físicas o morales que se quebranta o pone en peligro, lo que en el presente caso se encuentra debidamente acreditado, sin que sea necesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del asunto para que el delito se consume, porque es suficiente que el patrimonio de la pasivo se ponga en peligro, ante cualquier determinación que se tome dentro del proceso.

Razón por la cual, tal como aduce el recurrente, no existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional en materia penal de la Ciudad de México, se avoque al conocimiento de la conducta ilícita que originó el juicio de amparo, porque aun cuando con esa conducta se haya concretado ante una autoridad federal, el bien jurídico vulnerado es el patrimonio de **********.

Al respecto, cabe señalar que lo referido por la recurrente principal es acorde con lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha determinado que en el delito de fraude procesal no sólo se protege la correcta administración de justicia, sino que la tutela se extiende a la protección de aquellos otros bienes que objetivamente se ponen en peligro con la consumación de la conducta típica, en virtud de la declaratoria formal que deriva del dictado de una resolución judicial, al ser el tipo penal de referencia, de los denominados pluriofensivo o plurilesivo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 90/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital: 2002149, cuyos rubro y texto establecen:

"FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.-El referido delito de fraude procesal contiene como elementos típicos que: 1. Alguien simule actos jurídicos o altere elementos de prueba, 2. Se obtenga una resolución jurisdiccional; y 3. De ésta derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido. Ahora bien, este delito fundamentalmente protege como bien jurídico la correcta administración de justicia, pues busca evitar que en un juicio las partes realicen acciones que induzcan al error judicial, como la simulación de actos jurídicos y la alteración de elementos de prueba, para generar el dictado de una resolución jurisdiccional de la que derive un perjuicio para alguien o un beneficio indebido. Sin embargo, la tutela se extiende a la protección de la pluralidad de bienes jurídicos que pueden ponerse en peligro con la consumación de la conducta típica, en virtud de la declaratoria formal que deriva del dictado de una resolución judicial, pues el tipo penal de referencia, al ser pluriofensivo o plurilesivo, puede afectar bienes jurídicos diversos al de la administración de justicia."

En este contexto, al analizar las constancias que conforman el juicio de amparo que se revisa, se advierte que la conducta típica por la que la Juez Cuarto Penal en esta ciudad, libró orden de aprehensión contra **********, se hizo consistir en:

"El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, **********, por conducto de sus apoderados **********, ********** y ********** (en respuesta al poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el inculpado **********), demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa de **********, el pago de: I. La cantidad de $90'000,000.00 (noventa millones de pesos 00/100 M.N.), que deriva del pagaré suscrito por **********, en fecha 5 de noviembre de 2013, con fecha de vencimiento el día 31 de marzo de 2014. II. El pago de la cantidad de $13'500,000.00 (trece millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que deriva del pagaré suscrito por **********, en fecha 1 de abril de 2014, con fecha de vencimiento el día 30 de abril de 2014, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula tercera del convenio de reconocimiento de adeudo; entre otras prestaciones. Demanda que fue admitida en la vía ejecutiva mercantil por el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil catorce; asimismo, se ordenó su registro bajo el número **********. No obstante, ambos pagarés son producto del abuso de una forma en blanco; de tal suerte que al acreditarse que el indiciado, por conducto de terceras personas, en representación de **********, demandó el pago de la cantidad de $103'500,000.00 [ciento trece (sic) millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.], presentando títulos de crédito con contenido irreal, esta situación indujo a error a la autoridad judicial en la percepción de los hechos puestos en conocimiento del juzgador mencionado; lo que indudablemente motivó una resolución contraria a la ley; acontecimiento típico con el cual el sujeto activo puso en peligro el bien jurídicamente tutelado, que en el caso, es la correcta administración de justicia. La anterior conclusión deriva de las distintas pruebas que obran en autos y que acreditan los elementos que configuran la descripción de la conducta delictiva de fraude procesal..."

Por tanto, al tener en cuenta los bienes jurídicos tutelados (la correcta administración de justicia, así como el patrimonio de la ahora tercero interesada), resulta claro que en un ejercicio de ponderación, el bien jurídico cuya tutela resulta preferente en el presente asunto, es el patrimonio de **********, el cual objetivamente se puso en peligro, en atención a la conducta ilícita cuya probable responsabilidad se atribuye a **********.

Esto es, con motivo de la conducta ilícita que nos ocupa, el bien jurídico tutelado consistente en la correcta administración de justicia, no se afecta en mayor magnitud que el peligro en el que se encuentra el patrimonio de **********, en virtud de la resolución desfavorable dictada en el juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; de ahí que se estime preponderante la lesión al bien jurídico consistente en el patrimonio en comento.

Se afirma lo anterior, porque la finalidad específica de realizar cualquier acto tendente a inducir al error a la autoridad judicial, relativo a la obtención de una resolución contraria a la ley, incide, en todo caso, en los intereses particulares de las partes contendientes en el juicio natural; de ahí que resulte inconcuso que si las partes en el juicio ejecutivo mercantil, que dio origen al acto reclamado son ********** y **********, quien debe conocer del asunto es un juzgador del fuero local, ya que con motivo de la conducta probablemente desplegada por el primero de los citados, se puso en peligro el patrimonio de la sociedad referida.

En consecuencia, resulta desacertada la afirmación del Juez de amparo en el sentido de que la competencia en el presente asunto reside en un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en esta ciudad, porque en el caso que nos ocupa, no puede considerarse a la Federación como sujeto pasivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que no se afectó a la Federación como ente, ni tampoco al patrimonio de ésta; a mayor abundamiento, el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no resintió directamente en su persona o en su carácter de servidor público federal, la conducta ilícita que se imputa al quejoso; tan es así, que ni la Federación ni el Juez de Distrito mencionado, o bien la representación social de la Federación, han mostrado interés alguno, en el sentido de que este asunto sea del conocimiento de la autoridad federal; razón por la cual, al afectarse en mayor grado intereses de particulares, para conocer del hecho ilícito probablemente cometido por el quejoso **********, en perjuicio de **********, la autoridad competente es la Juez Cuarto Penal de esta ciudad.

Al prosperar los agravios vertidos por la recurrente principal, este órgano jurisdiccional procederá a analizar los diversos motivos de disenso expuestos en la vía adhesiva por el autorizado del quejoso **********.

Son infundados en parte, e inoperantes por otra, los agravios hechos valer por el peticionario de amparo en su carácter de revisionista adhesivo.

En este orden de ideas, en relación con los agravios expresados por el adherente, sintetizados con los numerales 1, 2 y 7, en los que esencialmente afirma que el recurrente principal no expresó de manera precisa y concreta, los fundamentos y las razones por las que debe considerarse ilegal el fallo reclamado; incurre en manifestaciones superficiales o ambiguas que no pueden adquirir el carácter de agravio, lo que resulta inoperante; aunado a que la inexacta aplicación de los artículos 7o., 8o. y 11 del Código Penal para la Ciudad de México (sic), fue ya materia de estudio por parte del Magistrado integrante de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al resolver el recurso hecho valer por el agente del Ministerio Público contra la determinación de la Juez Cuarto Penal de esta ciudad, en la que declinó competencia para conocer del asunto que nos ocupa, a favor del fuero federal.

Asimismo, que es incorrecto que la recurrente principal exponga que se surte la competencia local, con independencia de la autoridad ante quien se lesione la administración de justicia, y basta con que la conducta produzca sus efectos en esta ciudad para que se surta la competencia local, sin exponer, en estricto sentido, agravio alguno que controvierta la sentencia recurrida.

Al respecto, cabe señalar que los argumentos en comento resultan infundados, ya que contrario a lo expuesto por el adherente, de la lectura íntegra de los motivos de disenso hechos valer en la revisión principal, se advierte que el recurrente sí expresó con base en los fundamentos y consideraciones que estimó aplicables, que la inexacta aplicación de los numerales en comento obedeció a que en la sentencia recurrida no se consideró que en el presente caso, si bien el delito de fraude procesal se consumó al momento de presentarse una demanda ejecutiva mercantil ante una autoridad jurisdiccional federal, lo cierto es que, con esa conducta, no sólo se lesiona la correcta administración de justicia, sino que también se puso en peligro el patrimonio de una persona moral, y que en el caso resulta preponderante la lesión al bien jurídico, consistente en el patrimonio; de lo que es evidente que produce un conflicto penal entre particulares, por lo que la competencia para conocer del presente asunto radica en el orden local.

Argumentos que al haber sido analizados por este órgano jurisdiccional al inicio del presente considerando, resultaron fundados; de ahí que no pueden ser declarados inoperantes por las razones que expone el recurrente adhesivo.

De igual forma, resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente adhesivo, identificado con el numeral 3, en el que refiere que el criterio invocado por la tercero interesada, de rubro: "COMPETENCIA POR PREVENCIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE UNA CAUSA, CUANDO EL DELITO PRODUCE EFECTOS EN DOS O MÁS ENTIDADES FEDERATIVAS.", no es aplicable.

Se afirma lo anterior, porque ese criterio establece que no basta con que una autoridad judicial prevenga en el conocimiento del delito con motivo del ejercicio de la acción penal que ante él consigne el Ministerio Público, para que se surta su competencia legal, sino que es necesario que la conducta delictiva, o alguna de las acciones criminosas que la integran se ejecute o produzca efectos en el territorio donde la misma ejerce jurisdicción; tesis que invocó la revisionista principal con la finalidad de que sea el Juzgado Cuarto Penal de esta ciudad, el que conozca del hecho ilícito denunciado por **********, toda vez que refiere que la conducta ilícita, cuya probable responsabilidad se imputa a **********, produce efectos en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción el juzgado en cita.

Por cuanto hace al agravio sintetizado con el numeral 4, donde el adherente refiere que la afirmación de la parte tercero interesada, al sostener que el quejoso indebidamente pretende quebrantar la esfera patrimonial de la empresa, es totalmente subjetiva, carente de sustento y fundamento, aunado a que no se menciona en qué grado de autoría o participación se atribuye la conducta al quejoso, es inoperante como agravio; pues esto se analizará en los siguientes apartados como concepto de violación.

En relación con el argumento sintetizado con el numeral 5, cabe señalar que tampoco asiste razón al quejoso, toda vez que, contrario a lo que afirma, de la lectura íntegra de los agravios materia de estudio no se advierte que la tercero interesada haya afirmado que el delito de fraude procesal no requiere la externación del resultado, así como que el Juez de amparo no reconoció el carácter pluriofensivo del delito; por el contrario, **********, en todo momento sostuvo que precisamente con base en ese carácter pluriofensivo es que también se afecta su patrimonio y, por ello, debe conocer de los hechos un Juez del orden local, aunado a que no es necesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del asunto para que el delito se consume, porque es suficiente que el sujeto activo obtenga cualquier acuerdo dentro del proceso y que de ello se pueda derivar un beneficio indebido para sí, con la consiguiente afectación de la contraparte.

Finalmente, en relación con lo expuesto en el agravio identificado con el numeral 6, donde esencialmente el quejoso aduce el hecho de que la persona moral **********, radique en la Ciudad de México, no surte la competencia a favor del fuero local que se pretende hacer valer, aunado a que el delito de fraude procesal no se encuentra regulado en el Código Penal Federal, sin considerar que si una conducta se encuentra prevista o no en un determinado cuerpo normativo, ello no da la competencia a determinada autoridad para conocer de un asunto, ya que los Jueces Penales conocen de hechos y no de las denominaciones de los delitos y, en este contexto, los hechos materia del presente asunto, podrían encuadrar en lo dispuesto por el artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal.

Al respecto, cabe señalar que lo anterior resulta inoperante, en virtud de que tal como ya fue expuesto, corresponde conocer de los hechos denunciados a la autoridad local, y a nada conduce el realizar un estudio comparativo de la legislación sustantiva local con la federal.

En consecuencia, al resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente principal; y los motivos de disenso del revisionista adherente, infundados por una parte e, inoperantes por otra, acorde con los argumentos expuestos en el presente considerando, lo procedente es revocar la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciséis recurrida, emitida por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en esta ciudad, y analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, así como los conceptos de violación hechos valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo.

NOVENO.-En la demanda de amparo biinstancial promovida por **********, a través de su apoderado legal, se hicieron valer los siguientes conceptos de violación:

1. La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal **********, por el Magistrado integrante de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, viola lo dispuesto por los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en contravención a lo previsto por los incisos e) y g), fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determina que la Juez Cuarto Penal de esta ciudad, es la autoridad competente para conocer de los hechos materia de la consignación que dio origen a la causa penal **********, lo cual contraviene los derechos de legalidad y debido proceso del quejoso, contemplados no sólo en nuestra Constitución, sino en diversos ordenamientos legales internacionales.

2. El Magistrado resolutor, en la sentencia reclamada, no atendió lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso g), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que si la conducta de fraude procesal indujo al error a un Juez Federal, es obvio que debe considerársele a éste como víctima, porque en términos del inciso aludido, "son delitos del orden federal, los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos contra el presidente de la República, los secretarios del despacho, el procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial Federal"; de ahí que la competencia para conocer del asunto que nos ocupa, radique en el orden federal y no en el local, como erróneamente lo estimó el Magistrado de mérito.

3. En la resolución reclamada, el Magistrado de la Quinta Sala, de manera confusa, vaga e imprecisa refiere que en primer término, se debe precisar si la Federación es el sujeto pasivo del delito de fraude procesal, y que para tal efecto debe atenderse a que el título en el que se encuentra previsto el delito de fraude procesal establece: "delitos cometidos por particulares ante el Ministerio Público, la autoridad judicial o administrativa..." y no "contra de quien se comete el delito sino ante quién", y luego señala que los juzgadores, como personas, no pueden ser titulares del bien jurídico "administración de justicia", porque sirven a ésta.

Argumentos que, refiere el quejoso, resultan erróneos, porque fueron expuestos por el resolutor, únicamente para justificar y obligar al Juez del orden local a entrar al estudio de una orden de aprehensión que no es de su competencia, cuando lo correcto era confirmar el auto donde la Juez Cuarto Penal de esta ciudad declinó competencia para conocer de los hechos a favor de un Juez Federal, ya que la calidad de sujeto pasivo no se limita a la titularidad del bien jurídico, sino que también se extiende hacia quien resiente la lesión del bien; de ahí que deba atenderse a la afectación que sufre la administración de justicia, ya sea local o federal, para determinar a qué fuero corresponde conocer del delito de fraude procesal.

4. En la sentencia reclamada dictada en el toca penal **********, de manera equívoca se afirma que los juzgadores son a quienes materialmente se induce a error; por ende, no son sujetos pasivos del bien jurídico "administración de justicia", al no ser titulares de ese bien, por lo que el sujeto pasivo es la sociedad, cuando en el caso que nos ocupa, la titularidad de la función de administración de justicia es la Federación, aunado a que debe tenerse en cuenta que el delito de fraude procesal no se contempla dentro de los delitos contra el patrimonio, porque esa descripción típica vulnera principalmente la administración pública, antes que el patrimonio del pasivo, y con el criterio erróneo de la Sala responsable se convierte a los Jueces del fuero local competentes para conocer de cualquier delito que se cometa contra la administración de justicia ante autoridades jurisdiccionales federales o administrativas que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales (sic).

5. La orden de aprehensión emitida en su contra, contraviene lo dispuesto por los numerales 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que invade la esfera de competencia de la autoridad jurisdiccional federal, como se advierte de la lectura de esa orden de captura, porque la Juez del orden local refiere ser competente, en acatamiento a lo ordenado por el Magistrado integrante de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin tener en consideración que ese tipo de resoluciones deben ser dictadas por autoridad competente, lo que, incluso, es un tema de gran trascendencia en tratados internacionales; de ahí que si el mandamiento de captura emitido en su contra se dictó por una autoridad que carece de competencia, ello es violatorio de lo dispuesto por el referido artículo 16 de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27371-54ae44fa/fraude-procesal-al-ser-este-delito-de-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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