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Modo: Corpus Pro

FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. · Registro digital (IUS): 27745
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-04-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Pág. 1202.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HUGO LUNA RAMOS, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ, OLGA ESTREVER ESCAMILLA, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ, JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA E IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de siete de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 8/2017; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.-Por escrito de nueve de junio de dos mil diecisiete, recibido en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, **********, en su calidad de apoderado de **********, denuncia la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Primero y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, el primero al resolver el recurso de revisión 244/2015, por unanimidad de votos, y el segundo, al fallar el recurso de revisión 2/2017, por mayoría de votos; el asunto señalado en primer lugar, dio origen a la tesis aislada I.1o.P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL TRAMITADO ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO, LA COMPETENCIA PARA JUZGARLO Y SANCIONARLO CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL FEDERAL."

2. SEGUNDO.-Por auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito requirió información en torno a la legitimación del denunciante de la posible divergencia de criterios, por lo que en diverso de doce siguiente, tomando en cuenta la información en el sentido de que actuó como apoderado del quejoso en el juicio de amparo 715/2016, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, por lo que, con la copia certificada de la resolución dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el amparo en revisión 2/2017; ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 8/2017; asimismo, requirió a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informe si el criterio sustentado sigue vigente o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

3. Además, ordenó se girara oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que informe si existe o no alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente contradicción de tesis.

4. TERCERO.-Posteriormente, mediante oficio CCST-C-358-08-2017, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó las gestiones realizadas, a fin de informar lo solicitado, lo anterior con el objeto de continuar con la debida integración de la contradicción de tesis 8/2017.

5. CUARTO.-El presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en acuerdos de cuatro y catorce de agosto de dos mil diecisiete, agregó los oficios respectivos en donde el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y la coordinación de referencia, informan, respectivamente, que el criterio que se sustentó sigue vigente y sobre las gestiones correspondientes.

6. QUINTO.-Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, el propio presidente ordenó agregar el oficio por el que la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunica que le fue informado por el secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal, que no existe contradicción de tesis alguna en ese Alto Tribunal, en el que el tema a dilucidar guarde relación con el que se contrae el presente asunto.

7. Asimismo, al considerar debidamente integrado el expediente, ordenó turnarlo al Magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a fin de que se elaborara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.-Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

9. SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por ********** en su calidad de apoderado de ********** quien fungió como quejoso en el juicio de amparo que dio lugar al recurso de revisión 2/2017 del índice del Décimo Tribunal en Materia Penal del Primer Circuito, quien tiene legitimación para denunciar dicha contradicción de tesis.

10. Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón sustancial jurídica, la tesis 2a. XXIX/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.-(1)El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes."

11. TERCERO.-En este punto cabe resaltar que en el escrito de denuncia de contradicción, el denunciante señaló que los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen posturas contradictorias respecto a una misma cuestión jurídica, lo que textualmente puntualizaron:

"... los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito trataron un mismo punto de derecho, llegando a conclusiones opuestas en sus respectivas determinaciones, con lo que se aprecia el diferendo en las mismas, consistente en que para un órgano jurisdiccional, el delito de fraude procesal cometido en la Ciudad de México ante un Juez de Distrito debe ser competente para su conocimiento un Juez del fuero común, al no considerarse sujeto pasivo la Federación y en consecuencia, inaplicable el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que para el otro órgano jurisdiccional, el delito de fraude procesal cometido en la Ciudad de México ante un Juez de Distrito debe ser competente para su conocimiento un Juez del fuero federal, al considerarse sujeto pasivo a la Federación ..."

12. CUARTO.-Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada -o cualquier otra que pueda ser abordada por este Pleno-, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones respectivas.

12.1. I. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2/2017, en la parte que interesa, consideró:

"... SÉPTIMO.-Previo al estudio de los agravios hechos valer, conviene puntualizar los antecedentes siguientes: a) El agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Número 1, sin detenido de la Agencia Investigadora T, en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la indagatoria **********, el veinte de abril de dos mil dieciséis, ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso **********.-b) Consignación cuyo conocimiento correspondió a la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, quien por resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis declinó competencia al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, al estimar que los hechos materia del ejercicio de la acción penal, son competencia exclusiva de la Federación.-c) Inconforme con esa determinación, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de referencia, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 632/2016, revocó el auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, en la causa 81/2016, y ordenó a la Juez de referencia entrar al estudio de fondo de la orden de aprehensión solicitada.-d) En cumplimiento a la resolución dictada por el tribunal de alzada, la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, el nueve de junio de dos mil dieciséis, libró orden de aprehensión contra **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal, resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo.-En este orden de ideas, al analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, el Juez de Amparo esencialmente sostuvo: ‘... este órgano de control constitucional, considera que atendiendo a la descripción típica del delito fraude procesal, el bien jurídico tutelado en el mismo es la correcta administración de justicia, ya que tiene por objeto que las autoridades administrativas o jurisdiccionales no sean utilizadas con la finalidad de obtener un beneficio indebido, mediante la realización de acciones concretas, consistentes en la simulación de actos jurídicos o en la alteración de los elementos de prueba como factores que inducen al error judicial, o cualquier otra conducta, distinta a alterar o simular, tendiente a inducir al error a la autoridad judicial o administrativa con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. ... el delito fraude procesal eventualmente puede afectar otros bienes jurídicos, en la medida que el beneficio indebido que se dé con el dictado de la resolución jurisdiccional o administrativa, pueda implicar un perjuicio a alguien ... por lo que debe considerarse que es de los delitos denominados en la doctrina como plurilesivos o pluriofensivos. ... En esa tesitura, es posible establecer que en el delito de fraude procesal y contrario a lo que incorrectamente determinó el Magistrado responsable, el sujeto pasivo del delito es la autoridad administrativa o judicial, o incluso un particular, de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso, en virtud de que la acción ilícita vulnera de forma directa y principal la confiabilidad de la certeza que deriva de las resoluciones judiciales o administrativas, en la medida que el activo tiende a engañar o inducir al error a la autoridad (administrativa o judicial), con las acciones de simulación de actos jurídicos o alteración de elementos de prueba o de cualquier otra conducta tendiente a inducirla al error con la finalidad de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, pero puede ocurrir que también de manera indirecta puede perjudicarse a un particular en sus derechos o bienes. ... Bajo ese contexto, si los hechos imputados derivan de un juicio ejecutivo mercantil tramitado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del expediente 604/2014-A, es que se estima que uno de los sujetos pasivos del delito es la Federación, pues dicho Juez de Distrito fue quien resintió de forma directa y principal la conducta tendente a inducirlo al error; por tanto, la jurisdicción local no es a quien le asiste legal competencia y, por ende, era correcto que la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, en la resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa 81/2016, declinara la legal competencia a un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, ello de conformidad con lo establecido en el citado artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ... la legal competencia para conocer y resolver de la causa citada, deben ser atendidas al tenor del artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.-Es aplicable la tesis I.1o.P.21 P (10a.), establecida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, criterio visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1707, con el rubro y texto siguientes: «FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL TRAMITADO ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO, LA COMPETENCIA PARA JUZGARLO Y SANCIONARLO CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL FEDERAL.» (se transcribe texto). ...’.-Argumentos en los que el Juez de control constitucional se basó para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que el Magistrado integrante de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 632/2016 y confirmara la diversa resolución dictada por la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, dentro de la causa penal 81/2016, el veintiocho de abril de ese año.-Asimismo, el Juez de Amparo ordenó que la Juez Cuarto Penal de la Ciudad de México, dejara insubsistente el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en el cual se estableció realizar el estudio de fondo de la orden de aprehensión que emitió el nueve de ese mes y año, dentro de la causa 81/2016, así como la orden de captura en comento y en su lugar, emita otra resolución en la que declinara legal competencia para conocer y resolver respecto de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra del quejoso, a favor del Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para que este último con plenitud de jurisdicción resuelva si acepta o no la legal competencia para conocer de la mencionada causa, en la inteligencia que en caso de no aceptar la competencia planteada observara lo establecido en los artículos 427 al 443 del Código Federal de Procedimientos Penales (vigente en la época de comisión de los hechos).-Concesión que el Juez Segundo en mérito, hizo extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al procurador general de Justicia, jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia y director de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México.-OCTAVO.-Son fundados los agravios del revisionista principal sintetizados con los numerales 1 y 2 en la parte considerativa cuarta de la presente resolución, lo que resulta suficiente para revocar la sentencia recurrida que nos ocupa.-En efecto, resultan fundados los agravios en comento, en los que la parte tercero interesada aduce que en la sentencia recurrida se incurre en una inexacta aplicación de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; como bien se alega, el delito de fraude procesal, por el cual la responsable libró la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo indirecto por **********, no sólo lesiona la correcta administración de justicia, sino también puso en peligro el patrimonio de una persona moral; ciertamente ese ilícito es de carácter pluriofensivo, por ende, protege bienes jurídicos distintos, por un lado la correcta administración de justicia y por otro el patrimonio de las personas físicas o morales que se quebranta o se pone en peligro, lo que en el presente caso se encuentra debidamente acreditado, sin que sea necesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del asunto para que el delito se consume, porque es suficiente que el patrimonio de la pasivo se ponga en peligro, ante cualquier determinación que se tome dentro del proceso.-Razón por la cual, tal y como aduce el recurrente no existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional en materia penal de la Ciudad de México, se avoque al conocimiento de la conducta ilícita que originó el juicio de amparo, porque aun cuando con esa conducta se haya concretado ante una autoridad federal, el bien jurídico vulnerado es el patrimonio de **********.-Al respecto, cabe señalar que lo referido por la recurrente principal es acorde a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha determinado que en el delito de fraude procesal no sólo se protege la correcta administración de justicia, sino que la tutela se extiende a la protección de aquellos otros bienes que objetivamente se ponen en peligro con la consumación de la conducta típica, en virtud de la declaratoria formal que deriva del dictado de una resolución judicial, al ser el tipo penal de referencia, de los denominados pluriofensivo o plurilesivo.-Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 90/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro «digital»: 2002149, cuyos texto y rubro establecen: ‘FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.’ (transcribe).-En este contexto, al analizar las constancias que conforman el juicio de amparo que se revisa, se advierte que la conducta típica por la que la Juez Cuarto Penal en esta Ciudad, libró orden de aprehensión contra ********** se hizo consistir en: ‘... el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, **********, por conducto de sus apoderados **********, ********** y ********** (en respuesta al poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el inculpado **********), demandó en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa de **********, el pago de: I. La cantidad de $90'000,000.00 (noventa millones de pesos 00/100 M.N.) que deriva del pagaré suscrito por ********** en fecha 05 de noviembre de 2013, con fecha de vencimiento el día 31 de marzo de 2014. II. El pago de la cantidad de $13'500,000.00 (trece millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) que deriva del pagaré suscrito por ********** en fecha 01 de abril de 2014, con fecha de vencimiento el día 30 de abril de 2014, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula tercera del convenio de reconocimiento de adeudo; entre otras prestaciones.-Demanda que fue admitida en la vía ejecutiva mercantil por el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil catorce; asimismo, se ordenó su registro bajo el número 604/2014-A. No obstante, ambos pagarés son producto del abuso de una forma en blanco; de tal suerte que al acreditarse que el indiciado por conducto de terceras personas, en representación de **********, demandó el pago de la cantidad de $103'500,000.00 (ciento trece millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) presentando títulos de crédito con contenido irreal, esta situación indujo a error a la autoridad judicial en la percepción de los hechos puestos en conocimiento del juzgador mencionado, lo que indudablemente motivó una resolución contraria a la ley; acontecimiento típico con el cual el sujeto activo puso en peligro el bien jurídicamente tutelado, que en el caso es la correcta administración de justicia. La anterior conclusión deriva de las distintas pruebas que obran en autos y que acreditan los elementos que configuran la descripción de la conducta delictiva de fraude procesal ...’.-Por tanto, al tener en cuenta los bienes jurídicos tutelados (la correcta administración de justicia, así como el patrimonio de la ahora tercero interesada) resulta claro que en un ejercicio de ponderación, el bien jurídico, cuya tutela resulta preferente en el presente asunto, es el patrimonio de **********, el cual objetivamente se puso en peligro, en atención a la conducta ilícita cuya probable responsabilidad se atribuye a **********.-Esto es, con motivo de la conducta ilícita que nos ocupa, el bien jurídico tutelado consistente en la correcta administración de justicia no se afecta en mayor magnitud que el peligro en el que se encuentra el patrimonio de **********, en virtud de la resolución desfavorable dictada en el juicio ejecutivo mercantil 604/2014 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de ahí que se estime preponderante la lesión al bien jurídico consistente en el patrimonio en comento.-Se afirma lo anterior, porque la finalidad específica de realizar cualquier acto tendente a inducir al error a la autoridad judicial, relativo a la obtención de una resolución contraria a la ley, incide en todo caso, en los intereses particulares de las partes contendientes en el juicio natural, de ahí que resulte inconcuso que si las partes en el juicio ejecutivo mercantil que dio origen al acto reclamado son **********, quien debe conocer del asunto es un juzgador del fuero local, ya que con motivo de la conducta probablemente desplegada por el primero de los citados, se puso en peligro el patrimonio de la sociedad referida.-En consecuencia, resulta desacertada la afirmación del Juez de amparo en el sentido de que la competencia en el presente asunto reside en un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en esta ciudad, porque en el caso que nos ocupa, no puede considerarse a la Federación como sujeto pasivo en términos de lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que no se afectó a la Federación como ente, ni tampoco al patrimonio de esta; a mayor abundamiento, el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no resintió directamente en su persona o en su carácter de servidor público federal, la conducta ilícita que se imputa al quejoso; tan es así, que ni la federación ni el Juez de Distrito mencionado, o bien, la representación social de la Federación, han mostrado interés alguno, en el sentido de que este asunto sea del conocimiento de la autoridad federal; razón por la cual, al afectarse en mayor grado intereses de particulares, para conocer del hecho ilícito probablemente cometido por el quejoso ********** en perjuicio de la ********** la autoridad competente es la Juez Cuarto Penal de esta ciudad. ..."

12.2. II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 244/2015, sostuvo lo siguiente:

"IV. Estudio. Es innecesario el estudio de los agravios del recurrente, toda vez que en suplencia de la queja,(2) es procedente confirmar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional, aunque por las razones y para los efectos expresados en la presente ejecutoria.-En efecto, el Juez de amparo concedió la protección constitucional al considerar que el auto de formal prisión reclamado, no se encontraba debidamente fundado y motivo (sic) el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión.-No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción, ya que en suplencia de la queja se advierte que el acto reclamado fue emitido por una autoridad incompetente; sin que sea óbice a lo anterior la jurisprudencia 15/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.’;(3) en atención a que el estudio de la competencia constituye una cuestión de previo y especial pronunciamiento que, de resultar fundada, hace innecesario el análisis de los demás planteamientos.-Es aplicable la tesis IV/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 1, marzo 2013, Tomo 1, página 359, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AL HABER RESULTADO FUNDADO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO A LA INCOMPETENCIA DEL JUEZ QUE LO DICTÓ, ES INNECESARIO EL ANÁLISIS DE LOS DEMÁS PLANTEAMIENTOS QUE LO COMBATEN POR VICIOS PROPIOS.’ (transcribe).-La conducta imputada al quejoso consiste en: ‘... el día 21 veintiuno de mayo de 2012 dos mil doce, el indiciado **********, por su propio derecho, promovió un juicio ejecutivo mercantil, que se radicó en el expediente 298/2012-IV, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y en cuyo escrito de demanda reclamó de la denunciante ********** y de la sucesión de bienes de **********, el pago de $5'2000,000.00 cinco millones doscientos mil pesos, como suerte principal, además del pago de intereses del 6% anual, así como el pago de las costas y gastos generados por la tramitación del juicio, exhibiendo como documento base de la su acción una hoja que contenía el texto «pagaré» de fecha 1 uno de febrero del 2012 dos mil doce, por lo que una vez que se pronunció el auto admisorio, se realizó una diligencia de embargo, en la que el inculpado señaló el inmueble denominado **********, no obstante que al contestar la demanda, la denunciante de mérito objetó el documento base de la acción, externando que cuando firmó esa hoja con el imputado, la misma únicamente contenía una variedad de cuentas enlistadas, sin que en ese momento se hubiera incorporado algún inserto de pagaré, y ya que se sustanció el procedimiento, por sentencia del 22 veintidós de marzo de 2013 dos mil trece, el Juez resolvió absolver a la entonces demanda, argumentando que en el texto insertado en el documento presentado por el ahora indiciado como pagaré se advertía la existencia de una «falsedad ideológica», y concluyó que las partes que intervinieron en su elaboración no tuvieron la intención de elaborar un título de crédito, por lo cual ordenó que se levantara el embargo trabado en el bien de la referida sucesión, y pese a que el imputado impugnó el fallo mencionado y en la ejecutoria del 21 veintiuno de mayo del 2013 dos mil trece, pronunciada en el Segundo tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, se expuso que el análisis que el Juzgador de primera instancia efectuó del documento, denominándolo «falsedad ideológica del título» se apegó más a las funciones propias de un perito que a las de un Juez, aunado que no se pronunció sobre la acción cambiaria intentada, el tribunal de alzada reasumió la jurisdicción originaria e igualmente determinó que el supuesto pagaré inserto en el documento cuestionado no podía tener el carácter aludido y calificó como absurdo que la inserción del pagaré se hiciera después de una relación de honorario profesionales, supuestamente adecuadas al beneficiado de dicho pagaré, aunado a que se advertía incongruente con el texto que procedía al aparente título de crédito.’.-Al respecto, el Juez responsable estimó acreditado el cuerpo del delito fraude procesal, previsto en el artículo 310, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, que establece lo siguiente: (transcribe).-De la literalidad del citado precepto puede advertirse que el legislador estableció tres conductas o verbos rectores del tipo: ‘simular’, ‘alterar’ y ‘realizar’, y las relacionó con tres objetos materiales: ‘un acto jurídico, un acto o escrito judicial’, ‘un elemento de prueba’ y ‘cualquier otro acto’. Además, para clarificar el ámbito de lo punible, agregó tres finalidades específicas -distintas del dolo como fin genérico-: ‘obtener un beneficio indebido para sí o para otro’, ‘tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa’ y ‘con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley’.-En atención al orden y relación de las palabras contenidas en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27745-522fae90/fraude-procesal-cometido-en-un-juicio-natural-tramitado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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