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Modo: Corpus Pro

HECHO DELICTIVO. SUS COMPONENTES BÁSICOS SE OBTIENEN DE LA CONFRONTA DEL HECHO ATRIBUIDO CON LA CONDUCTA DESCRITA COMO DELICTIVA EN EL TIPO PENAL RESPECTIVO, A FIN DE JUSTIFICAR SU DIFERENCIA CON HECHOS NO RELEVANTES PARA EL DERECHO PENAL (FUNCIÓN GARANTISTA DEL TIPO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 290/2022. · Registro digital (IUS): 32143
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-02-09
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo V, Pág.4348.

AMPARO EN REVISIÓN 290/2022. 11 DE MAYO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA. SECRETARIA: CYNTHIA SUCEL DELGADO PEÑA.

CONSIDERANDO

SEXTO.—Estudio. Son inoperantes en parte y, por otra, esencialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente principal, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que hace procedente revocar la sentencia que se revisa y conceder la tutela constitucional solicitada para los efectos que se precisarán en la parte final de este considerando.

Lo anterior es así, toda vez que el recurrente ********** tiene el carácter de imputado, por lo que se actualiza el supuesto contenido en el numeral de referencia y, por ende, debe analizarse el recurso de revisión que se resuelve, aun respecto de cuestiones no propuestas en los motivos de disenso que se hicieron valer, pues la suplencia de la queja permite analizar íntegramente el caso sometido a la jurisdicción de este tribunal colegiado, pese a la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos o, incluso, ante la falta de éstos.

Sirve de sustento a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 154/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 317 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, con número de registro digital: 2010623, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011."

Así como la tesis 2a. VIII/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 267 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, con número de registro digital: 200655, de epígrafe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD."

Sin embargo, la suplencia de la queja no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el tribunal la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia, cuando ese análisis, lejos de ayudar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.

Sirve de sustento, por las consideraciones que la conforman, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes siete de julio de dos mil diecisiete, a las diez horas con catorce minutos, Décima Época, con número de registro digital: 2014703, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."

Por otra parte, es importante establecer que este tribunal tiene la obligación de analizar los agravios formulados por las partes, a fin de resolver la cuestión objetivamente planteada a su jurisdicción; empero, no está obligado a seguir el orden propuesto en su recurso, pues basta con que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

Se comparte, por las consideraciones que la integran, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, la cual es visible en la página 1677 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, con número de registro digital: 167961, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO."

Establecido lo anterior, se considera correcto que el juzgado de Distrito, acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, haya fijado el acto reclamado en la demanda de amparo como:

El auto de vinculación a proceso de veintiuno de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa de control ********** por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; y de la Directora General del Centro Preventivo y Reinserción Social de Cuautitlán, Estado de México, el cumplimiento que dio a ese auto de vinculación.

Sin que se advierta variación alguna o intervención de distinta autoridad a las precisadas que deba ser reparada de oficio por este tribunal revisor.

De igual manera, fue legal que los tuviera por ciertos, pues así fue admitido por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aunado a que su existencia se advierte de las videograbaciones de las audiencias celebradas, las cuales fueron debidamente valoradas por la A quo, conforme lo disponen los preceptos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o., así como de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."(2)

En principio, conviene precisar que los motivos de agravio 1,(3) 3 –en parte–(4) y 8,(5) son inoperantes, ello pues se dirigen a combatir la forma en que el recurrente fue detenido y que la orden de aprehensión fue emitida en su contra sin que mediara citatorio o pudiera hacer valer su derecho de audiencia.

Y de autos se advierte que la forma de conducción del imputado al proceso fue a través del cumplimiento de un mandato de captura, que no es materia del juicio de amparo, por lo cual las posibles violaciones que pudiera estimar actualizadas están consumadas irreparablemente.

Máxime que si bien, como aduce el recurrente, todo gobernado goza de ese derecho fundamental antes de que se realice en su perjuicio cualquier acto de autoridad; cuando ese acto es una orden de aprehensión, el artículo 16 de la Constitución Federal no estableció, entre los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, que se oiga previamente al imputado, sino únicamente que sea emitido por una autoridad judicial, precedido por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de la libertad y que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; por tanto, la emisión de este acto de autoridad no exige como requisito observar el derecho?de?audiencia?de la persona contra quien se dicta. Motivo por el cual, el criterio jurisprudencial que cita no tiene la aplicación pretendida.

Ahora, conviene precisar que si bien el auto de vinculación a proceso reclamado se encuentra regulado directamente en el párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho; empero, no puede llegarse al extremo de considerar que sólo ese precepto lo rige, debido a que, por su naturaleza, también pudiera conculcarse algún otro derecho sustancial reconocido en un diverso numeral de la Carta Magna, dado que la totalidad de las prerrogativas consagradas en la Constitución son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano.

En ese sentido, acorde con lo establecido en los numerales 14 y 20 constitucionales, cuando se reclama vía amparo un auto de vinculación a proceso, debe verificarse que se hubieren atendido las formalidades esenciales del procedimiento; en tal sentido, por cuanto hace a la notificación de inicio del proceso y sus consecuencias, se advierte que en la audiencia inicial para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la representación social hizo saber al indiciado sobre la investigación que se sigue en su contra por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley prevé como delito de abuso sexual, en agravio de la niña víctima de identidad reservada **********, especificando la fecha, lugar y circunstancias de su comisión, clasificación jurídica preliminar, la forma de intervención, así como el nombre de su acusador.

Además, en el primer segmento de la audiencia inicial, de manera libre, por así convenir a sus intereses, el imputado designó como su defensora pública a **********, quien aceptó y protestó el cargo conferido, exhibiendo la cédula profesional **********, con la cual acreditó contar con la calidad de licenciada en derecho, misma que se proyectó y se dejó constancia de ello, con lo que se dio cumplimiento a la realización material de una defensa técnica adecuada.

Por otra parte, se observa que una vez que el indiciado escuchó la imputación y debidamente asesorado por su defensor, decidió no emitir declaración en relación con los hechos investigados; enseguida, la Fiscalía procedió a la exposición de los datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, solicitando auto de vinculación a proceso.

Por lo cual, nuevamente asistido de su defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, esto es, esa determinación de aplazar la decisión judicial que resolvería sobre el término constitucional, tuvo como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales la representante social estimó que los datos de prueba recabados durante la investigación informal acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que estuvo en condiciones de ofrecer los medios convictivos que a su interés legal convinieron para desvirtuar la imputación.

Orienta al respecto la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)."(6)

En efecto, se advierte que solicitó la duplicidad del término constitucional con el propósito de incorporar las pruebas que estimó idóneas y pertinentes para desvanecer los hechos contenidos en la imputación ministerial, sin que se desprenda obstaculización o retraso para hacer valer su prerrogativa.

Y dentro de la prórroga de ese plazo constitucional, en la audiencia respectiva, su defensa desistió de todos los datos de prueba, estando de acuerdo el imputado y manifestando que se ofertarían en una etapa diversa.

De igual forma, se le respetó el derecho que tenía para alegar a su favor, toda vez que su defensora pública en todo momento expuso los alegatos que a esa parte procesal correspondía.

En consecuencia, el veintiuno de mayo siguiente, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, emitió auto de vinculación a proceso contra **********, por su probable intervención en el hecho delictuoso por el cual la fiscalía formuló imputación.

Circunstancias por las cuales se observó debidamente el derecho de audiencia y se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento.

Orienta al respecto, el criterio jurisprudencial P./J. 47/95, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."(7)

Asimismo, como lo estableció el juzgado federal, los requisitos que se deben cumplir para la emisión de un auto de vinculación a proceso se encuentran contenidos, entre otros, en los numerales 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente estatuyen:

En el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, se establece:

"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."

De la reproducción del arábigo en cita, se desprenden los requisitos que constitucionalmente debe contener el auto de vinculación a proceso, al caso:

a) El delito que se impute al acusado.

b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución.

c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y,

d) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

En relación con lo expuesto, en los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, se establece:

"Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.

"El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:

"I. Se haya formulado la imputación;

"II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;

"III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y

"IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

"El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.

"El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente."

"Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso.

"El auto de vinculación a proceso deberá contener:

"I. Los datos personales del imputado;

"II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y

"III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa."

En los numerales transcritos se establecen los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso y qué debe contener.

Ahora bien, de una interpretación armónica y sistemática de los numerales precisados en párrafos que anteceden, se desprenden los requisitos formales y de fondo para dictar el auto de vinculación a proceso, al caso:

a) Requisitos formales:

I. Debe ser emitido por autoridad judicial legalmente competente y videograbado.

II. Dictarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor.

III. Se haya formulado la imputación.

IV. El imputado hubiese rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador.

V. Debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público.

VI. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa, las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo.

b) Requisitos de fondo:

1. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley indique como delito.

2. Así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

3. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

Previo a analizar los requisitos mencionados en párrafos que preceden, se destaca que de acuerdo con la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de impartir justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí –como sucede en el sistema mixto–, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso.

De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado.

En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley establece como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable.

Este nivel de exigencia, sostuvo el Alto Tribunal, es acorde con los efectos que genera esa resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) de rubro y texto:

"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones ‘comprobar’ por ‘establecer’ y ‘cuerpo del delito’ por ‘hecho que la ley señala como delito’, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de ‘pruebas’ ni se exige ‘comprobar’ que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí –como sucede en el sistema mixto–, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado ‘cuerpo del delito’, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley."

Por lo que se debe entender que el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada, por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación.

Razón por la cual el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación; el juzgado de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.

Sobre todo, no exige que se determine la intervención precisa del acusado, pues referente a la responsabilidad, sólo se requiere que exista una probabilidad de que lo cometió o participó, debiéndose acreditar hasta juicio el grado de intervención que tuvo.

Con lo cual, de acuerdo con la naturaleza del auto de vinculación a proceso, no se exige que en este momento se tenga por acreditada fehacientemente la calidad de intervención del imputado, sino que exista la probabilidad de que lo cometió o participó, donde la forma de intervención que haya tenido puede no ser determinante en esa etapa procesal, ya que se podrá probar en juicio al no concluir con el dictado del auto de vinculación a proceso el procedimiento, ni ser éste un adelanto del juicio.

Precisado lo anterior, por lo que hace al requisito mencionado en el romano I,(9) se destaca que el auto de vinculación a proceso, en primera instancia, se emitió por autoridad legalmente competente para ello; al caso, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, el cual ejerce jurisdicción en el lugar donde sucedieron los hechos (Calle **********, número **********, Colonia **********, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México), en audiencia oral, de la cual se elaboró el registro de actuación videograbado respectivo; ello, como se desprende de las reproducciones digitales de la carpeta administrativa **********, que fueron enviadas para la resolución de este asunto, quien ejerce jurisdicción en el lugar en el que aconteció el evento.

Por otra parte, por lo que hace a los requisitos establecidos en los romanos II, III y IV,(10) atinentes a que el auto de plazo constitucional debe dictarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a partir de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial, o previa cita, hubiese comparecido ante éste, plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor; que se haya formulado imputación, y otorgado al imputado la oportunidad para declarar, se encuentran satisfechos; ello, con base en las consideraciones siguientes.

En el caso, como se desprende de autos, por una parte, el juzgado de control decretó la detención judicial del ahora recurrente para los efectos legales conducentes, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha en la que fue puesto a su disposición por cumplimiento de orden de aprehensión dictada en su contra, y se resolvió su situación jurídica a las trece horas con dieciocho minutos del veintiuno siguiente.

Ello, en razón de que como se desprende de la diligencia realizada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el imputado, previa asesoría de su defensa, solicitó que se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, después de que la fiscal formuló sus argumentos vinculatorios y su defensor público dio respuesta a éstos; petición que fue acordada de conformidad por el juzgado de control.

Por lo que si se dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora recurrente a las trece horas con dieciocho minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintidós, por su probable intervención en el hecho delictuoso de abuso sexual, previsto y sancionado en el numeral 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México, en agravio de la menor de edad de identidad reservada **********, deviene inconcuso que esa resolución fue emitida dentro de la temporalidad constitucional y legalmente establecida para ello.

Asimismo, el ahora recurrente **********, previo cuestionamiento del juzgador y asesoría de su defensor, expresó que no era su interés legal emitir declaración alguna en esa audiencia, en relación con los hechos.

De igual manera, la representante social solicitó al juzgado de control la vinculación a proceso del ahora disconforme y realizó sus argumentos correspondientes.

Posterior a ello, el juez de control requirió al ahora recurrente expresara la temporalidad en la cual era su interés legal se resolviera su situación jurídica, por lo que previa asesoría de su defensa, pidió que se resolviera dentro del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, lo que fue acordado de conformidad por el juzgador (de lo cual se emitió pronunciamiento en párrafos que anteceden).

Motivo por el cual se estiman actualizados los requisitos mencionados en los romanos II, III y IV de referencia.

Por otra parte, por lo que respecta a los requisitos establecidos en los romanos V y VI,(11) se dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora recurrente, respecto de los hechos que expuso el Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos; mencionó el hecho delictuoso que se le atribuyó, al caso, abuso sexual, previsto y sancionado en el numeral 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México, en agravio de la menor de edad de identidad reservada,(12) y las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución en que aconteció (como se verá en párrafos subsecuentes).

Motivo por el cual, se tiene

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32143-0d9e3917/hecho-delictivo-sus-componentes-basicos-se-obtienen-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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