SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE CORTE ACUSATORIO. SI AL REVISAR LA QUE FUE MATERIA DE ESTUDIO POR LA SALA DE CASACIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO SE EMITIÓ ORALMENTE EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, SINO SÓLO POR ESCRITO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA).
AMPARO DIRECTO 107/2017. 22 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY. SECRETARIO: RICARDO JAVIER OLIVERA MERLÍN.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Estudio. Reposición del procedimiento por violaciones a las formalidades del mismo. Resulta innecesario examinar los fundamentos legales y las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación expresados en su contra, en virtud de que, en suplencia de la deficiencia de éstos, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,(18) se advierte que en detrimento del quejoso se infringieron las formalidades esenciales del procedimiento.
Es así, porque el artículo 14 de la Constitución Federal que tutela las formalidades esenciales del procedimiento, establece la garantía de audiencia, que es el derecho público subjetivo mediante el cual, se permite al gobernado ser oído y vencido en juicio, antes del acto de privación definitivo, lo cual implica:
a) La notificación del inicio del procedimiento;
b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
c) La oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga; y,
d) El dictado del fallo que dirima las cuestiones debatidas.
Dichas subgarantías son las que integran el debido proceso legal, protegido como derecho fundamental en la Constitución Federal.
Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 47/95, con número de registro digital: 200234, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."(19)
Ahora, dicha infracción a las formalidades esenciales del procedimiento obedece, en el particular, a que en el proceso seguido contra el quejoso se transgredieron las normas que lo rigen, lo que, por sí, trascendió negativamente a sus defensas y, por ende, al sentido de la sentencia reclamada.
Para facilitar la explicación del anterior aserto, es necesario destacar que de las constancias que informan el presente asunto, se obtiene lo siguiente:
1. Obra un documento escrito datado el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el que se indica que el tribunal de juicio oral con residencia oficial en Salina Cruz, Oaxaca, dictó sentencia contra **********, en la causa penal **********, al considerar acreditados la existencia del delito, así como la plena responsabilidad penal en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio de **********; condenándolo a una pena privativa de la libertad de ocho años seis meses de prisión, así como al pago de una multa de siete mil seiscientos setenta y dos pesos con cincuenta centavos.(20)
2. Inconforme con esa determinación, el sentenciado interpuso el recurso de casación, del cual conoció la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien al resolver el toca penal **********, el trece de febrero de dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida.(21)
3. En desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, ********** promovió juicio de amparo en la vía directa, y expresó los conceptos de violación que estima le causa el fallo reclamado, los cuales enseguida se analizan.(22)
Ahora bien, en el caso, se estima relevante destacar que del documento que obra en autos, como la sentencia que constituye el acto reclamado, de trece de febrero de dos mil diecisiete, se advierte que la Sala responsable, una vez que se declaró competente para conocer del asunto (considerando primero), adujo que los recurrentes expusieron diversos argumentos de inconformidad (considerando segundo) y, enseguida, destacó consideraciones para tratar de justificar que en el desarrollo de la audiencia de debate se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento y, después, externó consideraciones con base en las que sostuvo que el tribunal de juicio oral fundó y motivó debidamente la apreciación que hizo de las pruebas en la sentencia casada (considerando tercero), para posteriormente abordar los planteamientos que en vía de agravios expresó la parte inconforme (considerando cuarto), para enseguida resolver:
"Primero. Esta Tercera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue competente para conocer del recurso de casación interpuesto por los defensores públicos del sentenciado **********, en contra de la sentencia condenatoria pronunciada el día cuatro de octubre del año dos mil dieciséis en la causa penal número **********, que se siguió en contra del citado sentenciado por el delito de despojo agravado previsto por el artículo 384, fracción I y sancionado por el artículo 386 del Código Penal del Estado perpetrados en agravio de **********.
"Segundo. Por las consideraciones vertidas en la presente resolución, se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por los defensores públicos del sentenciado **********, en contra de la sentencia condenatoria pronunciada el día cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, en la causa penal número **********, que se siguió en contra del citado sentenciado por el delito de despojo agravado previstos (sic) por el artículo 384, fracción I y sancionado por el artículo 386 del Código Penal del Estado perpetrados en agravio de **********, confirmándose la sentencia recurrida..."(23)
Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera, en suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, expresados por la parte inconforme, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a),(24) de la Ley de Amparo, que en el caso, al derivar el acto reclamado de un juicio de orden acusatorio y oral, la sentencia sujeta a casación, que la autoridad responsable decidió confirmar por estimar infundado el recurso de casación, debió emitirse de manera oral en la audiencia respectiva, acorde con la naturaleza del asunto, lo cual no ocurrió y, por ende, por sí, constituye una violación a las formalidades del procedimiento que amerita su reposición.
Es así, porque la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo como uno de sus principales objetivos incorporar en la Constitución las bases del debido proceso legal y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local.
Aunado a ello, la modificación al artículo 20 constitucional(25) concretizó la citada reforma, pues en éste se establecieron las directrices del proceso penal en el sentido de que es de corte acusatorio, adversarial y oral, como sus principales características, con especial atención en que debe desarrollarse bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en aras de cumplir con su objeto, a saber, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Cabe destacar que la oralidad estriba en emplear el método de la audiencia para que el Juez decida sobre la situación jurídica del imputado o acusado en un proceso penal, lo que constituye una de las características del nuevo proceso penal, ya que el juzgador deberá emitir de forma oral su determinación en la propia audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar los principios del nuevo sistema, particularmente el de inmediación.
La oralidad es, pues, la herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso, la que cobra actualización tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio. La oralidad para efectos del proceso penal, estriba en que las partes, de viva voz, expongan al juzgador sus pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso.
Luego, la referida reforma constitucional regula, bajo la nueva lógica del proceso penal acusatorio y oral, el dictado de las resoluciones del juicio.
Así, la sentencia es la determinación mediante la cual el tribunal de enjuiciamiento establece en la audiencia de juicio si hay o no méritos para condenar al acusado, definiendo el hecho o hechos delictivos por los que se le sancionará o absolverá.
Ahora bien, tradicionalmente un acto de molestia ha sido considerado como una afectación en la esfera jurídica del gobernado por algún acto de autoridad, y el artículo 16 constitucional(26), al respecto, ha dispuesto que para que pueda molestarse a una persona, debe existir un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y es que el derecho de fundamentación consagrado en el artículo 16 constitucional, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad para emitir el acto de molestia de que se trate, dando así certeza y seguridad jurídica al particular frente a dichos actos.
Luego, eximir a la autoridad de fundar y motivar su acto, privaría al afectado de la posibilidad de impugnarlo adecuadamente.
Por tanto, si los actos de molestia deben estar fundados y motivados, con mayor razón lo deben estar los actos privativos, como lo son las sentencias que se dictan en los juicios penales de corte acusatorio y oral.
Orienta lo anterior, el criterio que informa la jurisprudencia(27) siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Aunado a lo anterior, como ya se adelantó, la oralidad, como herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso penal, cobra actualización tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio; por tanto, bajo ese modelo de juicio, el juzgador debe emitir de forma oral sus determinaciones en la audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios, como lo son la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, derivado de que dichos principios están íntimamente relacionados, pues la oralidad del nuevo proceso penal acusatorio es el instrumento para su desarrollo bajo el método de la audiencia, para decidir la culpabilidad o inocencia del acusado; amén de que el sistema de audiencias introduce elementos de transparencia y rapidez en la toma de decisiones, impidiendo que el juzgador resuelva algo claramente contrario a lo que el público ve y entiende.
Así, la oralidad, como el intercambio verbal de ideas, es una herramienta esencial en la tarea jurisdiccional para facilitar el respeto a los derechos de los ciudadanos, al permitir que la actuación del juzgador se ajuste a criterios de inmediación y contradicción realmente efectivos, y constituye un elemento decisivo para alcanzar el grado deseable de confianza y vinculación de los ciudadanos.
En ese contexto, el Juez o tribunal de enjuiciamiento debe emitir en la audiencia de juicio la sentencia respectiva, pues en ella expresará el fundamento legal y las razones por las que condenó o absolvió al imputado, lo que no sólo implica expresar, en lo esencial, los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones, motivos y circunstancias que permitieron emitir la decisión, sino también efectuar la relatoría de las pruebas y su valoración para arribar a la conclusión de que se ha cometido un delito (por encontrarse probados sus elementos) y que el imputado lo cometió o participó en su comisión (por haberse acreditado los presupuestos y elementos para así considerarlo), pues sólo así se generará certeza y seguridad jurídica al imputado, de que conozca plenamente el fundamento legal y las razones por las que el juzgador decidió condenarlo o absolverlo.
Por tanto, es en la audiencia en que se emite la resolución respectiva donde debe cumplirse con la fundamentación y motivación, al margen de que ello se plasme también por escrito o en cualquier otro medio que dé certeza, pues lo relevante es que la fundamentación y la motivación se precisen cuando de forma oral el Juez o tribunal emite la resolución respectiva, pues es en ese momento en el que debe salvaguardarse el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, para que el gobernado conozca las razones y el fundamento legal por el que se le condenó o absolvió, generándosele seguridad jurídica, esto es, conocimiento libre de dudas acerca del contenido de las normas jurídicas y de su validez para, en su caso, combatir la arbitrariedad o ilegalidad de la actuación de cualquier autoridad.
Ahora, en el caso de los nuevos juicios de corte acusatorio, en la videograbación consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia de juicio, en la que debe dictarse la sentencia, pues es una herramienta que ofrecen las nuevas tecnologías, desde los sistemas de grabación audiovisual, para la más fiel documentación de los actos orales, hasta los modernos procedimientos de comunicación, incluida la videoconferencia e, inclusive, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, analizó –entre otros aspectos– las videograbaciones de las audiencias celebradas en el proceso penal de corte acusatorio y oral, contenidas en archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital (DVD), destacando que en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, en el proceso penal es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, cuya naturaleza jurídica es la de una prueba instrumental pública de actuaciones, al tratarse de la fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio.
Se subrayó que la videograbación de las audiencias orales desahogadas en el contexto de un sistema de enjuiciamiento de tipo acusatorio, contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital, constituye una importante estrategia instrumental que busca garantizar la legalidad y transparencia en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso; además de que en el proceso penal existe una clara preeminencia del principio de la oralidad, dentro del cual, se llevan a cabo audiencias públicas; por tanto, el registro electrónico de dicha actividad jurisdiccional, esto es, la videograbación de las audiencias, garantiza la efectiva aplicación de la justicia a través de la tecnología, almacenada en "documentos electrónicos", entendido como el conjunto de diligencias, trámites y documentos ordenados que forman parte de un procedimiento judicial.
En ese orden de ideas, las audiencias videograbadas en formatos digitales (DVD), deben considerarse como las constancias audiovisuales del desahogo de las diligencias inherentes a un proceso penal de corte acusatorio, en estricto cumplimiento a los principios de oralidad y de publicidad, que son propios de dicho sistema de enjuiciamiento.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 28 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, invocada con anterioridad, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."
Las anteriores consideraciones permiten establecer que en el caso del proceso penal acusatorio, en el que las actuaciones procesales se desarrollan en la audiencia –como uno de los ejes rectores del sistema– el dictado de la sentencia debe realizarse precisamente en la audiencia respectiva.
Es así, porque aunado a lo ya expuesto respecto a los artículos 16 y 20 constitucionales, en lo atinente a los principios de legalidad y de oralidad e inmediación que rigen el juicio penal de corte adversarial, de diversas disposiciones del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, aplicado en el juicio de origen, así se advierte.
En efecto, los numerales 314, 317, 323, 325, 389 y 439 del citado ordenamiento legal disponen:
"Capítulo III
"Juicio
"Artículo 314. Principios
"El juicio es la etapa esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad. ..."
"Artículo 317. Inmediación
"El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los miembros del tribunal y de las demás partes legítimamente constituidas en el proceso, de sus defensores y de sus representantes. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal.
"Si después de su declaración rehúsa permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima y representado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor público, hasta en tanto el imputado designe un defensor de su elección, conforme las reglas respectivas de este código.
"Si el Ministerio Público no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se procederá a su reemplazo inmediato, según los mecanismos que determine la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo apercibimiento de que, si no se le reemplaza en el acto, se tendrá por retirada la acusación.
"Si la parte coadyuvante o su representante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se le tendrá por desistida de su pretensión, sin perjuicio de que pueda obligársele a comparecer en calidad de testigo.
"Si el tercero civilmente demandado no comparece, el órgano jurisdiccional continuará como si éste estuviere presente.
"Cualquier infracción de lo dispuesto en este artículo implicará la nulidad de la audiencia de debate y de la sentencia que se dicte. ..."
"Artículo 323. Continuidad y suspensión
"El debate será continuo, durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por única vez y por un plazo máximo de diez días corridos, cuando:
"I...
"..."
"Artículo 325. Oralidad
"El debate será oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentos de todas las partes, como en todas las declaraciones, la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participen en él.
"(Reformado, P.O. 26 de septiembre de 2009)
"Las decisiones del presidente y las resoluciones del tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión de sus fundamentos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión.
"Cuando la decisión implique un acto de molestia, además de ser dictada oralmente, deberá fundarse y motivarse por escrito.
"Quienes no puedan hablar o no lo puedan hacer en español, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia, conforme a lo prescrito por este código. ..."
"Artículo 389. Pronunciamiento
"La sentencia se pronunciará siempre en nombre del Estado de Oaxaca. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los presentes. La lectura valdrá en todo caso como notificación y las partes que lo requieran verbalmente recibirán una copia de la sentencia. El original del documento se depositará a buen recaudo en los archivos del tribunal.
"Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la sentencia, en la oportunidad prefijada será leída tan sólo su parte resolutiva con su respectiva motivación y fundamentación y el tribunal designará un Juez relator que informe a la audiencia, sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión y sobre los pormenores de la deliberación y de la votación.
"En este caso, quien presidió la audiencia fijará día y hora para la lectura íntegra del documento que contiene la sentencia, dentro de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva.
"Vencido este plazo sin que el tribunal haya dado lectura a la sentencia, se producirá la nulidad del juicio, a menos que la decisión haya sido la de absolver al acusado. Si se trata de varios acusados y se absolvió a alguno de ellos, la repetición del juicio sólo comprenderá a quienes hubieren sido condenados. ..."
"Título décimo
"Recursos
"Capítulo I
"Normas generales
"...
"Capítulo IV
"Recurso de casación
"...
"Artículo 439. Resoluciones recurribles
"(Reformado, P.O. 26 de septiembre de 2009)
"El recurso de casación procede:
"I. Contra la sentencia pronunciada en la audiencia de debate; y
"II. El sobreseimiento dictado por el tribunal de juicio oral durante la audiencia de debate."
Ahora bien, cabe recordar que el procedimiento penal comprende la etapa de investigación (que abarca la investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación); la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento.
Luego, en los dispositivos legales transcritos se alude a algunos de los principios fundamentales del sistema penal de corte acusatorio, entre ellos, los de inmediación, continuidad y oralidad, los cuales imponen que, por regla general, los miembros del tribunal y demás partes no pueden ausentarse de la audiencia, que éstas no puedan interrumpirse o suspenderse arbitrariamente y, sobre todo, que las decisiones del presidente y las resoluciones del tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión de sus fundamentos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión."(29)
También se destaca que la sentencia, una vez redactada (esto después de dictarse verbalmente), el tribunal "se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los presentes... quien presidió la audiencia fijará día y hora para la lectura íntegra del documento que contiene la sentencia... ".(30)
Asimismo, se establece en el numeral 439, fracción I, transcrito, que el recurso de casación procede "Contra la sentencia pronunciada en la audiencia de debate".
Además de que el normativo 397 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, relativo a la sentencia del procedimiento abreviado, también establece:
"Artículo 397 Bis B. Sentencia en el procedimiento abreviado
"Terminado el debate, el Juez emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia y deberá dar lectura pública a la sentencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, explicando brevemente su contenido. ..."
Luego, de todo lo anterior se establece, con meridiana claridad, que en los juicios penales de corte acusatorio, conforme a la legislación del Estado de Oaxaca, las sentencias deben dictarse oralmente en la audiencia de juicio, con expresión de los motivos y fundamentos que la sustentan; esto, al margen de que dicha actuación se documente en la videograbación y en el escrito respectivo, pues como se ha venido destacando, existe una clara preeminencia del principio de la oralidad, tanto para el desarrollo de las actuaciones procesales como para la toma de decisiones por parte del Juez o tribunal de enjuiciamiento.
Además, las sentencias tienen que documentarse y leerse íntegramente en audiencia, en términos del numeral 389 antes invocado.
No se soslaya que el actual artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto,(31) y el normativo 397 Bis B del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca,(32) establecen la obligación del emisor de la sentencia de explicarla a las partes, circunstancia que no se contrapone, sino que es congruente con el criterio aquí sostenido, pues conforme a la normatividad analizada, se observa un orden lógico y razonable en la emisión de los actos procesales en comento: primero se emite oralmente la sentencia,(33) luego se redacta y documenta para darle lectura íntegra(34) (sin que pueda rebasar los parámetros de la sentencia oral), y después se explica a las partes,(35) pero sin que dicha explicación, a su vez, puede rebasar los parámetros establecidos en la sentencia oral y redactada por escrito.
Esa secuencia resulta lógica y razonable, dado que no puede documentarse por escrito, sino lo que, conforme a las exigencias del sistema acusatorio, se emitió verbalmente; y no se puede explicar, sino lo que se emitió verbalmente se documentó y se leyó íntegramente a las partes.
En ese contexto, se advierte que, en el caso, no existe constancia fehaciente de que la sentencia que se dice dictada por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral de origen y que debió ser materia de estudio por la Sala de Casación para la emisión del acto reclamado en el juicio de amparo, se haya pronunciado en audiencia pública.
Es así, porque en las videograbaciones que la responsable acompaña en formato DVD a su informe con justificación, se contienen el audio y video de la audiencia de debate, de lectura de fallo y de explicación de sentencia, pero no consta el pronunciamiento, o por lo menos la lectura íntegra de ésta.
En efecto, de las constancias de autos y, en particular, de las citadas videograbaciones se observa que:
– El nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Juez de garantía del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, dictó auto de apertura a juicio oral, en la causa penal ********** de su índice, instruida contra el aquí quejoso por el delito de despojo agravado.(36)
– El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, a las diez horas con dos minutos, el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, celebró la audiencia de juicio oral o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27819-25a1de71/sentencia-dictada-en-el-juicio-de-corte-acusatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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