SENTENCIA CONDENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 213/2012. 14 DE MARZO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ADALID AMBRIZ LANDA. PONENTE: ÓSCAR ESPINOSA DURÁN. SECRETARIA: ARELY YAMEL BOLAÑOS DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Es fundado uno de los conceptos de violación, y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal, aun cuando para ello resulte necesario aplicar la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
De manera previa, es importante hacer la precisión que aun cuando no se transcribe la sentencia que dictó el tribunal responsable de forma oral en la audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil doce, los Magistrados y la secretaria autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada de Circuito, integrantes de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, se impusieron personalmente de su contenido, al observar la videograbación contenida en el disco de audio y video, identificado como "audiencia para resolver sobre recurso de apelación (sentencia condenatoria)."
Ahora bien, en concepto de la integración mayoritaria de este Tribunal Colegiado, la sentencia contenida en el disco de audio y video, dictada el veinte de agosto de dos mil doce, por la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca penal **********, que se reclama a través de esta instancia constitucional, por la que se resolvió el recurso de apelación hecho valer por **********, deviene violatoria de las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 16 y 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, relativas a la fundamentación y motivación, así como a la transgresión de la "oralidad" que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho.
Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo en cuestión, es necesario determinar que al presente asunto le son aplicables las reformas constitucionales al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que regulan el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral.
Para ello, se hace indispensable transcribir el segundo y cuarto artículos transitorios correspondientes a la reforma en mención, en los que se precisó:
"... Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos ... 20 ... de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. En consecuencia ... los Estados ... en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio ... Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." (lo subrayado es de resaltarse).
Por su parte, los artículos transitorios correspondientes al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, publicados en la Gaceta Oficial de esta entidad federativa el nueve de febrero de dos mil nueve, que son los que reglamentan el nuevo sistema penal de justicia, disponen lo siguiente:
"... Tercero. Al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal, quedará abrogado el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México publicado en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’, el veinte de marzo del año dos mil. Cuarto. Todos los procesos y recursos que ante los órganos jurisdiccionales se encuentren radicados al iniciar su vigencia el nuevo sistema de justicia penal, se sujetarán hasta su conclusión definitiva, a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales que se abroga ..." (lo subrayado se resalta por ser toral para esta resolución).
Asimismo, mediante decreto número doscientos ochenta y nueve, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el treinta de julio de dos mil nueve, se reformó el artículo sexto transitorio para quedar como sigue:
"Artículo Sexto. El nuevo sistema de justicia penal entrará en vigor el día uno de octubre del año dos mil nueve en los distritos judiciales de Toluca, Lerma, Tenancingo y Tenango del Valle. El día uno de abril del año dos mil diez entrará en vigor en los distritos judiciales de Chalco, Otumba y Texcoco. El día uno de octubre del año dos mil diez entrará en vigor en los distritos judiciales de Nezahualcóyotl, El Oro, Ixtlahuaca, Sultepec y Temascaltepec. El día uno de abril del año dos mil once entrará en vigor en los distritos judiciales de Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango. El día uno de octubre del año dos mil once entrará en vigor en los distritos judiciales de Ecatepec de Morelos, Jilotepec y Valle de Bravo."
Finalmente, el treinta de septiembre de dos mil nueve, en el artículo cuarto transitorio se estableció:
"... Cuarto. Las averiguaciones previas, procesos y recursos que se refieran a hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, se sujetarán hasta su conclusión definitiva, a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales que se abroga."
En ese orden de ideas, efectuada una interpretación integral de los dispositivos transitorios mencionados, se aprecia que el nuevo sistema penal acusatorio y oral, debe entrar en vigor conforme lo establezca el código adjetivo penal local, teniendo como referencia la fecha en que acontecieron los hechos; en tal virtud, si los que se atribuyen al quejoso a título de reproche criminal acaecieron el treinta y uno de enero del dos mil doce, cuando ya se encontraba vigente el nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, para el Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, pues entró en vigor el uno de octubre de dos mil once, resulta evidente que el estudio del presente asunto debe verificarse conforme a la redacción de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, que implementó el nuevo sistema de impartición de justicia penal en esta entidad federativa.
Con el único propósito de establecer la inconstitucionalidad de la sentencia combatida a través de esta vía de amparo intentada, se estima necesario transcribir como antecedente, la parte conducente del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de once de diciembre de dos mil siete, que sirvió de base a la iniciativa con proyecto de decreto que reformó, entre otros, el artículo 20 de la Constitución General de la República, que en lo que interesa señala:
"Diputados dictamen México, D.F., a 11 de diciembre de 2007. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable asamblea ... A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, les fueron turnadas diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... C. Iniciativas presentadas por el diputado César Camacho Quiroz. El diputado César Camacho considera que la revisión del sistema de justicia en México se presenta actualmente como un reto impostergable, pues la sociedad mexicana percibe que la lentitud, inequidad, corrupción e impunidad son el denominador común en la mayoría de los casos cuando las personas intervienen en la sustanciación de un proceso penal, lo que genera desconfianza en las instituciones y debilita su consolidación. Afirma que es urgente la modernización de nuestro sistema penal, que salvaguarde los derechos reconocidos en nuestra Constitución a las víctimas del delito, así como a los acusados de éste y a la ciudadanía en general, a través de un procedimiento acusatorio, adversarial y oral, que sin falsos garantismos, cumpla los principios del debido proceso, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad, utilizando como herramienta indispensable la oralidad. Manifiesta su preocupación porque el sistema actual se ha agotado, sumándose a las corrientes que se han pronunciado por migrar hacia un modelo garantista, retomando algunos planteamientos del anteproyecto de la red, para ser matizados por otras necesidades de regulación. Considera que las expresiones ‘juicios orales’ y ‘debido proceso’ son acertadas, toda vez que el impacto mediático busca un lenguaje sencillo para la sociedad. Sobre la oralidad, afirma que es una característica que da pauta para la consecución de los principios del debido proceso, pues no es en sí misma la esencia de la reforma que se necesita, sino la expectativa de que el sistema de justicia sea más eficaz en la resolución de los conflictos sociales derivados del delito y que dichas soluciones se tomen siempre con la convicción de que se han respetado puntualmente los derechos fundamentales reconocidos a los gobernados en la Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes. Señala que la finalidad debe ser contar con un diseño normativo capaz de proporcionar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, las herramientas necesarias para perseguir con eficacia el delito, sin que ello obste para hacerlo respetando las garantías del debido proceso. ... Artículo 20. Proceso acusatorio. Un elemento clave para alcanzar la plena realización del objeto de esta reforma es crear las bases para un modelo procesal de corte plenamente acusatorio, disciplinado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación e imparcialidad. Una de las características más importantes del proceso de corte acusatorio es la estricta separación que debe existir entre el órgano de investigación y de persecución con el de jurisdicción. Dicho principio está ya reconocido por el artículo 21 constitucional y también por el 18 por lo que hace al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, sin embargo, nuestra tradición legislativa configuró un proceso mixto que se alejó de este importante principio. Por este motivo, el primer párrafo del artículo 20 constitucional reafirma la naturaleza acusatoria del proceso. Este dictamen plantea que el proceso será acusatorio y oral. La oralidad propiamente dicha no es un principio procesal, sin embargo, es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia al resto de los principios que se explicarán a continuación. No es imaginable un proceso público si las actuaciones se desarrollan por escrito, en este tipo de procesos los Jueces y el público se enteran al mismo tiempo de todas las actuaciones. Tampoco sería posible una adecuada continuidad en el desarrollo de las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas si las actuaciones no se desarrollan oralmente. Sin la oralidad, tampoco cabe la existencia de interrogatorios ágiles que hagan posible la contradicción. Cabe asimismo aclarar que la oralidad no sólo es una característica del juicio, sino de todas las actuaciones en las que deban intervenir todos los sujetos procesales. La oralidad presupone abandonar el sistema o la metodología de formación de un expediente hasta ahora en vigor, para sustituirla por una metodología de audiencias. La metodología de audiencias, propia de este nuevo proceso, implica que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se adopten siempre frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de contradecir la prueba y de ser escuchadas. Así pues, la oralidad no es una característica únicamente del juicio, sino de todo el proceso en general, incluidas las etapas preparatorias del juicio. Queda a salvo, por supuesto, la posibilidad de que el Ministerio Público solicite, sin presencia del imputado o su defensor, órdenes de aprehensión, cateo, intervención de comunicaciones privadas y reserva de actuaciones, entre otras diligencias que por su naturaleza requieran sigilo. ..."
De la transcripción de algunos de los motivos que llevaron a darle vida jurídica a las reformas constitucionales y que originaron el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, fue precisamente que la estructura del sistema tradicional mixto, ya no cumplía con las expectativas de un procedimiento garantista que salvaguardara los derechos consagrados en la Constitución Federal, tanto a favor de las víctimas u ofendidos, como para los propios acusados.
De tal suerte que, surgió la necesidad de implementar en este nuevo esquema de justicia que pretende cumplir a cabalidad con un debido proceso, los principios de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad en las actuaciones del propio procedimiento penal, con los que se busca que la justicia sea más eficiente en la resolución de los conflictos sociales derivados de la comisión de delitos y que las soluciones se tomen siempre con la convicción de que se han respetado puntualmente los derechos fundamentales reconocidos a los gobernados en la Constitución.
Sin embargo, para lograr tales objetivos, se propuso que el nuevo sistema de justicia penal sea desarrollado a través de la "oralidad", como un instrumento insalvable que lleve a materializar todos aquellos principios reguladores del nuevo esquema de justicia, con la intervención del juzgador, quien debe presidir las audiencias (inmediación), escuchando el debate que surja a partir de las pruebas y contrapruebas que se ofrezcan (contradicción), y de los alegatos que se formulen, pueda dirimir la controversia en forma "oral", haciéndoles saber el sentido de la sentencia que emita al respecto.
De lo anterior, se sigue que no sería posible una adecuada continuidad en el desarrollo de todas las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas, si las actuaciones no se desarrollan oralmente, pues sin la oralidad, no cabe la existencia de interrogatorios ágiles que hagan posible la contradicción; en ese contexto, se señala que la oralidad no es sólo una característica del juicio en sí, sino de todas las actuaciones en las que deban intervenir los sujetos procesales contendientes.
La teleología de la oralidad, presupone abandonar el sistema de la formación de un expediente físico, para suplantarla por una metodología de audiencias en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las controversias de las partes. Del mismo modo, se señala que la metodología de las audiencias, implica que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se emitan frente a las partes una vez que se les ha dado la oportunidad de contradecir las pruebas y de ser escuchadas las alegaciones que a cada interés correspondan, ya que la "oralidad", como ya se apuntó, no es una característica exclusiva de la etapa de juicio oral, sino que permea a todo el procedimiento penal, incluidas las etapas preparatorias del juicio mismo.
Se destaca que la metodología de las audiencias, inherente a este nuevo sistema acusatorio, pretende dejar atrás el desarrollo del procedimiento por escrito, para que las determinaciones de los juzgadores derivadas de las solicitudes hechas por las partes y ofrecimiento de pruebas y contrapruebas de los sujetos procesales, sean del conocimiento de éstos en forma simultánea al momento de resolver.
Por otra parte, no podemos desconocer que aun cuando el acto reclamado por esta vía, no se encuentra reglamentado en el artículo 16 de la Constitución Federal, ello no implica que la autoridad responsable se encontrara eximida de acatarlo al momento de emitir la sentencia definitiva, puesto que los principios de legalidad y seguridad jurídica ahí consagrados, son de observarse por toda autoridad que emita actos de imperio sobre los gobernados y, por ello, se encontraba conminada a dictarlos en forma fundada y motivada, esto es, mediante la cita de los preceptos legales que estimó aplicables al caso, y mediante la exposición de las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que patentizaron la adecuación del hecho delictivo específico a la norma legal, debido a que se trata de una resolución que priva de la libertad al sentenciado en forma definitiva.
En consecuencia, si los actos de molestia que no acarrean limitación de derechos en forma definitiva, deben emitirse siguiendo tales exigencias, por mayoría de razón, los actos de las autoridades que privan de derechos a los ciudadanos, igualmente deben dictarse bajo esos mismos requisitos, sin que lo haya hecho así la autoridad responsable en la audiencia de veinte de agosto de dos mil doce, como se verá más adelante.
Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 260 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Además, el artículo 20 constitucional reformado y vigente, señala:
"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ... X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. ..."
Como ya se señaló, la oralidad forma parte de la estructura funcional y de operación del sistema, que no sólo pertenece a la sección de juzgamiento, sino que corresponde a la totalidad del procedimiento penal.
Por su parte, los artículos 406, 408, 415 y 420, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, disponen lo siguiente:
"Artículo 406. En el recurso de apelación se examinará si en la resolución impugnada se aplicó inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos."
"Artículo 408. Tendrá derecho de apelar: ... II. El imputado o su defensor. ..."
"Artículo 415. La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan quienes podrán hacer uso de la palabra ... Concluido el debate, el tribunal pronunciará resolución de inmediato y sólo en casos excepcionales ... podrá aplazar ... La sentencia será explicada en la audiencia (lo subrayado es propio).
"Artículo 420. Al resolver el recurso el tribunal podrá revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada."
De la interpretación sistemática de los ordinales constitucionales, así como de la ley secundaria invocados, se deducen varios aspectos a tomar en consideración al resolver la presente instancia; el primero de ellos es que la "oralidad" es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio; que tanto el imputado como su defensor, tienen legitimación procesal para apelar las resoluciones en este procedimiento; la materia del recurso de apelación se encuentra constreñida a examinar si en la resolución impugnada se aplicó inexactamente la ley; si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos; que las audiencias se desahogarán en presencia de las partes; y, que es facultad del tribunal de apelación revocar, modificar o confirmar las determinaciones combatidas.
Asimismo, de conformidad con el citado artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se aprecia que en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, existen dos fases o momentos; el primero se actualiza, cuando concluido el debate se dicta la sentencia; y el segundo consiste en que, una vez emitida la resolución, ésta se explica a las partes. En el entendido de que el dictado de la sentencia, es decir, la que se materializa en un primer momento, en concepto de la mayoría de este Tribunal Colegiado, debe emitirse reuniendo los requisitos a que alude el diverso numeral 66 del ordenamiento legal invocado, que establece los elementos que debe contener la sentencia, entre los que se destaca, que en ésta se deben precisar las consideraciones que la motiven y los fundamentos legales.
Ahora bien, al ser la "oralidad" el instrumento más importante en la tramitación de los asuntos regidos bajo el nuevo sistema, porque constituye la herramienta que permite que se materialicen a lo largo del desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y sin aquél, no es concebible llevarlos a cabo, provocando el quebrantamiento de los cimientos que fueron su base primigenia y la tergiversación de su nacimiento teleológico, habida cuenta de que si no existe esa verbalización que debe distinguir a la intervención no sólo de las partes, tales como la fiscalía por un lado, como órgano acusador, víctima u ofendido como quien resintió en forma directa o indirecta los efectos de la comisión del hecho delictivo; e imputado o defensor, resulta inimaginable que a través de las audiencias pueda existir la publicidad, que permite que la actividad procesal sea más transparente; no podrá haber contradicción, ante el impedimento de los sujetos procesales de poder combatir en ese instante y de manera espontánea los argumentos de su contraparte; será difícil llevar a cabo la concentración, ya que sin la oralidad, no sería posible desahogar varios actos procedimentales en una misma audiencia, pues llevarlos por medio de escritos, retrasaría la impartición misma de la justicia, regresando a las prácticas dilatorias del sistema anterior; no habría continuidad, porque las audiencias, debido a su duración prolongada, no permitirían que fueran sucesivas e inmediatas debido a las cargas de trabajo tan fuertes que se generarían; no cabría la inmediación, porque de no existir la oralidad, resultaría ociosa la presencia del juzgador en las audiencias, en las que no pudiera escuchar los argumentos de viva voz de los intervinientes que le sirvan de elementos al momento de dictar sentencia.
En ese tenor, los juzgadores al igual que las partes, se encuentran involucrados y constreñidos para dirimir en forma "oral", los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, debido a que es éste el instrumento de comunicación procesal que da vida a la esencia de las audiencias del sistema acusatorio, sin el cual, carecería de sentido que todas las partes estuvieran presentes; de tal forma que los juzgadores -lato sensu-, ya sea en primera o segunda instancia, tienen la misma consigna de resolver todos los asuntos, exponiendo en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo postulado en el artículo 16 de la Constitución Federal invocado, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las consideraciones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las determinaciones tomadas por los resolutores, que les permita preparar tanto los medios de impugnación ordinarios, previstos en la ley adjetiva penal, como los extraordinarios contemplados en la Ley de Amparo, pues hay que tener presente que conforme al nuevo sistema de justicia criminal, no existe otro medio de comunicación diverso previsto en la norma, dirigido a los sujetos procesales, a través del cual se les notifiquen las consideraciones y resolutivos adoptados por los juzgadores al dirimir las contiendas. De acuerdo con esa tesitura, el artículo 415 del capítulo II intitulado: de la "Apelación", del propio Código de Procedimientos Penales para esta entidad, constriñe a los titulares que conocen de ese recurso, a tener que dictar en la misma audiencia, o en su defecto, para el caso que haya sido aplazado su pronunciamiento, la sentencia que ellos emiten en pleno ejercicio de sus funciones, para comunicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido de la resolución, pero sobre todo para que el imputado se entere de los motivos por los cuales se resuelve en cualquier sentido, con mayor razón cuando se sostiene una determinación que le priva de su derecho a la libertad deambulatoria, lo que significa que, aun cuando los agravios de los apelantes -defensor o imputado-, vayan dirigidos a combatir un sólo capítulo o apartado de la sentencia, los resolutores deben razonar la determinación a la que arriban, ya sea revocando, modificando o confirmando la de primer grado, pero siempre realizando un examen, aunque ello no sea bajo la técnica jurídica que se empleaba en el sistema tradicional (sino en lenguaje sencillo), del resto de los apartados que no fueron motivo del recurso, debido a que en términos de lo dispuesto por el numeral 101 del código instrumental penal para esta entidad, que señala: "Artículo 101. Las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes. ..."; de tal forma que el conocimiento de las consideraciones y fundamentos de lo resuelto en las audiencias (notificación), se lleva a cabo en ese mismo instante, de manera simultánea a todos los intervinientes, incluyendo aquí desde luego al propio sentenciado, quien tiene la posibilidad incluso de preguntar acerca de dudas que le hayan surgido en relación con la claridad de la sentencia. En ese sentido, conforme a lo previsto en el artículo 406 invocado, la materia del recurso debe concretarse a examinar si en la sentencia recurrida se aplicó o no exactamente la ley, si se violaron los principios de la valoración de las pruebas o si se alteraron los hechos, aspecto que no puede concluirse o confirmarse sin entrar a su análisis. Por ello, la oralidad que se verifica en las audiencias, no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad de las audiencias o de las resoluciones emitidas en éstas, sino que viene a formar parte de un verdadero debido proceso, que les permite a los intervinientes imponerse de lo ahí resuelto, pero sobre todo comprender, en un lenguaje sencillo y claro, los motivos que dan sentido a las determinaciones tomadas por los juzgadores.
En el caso particular, los Magistrados integrantes del tribunal de apelación responsable, y en particular el Magistrado ponente, al momento del desahogo de la audiencia verificada el veinte de agosto del año inmediato anterior, en que sostuvieron una sentencia de condena en contra del quejoso, violaron el contenido de los numerales 16 y 20 antes comentados, porque fueron omisos en analizar a través de la "oralidad", los elementos del delito de robo con modificativa (agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor y con violencia moral), así como la plena responsabilidad de ********** en su comisión, ya que el Magistrado relator, en lo que interesa, después de establecer una narrativa de los hechos delictivos sujetos a reproche al condenado en cita (hecho circunstanciado), exclusivamente manifestó lo siguiente:
"... Tlalnepantla, México; veinte de agosto de dos mil doce para resolver el toca **********, relativo a la carpeta administrativa **********, radicada en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, México, en contra de **********, por el hecho delictuoso de robo con modificativas agravantes por cometerse con violencia y por tratarse de un vehículo de motor, en agravio de **********, en el que el imputado interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia del veintiocho de junio pasado, dictada dentro de un procedimiento abreviado.
"Una vez que se han observado las videograbaciones remitidas y que se han analizado las constancias que integran el sumario, así como los agravios expresados por el sentenciado y previa la discusión correspondiente, de acuerdo a lo que dispone el artículo 415, párrafo tercero, del código procesal penal vigente, este Tribunal Colegiado advierte que el artículo 390 del mismo ordenamiento determina los requisitos que deben verificarse para la tramitación del procedimiento abreviado, dentro de los cuales destaca la parte final, que establece que el imputado renuncie a su derecho de exigir un juicio oral y acepte ser juzgado con los antecedentes recabados en la investigación. En la audiencia del veintiséis de junio pasado el agente del Ministerio Público solicitó que se tuvieran por reproducidos los datos de prueba a los que hizo referencia en la audiencia de control de detención del dos de febrero pasado, no existiendo oposición por parte del imputado y de su defensor, por lo que el Juez de control, tuvo por reproducidos los siguientes datos de prueba: La entrevista de los oficiales remitentes ********** y **********; el acta pormenorizada de inspección ministerial de persona uniformada y puesta a disposición; el oficio de puesta a disposición del imputado **********; el acta pormenorizada de inspección ministerial respecto de las armas y objetos presentados; el acta pormenorizada de inspección de vehículo; el acta pormenorizada de inspección ministerial de lesiones en el cuerpo del imputado; el informe del certificado médico expedido a favor de **********; la entrevista del denunciante **********; la de **********; el acta pormenor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24460-86a67e7a/sentencia-condenatoria-emitida-oralmente-en-la-audiencia-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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