RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. CUANDO EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE NO SE EFECTÚA EN LA FORMA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTO ES, ORALMENTE EN AUDIENCIA, SINO SÓLO POR ESCRITO, CON LA JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS PARTES NO SOLICITARON LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE AGRAVIOS ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 476 DEL PROPIO CÓDIGO, NI EL TRIBUNAL DE ALZADA LA ESTIMÓ NECESARIA, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 23/2022. 12 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ABEL AURELIANO NARVÁEZ SOLÍS. SECRETARIO: ENRIQUE ESPINOSA MADRIGAL.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Determinación.
Son fundados los agravios hechos valer por el quejoso, aunque para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que conduce a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que más adelante se precisarán.
Establecido lo anterior, para garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, el estudio del asunto se realizará de manera oficiosa, sin constreñir el análisis de la determinación reclamada a los planteamientos de la solicitante del amparo, pues la suplencia de la queja permite realizar un análisis integral, no obstante la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos.
Antecedentes.
Previo a realizar el análisis del acto reclamado, en confronta con los motivos de oprobio externados por el accionante del amparo, el Magistrado del Tribunal Unitario emisor del acto reclamado indicara (sic) la necesidad de tener en consideración los antecedentes generales del mismo, siendo éstos los siguientes:
1. Que fue materia de apelación la resolución dictada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, de veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, en la causa **********, y que en la continuación de la audiencia inicial emitió auto de vinculación a proceso a **********, **********, también conocido como ********** y **********, por su posible participación en el hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, previsto y sancionado en la fracción I del artículo 194, en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal, en concordancia con los arábigos 234 y 237 de la Ley General de Salud.
2. Que el hecho con apariencia de delito que se atribuye a los imputados, entre ellos, el quejoso, se hizo consistir en que aproximadamente a las cero horas con quince minutos del catorce de agosto de dos mil veinte, elementos del Quinceavo Batallón de la Guardia Nacional, en conjunto con elementos de la Defensa Nacional, detuvieron a **********, ********** y/o ********** y **********, en las coordenadas geográficas **********, de la carretera federal **********, tramo **********, a la altura del **********, a ********** y al ********** de la localidad denominada **********, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, porque en la cajuela del vehículo marca ***********, tipo sedán, modelo **********, color negro, con placas de circulación (trasera) **********, del Estado de Jalisco, transportaban 11.987 (once kilogramos y novecientos ochenta y siete gramos) del vegetal que de acuerdo con el dictamen respectivo se trata de cannabis sativa l., denominada comúnmente como marihuana, distribuida en tres bolsas de plástico transparentes, que a su vez se encontraban dentro de una bolsa de plástico negra, rota; asimismo, fueron encontrados en el espacio que se localiza en el soporte para jalar la puerta del copiloto, debajo de la manija, 2.2 (dos punto dos gramos) del vegetal llamado cannabis sativa l., conocido como marihuana.
3. Que dicho recurso de apelación se sustanció con motivo de los medios de impugnación que interpusieron, por una parte, el licenciado **********, en su carácter de defensor particular del imputado ********** y, por la otra, el licenciado **********, como defensor público federal de los imputados **********, también conocido como ********** y **********.
4. Que el Magistrado de Alzada, por resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, confirmó la diversa que emitió el Juez de Control, al considerar que los agravios hechos valer por las partes resultaban infundados.
5. Contra dicha determinación el quejoso promovió diverso juicio de amparo indirecto que, por cuestión de turno, tocó el conocimiento a este tribunal de amparo, y que se radicó bajo el número 30/2020, y que por sentencia de veinte de enero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********.
6. En cumplimiento a la misma, el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el seis de octubre de dos mil veintiuno emitió nueva resolución en los siguientes términos:
"Primero. Se confirma la resolución dictada en la causa penal **********, en la que se dictó auto de vinculación a proceso a **********, **********, también conocido como ********** y **********, por su posible participación en el hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, previsto y sancionado en la fracción I del artículo 194, en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal, en concordancia con los arábigos 234 y 237 de la Ley General de Salud."
Dicha resolución es materia del recurso que se estudia.
Ahora bien, de las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal **********, por el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, actuando como Tribunal de Alzada, deriva que al pronunciarse existió infracción a los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el Tribunal Unitario de Alzada responsable, dentro del referido toca penal, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la causa **********, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, actuando como Juez de Control, no celebró la audiencia pública que refiere el dispositivo 478 del citado código nacional; circunstancia que trastoca las formalidades esenciales del procedimiento del sistema penal acusatorio, cuyo mecanismo para emitir resoluciones fue creado a base de audiencias; de manera que la autoridad responsable no cumplió con las reglas del debido proceso en segunda instancia, lo que impide estudiar el fondo del asunto.
Lo anterior, ya que este Tribunal Colegiado, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que el Tribunal de Alzada no se encuentra facultado para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución del recurso de apelación y plasmar la resolución solamente por escrito, ni aun siquiera, en su caso, bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que el propio tribunal de segunda instancia no lo considerara necesario, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado.
Veamos; debe destacarse de manera primigenia que se viola en contra de la solicitante del amparo su derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 14 de la Ley Fundamental, al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento.
Ahora, a fin de evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto lo establecido por el artículo 14 constitucional que dice:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
En relación con las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude el precepto reproducido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, encontrándose entre ellas, la concerniente a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias constitucional y común, con número de registro digital: 200234, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
En ese orden de ideas, el numeral señalado con antelación dispone que nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Asimismo, el artículo 20 de la Constitución General de la República, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
En el mencionado dispositivo constitucional, interpretado conjuntamente con la legislación secundaria aplicable al caso, como principios generales del proceso se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones.
Así, de acuerdo con los artículos 475 a 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al trámite de la apelación, una vez interpuesto dicho medio de impugnación ordinario, el Tribunal de Alzada se debe pronunciar de plano sobre la admisión del recurso, debiendo citar a la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios respectiva cuando las partes interesadas así lo soliciten, o cuando el Tribunal de Alzada lo considere necesario, pudiendo durante el desarrollo de esta diligencia pedir aclaraciones sobre los planteamientos realizados en los escritos por los sujetos procesales, y así dictarse la resolución respectiva, ya sea de plano, en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.
Para comprender la relevancia de la oralidad en este nuevo proceso penal acusatorio adversarial, en adición al contenido constitucional, debemos invocar los artículos 4o., 5o., 63, 67, segundo párrafo, 478 y 479 del mismo cuerpo de leyes que disponen:
"Artículo 4o. Características y principios rectores.
"El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes.
"Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. ..."
"Artículo 5o. Principio de publicidad.
"Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código."
"Artículo 63. Notificación en audiencia.
"Las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este código."
"Artículo 67. Resoluciones judiciales.
"La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para cada caso.
"Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. ..."
"Artículo 478. Conclusión de la audiencia.
"La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma."
"Artículo 479. Sentencia.
"La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma."
De la interpretación sistemática de los preceptos constitucionales, así como de la ley secundaria invocados, se deducen varios aspectos a tomar en consideración al resolver la instancia de que se trata.
El primero de ellos es que la "oralidad" es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio, sin la cual no puede estimarse que se haga el dictado de alguna resolución en las audiencias; que tanto el imputado como la víctima u ofendido, o su representante, tienen legitimación procesal para apelar las sentencias en este procedimiento; las audiencias deben ser públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en el propio código nacional.
Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales serán dictadas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión (hayan comparecido o no), y que es facultad del tribunal de apelación revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y, en su caso, ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma.
Asimismo, de conformidad con el citado artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas en dos momentos:
a) De plano en esa misma audiencia, una vez escuchadas a las partes; o,
b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.
Como ya se expuso, este segundo supuesto identificado con el inciso b), no puede llevar al extremo de exentar al tribunal de apelación a no celebrar una audiencia, pues del texto integral del artículo 478 se advierte que en las dos hipótesis se debe desahogar una audiencia, aun cuando sólo en apariencia la resolución pueda dictarse en forma escrita, porque de una interpretación sistemática realizada a los dispositivos legales 4o., 5o., 63 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales –hecha excepción de las que expresamente señala el código nacional y en las que no se ubica este supuesto–, deben ser dictadas en forma oral, en las que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que les dan sustento, pues como ya se expuso, si el ordenamiento procesal en cuestión dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir (artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es inconcuso que las partes debían estar presentes; de ello da cuenta el contenido del precepto 57 ídem que dispone:
"Artículo 57. Ausencia de las partes.
"En el caso de que estuvieren asignados varios defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva.
"El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas.
"Si el defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor.
"Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su remplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato.
"En el caso de que el defensor, asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.
"Si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo.
"En caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente, o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones."
La disposición en cuestión resulta aplicable a la segunda instancia en la que se sustanció la apelación que culminó con la resolución controvertida en el juicio de amparo indirecto, porque se encuentra ubicada en el capítulo II, inherente a las disposiciones de las audiencias en general contempladas en el código nacional aplicable al caso, aunado a que el título referente a los recursos que contempla dicho ordenamiento no tiene una disposición específica para el desarrollo de las audiencias en alzada; de ahí que le resulten aplicables las disposiciones comunes antes aludidas.
Por otra parte, no podemos perder de vista el capítulo III, denominado "Resoluciones judiciales", en el que el precepto 67 del propio cuerpo legal mencionado, en lo conducente, señala: "En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo."
En este caso, la primera parte de la porción normativa transcrita le es aplicable a las resoluciones de apelación en segunda instancia, de la que se destaca que la versión escritural no puede exceder la exposición oral, de manera que de ese precepto podemos comprender que todas las decisiones jurisdiccionales vinculadas con las audiencias se encuentran aparejadas de un ejemplar escrito, que constituye una derivación de las consideraciones que hubiese aportado el órgano jurisdiccional al resolver, en cualquiera de los supuestos, sin que en el particular el tribunal de apelación se encuentre constreñido a emitir la pieza escrita dentro del plazo de veinticuatro horas a que alude dicho precepto legal, porque el diverso 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a que este instrumento lo emita dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia, resultando este plazo uno específico que contempló el legislador para asuntos en sede de apelación. Bajo ese orden de ideas, los dos supuestos que refiere el dispositivo legal 478 del citado cuerpo de leyes para resolver el recurso de apelación, representan únicamente momentos temporales diferenciados para emitir una sentencia sobre dicho medio de impugnación, y no formas distintas para su dictado, esto es, la porción que señala: "La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.", esta última parte no significa que el fin teleológico del creador de la norma haya sido exentar al tribunal de apelación de celebrar una audiencia para resolver el asunto, cuando todos los artículos examinados expresan la idea de dirimir controversias a través de audiencias públicas, y con la asistencia de las partes, sino que debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la emisión de la versión escrita es el de tres días de celebrada la audiencia correspondiente, en la que se debe expresar los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico jurídico a la decisión adoptada por el tribunal.
En esa tesitura, el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales constriñe a los titulares que conocen de un recurso a tener que dictar en audiencia pública la decisión que ellos emiten en ejercicio de sus funciones, fundando y motivando sus determinaciones, para comunicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido de la sentencia, debido a que el aludido precepto señala que las resoluciones dictadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes, incluso para quienes no asistan y estaban obligados a asistir, estableciendo la norma y mecanismos para agilizar el trámite de las diligencias, pues señala que en el caso de que estuvieren asignados varios defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva (artículo 57 del código nacional), pero también buscando garantizar que ambos contendientes se encuentren presentes; así, este dispositivo también establece que para el caso de incomparecencia del defensor, se entenderá abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado; y si se trata de la inasistencia del fiscal, igualmente se procederá a la sustitución por otro, no sin antes notificar dicha omisión al superior jerárquico para que designe a otro de inmediato; de tal forma que el conocimiento a los sujetos procesales de las consideraciones y fundamentos de lo resuelto en ellas (notificación), se lleve a cabo en ese mismo instante, de manera simultánea a todos los que comparecieron o debieron hacerlo así.
Por ello, la oralidad que se verifica en las audiencias no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad, sino que viene a formar parte de un requisito esencial que permite garantizar el derecho a un verdadero debido proceso que faculta a los intervinientes imponerse de lo ahí decidido, pero sobre todo a comprender, en un lenguaje sencillo y claro, el sentido de la resolución.
En ese sentido, no resulta viable analizar la resolución escrita cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista por el mencionado precepto 478, amén de que en el dictamen de reforma al artículo 20 constitucional, se sostuvo que un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito y, por ende, no se cumplirían las características del sistema penal acusatorio.
Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que de manera verbal emiten los Magistrados, debiendo contener ésta todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia, por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural, cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito, incluso no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la resolución oral.
Esta decisión, se insiste, contraviene lo previsto por los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que el Tribunal Unitario, actuando como autoridad de alzada, no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción a la "oralidad" que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho.
Ello es así, porque la autoridad responsable no llevó a cabo la audiencia pública respectiva, pues en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 77 a 80 del toca de apelación) resolvió:
"En tal virtud, se admiten los recursos, sin que ello implique la suspensión de la ejecución de la resolución combatida, en acatamiento al artículo 472, párrafo primero, del citado código.
"Cabe precisar que en el oficio de cuenta se informó que transcurrió el lapso otorgado a las partes para que se pronunciaran respecto a los puntos de disenso planteados.
"Atendiendo a que los intervinientes en la causa no expresaron interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los motivos de desacuerdo enunciados, y este tribunal no lo estima necesario, resulta inútil la celebración de la audiencia prevista en el artículo 477 de la legislación invocada, por lo que se emitirá por escrito la decisión que corresponda."
Lo resaltado no es de origen.
Ejecutoria dictada efectivamente sólo por escrito el veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 87 a 119 del toca de apelación), de la que destaca:
"III. Por auto de veintiocho de junio del año que transcurre este órgano jurisdiccional, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, mandó formar y registrar el presente toca, admitió el recurso, señalando que se expresaron agravios por parte de los recurrentes.
"Asimismo, como no se manifestó interés en exponer oralmente alegatos aclaratorios, ni este órgano impartidor de justicia lo estimó pertinente, se señaló que era inútil celebrar la audiencia respectiva; en tal virtud, ahora se dicta el presente fallo; y ..."
Lo destacado no es de origen.
En efecto, como se ha expuesto, la autoridad no se encuentra facultada para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente y plasmar la resolución solamente por escrito, ni aun siquiera, en su caso, bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés en exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que el propio Tribunal de Alzada no lo considerara necesario, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado.
No se desconoce que dentro del apartado inherente al trámite de la apelación, el artículo 476 del código nacional procesal aplicable establece:
"Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes.
"Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de Alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.
"El Tribunal de Alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso."
Del contenido de dicho precepto legal, se aprecia que existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser: a) Dentro de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o, b) Dentro de los cinco días después de admitido el recurso principal.
Ahora, con entera independencia de que en efecto existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, lo cierto es que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial.
De ahí que este artículo no puede constituir o representar una facultad conferida a los gobernados o a la autoridad para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión de la audiencia de alegatos aclaratorios, pero no para decidir si se dicta la resolución que resuelva el recurso de apelación en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del Código Nacional de Procedimientos Penales "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece el artículo 1o. del mismo cuerpo legal invocado.
Bajo ese tenor, válidamente se sostiene que existen dos tipos de audiencias:
- La de aclaración de agravios y,
- La de fondo.
Sin perjuicio de que en la primera, el Tribunal de Alzada pueda resolver de plano el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30743-54245782/recurso-de-apelacion-en-el-proceso-penal-acusatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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