APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA DETERMINAR SOBRE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES, EL TRIBUNAL DE ALZADA DE OFICIO DEBE ANALIZAR INTEGRALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL APELANTE SE INCONFORME SÓLO CON UNO DE LOS ASPECTOS DE ÉSTA, Y PLASMARLO EN LA SENTENCIA QUE EMITA PUES, DE LO CONTRARIO, VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL, EN SU VERTIENTE DE ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO.
AMPARO DIRECTO 115/2018. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO DIONISIO PÉREZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: ÁNGELES MARIELA VELÁZQUEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio de la sentencia reclamada.
I. Calificación de los conceptos de violación.
Los motivos de inconformidad que la parte recurrente formuló en contra de la resolución que se tilda de inconstitucional se advierten fundados, en suplencia total de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
II. Verificación de las constancias base del análisis constitucional.
Para dictar esta ejecutoria, se verificaron las actuaciones que por escrito figuran en la audiencia intermedia, el auto de apertura a juicio oral, causa de juicio oral y toca de apelación de referencia, también se realizó la reproducción, visualización y estudio de las diligencias registradas en las videograbaciones contenidas en los discos ópticos en formato "DVD", correspondientes a dichos expedientes, tomando en consideración que el asunto se ventiló conforme al procedimiento de tipo acusatorio, adversarial y oral.
III. Análisis respecto de las formalidades esenciales del procedimiento.
En los conceptos de violación el quejoso afirma que se vulneró en su perjuicio el artículo 14 constitucional, respecto de las formalidades esenciales del procedimiento, pero sin expresar argumentos relacionados con infracciones de ese tipo.
Al respecto, el Más Alto Tribunal de Justicia de este País ha determinado que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, y por tales debe entenderse: (i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, (v) la potestad de impugnar dicha resolución.(22)
No obstante, este tribunal no advierte violación a las formalidades esenciales del procedimiento, referidas en el párrafo segundo de dicho numeral, pues al revisar las constancias escritas y las actuaciones registradas en las videograbaciones relativas a la audiencia intermedia, el auto de apertura a juicio oral, causa de juicio oral y toca de apelación, constató que se respetaron tales exigencias procesales.
En efecto, pues en la audiencia intermedia la fiscalía formuló acusación contra el quejoso por el hecho delictuoso por el cual le fue dictado el auto de vinculación a proceso; el amparista tuvo la oportunidad de controvertir la acusación ministerial, porque a través de su defensa expuso los vicios formales advertidos en la misma y ofrecieron pruebas para sostener su teoría del caso, cerrado el debate sobre su ofrecimiento y admisión, el Juez de Control dictó el auto de apertura a juicio oral, donde se precisaron las probanzas admitidas; por tanto, el quejoso conoció la acusación formulada en su contra, además de que se respetó su oportunidad de ofrecer medios de convicción.
En la audiencia de juicio las partes expusieron sus alegatos de apertura y su teoría del caso, se procedió al desahogo de las pruebas admitidas, en las que el quejoso tuvo la oportunidad de alegar por conducto de su defensa, de contrainterrogar a los testigos que depusieron en su contra y de formular alegatos de clausura, por lo que el quince de agosto de dos mil diecisiete, el Juez del tribunal de enjuiciamiento emitió la sentencia correspondiente.
Inconforme con dicha resolución, la defensa de ********** interpuso el recurso de apelación, del que conoció el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el que mediante sentencia definitiva dictada en audiencia de diez de noviembre siguiente, confirmó la resolución de primera instancia, lo que denota que se respetó la potestad del quejoso a impugnarla.
Del desarrollo de la audiencia de apertura a juicio oral y de juicio, se desprende que se observaron a favor del quejoso las prerrogativas que establece el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enmarcan las consecuencias derivadas del procedimiento seguido en su contra, dentro de ellas, designar defensor tanto de oficio como particular, en cada etapa del juicio, incluso en la segunda instancia, por lo que siempre contó con asistencia técnica, pues los profesionistas que lo orientaron acreditaron ser licenciados en derecho. Por otro lado, se le hicieron saber sus derechos constitucionales, entre ellos, el de declarar, optando por hacerlo, pues confesó de manera lisa y llana su participación en el ilícito que se le atribuye, en los términos expuestos por la fiscalía.
En ese tenor, resulta incuestionable que no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, y que al respetarse los requisitos señalados, se cumplió con el fin de la garantía de audiencia, por lo que adverso a lo que señala, no se vulneraron en perjuicio del impetrante los derechos fundamentales previstos en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Verificación del cumplimiento del derecho a un recurso efectivo.
Como se adelantó, en suplencia total de la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) y último párrafo de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal, donde el quejoso tiene el carácter de sentenciado, este tribunal considera que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el derecho humano de tutela judicial a un recurso efectivo, que prevén los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para arribar a esa conclusión, en principio, como se asentó en los antecedentes de esta controversia, debe tenerse presente que el Juez del tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el quince de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia definitiva en la causa de juicio oral **********, en la que estimó a **********, penalmente responsable en la comisión del delito de robo con modificativa (agravante de haberse cometido en interior de casa habitación utilizando en su ejecución la violencia), imponiéndole las penas privativa de libertad y multa, sustituible por jornadas de trabajo o confinamiento, lo absolvió del pago de la reparación del daño, determinó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como su amonestación pública, le negó la obtención de beneficios y los sustitutivos de la pena de prisión.
Contra dicha determinación, el quejoso interpuso el recurso de apelación, por su desacuerdo expreso con los aspectos relativos a la individualización de las penas.
En la sentencia reclamada se compartió el criterio sostenido en la de primera instancia, y se limitó a contestar los agravios expuestos por el recurrente, los cuales el tribunal de alzada sintetizo de la siguiente manera:
• Que le causa agravio la sentencia recurrida, partiendo del principio de presunción de inocencia y de la obligación que tiene el Juez de realizar una exhaustiva investigación de los hechos que se ponen de su conocimiento, para recabar las pruebas que sean aptas y suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del justiciable, a fin de ejercitar la acción penal.
• Que la sentencia dictada en su contra es violatoria de sus derechos fundamentales de libertad, legalidad y seguridad, porque el Juez debe examinar con racionalidad los medios de prueba desahogados en juicio y concluir si se justifica la existencia del hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, tomando como normas rectoras la legalidad, la ponderación, la proporcionalidad y lo necesario para el dictado de una sentencia.
• Que el a quo dictó sentencia condenatoria sin estar debidamente fundada y motivada, pues en el particular reconocí los hechos como los planteó en su escrito de acusación el Ministerio Público, con el único objeto de hacerme acreedor a los beneficios legales que tuvo bien a concederme el Juez, conforme al artículo 58 del Código Penal; sin embargo, dicha aceptación de la responsabilidad en el ilícito que se me atribuye, no constituye una prueba plena, por lo que debió haber estudiado todos y cada uno de los medios de prueba desahogados en juicio.
• Que la individualización de la pena también carece de fundamentación y motivación, pues el Juez tomó como base los medios de prueba desahogados en juicio, de los que se desprende que si bien la víctima del delito hizo referencia que fue amagada con un arma de fuego, su dicho se encuentra aislado, en virtud de que la testigo presencial ********** no hizo referencia a esa circunstancia, aunado a que las manifestaciones de la víctima, relativas a que recibió golpes de parte del imputado, tampoco se encuentran corroboradas, en virtud de que del certificado médico y al comparecer la perito, no refirió que la testigo hubiera presentado lesiones en la cara, razón por la cual, fue incorrecto que el a quo lo ubicara en un término medio, ya que los medios de prueban señalan que la víctima no corrió un daño grave; consecuentemente, debió ubicar al recurrente en un grado de culpabilidad mínimo.
• La declaración del sentenciado debe considerarse como una confesión lisa y llana para efectos del beneficio del artículo 58, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de México.
Lo anterior evidencia que el quejoso expuso agravios por la afectación que estima le causa la sentencia de primera instancia, en lo que atañe a la individualización de sanciones, específicamente, lo concerniente a la reducción de la pena con motivo del pago espontáneo de la reparación del daño, su confesión lisa y llana, así como la negativa de beneficios y sustitutivos de la pena de prisión.
Ahora bien, en el considerando II de la sentencia reclamada, el tribunal de alzada indicó:
"Objeto y alcance del recurso. En términos de lo que disponen los artículos 479 y 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el recurso de apelación tiene como objeto confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada o bien ordenar la reposición del acto que dio lugar en caso de violaciones al debido proceso o a los derechos fundamentales de las partes. Examen que ha de practicarse como lo establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que el tribunal de alzada no podrá extender el examen de la resolución recurrida a cuestiones no planteadas en los agravios formulados por el inconforme o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales que deba repararse de oficio.
"De ahí que este Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, se ceñirá únicamente a lo planteado por el sentenciado **********, en su escrito de expresión de agravios."
Y, en el considerando III, argumentó:
"Prohibición para el tribunal de alzada. En razón de que el presente recurso de apelación fue interpuesto por el sentenciado, y toda vez que ninguna de las partes intervinientes se adhirió al mismo, posteriormente de haber analizado los agravios expuestos por escrito, éstos serán los únicos que podrán ser solventados, quedando restringido para este tribunal de alzada extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado, esto es, de conformidad con el artículo 461 del código nacional procesal en vigor."
En el considerando IV, entre otras consideraciones, expuso:
"Violaciones a derechos fundamentales. En relación con lo anterior, es necesario examinar cuestiones de debido proceso, así como posibles actos violatorios de derechos humanos que pudieran haberse cometido en detrimento de las partes intervinientes en el proceso; en consecuencia, a fin de tutelar los derechos fundamentales, tanto de las víctimas como del sentenciado, se tuvieron a la vista las constancias relativas a la resolución que dio motivo al presente recurso de apelación, mismos que fueron reproducidos y analizados con detenimiento. En este tenor, siendo la sentencia definitiva pronunciada en contra de **********, de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, lo que causa molestia a la parte recurrente, resulta necesario constatar que dicho acto se haya cumplido (sic) con lo señalado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 348, 354, 391, 394, 399, 400, 401 y 409, los cuales establecen lo siguiente:
"‘Artículo 348. Juicio.
"‘...’
"‘Artículo 354. Dirección del debate de juicio.
"‘...’
"‘Artículo 391. Apertura de la audiencia de juicio.
"‘...’
"‘Artículo 394. Alegatos de apertura.
"‘...’
"‘Artículo 399. Alegatos de clausura y cierre del debate.
"‘...’
"‘Artículo 400. Deliberación.
"‘...’
"‘Artículo 401. Emisión de fallo.’
"‘Artículo 409. Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
"‘...’
"Por tanto, este tribunal de alzada, una vez que ha examinado las videograbaciones que contienen el desahogo de las audiencias intermedia y de juicio, advierte que no se vulneraron los derechos humanos reconocidos a favor del sentenciado **********, tanto a nivel nacional como internacional y se dio cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, al tenor de lo siguiente:
"En primer lugar, debe precisarse que no fue vulnerado el principio de presunción de inocencia contemplado por los artículos 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, número 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XXVI, del capítulo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 8, número 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el sentenciado en todo momento fue considerado como probable responsable, hasta que las pruebas desahogadas durante la audiencia de juicio acreditaron lo contrario.
"Asimismo, esta alzada advierte que en todo momento se respetó el derecho a declarar o guardar silencio del sentenciado, según se advierte de las audiencias materia de estudio, en las que manifestó lo que a su interés convino, e incluso en fecha siete de julio del año dos mil diecisiete, emitió su declaración ante el Juez de enjuiciamiento, asistido por su defensor privado, con lo cual se da cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 9, número 2 y 14, número 3, inciso g), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, 5 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8, números 1 y 2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Por otro lado, este tribunal considera que a favor del sentenciado se cumplió con el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, lo cual se desprende de las audiencias que son materia de estudio, pues en éstas tanto el Juez de Control como el Juez de tribunal de enjuiciamiento, le hicieron saber cuáles eran los hechos que se le imputaban y que conformaban el delito de robo con modificativa (agravante de haberse cometido a interior de casa habitación utilizando en su ejecución la violencia), así como los derechos que como imputado y acusado le asistían; con lo cual se tiene por satisfecho lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en los numerales 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7, número 4, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 14, número 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"De igual forma, se advierte que el derecho a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es conforme con lo dispuesto en el artículo 8, número 2, incisos c) y f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, número 2, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue debidamente cumplido a favor del sentenciado, toda vez que de las etapas en estudio, se aprecia que la Juez de Control, en la audiencia intermedia, tuvo por admitidas las probanzas ofrecidas por la defensa privada de **********, las cuales fueron debidamente desahogadas durante el juicio.
"En lo tocante a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que el derecho en éste consagrado se actualiza, cuenta habida que el sentenciado fue juzgado en audiencia pública, misma que se desahogó el quince de agosto del año dos mil diecisiete.
"...
"En otro orden de ideas, debe ponderarse que el derecho del sentenciado de contar con una defensa adecuada, por abogado defensor de su elección o asignado por el Estado, fue debidamente satisfecho, toda vez que durante el desahogo de las audiencias intermedia y de juicio, materia de estudio, se advierte que el sentenciado en todo momento estuvo asistido por el profesionista que designó para tal fin, nombramiento que recayó en licenciados en derecho, cuya calidad quedó acreditada con la patente que exhibieron para ello, y de la cual el juzgador dio fe de su existencia, con lo cual se da cumplimiento a la realización material de la defensa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es conforme con lo dispuesto en el artículo 8, número 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14, número 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios 13 y 17 del Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
"Finalmente, acorde con lo establecido por el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la prisión preventiva del acusado no fue prolongada por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil, pues no existe prueba que así lo acredite, ni tampoco dicha prisión excedió del tiempo que como máximo fija la ley al hecho delictuoso que motivó el proceso.
"De tal suerte que este tribunal de alzada considera que en el presente asunto se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento y garantías judiciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en los preceptos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 10, número 1, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, 10, 11, número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 1, 10, 11, 14, 13, 17, 36 y 39 del Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, por lo que se puede advertir que no se violaron los derechos humanos del sentenciado.
"...
"De lo anterior, este ad quem advierte y reitera que el desarrollo de todas las audiencias de juicio oral, se realizaron en términos de ley, respetándose en todo momento los derechos de las partes intervinientes, así como los principios rectores de este sistema procesal penal de corte acusatorio."
Finalmente, el tribunal de alzada se pronunció sobre los agravios propuestos por el recurrente, declarándolos infundados, al estimar que el Juez de primera instancia fue asertivo al dictar su resolución y, como consecuencia de ello, confirmó la pena privativa de la libertad y multa impuestas, los sustitutivos de esta última por jornadas de trabajo en favor de la comunidad o confinamiento y la suspensión de derechos políticos y civiles.
Sin embargo, el tribunal de alzada determinó no reproducir o hacer propios los diversos temas de la sentencia de primera instancia, relativos a la acreditación del delito y la responsabilidad penal, pues en su considerando segundo adujo que la revisión de la sentencia se efectuaría de conformidad con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, al tenor de los agravios expuestos en los motivos de inconformidad hechos valer, lo que permite entender que tales extremos quedaron firmes y en esos términos en la sentencia recurrida, no realizó su estudio.
De donde se tiene que la autoridad de apelación únicamente se pronunció sobre los agravios expresados por el recurrente y consideró que no se vulneraron los derechos humanos del sentenciado, pero no hizo referencia alguna sobre el acreditamiento del delito y la responsabilidad penal de **********, menos aún justificó el por qué pese a haber confesado los hechos y realizado el pago de la reparación del daño, fue correcto que se le ubicara en un grado medio de culpabilidad, pese a que ello fue materia de inconformidad por parte del recurrente.
Con base en ello, este tribunal estima que la sentencia reclamada no se ajusta a derecho, pues al resolver el recurso de apelación, el tribunal de alzada únicamente se constriñó a pronunciarse sobre lo manifestado en los agravios por el recurrente, sin realizar el análisis oficioso integral de la sentencia emitida por la Juez del tribunal de enjuiciamiento, proceder que resulta violatorio del derecho humano a un recurso efectivo.
Cierto, el acto reclamado vulnera derechos humanos del quejoso, en razón de que el tribunal de alzada responsable se limitó a dar respuesta únicamente a los agravios planteados, no obstante que se encontraba obligado a realizar el estudio de la resolución de primera instancia en su integridad, con independencia de que el apelante se hubiere inconformado sólo con algunos de los aspectos de dicha sentencia –lo que en la especie aconteció–.
Ello, pese a que el legislador federal le confirió potestad para hacer valer y reparar de oficio a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales, encomienda que no podría cumplirse si se estimara legal la posibilidad de omitir el análisis de los aspectos esenciales que conforman una sentencia en materia penal.
Al respecto, el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"A. De los principios generales:
"I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen."
Asimismo, el numeral 2o. del Código Nacional de Procedimientos Penales establece:
"Artículo 2o. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."
Del contexto constitucional y legal destacados, se tiene que el respeto a los derechos fundamentales de las personas, obliga al tribunal de alzada que conozca del recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva dictada en el sistema de justicia penal acusatorio, a efectuar el estudio oficioso de los temas esenciales, como lo son: la demostración de los elementos del delito, la acreditación de la responsabilidad penal del acusado, así como lo relativo a la individualización de sanciones y reparación del daño, para constatar si existe o no violación en esos aspectos, aun cuando el sentenciado no los hubiere alegado en sus agravios, pues sólo de ese modo, esto es, examinando exhaustivamente el actuar del tribunal de enjuiciamiento, estaría en aptitud de constatar la existencia o inexistencia de violaciones a derechos fundamentales del sentenciado, lo cual conlleva la necesidad de plasmarlo en la resolución que se emita, pues la sola mención de haber efectuado el análisis integral de la determinación apelada, no basta para brindar certeza jurídica a los enjuiciados.
Además, no puede soslayarse que a través del recurso de apelación, la parte afectada solicita seguridad jurídica en la decisión del Juez inferior y, para ello, el tribunal de alzada debe revisar de manera integral la resolución puesta a su consideración.
En este tenor, el artículo 17 de la Constitución Federal expresa:
"Artículo 17. ...
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."
El artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:
"Artículo 8. Garantías Judiciales.
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
"h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior."
El artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone lo siguiente:
"Artículo 14. ...
"2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley."
Ahora bien, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
En ese sentido, el derecho de toda persona a un recurso debe ser entendido de forma integral, esto es, que el medio ordinario de defensa debe ser sencillo, rápido y efectivo.
En relación con estas garantías, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, en su sentencia de dos de julio de dos mil cuatro (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), lo siguiente:
"158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un Juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.
"...
"161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un Juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que ‘no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces’, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.
"...
"165. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una (sic) examen integral de la decisión recurrida.
"166. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos concluyó:
"...que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia sentencia de casación, limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5, (sic) artículo 14 del Pacto.(23)
"167. En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inf
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28193-1be11c38/apelacion-en-el-sistema-penal-acusatorio-para-determinar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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