RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONFORME A LA INTERPRETACIÓN AMPLIA Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 461 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL TRIBUNAL DE ALZADA, AL RESOLVERLO, DEBE CORREGIR DE OFICIO LAS DECISIONES CONTRARIAS A DERECHO, AUN TRATÁNDOSE DE VIOLACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS QUE ADVIERTA A DERECHOS FUNDAMENTALES. RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE ANALIZARÁN CONSIDERACIONES "DISTINTAS A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA", ES CONTRARIO AL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRAN LOS DERECHOS A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE RECURSO EFICAZ Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE. RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA REVISE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADA DIRECTAMENTE POR EL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.
RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONFORME A LA INTERPRETACIÓN AMPLIA Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 461 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL TRIBUNAL DE ALZADA, AL RESOLVERLO, DEBE CORREGIR DE OFICIO LAS DECISIONES CONTRARIAS A DERECHO, AUN TRATÁNDOSE DE VIOLACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS QUE ADVIERTA A DERECHOS FUNDAMENTALES.
RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE ANALIZARÁN CONSIDERACIONES "DISTINTAS A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA", ES CONTRARIO AL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRAN LOS DERECHOS A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE RECURSO EFICAZ Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE.
RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA REVISE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADA DIRECTAMENTE POR EL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.
AMPARO DIRECTO 20/2016. 12 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIRZA ESTELA BE HERRERA. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS ORDUÑA AGUILERA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Contestación a los conceptos de violación.
Previo al análisis de los motivos de inconformidad, es relevante precisar los hechos materia de imputación, los cuales se tuvieron por acreditados en las sentencias de primera y segunda instancias por el Juez de la causa y la autoridad responsable.
Al analizar el caudal probatorio, la autoridad responsable tuvo por acreditados los siguientes hechos penalmente relevantes:(20)
"Por lo que se llega a la determinación de que **********, es la persona que, aproximadamente a las veintitrés horas del día veintinueve de junio del año dos mil catorce, por las calles **********, lesionó al hoy agraviado **********, con un objeto contundente consistente en un tubo, ocasionándole fractura en el brazo derecho, la lesión que deja deformidad, al dejar hundimiento de afuera hacia dentro en forma de concavidad, que deja limitación a los movimientos, a la flexión, sin fuerza de contracción; lesión que deja deformidad permanente, y que con tratamiento puede disminuir pero no al cien por ciento, resultando incorregible en su totalidad, que no quedaría funcional en su totalidad, generando incapacidad e inmovilidad del miembro afectado, al haber recibido un golpe extremo."
Las pruebas con las que el Juez oral penal de primera instancia acreditó los hechos mencionados con antelación, son los siguientes:
- Testimonio del perito médico **********, quien sustancialmente manifestó, de forma sustancial, (sic) que el treinta de junio de dos mil catorce la víctima presentaba en el brazo derecho, exactamente en el húmero derecho, una férula y que con base en la radiografía, encontró una fractura desplazada de la parte proximal y media del húmero derecho; además, precisó que la fractura fue un desplazamiento, no una fractura con minuta en un sentido de que estaba hecha pedacitos; que la lesión fue ocasionada por un objeto extraño totalmente sólido y con una fuerza de masa externa que haya roto el propio estrés del mismo hueso. Aunado a lo anterior, señaló que la lesión podría llegar a una sanidad total con los cuidados necesarios y que puede haber complicaciones, pero en un sentido inmunológico, como el sida, que evite una adecuada cicatrización. Precisó que el grado de traumatismo era un desplazamiento y podía haber una sanidad total.
- Testimonio de la médico **********, quien de forma sustancial refirió que, la lesión es de las que dejan deformidad, al dejar hundimiento de afuera hacia adentro en forma de concavidad, que deja limitación a los movimientos, a la flexión, sin fuerza de contracción; señalando que esa lesión deja deformidad permanente, y que con tratamiento puede disminuir, pero no al cien por ciento; que es incorregible en su totalidad, que no quedaría funcional en su totalidad, que la lesión genera la incapacidad e inmovilidad del miembro afectado, al haber recibido un golpe extremo. Que la lesión de fractura que presentó el agraviado consistió en un traumatismo por objeto contundente severo que fracturó el hueso húmero, agregando que éste es uno de los huesos más fuertes. Asimismo, señaló que con tratamiento la deformidad puede disminuir, pero no puede corregirse al cien por ciento. Precisó que la funcionalidad se puede corregir, pero la deformidad todavía queda, en menor porcentaje, pero queda. Añadió que el traumatismo fue por objeto contundente y que el grado fue severo porque le causó fractura en el hueso. Adicionó que la fractura de los huesos puede ser corregible, pero no se resuelve en su totalidad, se corrige la fractura, pero la funcionalidad del órgano no se corrige en su totalidad.
- Testimonio de **********, quien señaló que el día de los hechos, un sujeto que conducía un taxi se bajó del mismo y tenía agarrado un tubo con el cual agredió a la víctima en el brazo derecho.
- Testimonio de **********, quien manifestó que, el día de los hechos se encontraba platicando con el agraviado cuando de repente se paró un taxi **********, con número **********, del cual descendieron varias personas, que el chofer tenía un tubo, quien le dio un golpe con el referido objeto en el brazo derecho. De igual forma, precisó que identificó al hoy quejoso por unas fotos que le presentó un agente del Ministerio Público y precisó que quien le puso las fotografías fue un hombre, no la agente del Ministerio Público que firmó la diligencia.
- Testimonio de **********, quien manifestó que, el día de los hechos iba en la parte trasera de una motocicleta, la cual era conducida por su cuñado **********, que al encontrarse un amigo (sic).
Anteriores hechos probados que tanto el Juez de la causa como la autoridad responsable consideraron que eran constitutivos del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 98, 100, fracción III, 103, 106, párrafo tercero (sic), todos del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, que son del tenor siguiente:
"Artículo 98. Bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa."
"Artículo 100. Las lesiones que no pongan en peligro la vida, cualquiera que sea su tiempo de duración, serán penadas:
"...
"III. De dos a nueve años de prisión y multas de treinta a ciento veinte días multa, si producen la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro, órgano o facultad, o causen una enfermedad segura o probablemente incurable o deformidad incorregible, o incapacidad por más de un año permanente para trabajar.
"Si se produjeren varios de los resultados previstos en este artículo solamente se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad.
"Si las lesiones a que se refiere ese artículo ponen en peligro la vida, las penas correspondientes se aumentarán hasta una mitad más."
"Artículo 103. Cuando las lesiones sean calificadas, en los términos del artículo 106, la pena correspondiente a las lesiones simples se aumentará hasta en dos terceras partes.
"A quien cause lesiones a otra persona por su condición de género se le impondrá la pena correspondiente al delito de lesiones calificadas."
"Artículo 106. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados:
"I. Cuando se cometen con premeditación, alevosía, ventaja o traición;
"Hay premeditación, cuando el agente ha reflexionado sobre la comisión del delito de homicidio o de lesiones que pretenda cometer.
"Hay ventaja cuando el agente no corre el riesgo de ser muerto, ni lesionado por la víctima o el ofendido."
Precisado lo anterior, se analizan los motivos de inconformidad que serán analizados en el orden de los temas en ellos planteados (sic).
1. Omisión de reproducir los alegatos de clausura como primer agravio.
En la primera parte de los conceptos de violación, reclama el quejoso que le solicitó a la autoridad responsable que tuviera por reproducidos los alegatos de clausura en el apartado respectivo de escrito de agravios y los tomara en consideración como primer agravio, situación que no fue atendida.
Es infundado el concepto de violación.
Se afirma lo anterior, ya que de una revisión integral del escrito de agravios, no se desprende que el apelante, aquí quejoso, haya hecho la solicitud que menciona.
En efecto, de una revisión del escrito de agravios presentado en forma electrónica por el quejoso, se desprende que en su primera hoja contiene los datos de identificación y la interposición formal del recurso.
Asimismo, identificado como inciso a), realiza un análisis del cumplimiento de la temporalidad de la interposición del recurso que se extiende hasta la tercera hoja. Posteriormente, bajo los incisos b) y c), analiza la forma de interposición del recurso y la parte impugnada de la resolución recurrida.
Finalmente, en el resto del escrito, el quejoso expone cuatro agravios, en los que en ninguno de ellos hace referencia a los alegatos de clausura, como más adelante se verá.
En ese sentido, es claro que, contrario a lo que sostiene el peticionario de amparo, no es verdad que haya solicitado a la autoridad responsable que tuviera por reproducidos los alegatos de clausura en el apartado respectivo de escrito de agravios, y los tomara en consideración como primer agravio, pues en ninguna parte de su escrito se advierte una solicitud de esa naturaleza.
Por tanto, la autoridad responsable no estaba obligada a analizar de oficio dichos alegatos de clausura a manera de agravios.
Sin que pase desapercibido para este órgano colegiado que el escrito de agravios consta de veinte hojas y que en la última de ellas termina con la cita de precedentes de una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, que no contiene como comúnmente se acostumbra un cierre del escrito en el que se hagan peticiones y se contenga la firma.
Sin embargo, por requerimiento de este órgano colegiado, se le solicitó a la autoridad responsable que precisara si el escrito de agravios estaba completo o le faltaban hojas, a lo cual se hizo la certificación de once de abril de dos mil dieciséis, en la que se hizo constar que así se recibió el escrito respectivo.
Lo anterior como se desprende de la siguiente transcripción:
Se suprime imagen
En ese sentido, se tiene plena certeza de que el escrito de agravios presentado por el quejoso vía electrónica consta de veinte hojas, en las cuales no hizo la solicitud de analizar los alegatos de clausura como primer agravio; de ahí lo infundado del concepto de violación.
2. Omisión de analizar agravios.
En otra parte de los conceptos de violación, el recurrente afirma que la autoridad responsable soslayó los argumentos de hecho y de derecho expuestos en los agravios de su recurso de apelación.
Lo anterior, ya que en los agravios se reclamó, esencialmente, lo siguiente:
a) Que no se debió tener por acreditada la calificativa prevista en el artículo 100, fracción III, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, ya que el perito de apellido Aragón, estableció que con los cuidados necesarios, la lesión que sufrió el pasivo sí tiene curación total; luego entonces, la deformidad que presenta no es por la lesión que supuestamente se le ocasionó, sino por la falta de cuidado.
b) Que el señalamiento que hicieron a su persona los testigos de cargo, mediante fotografía, fue ante un agente del Ministerio Público varón; sin embargo, la diligencia respectiva aparece firmada por una mujer.
Además, afirma que la responsable, al emitir su acto citó la tesis XVII.1o.P.A.18 P (10a.),(21) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, y señaló que no la desconocía; sin embargo, lo cierto es que no atendió a dicho criterio, el cual es de aplicación análoga al sistema de justicia penal acusatorio. Dicha tesis es del tenor siguiente:
"INMEDIACIÓN. ESTE PRINCIPIO NO IMPIDE REVISAR SU RACIONALIDAD EN CUANTO A LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES AL JUICIO, YA SEA EN LOS RECURSOS DE ALZADA O EN EL JUICIO DE AMPARO, COMO CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS, AL DERECHO DE MOTIVACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El concepto de inmediación en relación con su efecto en cuanto a la legalidad del juicio sobre los razonamientos de los hechos y el juicio de valor, se puede entender que la motivación no está al margen de las sentencias del sistema acusatorio adversarial, como principio previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no es posible, so pretexto de privilegiar la inmediación, que en el recurso de alzada o en el juicio de amparo, no sea revisable la percepción de los hechos por el juzgador que recibió directamente las pruebas, porque ello es insustituible; pues con esa falacia, se encubre una valoración de íntima convicción y evita motivar las sentencias judiciales, entendidas éstas como su justificación y, por ende, no permite realizar su control racional. La motivación del juicio sobre los hechos, si bien se da en un primer momento a través de la contradicción, ex post puede controlarse a través de la justificación de la sentencia, la cual constituye el objeto del derecho contenido en el artículo 16 constitucional, siendo su función principal, hacer posible un control posterior sobre las razones presentadas por el Juez como fundamento de la decisión, del cual no existe ningún impedimento, pues las audiencias son videograbadas e integradas como constancias a los expedientes. La distracción del juzgador puede suceder tanto en el juicio, por cansancio u otras condiciones personales, o en las instancias revisoras, al reproducir las videograbaciones para su estudio, pero ello no es razón para prescindir de la revisión de los juicios sobre los hechos y de su valor jurídico emitidos en primera instancia. Si carecieran de control, la videograbación sería innecesaria. Es decir, el control de la motivación se realiza analizando el razonamiento justificativo mediante el que el Juez muestra que la decisión se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable. Además, la motivación permite el control de la discrecionalidad del Juez en la utilización y valoración de las pruebas, toda vez que la motivación debe dar cuenta de los datos empíricos asumidos como elementos de prueba, de las inferencias que partiendo de ellos se han formulado y de los criterios utilizados para extraer sus conclusiones probatorias; debe dar cuenta también, de los criterios con los que se justifica la valoración conjunta de los distintos elementos de prueba, así como de las razones que fundamenten la elección final para que la hipótesis sobre el hecho esté justificada. Por otra parte, el deber de motivar la valoración de la prueba obliga a confrontarse con ella en una clave de racionalidad explícita; de ahí que, conforme al nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Chihuahua, el principio de inmediación no impide que se revise su racionalidad en cuanto a las pruebas aportadas por las partes al juicio, ya sea en los recursos de alzada o en el juicio de amparo, como cumplimiento, entre otros, al derecho de motivación."
En ese sentido, afirma que al no haberse pronunciado al respecto, se violentaron en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
En apoyo a su concepto de violación, citó la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/12 (10a.),(22) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de título, subtítulo y texto siguientes:
"RECURSO DE APELACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AL RESOLVERLO EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ OBLIGADO A ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA LITIS E INCLUSO CUESTIONES NO PROPUESTAS POR EL RECURRENTE EN SUS AGRAVIOS PARA ANULAR LOS ACTOS QUE RESULTEN CONTRARIOS A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PUES NO HACERLO IMPLICA UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PARTES [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 18/2012 (10a.)]. Según la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 420, del Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).’, en el sistema jurídico mexicano actual, por virtud de la reforma al artículo 1o. constitucional, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, están facultadas y obligadas en materia de derechos humanos a realizar control de constitucionalidad y de convencionalidad, sin dejar de ver que la diferencia estriba en la asignación de los efectos del estudio relativo a la contradicción entre la Constitución, los tratados internacionales y la ley cuya constitucionalidad se controla, ya que los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme a la Constitución o a los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades del Estado Mexicano sólo podrán desaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Carta Magna o a los tratados internacionales. Por lo anterior, tratándose de los recursos en el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Chihuahua, como el de apelación, el tribunal de alzada fue dotado de facultades para calificar la actuación de las autoridades judiciales sujetas a su potestad, bajo la consideración de que debe analizar oficiosamente la litis para anular los actos que resulten contrarios a los derechos fundamentales, destacándose que esa obligación otorgada a la Sala encierra, incluso, la posibilidad de examinar cuestiones no propuestas por el recurrente en sus agravios, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que deba realizarse el estudio correspondiente, pues no hacerlo implica una violación grave de derechos humanos, ya sea por retrasar la resolución del juicio o por originar una afectación que cause que no pueda conocerse la verdad o que la sentencia logre su objetivo, porque la violación por acción o por omisión de los derechos de las partes en el procedimiento penal, frustraría el dictado de una sentencia razonable, que es lo que espera la sociedad; por ello, la omisión del estudio ex officio de la litis en el procedimiento penal, produce una violación que puede trastocar los derechos humanos de las partes."
Son parcialmente fundados los conceptos de violación, suplidos en su queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.(23)
Se afirma lo anterior, ya que la Sala responsable se pronunció por algunos agravios y omitió pronunciarse respecto de otros sobre algunos de los agravios (sic) hechos valer.
En efecto, los artículos 458, 461, 468, fracción II, 471, 477 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen, en relación con la apelación, lo siguiente:
"Artículo 458. Agravio
"Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo.
"El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio."
"Artículo 461. Alcance del recurso
"El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.
"Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente."
"Artículo 468. Resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables
"Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el tribunal de enjuiciamiento:
"...
"II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso."
"Artículo 471. Trámite de la apelación
"El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva.
"En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes.
"En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas.
"Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido.
"Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo.
"Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de alzada."
"Artículo 477. Audiencia
"Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio.
"En la audiencia, el tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos."
"Artículo 479. Sentencia
"La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.
"En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al tribunal de enjuiciamiento competente."
De los anteriores preceptos legales se desprende que el recurso de apelación es un medio ordinario de defensa previsto para las resoluciones que pudieran causar agravio a las partes.
Asimismo, que en el recurso de apelación el recurrente deberá expresar los agravios en el escrito de interposición, en los cuales exprese las razones por las cuales le causa perjuicio la resolución combatida.
De igual forma, que el tribunal revisor sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos de que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado; sin que esté obligado a dejar constancia cuando no encuentre violaciones de esa índole.
No obstante lo anterior, también se prevé que en la apelación en contra de la sentencia definitiva sólo se podrán analizar las consideraciones distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien, aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.
Por último, en la sentencia que recaiga al recurso de apelación, se confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien, ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma, para lo cual el tribunal de alzada deberá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes.
En ese sentido, se concluye de la interpretación literal de los artículos 458, 461, 468, fracción II, 471, 477 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya transcritos, que la segunda instancia en el juicio penal oral, se abre preponderantemente para resolver agravios, respecto de los cuales la autoridad de apelación tiene la obligación de pronunciarse, sin ir más allá de los límites del recurso, con las siguientes salvedades:
a) En caso de advertir actos violatorios de derechos fundamentales, está obligada a pronunciarse al respecto, a pesar de que no exista agravio de por medio.
Al respecto, este órgano colegiado considera que tal porción normativa no necesariamente se refiere a violaciones directas a la Constitución, sino también a las indirectas.
En efecto, el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el tribunal de alzada sólo puede pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, "a menos de que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado". La porción normativa entrecomillada puede presentar para el juzgador dos formas de interpretarla:
a) De manera restrictiva, esto es, solamente violaciones directas de derechos fundamentales; o,
b) De forma amplia o extensiva, es decir, violaciones directas o indirectas (por ejemplo, garantías de legalidad o seguridad jurídica) de derechos fundamentales.
La segunda interpretación es la que guarda mayor conformidad con los artículos 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es así, porque el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución establece el principio de presunción de inocencia, que en sus diversas vertientes rige durante todas las etapas del juicio oral incluyendo sus recursos, hasta en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia ejecutoriada.
De ahí que, por ejemplo, en la apelación en contra de sentencia condenatoria, el tribunal de alzada tenga que verificar que dicha presunción se haya vencido mediante prueba válida y suficiente, al tenor de los agravios, o de forma oficiosa, sí lo advierte.
Igualmente, los artículos 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén el derecho a recurrir el fallo ante el tribunal superior; dicho medio de impugnación ha sido interpretado en el sentido de que debe tratarse de un recurso "amplio", de manera que permita el análisis o examen compresivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior, esto es, que debe permitir la revisión no solamente de los aspectos jurídicos, sino también de los fácticos, entre ellos, las cuestiones probatorias.
Todo lo anterior conduce a interpretar en sentido amplio el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción normativa que dispone "a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado", de forma que el órgano jurisdiccional que conoce del recurso pueda corregir las decisiones contrarias a derecho de forma oficiosa, cuando así lo advierta, pues al hacerlo estará impidiendo actos que de manera directa o indirecta infringen los derechos fundamentales del imputado.
Además, tanto los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(24) prevén las garantías judiciales y los principios de legalidad y retroactividad (sic); así como los artículos 14 y 16 constitucionales, que contienen los derechos de legalidad y seguridad jurídica, los cuales constituyen, desde luego, derechos fundamentales.
Sin embargo, tales normas, a su vez, contienen sub derechos, tales como los del debido proceso y legalidad o taxatividad, que deben ser verificados por el juzgador revisor; es decir, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27285-640c1311/recurso-de-apelacion-en-el-sistema-penal-acusatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA CELEBRACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS AUDIENCIAS INICIAL, DE JUICIO ORAL O DE ALGUNA DE SUS JORNADAS MEDIANTE EL SISTEMA (AMPARO DIRECTO)
- RETRACTACIÓN DE TESTIGO. NO SE ACTUALIZA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CUANDO LA VÍCTIMA O TESTIGO EN EL JUICIO ORAL SE DESDICE TOTAL O SUSTANCIALMENTE DE LO DECLARADO EN LA ETAPA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SI EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA NO SE DESAHOGÓ EN EL JUICIO ORAL, ELLO NO IMPLICA, EN AUTOMÁTICO, QUE NO SE ACREDITEN LOS HECHOS MAT (AMPARO DIRECTO)
- INCORPORACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS REGLAS CONTENIDAS AL RESPECTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VULNERAN EL DEBIDO PR (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL. PARA ESTABLECER EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO, EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PUEDE CONSIDERAR LA INFORMACIÓN QUE CONOCIÓ DE LAS PR (XI.P.7 P (11a.))
- REPOSICIÓN TOTAL DE LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE ORDENARLA, PREVIA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL TRI (I.1o.P.151 P (10a.))
- PRUEBA ANTICIPADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA SU DESAHOGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (XIII.1o.P.T.12 P (10a.))
- ACUERDOS PROBATORIOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AL NO SER PRUEBAS, NO ESTÁN SUJETOS A LAS REGLAS DE VALORACIÓN DE MANERA LIBRE Y LÓGICA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 259, 26 (II.4o.P.1 P (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis