RETRACTACIÓN DE TESTIGO. NO SE ACTUALIZA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CUANDO LA VÍCTIMA O TESTIGO EN EL JUICIO ORAL SE DESDICE TOTAL O SUSTANCIALMENTE DE LO DECLARADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PUES SÓLO LA VERSIÓN RENDIDA ANTE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO TIENE CARÁCTER PROBATORIO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 69/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. DISIDENTE: MAGISTRADA ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. SECRETARIA: IRMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria presencial de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, se emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 155/2023, 156/2023 y 5/2024, que dieron origen a la tesis aislada V.4o.P.A.1 P (11a.), de rubro: “RETRACTACIÓN DE TESTIGOS DE CARGO. ES INCOMPATIBLE CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN QUE RIGEN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL.”; y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 129/2024, de donde derivó la tesis aislada II.1o.P.3 P (11a.), de rubro: “RETRACTACIÓN DE LA VÍCTIMA O DE TESTIGOS EN EL JUICIO ORAL. CUANDO SU DICHO ES PREPONDERANTE PARA ESCLARECER LOS HECHOS, EL JUEZ DEBE ANALIZAR CUÁL DE SUS DOS DECLARACIONES ESTÁ CORROBORADA (INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO DE INMEDIATEZ PROCESAL).”
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los tribunales colegiados contendientes, a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.
I. ANTECEDENTES
3. Mediante oficio 11/2025-T, signado por el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, denunció la presente contradicción de criterios.
II. TRÁMITE
4. Por acuerdo de presidencia de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, se radicó el asunto como contradicción de criterios 69/2025, se admitió a trámite, se solicitó a los integrantes de los tribunales contendientes que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice, para poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional (número 39591055 del expediente único nacional [NEUN]), mediante la herramienta denominada “Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen”; así como, informaran si el criterio sustentado en sus correspondientes asuntos, habían causado ejecutoria, o bien, si se encontraba pendiente algún recurso que se hubiera interpuesto en contra de las ejecutorias emitidas en estos y, en su caso, el estado procesal que guardaban.
5. En el mismo proveído, se solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, informara si el criterio que sustentó seguía vigente, si existía alguna condición que afectara la firmeza del mismo; o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello aconteció; asimismo, en cuanto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al ser el denunciante, se presumió la vigencia de su criterio, por lo que se le pidió que informara solo en caso de que en el trámite de la presente contradicción, el mismo hubiera sido superado o abandonado, además de señalar las razones que apoyaran tal consideración.
6. De igual manera, se comunicó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación de este asunto y se le solicitó que hiciera del conocimiento si existía alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; por último, se turnó electrónicamente el mismo a la ponencia respectiva.
7. En acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito informando que su criterio continuaba vigente y que no existía condición que afectara su firmeza, también se tomó conocimiento que el expediente electrónico de su índice fue vinculado mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con lo que se le tuvo dando cumplimiento a lo solicitado.
8. Por auto de dos de septiembre de la presente anualidad, la Secretaria de Acuerdos de este Pleno Regional certificó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito hizo disponible la consulta del expediente electrónico de su índice; no obstante, se le solicitó nuevamente que informara si el criterio sustentado en sus correspondientes asuntos había causado ejecutoria, o bien si se encontraba pendiente algún recurso que se hubiera interpuesto en contra y, en su caso, el estado procesal que guardaba.
9. El nueve de septiembre del año que transcurre, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que durante los últimos seis meses no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tuviera relación con el establecido preliminarmente en este asunto.
10. El doce de septiembre de dos mil veinticinco, se recibió el comunicado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, a través del cual informó que contra las sentencias dictadas en los amparos directos 155/2023, 156/2023 y 5/2024 de su índice, no se interpuso recurso de revisión; por otro lado, se reservó la confirmación de turno electrónico, hasta en tanto la nueva integración de este Pleno Regional determinara lo conducente.
11. Por acuerdo de diecinueve del septiembre pasado, se informó a los Tribunales Colegiados contenientes la nueva integración de este Pleno Regional, en virtud de que el catorce de septiembre de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras, a través del cual se adscribió a este órgano jurisdiccional a la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval, al Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro y a la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán, con efectos a partir del quince de septiembre del año en curso.
12. En la misma data, se hizo constar que el presente asunto fue turnado al Magistrado Samuel Meraz Lares, pero con motivo de la nueva integración se returnó al Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro; asimismo, se levantó la reserva decretada en auto de doce de septiembre pasado y se confirmó el turno, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
13. Conforme al artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Puede presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
14. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.
16. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
17. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, contendiente en el presente asunto.
VI. CRITERIOS EN CONFLICTO
18. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios en comento, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de cada uno de los asuntos, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
A) Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 155/2023, 156/2023 y 5/2024.
Amparos directos 155/2023 y 156/2023
Antecedentes
19. Se abordarán en conjunto porque ambos juicios de amparo derivan del mismo hecho delictivo, en donde los dos quejosos son señalados como responsables en su comisión.
20. Así tenemos que en audiencia de emisión de fallo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, celebrada en la causa **********, el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Guaymas, en función de Tribunal de Enjuiciamiento, emitió sentencia condenatoria en contra de ********** y **********, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, previsto y sancionado en los artículos 245 y 246 (sic) del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de **********.
21. El veintisiete de octubre del mismo año, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones; asimismo, el cuatro de noviembre siguiente, se celebró la audiencia de lectura de la resolución y se elaboró la versión escrita de la sentencia condenatoria, la cual concluyó, en lo conducente, con los puntos resolutivos siguientes:
“Primero. Este juzgador es competente para conocer, decidir y emitir la presente resolución.
Segundo. En la causa se encuentra plena y legalmente comprobado el ilícito de Homicidio, previsto en el artículo 252 y sancionado por el diverso 256 del Código Penal del Estado de Sonora en perjuicio de **********, eliminándose las calificativas de (premeditación, alevosía y ventaja), también se demostró a título pleno la responsabilidad penal de ********** y ********** en su comisión, por lo que se emitió fallo de culpabilidad en su contra, lo que ahora da lugar a decirle también, como así se hace, Sentencia Condenatoria.
Así mismo por lo que respecta al diverso ilícito de Asociación delictuosa ante la falta de un elemento del tipo penal que nos ocupa y por ende, al no tener por actualizado un elementos (sic) del tipo penal como ya se dijo el cual se encuentra previsto y sancionado por el numeral 142 del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en agravio de la Seguridad Pública, resulta innecesario entrar al estudio de los demás elementos típicos de la conducta ilícita señalada, lo procedente es dictar Sentencia Absolutoria a favor de ********** y **********.
Tercero. Por la comisión del delito de que se les encontró responsables, se impone a los sentenciados ********** y **********, la pena privativa de libertad de quince años, seis meses de prisión y multa de trescientas quince unidades de medidas de actualización, que asciende a la cantidad de $********** (**********) vigente al día de los hechos 31 de agosto del 2020 que corresponde a 86.88 (ochenta y seis pesos 86/100), mientras que la pena privativa de libertad la deberá (sic) de purgar los sentenciados en el establecimiento penitenciario que al efecto designe el Órgano Ejecutor de sanciones, con descuento del tiempo que ha estado privado de su libertad en prisión preventiva con motivo de este proceso, hasta que cause ejecutoria el presente fallo; y la pecuniaria ingresará al Fondo de Administración de Justicia como bien propio por conducto de la institución bancaria correspondiente.
Cuarto. Por las razones ya expuestas en el cuerpo del presente fallo, se condena a pagar la ración del daño moral a los acusados de manera general a favor de los ofendidos, la cantidad de $********** (**********), equivalentes a doscientas cincuenta y cinco unidades de medida de actualización, a razón de $86.88, vigente en agosto de dos mil veinte.
(...)”
22. Inconformes con lo anterior, ambos sentenciados interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora, en el toca penal **********, quien mediante sentencia de tres de mayo de dos mil veintidós, confirmó la determinación apelada.
23. En desacuerdo con tal determinación ********** y **********, promovieron demandas de amparo directo, de las cuales por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que las registró con los números 155/2023 y 156/2023, respectivamente, y las admitió a trámite. Seguida la secuela procesal correspondiente, en sesión de diez de julio de dos mil veinticuatro, el citado órgano colegiado dictó las sentencias respectivas, en las que concedió el amparo solicitado.
Criterio contendiente emitido en el amparo directo 155/2023.
24. El Tribunal Colegiado calificó de fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, suplidos en su deficiencia. Al exponer los razonamientos para justificar lo anterior, en primer lugar hizo referencia a que en el juicio se desahogaron las testimoniales de cargo de **********, elemento de la Guardia Nacional; de **********, elemento de la Guardia Nacional; y, de **********, elemento de la Secretaría de Marina.
25. Al respecto señaló que del análisis de la videograbación del testimonio de **********, se advertía que él y su compañero **********, fueron los primeros en acudir al lugar de los hechos, personas a las que les resulta la calidad de aprehensores o primeros respondientes, pues expuso durante el interrogatorio que cuando se encontraban patrullando por los alrededores del centro de la ciudad de Guaymas, escucharon detonaciones y que al arribar al sitio de donde provenían, se percataron que había una persona sin vida con impactos de bala, que luego, una mujer les señaló quiénes habían sido los agresores, recordando que esa persona les dijo “ellos mataron a mi papá”.
26. De modo que –indicó–, según lo narrado por el elemento de la Marina, los presuntos responsables, al ver su presencia, pretendieron darse a la fuga a bordo de un vehículo, pero que uno de ellos no logró escapar porque no alcanzó a subirse al mismo, a quien identificó en juicio como ********** (quejoso), capturándolo sin que este opusiera resistencia; también dijo recordar que el individuo que escapó tenía camisa o playera blanca y que en su mano izquierda sujetaba un arma de fuego.
27. Por su parte –precisó–, de lo declarado en juicio por los testigos ********** y **********, elementos de la Guardia Nacional, se advertía que su intervención en el día de los hechos, fue posterior a la de los agentes de la marina, ya que fueron coincidentes en narrar que acudieron al lugar de los hechos a raíz de que, vía radio, se les hizo del conocimiento que estaba en proceso una privación ilegal de la libertad, por lo que una vez que llegaron al sitio, vieron un cuerpo sin vida, lugar en el que ya se encontraba la unidad oficial que tripulaban los elementos de la marina ********** y **********, quienes les informaron todo lo sucedido, esto es, que escucharon las detonaciones, que estaban cerca del lugar, que se trasladaron al mismo, que una persona de sexo femenino señaló a los presuntos responsables, que estos pretendieron escapar a bordo de un vehículo, que uno de ellos no alcanzó a darse a la fuga, que el que sí logró eludir su captura tenía una pistola en su mano y playera blanca, y que ********** hizo la detención de ********** (quejoso); motivo por el cual se les hizo entrega del detenido, lo recibieron, dieron parte al Ministerio Público y le informaron que lo pondrían a disposición de la representación social.
28. Adujo que hasta lo ahí expuesto, se observaba que la versión de los agentes consistía en que, una vez que arribaron los elementos de la Secretaría de Marina a donde estaba el cuerpo de la víctima sin vida, una persona del sexo femenino señaló directamente a dos personas como los responsables del asesinato de su padre, entre ellas, ********** (quejoso), quien no logró escapar a bordo de un vehículo.
29. El Tribunal Colegiado transcribió el testimonio de **********, hija de la víctima y testigo presencial de los hechos, rendido en la audiencia de juicio.
30. Posteriormente, resumió las consideraciones en las que se sustentó el Tribunal de Enjuiciamiento para tener por acreditada la plena responsabilidad penal del quejoso, al respecto dijo:
• Que se tenía por acreditada la plena responsabilidad del quejoso con los testimonios de los agentes porque resultaron concordantes con el señalamiento específico de **********, al considerar que ella le manifestó al agente ********** que las personas que se encontraban en el lugar de los hechos habían matado a su papá, y que, conforme a las máximas de la experiencia, concluía que quien los señaló fue la mencionada testigo.
• Que los testimonios de **********, ********** y **********, eran pruebas fundamentales al versar sobre los hechos delictivos que, en su conjunto, dejaban ver que las personas responsables que intervinieron en el hecho delictivo eran precisamente ********** y ********** (quejoso), es decir, quienes con un arma de fuego directamente privaron de la vida a la víctima el treinta y uno de agosto de dos mil veinte.
• Que no constituía obstáculo que la testigo hubiera manifestado en audiencia de debate de juicio oral que no reconocía a **********, “que es precisamente porque requirió (sic) que lo señaló cuando él iba corriendo pero ya no lo tuvo ante la vista, que no sabe si es la misma persona que detuvieron los propios agentes al momento de los hechos”; y que esas circunstancias encontraban sustento en los testimonios de los agentes indicados, por guardar congruencia respecto a ciertas particularidades que concordaban con la declaración de la hija de la víctima, la declaración del primer respondiente, con la de los elementos de la Guardia Nacional, que si bien no tuvieron conocimiento directo que en sí mismo les hizo la testigo presencial de los hechos, tiene relación con ciertas circunstancias que entre sí, generaban convicción de tener por establecida la plena participación de los acusados en el delito señalado, con apoyo en la tesis I.7o.P.134 P (10a.), con registro digital 2023058, de rubro: “TESTIGO POR REFERENCIA DE TERCEROS. LO NARRADO POR LOS POLICÍAS CAPTORES CONSIDERADOS CON ESA CALIDAD, PUEDE GENERAR CONVICCIÓN EN EL JUEZ PARA INFERIR, MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, LA EXISTENCIA DEL HECHO DELICTIVO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO, CON INDEPENDENCIA DE LA INCOMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, SIEMPRE QUE ENCUENTRE VÍNCULO OBJETIVO CON LAS PRUEBAS RESTANTES.”, es decir, aun en el eventual caso de que no se presentara la víctima o testigo presencial de los hechos, era factible tomar en consideración la información que los captores recibieron de primera mano de la víctima, en el caso, el señalamiento directo respecto de uno de los agresores (quejoso) y respecto del señalamiento ya formalmente ante los agentes ministeriales, respecto de la persona identificada como “**********” (**********). 31. Luego, el Tribunal Colegiado manifestó que una vez expuesto el contenido de la declaración de la testigo presencial de los hechos (hija de la persona privada de la vida), se consideraba que la motivación de la autoridad responsable sobre el material probatorio ponderado, era deficiente para vencer el principio de presunción de inocencia que operaba en favor del quejoso, al no resultar apto para acreditar plenamente su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio.
32. Indicó que en primer lugar, el testimonio de **********, contrario a lo determinado por el Tribunal de Enjuiciamiento y que, a la postre, quedó convalidado por el tribunal de apelación responsable, no corroboraba en modo alguno la versión narrada por el elemento de la Marina **********, pues dicho agente aprehensor aseguró en juicio oral que una vez que arribó al lugar con otro compañero, la hija de la víctima señaló directamente a **********, como uno de los responsables del asesinato de su padre y que este, enseguida, intentó emprender la huida en un vehículo que solo logró abordar la otra persona que también corrió y que portaba una pistola en la mano.
33. Empero –resaltó–, a preguntas relacionadas con lo ocurrido una vez que llegaron los elementos de la Marina, ********** nada manifestó respecto a que señaló a las personas responsables del homicidio de su padre, como tampoco que el quejoso hizo el intento de escapar de la presencia de la autoridad a bordo de un vehículo que no logró tripular, por el contrario, lo relatado por la testigo ponía en evidencia que no pudo señalar a nadie como el responsable del asesinato de su padre, pues adujo haber estado lejos de donde ocurrieron las detonaciones, que vio que había mucha gente, que no sabía qué personas había ahí, que corrió hacia arriba (por tratarse de un cerro) para la casa de su abuela, que quedó en shock, que luego fue hacia donde estaba su papá, que vio que detuvieron a alguien pero que no le puso atención, sin saber cómo se llamaba esa persona y, sobretodo, de manera categórica, la ateste señaló a pregunta del propio quejoso, que no reconocía su cara; asimismo, indicó que como todo ocurrió donde vivía el papá de **********, supuso que él era el responsable porque se le figuró y porque otras personas también le dijeron que había sido él, sin estar segura de ello en la actualidad.
34. Que en mérito de lo anterior, se tornaba inverosímil la versión externada por **********, que sirvió de fundamento para el Tribunal de Enjuiciamiento a fin de tener por acreditados los hechos que narró dicho agente aprehensor y establecer con ello la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito de homicidio, en atención a que las circunstancias relatadas por el elemento de la Marina que intervino en el lugar, ya cuando el evento delictivo se había consumado, en cuanto que la hija de la víctima había hecho el señalamiento respectivo al quejoso y a otra persona, previo al intento de huida y posterior detención, no estaban corroboradas con lo expuesto por la única testigo presencial de los hechos que la Fiscalía presentó al juicio oral.
35. Por otro lado –precisó–, la declaración de los agentes de la Guardia Nacional ********** y **********, no era útil para corroborar las circunstancias fácticas así externadas por **********, ya que lo narrado por ellos provenía de lo que el propio elemento de la marina aprehensor les comunicó cuando estos arribaron al sitio; es decir, no les constaban los hechos referidos por aquél, en cuanto al señalamiento que hizo la hija de la víctima y del escape no logrado, solo lo sabían por su palabra.
36. En ese orden –adujo–, era claro que el testimonio de los agentes de la Guardia Nacional que arribaron al sitio de manera posterior a los elementos de la Marina, consiste en información conocida por referencias de un tercero, ante la falta de percepción sensorial sobre los hechos testificados y, por ende, inconducente para corroborar las circunstancias que narró **********, quien ya estaba antes que ellos en el lugar donde ocurrió la detención del quejoso.
37. Lo que apoyó en la jurisprudencia 1a./J. 81/2006, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 173487, de rubro y texto siguientes:
“PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR REFERENCIA DE TERCEROS. SU VALORACIÓN.
El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que para apreciar la prueba testimonial, el juzgador debe considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) tenga completa imparcialidad; c) atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones o referencias de otro sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando en una declaración testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos que son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por referencia de terceros -y que, en consecuencia, no le constan-, el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás requisitos legalmente establecidos, tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena derivado de la valoración del juzgador, cuando se encuentren reforzados con otros medios de convicción, mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia probatoria, por no satisfacer el requisito referente al conocimiento directo que prevé el citado numeral.”
38. Señaló que no pasaba inadvertido que el Tribunal de Enjuiciamiento invocó la tesis aislada I.7o.P.134 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2023058, para sostener que lo relatado por los agentes generaba convicción, con independencia de que estos no tuvieran conocimiento directo de lo que les hizo saber la testigo presencial de los hechos.
39. Dicha tesis es del rubro y texto siguientes:
“TESTIGO POR REFERENCIA DE TERCEROS. LO NARRADO POR LOS POLICÍAS CAPTORES CONSIDERADOS CON ESA CALIDAD, PUEDE GENERAR CONVICCIÓN EN EL JUEZ PARA INFERIR, MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, LA EXISTENCIA DEL HECHO DELICTIVO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO, CON INDEPENDENCIA DE LA INCOMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, SIEMPRE QUE ENCUENTRE VÍNCULO OBJETIVO CON LAS PRUEBAS RESTANTES.
Hechos: En la audiencia de juicio oral las víctimas del delito no comparecieron ante el Tribunal de Enjuiciamiento para declarar sobre los hechos materia del proceso; sin embargo, el delito y la responsabilidad penal del acusado se tuvieron por acreditados con las declaraciones de los policías captores, quienes dieron cuenta de lo que, a su vez, aquéllas les informaron inmediatamente después de cometido el hecho, con motivo de su denuncia informal; deposados valorados en conjunto con el restante material probatorio. Derivado de lo anterior, se dictó sentencia condenatoria, que se confirmó en la apelación de la cual deriva el acto reclamado en el amparo directo promovido por el sentenciado.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el testimonio de los policías captores, considerados declarantes por referencia de terceros, en virtud de que no presenciaron el hecho criminal, pero lo conocieron por voz del ofendido inmediatamente después de su comisión, con motivo de su denuncia informal, puede generar convicción en el Juez para inferir, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado, con independencia de la incomparecencia de la víctima a la audiencia de juicio oral, siempre que encuentre vínculo objetivo con las pruebas restantes.
Justificación: Lo anterior, pues conforme al artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sistema de justicia procesal penal acusatorio y oral, el Juez tiene amplia libertad para atribuir valor a las pruebas desahogadas en el juicio, ya que no tienen uno previamente asignado, sino que su ponderación debe regirse por las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Así, lo trascendente para motivar su decisión serán las razones objetivas que se plasmen en la sentencia respecto al valor probatorio que les confiera. Partiendo de esa base, el dicho de los elementos captores (declarantes por referencia de terceros), puede generar convicción como dato de lo que la víctima les informó, siempre que esa versión encuentre vínculo objetivo con las pruebas restantes, como pudieran ser los objetos asegurados al realizar la detención en flagrancia o los dictámenes periciales; de cuya valoración conjunta pueden inferirse, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado, con independencia de la ausencia de la víctima para declarar sobre los hechos materia del proceso.”
40. Sin embargo –indicó–, dicho criterio era inaplicable, ya que atendiendo a su contenido, el dicho de los elementos captores (declarantes por referencia de terceros), solo podría generar convicción como dato de lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33814-07fd7019/retractacion-de-testigo-no-se-actualiza-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO ES OBLIGATORIO AGOTARLA CONTRA LAS OMISIONES DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DENTRO DE UNA CONTROVERSIA JU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
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- SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA CONFIRMACIÓN DEL AUTO QUE FIJA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE, FUERA DE LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN EL ARTÍCU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR TRÁMITE AL RECURSO DE APELACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 475 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
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