SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA CONFIRMACIÓN DEL AUTO QUE FIJA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE, FUERA DE LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 349 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 75/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y EL MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: IRMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de seis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 38/2024 y 66/2022, respectivamente.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los tribunales colegiados contendientes, a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.
I. ANTECEDENTES
3. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil veinticuatro, la Directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública, presentó la denuncia de la presente contradicción de criterios.
II. TRÁMITE
4. En acuerdo de presidencia de nueve de abril de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la misma; se ordenó la creación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 75/2024, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informaran si el criterio que sustentaron seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado y la fecha en que aquello aconteció; así como si existía alguna condición que afectara su firmeza y pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice, para poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional (número 35112915 del expediente único nacional [NEUN]), mediante la herramienta denominada “Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen”.
5. También, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre la materia que nos ocupa y se realizó el turno electrónico a la ponencia respectiva.
6. En proveídos de nueve y doce de abril de dos mil veinticuatro, se tuvieron a los tribunales contendientes informando que sus criterios continuaban vigentes; asimismo, en esta última data también se recibió el comunicado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que informó que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del que versa el presente asunto y se confirmó el turno de la presente a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
7. Conforme al contenido del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución correspondiente.
8. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios.
9. Sin embargo, el día nueve de mayo de dos mil veinticuatro, a las nueve horas con treinta minutos, antes de que diera inicio la sesión programada para ese data, en la que se discutiría la presente contradicción de criterios, listada el treinta de abril pasado, se presentó ante este Pleno Regional el escrito signado por **********, por medio del cual emitió su opinión respecto del tema jurídico que nos atañe. Ocurso que se tuvo por recibido por acuerdo de presidencia de la misma fecha, en que se ordenó dar vista con su contenido a los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional.
Se aplaza asunto
10. Iniciada la sesión ordinaria en cita, al momento del turno para la discusión del presente asunto, el magistrado ponente solicitó su aplazamiento, petición que fue aprobada por los integrantes del Pleno Regional.
IV. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.
12. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de contradicción de criterios que nos ocupa proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; así como en lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. III/2023 (10a.), de rubro: “DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.”(1)
14. Esto, porque tal denuncia fue formulada por la Directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en tanto que un asesor de ese Instituto fue autorizado en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos.
15. Así es, ********** promovió demanda de garantías, por conducto de su defensor público federal, **********, la cual fue radicada en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el número 90/2024; asimismo, la quejosa interpuso recurso de queja contra el auto de seis de febrero de la presente anualidad, dictado en el incidente de suspensión derivado de dicho juicio de amparo, cuya resolución constituye el criterio aquí contendiente, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el expediente 38/2024, lo que se tiene como hecho notorio, de ahí que la citada Directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuente con legitimación para realizar la denuncia de la presente contradicción de criterios.
VI. CRITERIOS EN CONFLICTO
16. Para verificar la existencia de la contradicción de criterios, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de cada uno de los asuntos, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
A) Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la queja 66/2022.
Antecedentes
17. A los quejosos se les dictó auto de vinculación a proceso por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de robo agravado a transeúnte, dentro de la carpeta judicial 009/2039/2021 y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
18. Seguida la secuela procesal, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia intermedia y se dictó auto de apertura a juicio oral.
19. El seis de enero de dos mil veintidós, se designó Juez de Enjuiciamiento dentro de la carpeta judicial TE009/003/2022 y en proveído de diecisiete de febrero siguiente, se señalaron las once horas del diecinueve de octubre del mismo año, para que tuviera verificativo la audiencia de juicio oral.
20. Inconformes con tal decisión, los acusados por conducto de su defensor particular, interpusieron recurso de revocación, que se resolvió en acuerdo de veinticinco de febrero de la citada anualidad, en donde se dejó sin efectos lo anterior y se señalaron las once horas del cinco de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la mencionada audiencia.
21. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ********** y **********, por conducto de su defensor particular, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra dicho auto, emitido por el Juez de Juicio Oral (enjuiciamiento) de la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve del Poder Judicial de la Ciudad de México y solicitaron la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios.
22. Demanda de la que correspondió conocer al Juez Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien la radicó y admitió a trámite; asimismo, ordenó la apertura del incidente de suspensión 216/2022-I, en donde por auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional solicitada.
23. En desacuerdo con lo anterior, los quejosos por medio de su defensor particular interpusieron recurso de queja, que por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que lo radicó con el número 66/2022. En sesión de catorce de marzo de dos mil veintidós, los integrantes de dicho órgano colegiado resolvieron, por mayoría de votos, en el sentido de confirmar el auto recurrido.
Criterio contendiente
24. El Tribunal Colegiado calificó los agravios expuestos por los recurrentes, en una parte infundados y en otra fundados pero insuficientes, para revocar la determinación combatida, para ello retomó el argumento toral del juez recurrido, en el sentido de que al acto reclamado le revestía la naturaleza de declarativo, respecto del cual, era improcedente conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que resolver en sentido contrario, significaría otorgarle efectos restitutorios, que eran propios de la concesión de la protección que en todo caso se otorgara en sentencia que se dictara en el juicio principal.
25. Al respecto dijo, que la negativa de la medida suspensiva, bajo el argumento de que se trataba de un acto declarativo y que de concederla se darían efectos restitutorios propios de la sentencia que se emitiera en el juicio, era contraria a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, Constitucional.
26. Lo anterior, indicó, porque la suspensión del acto reclamado como medida cautelar tenía como objeto primordial mantener viva la materia del amparo, impidiendo que mientras éste se resolviera en definitiva, el acto reclamado pudiera consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar que el agraviado sufriera afectaciones en su esfera jurídica en tanto se resolviera el fondo del asunto.
27. Adujo, que el artículo 107, fracción X, Constitucional, disponía que los actos reclamados podrían ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determinara la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permitiera, debería realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
28. Por otro lado, el precepto 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo preveía la posibilidad de que la medida suspensional tuviera como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dictaba la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando fuera jurídica y materialmente posible.
29. Señaló que de ello se desprendía que cuando se cumplieran los requisitos de procedencia de la suspensión y de una ponderación de la apariencia de buen derecho frente al interés social, se estimaba que ésta era procedente, era posible que la misma tuviera efectos restitutorios provisionales, cuando de dárselos no afectara aquél en mayor medida.
30. Precisó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, de acuerdo con las disposiciones antes citadas, podía apreciarse que la suspensión operaba sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siguiera en el goce del derecho del que pretendía privarlo el acto violatorio, mientras se resolvía el juicio de amparo. En la inteligencia que no solamente podía actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto reclamado se materializara (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada).
31. Puntualizó que el Alto Tribunal agregó que la suspensión producía los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisionalmente, en tanto que la sentencia lo hacía de manera definitiva; pero lo que no podía hacer era nulificar el acto, porque eso sí era exclusivo de la ejecutoria.
32. Que también indicó la Sala, que bajo el actual esquema del juicio de amparo, no cabía considerar como regla general para negar la suspensión del acto reclamado, la naturaleza de éste, ya que los alcances de los efectos de la medida cautelar no se limitaban a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento provisional en el goce de los derechos, por lo que lo importante era que fuera jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho durante la tramitación del juicio, una vez hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social.(2)
33. Que en tales condiciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, ese Tribunal Colegiado procedía a emitir la resolución correspondiente.
34. En primer término, recordó que el acto reclamado era el acuerdo dictado por el Juez responsable, de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el que señaló el cinco de octubre de ese año, para la celebración de la audiencia de juicio, del cual debía negarse la suspensión provisional, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: “SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.”,(3) en lo que interesa, había establecido que, para determinar la procedencia de la suspensión de los actos, debía considerarse, caso por caso, las consecuencias que pudieran producir.
35. Mencionó que el Alto Tribunal adujo que el artículo 147 de la Ley de Amparo, señalaba que de ser procedente la suspensión del acto, atendiendo a su naturaleza, ordenaría que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecería provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dictaba sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
36. Además, la Primera Sala concluyó, que el hecho de que la medida cautelar fuera material y jurídicamente posible, radicaba en que los efectos suspensorios pudieran actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincidiera exactamente, agotara o dejara sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.
37. Luego, el órgano jurisdiccional contendiente refirió que no era jurídicamente factible que se concediera la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad señalara una fecha para la celebración de la citada audiencia, en los términos precisados en el ordinal 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(4) pues con ello cesaría o se nulificaría en los hechos el acto que se reclamaba, porque ese efecto no sería actualizable momento a momento, ya que coincidiría exactamente con una eventual sentencia estimatoria de amparo y, por ende, quedaría sin materia el juicio del que derivaba el incidente de suspensión, lo que se insistía, no era jurídicamente factible.
38. Estimó que si bien la suspensión podía tener efectos restitutorios, los mismos se encontraban condicionados a que fueran solo provisionales. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución al quejoso en el goce del derecho que estimaba violado era plena, entonces ésta no era procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal.
39. Que en esa medida, la apariencia del buen derecho a que aludían los quejosos, no derivaba necesariamente en que las cuestiones planteadas debían ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones.
40. Concluyó que no obstante que los quejosos acreditaron los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la suspensión fue solicitada por los impetrantes, no se seguía perjuicio al interés social, ni se contravenían disposiciones de orden público, no debía pasarse por alto que la suspensión del acto reclamado constituía un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo y conservar su materia.
41. Por tanto —indicó— se actualizaba una imposibilidad jurídica para conceder la suspensión del acto reclamado, toda vez que emitir una determinación en contrario, sería darle efectos concesorios del amparo que dejarían sin materia el juicio principal del que derivaba el incidente de suspensión. Ello, porque en la especie, la restitución que solicitaban los quejosos vía suspensión del acto reclamado sería plena, tomando en consideración que se ordenaría a la autoridad responsable que fijara un fecha para la celebración de la audiencia de juicio, dentro de los parámetros que fijaba el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aspecto que era materia de la sentencia definitiva que, en su caso, se dictara en el juicio de amparo principal, en términos del artículo 77 de la ley de la materia.
42. Lo anterior —dijo—, al tomar en consideración que la suspensión producía los efectos del amparo solo en la medida en que impidiera la ejecución del acto, o bien, una vez ejecutado, en cuanto volvieran las cosas al estado que tenían antes de la ejecución, pero no podía nulificar, dejar insubsistente o revocar el acto mismo, lo cual sería propio de la sentencia de fondo. En consecuencia, el Tribunal Colegiado, dado que reasumió jurisdicción, procedió a modificar el auto recurrido y a negar la suspensión provisional solicitada.
B) Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la queja 38/2024.
Antecedentes
43. **********, por conducto de su defensor público federal, **********, promovió demanda de amparo contra el acto del Juez de Enjuiciamiento en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Siete del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en el acuerdo de diecinueve de enero del año en curso, emitido en la carpeta judicial TE007/262/2023, en el que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, por el que señaló fecha para llevar a cabo audiencia de debate.
44. En dicha demanda, como antecedentes del acto reclamado, se destacó que el Juez responsable en el proveído reclamado, declaró firme el auto de seis de noviembre del año próximo pasado, en el que fijó como fechas para llevar a cabo audiencia de debate, el treinta y uno de enero y seis de febrero, ambos de dos mil veinticinco. 45. Asimismo en dicho ocurso, se solicitó la suspensión provisional (y en su momento la definitiva) del acto combatido, con carácter restitutorio, con la finalidad de que la autoridad responsable emitiera un acuerdo en el que fijara data para la audiencia de debate, en términos del artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
46. De la citada demanda correspondió conocer al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que mediante auto de seis de febrero de dos mil veinticuatro, la registró bajo el número 90/2024, ordenó la tramitación correspondiente y la apertura del incidente de suspensión respectivo, en donde el Secretario en Funciones de Juez de Distrito negó la suspensión provisional a la quejosa, bajo el argumento de que, no obstante que se colmaba el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la ley de la materia, no se tenía conocimiento del estado procesal actualizado de la carpeta judicial en que se emitió el auto reclamado.
47. Inconforme con esa decisión, la accionante, por conducto de su defensor público federal, interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que la admitió mediante acuerdo de presidencia de nueve de febrero del año que transcurre y ordenó su registro con el número 38/2024. En sesión extraordinaria por videoconferencia, de doce de febrero de dos mil veinticuatro, se resolvió en el sentido de declarar fundada la queja y conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios.
Criterio contendiente
48. El Tribunal Colegiado estimó fundados los agravios hechos valer por la recurrente. En primer lugar, transcribió el contenido de los artículos 107, párrafo inicial y fracción X, de la Constitución Federal; 128, 138, fracción I y 147 de la Ley de Amparo, para luego referir que acorde a los mandamientos constitucional y normativos de referencia, se tenía que el instituto de la suspensión en el juicio de amparo, se regulaba por regla general, en función de la naturaleza del acto reclamado, lo cual facultaba realizar la ponderación de los principios de la apariencia del buen derecho y del interés social, para definir la procedencia o no de la medida suspensional y los efectos específicos que en su caso, debían fijarse para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
49. Que los indicados dispositivos conferían a la suspensión el carácter de medida cautelar, porque permitían que mediante su otorgamiento se conservara la materia de la controversia y evitar así que el gobernado sufriera agravio en su esfera de derechos, en tanto se resolviera el fondo del asunto, ya fuera conservando las cosas en los términos en que se encontraban o incluso, restituyéndole provisionalmente en el ejercicio de sus prerrogativas, para lo cual era necesario evaluar la apariencia del buen derecho, las posibles afectaciones al interés de la sociedad y la posibilidad jurídica o material de otorgar la medida suspensional, de manera que la naturaleza de los actos reclamados, por sí sola, no representaba el factor determinante que conllevara a la concesión o negativa de la suspensión solicitada.
50. Por ello —señaló—, la previsión de que se atendiera la naturaleza del acto reclamado, debía entenderse en el sentido de ponderar casuísticamente las consecuencias que pudiera generar el acto reclamado, lo que en esos términos sería determinante para resolver si el efecto de la suspensión era mantener las cosas en el estado en que se encontraban o restituir provisionalmente al gobernado en el goce del derecho que refería como violado, en observancia de los principios referidos.
51. Comentó, que en segundo orden, el otorgamiento de la medida suspensional a petición de parte, era conducente, en los casos en que existiera la indicada solicitud, que los mismos por su naturaleza fueran susceptibles de paralización y que con dicho otorgamiento no se siguiera perjuicio al interés social, ni se contravinieran disposiciones de orden público, aunado a que para ello se requería de efectuar un examen ponderado del caso concreto, al tenor del principio de la apariencia del buen derecho.
52. De manera que —consideró— el efecto de la misma, por regla general, consistía en ordenar que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban hasta que se resolviera en definitiva respecto del fondo del asunto, así como en algunos casos, excepcionalmente, de resultar jurídica y materialmente factible, ante la evidencia de actos que requirieran tutela inmediata, de conformidad a la observancia del principio del buen derecho que le pudiera corresponder, restituir de manera provisional al gobernado en el goce del derecho humano afectado, es decir, con efectos similares a los que pudiera generar el fallo de fondo del asunto.
53. Además, —indicó— debía ponderarse que al momento de resolver en torno a la suspensión provisional, resultaba patente que el órgano de control constitucional únicamente contaba, generalmente, con los datos aportados por la parte accionante en la demanda de derechos fundamentales, a reserva de que posteriormente, con vista en la información allegada al juicio, corroborara o variara esa decisión.
54. Que cabía puntualizar, por una parte, que al resolver la contradicción de criterios 338/2022, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en los supuestos excepcionales en que se resolviera la medida cautelar con efectos restitutivos, el órgano jurisdiccional debía ponderar que la referencia a que el otorgamiento de la suspensión tenía que estar orientado a conservar la materia del juicio, se evidenciaba cuando ante la eventualidad de que se resolviera adversamente a las pretensiones de la parte quejosa, pudieran retrotraerse los efectos de la determinación así concedida, en tanto que dichas consecuencias, excepcionalmente, resultarían de carácter definitivo, dejando sin materia el juicio, cuando esas derivaciones no pudieran dejarse insubsistentes o revocarse para el supuesto de que se negara la protección de la Justicia Federal.
55. No obstante, la Segunda Sala también acotó que la mencionada regla decisoria no implicaba negar la suspensión para los casos en que se avizorara que los efectos de la suspensión y un fallo favorable pudieran coincidir, en función de que previsiblemente, la autoridad no podría justificar la constitucionalidad del acto, aplicaba la regla general de que la medida cautelar supondría adelantar la restitución del goce de un derecho al que la parte quejosa eventualmente tendría acceso en la sentencia de fondo, es decir, en un contexto de contravención evidente a un derecho fundamental.
56. Que ese lineamiento debía entenderse en el sentido de que el órgano de amparo debía priorizar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considerara afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión, en debida atención a los fines extraordinarios del juicio de derechos fundamentales, que consistían en la protección eficaz de las prerrogativas que el gobernado estimaba afectadas, de manera que la relevancia de la suspensión del acto reclamado resulta equivalente a la conservación de la materia del juicio en lo principal, porque en ambos supuestos se pretendía crear las condiciones idóneas para que el juicio de amparo cumpliera con su función protectora, lo que conllevaba a resolver caso por caso los asuntos, bajo la apariencia del buen derecho y su viabilidad tanto jurídica como material.
57. Puntualizó que el Alto Tribunal concluyó que por regla general, sería incorrecto sostener que debía negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal, en función de que la medida cautelar con efectos restitutorios, constituía un beneficio transitorio, de manera que, aunque pudiera advertirse identidad entre los efectos de ésta y los que derivaran de un probable fallo protector, en todo caso, la efectividad de la medida suspensional tendría vigencia solo hasta que la sentencia definitiva causara ejecutoria y únicamente tendría efectos definitivos cuando la restitución provisional de los derechos no pudiera ser revocada aun cuando se negara el amparo.
58. Indicó que así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria con la que resolvió la citada contradicción de criterios, que dio origen a la jurisprudencia 2ª./J. 22/2023 (11ª.), de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL.”.(5)
59. Abundó que por cuanto hacía a los alcances de la medida suspensional con efectos excepcionalmente restitutorios, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, estableció que la nueva regulación de la suspensión del acto reclamado suponía un cambio relevante en torno a la función y alcances otorgados con anterioridad, en cuanto a que se delimitaba su efectividad para que no produjera los mismos efectos que la sentencia de amparo, o que su materia difería completamente de la del juicio principal, con lo que se negaba la posibilidad de anticipar provisionalmente al quejoso en el goce de los derechos, presuntamente infringidos con el acto de autoridad.
60. Que la Sala destacó que consecuentemente en esa nueva postura, la suspensión anticipaba los efectos protectores del amparo, por lo que equivalía propiamente a una protección federal provisoria, con lo que mantenía al gobernado en el goce de la prerrogativa alegada hasta en tanto se emitiera la sentencia ejecutoria, con lo que se garantizaba la eficacia de la institución del juicio de derechos fundamentales.
61. Que el Alto Tribunal manifestó que lo determinante para resolver si se concedía la medida cautelar, radicaba en el examen de la apariencia del buen derecho, por lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32667-4a140187/suspension-provisional-con-efectos-restitutorios-procede-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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