SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR TRÁMITE AL RECURSO DE APELACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 475 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 133/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN, DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ, SAMUEL MERAZ LARES Y LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. MAYORÍA DE VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: IRMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria presencial de veinte de febrero de dos mil veinticinco.
SENTENCIA
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja 179/2024 y 192/2023, respectivamente, de este último asunto derivó la tesis aislada IX.P.13 P (11a.), de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN Y DILACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE TRAMITAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.”.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los tribunales colegiados contendientes, a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.
I. ANTECEDENTES
3. Por escrito presentado ante este Pleno Regional el seis de noviembre de dos mil veinticuatro, **********, autorizado del quejoso **********, recurrente en la queja 179/2024, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, denunció la presente contradicción de criterios.
II. TRÁMITE
4. En acuerdo de Presidencia de siete de noviembre siguiente, se radicó la misma como contradicción de criterios 133/2024; se admitió a trámite, se solicitó a los integrantes de los tribunales contendientes que informaran si el criterio que sustentaban seguía vigente, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado; de igual forma se les solicitó que remitieran copia certificada digital de las ejecutorias relativas y de llegar a apartarse del criterio sostenido, también remitieran la diversa en la que se sustentara el nuevo; asimismo, se les pidió que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice y poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional (número 36571618 del expediente único nacional [NEUN]), mediante la herramienta denominada “Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen”.
5. También, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre la materia que nos ocupa y se realizó el turno electrónico a la ponencia respectiva.
6. En proveídos de trece y veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvieron a los tribunales contendientes informando que sus criterios continuaban vigentes.
7. El dos de diciembre de dos mil veinticuatro, a través del oficio SEADS/4139/2024, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno de dicho órgano, en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de esa misma anualidad, aprobó la comisión temporal de la Magistrada Olga Estrever Escamilla a este Pleno Regional, en sustitución de la Magistrada Emma Meza Fonseca (quien solicitó licencia a partir del treinta y uno de octubre del año en cita, aprobada por el citado Consejo, en sesión de seis de noviembre anterior) con efectos a partir del uno de diciembre del año próximo pasado, mientras subsistieran las condiciones o hasta que el referido Pleno lo determinara. En consecuencia, a partir de la última fecha señalada este órgano jurisdiccional quedó integrado por la Magistrada Olga Estrever Escamilla y los Magistrados Samuel Meraz Lares y Miguel Bonilla López.
8. En auto de cinco de diciembre del año próximo pasado, se informó al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que la denuncia de contradicción de criterios que formuló mediante oficio 7067, se refería a las mismas resoluciones que eran objeto de contienda en la que se actúa, la cual fue admitida a trámite el siete de noviembre de dos mil veinticuatro, lo que se le notificó mediante el oficio 1140/2024; por lo que su comunicado únicamente sería agregado para que obrara como correspondiera.
9. Finalmente, por acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, se tuvo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que durante los últimos seis meses no se encontraba radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tuviera relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto. Asimismo, se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
11. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se realizó entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de la Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.
13. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por **********, autorizado del quejoso en el juicio de amparo que motivó el criterio emitido en la queja 179/2024, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, contendiente en este asunto.
VI. CRITERIOS EN CONFLICTO
15. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios en comento, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de cada uno de los asuntos, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
A) Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver la queja 179/2024
Antecedentes
16. El quejoso promovió demanda de amparo para combatir principalmente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y de los Magistrados integrantes de la Tercera y Quinta Sala de dicho Tribunal de Alzada, la omisión de tramitar y resolver, así como la dilación sistemática del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, por el Juez de Control del Partido Judicial de Baja California, con sede en Ciudad Morelos, en que se le vinculó a proceso por hechos que la ley señala como delito de desaparición cometido por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
17. Como antecedentes del acto reclamado, en esencia refirió:
• Que el siete de diciembre de dos mil veintitrés el Juez de Control tuvo a la defensa interponiendo el mencionado recurso de apelación.
• Mediante promoción de veintiocho de junio de dos mil veinticuatro la defensa solicitó al Juez de Control informara respecto del trámite dado al citado medio de impugnación.
• Por acuerdo de veinticuatro de julio de ese mismo año, el juzgador informó que el ocho de abril de la anualidad en cita, remitió las constancias relativas a la notificación de las partes, así como el recurso aludido al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, sin que a esa fecha el quejoso tuviera noticia de la secuela procesal.
18. Por razón de turno correspondió conocer de la citada demanda de amparo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, que previo desahogo del requerimiento que se le realizó al quejoso para que manifestara el número de causa penal, por auto de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro la admitió a trámite y la registró bajo el número **********; asimismo, ordenó formar por separado el incidente de suspensión relativo, en el que en esa misma data se negó la suspensión provisional solicitada para efecto de que las autoridades responsables proveyeran lo conducente respecto del recurso de apelación, sin incurrir en tardanza injustificada o exceder los plazos legales.
19. La negativa se sustentó en que la naturaleza del acto impedía la procedencia de la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que implicaría ordenar a la responsable que dictara una determinación, lo que significaría hacer coincidir la medida cautelar exactamente con una eventual sentencia estimatoria de amparo, esto ocasionaría que la tramitación del juicio y el estudio de fondo fueran irrelevantes.
20. Su consideración la sustentó con base en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 85/2018,(1) en la que el Alto Tribunal estableció que con la medida provisional se permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final puede conformarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurra después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan realizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo eso iría más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.
21. Contra tal determinación el impetrante de garantías interpuso el recurso de queja, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito. Mediante proveído de Presidencia de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, lo admitió y registró bajo el consecutivo 179/2024-I y en sesión extraordinaria de veintiséis de agosto del mismo año, el órgano colegiado lo resolvió en el sentido de declararlo infundado, en lo concerniente a la presente contradicción de criterios, bajo las siguientes consideraciones:
Criterio contendiente
22. El Tribunal Colegiado calificó de ineficaces los agravios hechos valer por el recurrente. Para sustentar su determinación parafraseó la parte que consideró conducente de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338/2022, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL.”,(2) específicamente los párrafos 86 a 88, 89, 93 a 102, 115, 118 y 120.
23. Señaló que en la ejecutoria en cita el Alto Tribunal fijó los parámetros que debe de tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal.
24. Apuntó al respecto, que la Segunda Sala, en esencia, estableció que el enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo, del artículo 147 de la Ley de Amparo, debía contextualizarse en armonía con la finalidad última de dicho juicio, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados.
25. Que en ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debía equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscaban crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpliera con su función protectora por lo que, por regla general, sería incorrecto sostener que debía negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal.
26. Dijo que la suspensión del acto reclamado era, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se concediera con un carácter restitutorio y existiera identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio duraría únicamente hasta que la sentencia que se dictara en el cuaderno principal causara ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configuraría cuando la restitución provisional de los derechos no pudiera ser revocada aun cuando se negara el amparo.
27. Así, luego de parafrasear la parte conducente de la ejecutoria en cita, el órgano colegiado estimó que la determinación del A quo de negar la suspensión provisional con efectos restitutorios se encontraba ajustada a derecho, en virtud de que el dictado de la resolución del recurso de apelación se traduciría en la cesación de las omisiones reclamadas, lo que significaba que las autoridades involucradas vencieran la abstención que les había sido atribuida.
28. Que no era dable imprimir dichos efectos a la suspensión, al encontrarse íntimamente vinculado con el fondo del asunto; a tal grado que de otorgarse la medida cautelar sería imposible retrotraer los efectos derivados de la misma.
29. Refirió que incluso, cuando bajo la apariencia del buen derecho, pudiera advertirse una dilación prolongada en la emisión de una determinación en el recurso de apelación respectivo, la concesión de la medida suspensional, per se, imprimiría efectos definitivos, que no serían revocables en caso de que en el fondo se emitiera una sentencia adversa –de negativa de amparo o sobreseimiento del juicio de control constitucional–.
30. Abundó, que si bien acorde con el artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando la naturaleza del acto lo permitiera pudiera otorgarse la medida cautelar con efectos restitutorios, también lo era que, de acuerdo con las consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas, la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que ello estaba limitado a que los efectos de la suspensión pudieran retrotraerse en caso de que la sentencia de amparo fuera adversa a los intereses de la parte quejosa.
31. Esto –indicó–, pues dada la naturaleza accesoria de la suspensión, si los efectos restitutorios se tornaran definitivos y no únicamente provisionales, tendría que negarse la suspensión. De tal manera, que contrario a la pretensión del solicitante de la medida cautelar, en la especie, no era legalmente posible que la suspensión del acto omisivo reclamado se concediera para que las autoridades responsables emitieran una resolución en el recurso de apelación de origen, puesto que ello, insistió, se traduciría en imprimir efectos restitutorios que no pudieran retrotraerse ante una sentencia adversa en el juicio principal.
32. En tal sentido –precisó–, resultaba improcedente jurídicamente conceder la suspensión, dado que de hacerlo se estarían otorgando efectos definitivos que dejarían sin materia el juicio de amparo principal, es decir, de ordenar a las responsables ejecutoras, a través de la medida cautelar, el dictado de una determinación sobre el recurso de apelación, puesto que tornaría imposible una retrotracción de los efectos, ante una eventual sentencia que negara el amparo solicitado.
33. Que lo anterior fue justamente el motivo por el que la Segunda Sala del Alto Tribunal aclaró que el beneficio debía ser transitorio y no definitivo, por lo que, en el caso, era jurídicamente imposible conceder la suspensión provisional, bajo el riesgo de dejar sin materia el juicio de amparo principal, puesto qu si las autoridades responsables daban cumplimiento a los actos reclamados, se darían efectos propios del fallo protector. Por tanto, se consideraba improcedente la suspensión provisional con efectos restitutorios para que se emitiera una resolución que dirimiera el medio de impugnación penal ordinario dentro de los parámetros constitucionales y legales relativos.
34. Adujo, que no se soslayaba el contenido de la tesis aislada IX.P.13 P (11a.), emitida por del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN Y DILACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE TRAMITAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.”;(3) no obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, no resulta de observancia obligatoria para ese Tribunal Colegiado al constituir una tesis aislada dictada por un órgano jurisdiccional homólogo.
35. Aunado –dijo–, a que ese pronunciamiento atendió una cuestión fáctica distinta a la que se presentaba en ese asunto, a saber, que el Juez de Distrito negó la medida cautelar al estimar que se reclamaban actos omisivos carentes de ejecución, por lo que no existía un derecho qué restituir, así fuera provisionalmente o mediante una tutela anticipada; ello, al margen del criterio progresista sostenido por el tribunal homólogo.
B) Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al resolver la queja 192/2023
Antecedentes
36. El quejoso promovió demanda de amparo contra la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala; un Magistrado de cada una de las Salas restantes; así como de la Unidad de Gestión de las Salas de Segunda Instancia, todos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por la falta de tramitación del recurso de apelación que la defensa interpuso el treinta de agosto de dos mil veintitrés, así como la adhesión que realizó el propio imputado, en contra del auto por el cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 37. En dicha demanda, se adujo que el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se presentó una queja contra la dilación de tramitar el citado medio de impugnación, la cual se resolvió el tres de octubre siguiente, fecha en la que el quejoso tuvo conocimiento de que el veintiocho de septiembre anterior se remitió el recurso al Tribunal de Alzada, sin que a la data de la presentación de la demanda del juicio constitucional se hubiera resuelto lo conducente al respecto.
38. Asimismo, el promovente del amparo solicitó la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios, para que en el término de veinticuatro horas, las autoridades responsables señalaran fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos aclaratorios, en atención a que esta no podía verificarse en un plazo mayor de cinco días posteriores a su notificación.
39. El catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, ordenó la apertura del correspondiente incidente de suspensión derivado del expediente principal, ordenó los trámites pertinentes y negó la suspensión provisional solicitada.
40. Lo anterior, bajo la consideración de que el acto reclamado era un “acto omisivo carente de ejecución”, respecto del cual no existía un actuar que paralizar, ni un derecho que restituir de manera provisional o anticipatoria; explicó que si la providencia suspensional producía efectos solo en la medida en que impedía la ejecución del acto, o bien, que una vez ejecutado, devolvía las cosas al estado que tenían, un eventual desvanecimiento de la contumacia procesal reclamada constituiría una vinculación propia de la sentencia de fondo que conllevaría dejar sin materia el juicio de amparo.
41. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso el recurso de queja, del cual por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, que por auto de Presidencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés lo admitió a trámite, bajo el consecutivo 192/2023. En sesión extraordinaria, vía remota, de veintiuno siguiente se resolvió en el sentido de declararlo fundado, bajo lo siguiente:
Criterio contendiente
42. El Tribunal Colegiado calificó de fundado el agravio hecho valer por el recurrente. Señaló que del análisis integral de la demanda de amparo, a la luz de la relatoría de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advertía que el acto reclamado se hacía consistir no solo en las omisiones relativas al acuerdo y trámite del recurso de apelación, sino también a las dilaciones en que de manera sistemática había estado incurriendo la autoridad responsable en un tema que trascendía a los derechos fundamentales que subyacían en la resolución recurrida como lo eran la libertad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso.
43. De esta manera –apuntó–, si bien por regla general, se había considerado que la suspensión en el amparo no era factible respecto de actos negativos, lo cierto era que bajo el análisis de la apariencia del buen derecho, ponderado con el interés social y el orden público, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, aun en este tipo de casos era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios con el propósito de hacer cesar cualquier conducta o actividad de las autoridades responsables que militaran contra el acceso a la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 17 constitucional, por cuanto debía de ser pronta, es decir, sujeta a los plazos legales y expedita, por virtud de lo cual se debían remover los obstáculos que impidieran la prosecución adecuada de los cauces procesales.
44. Enseguida el órgano colegiado precisó los plazos establecidos para el trámite del recurso de apelación, previstos en los artículos 471, quinto párrafo (sic), 474 a 476 y 478, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales,(4) para concluir que la integración, sustanciación y resolución de un recurso de apelación, por regla general, podía abarcar hasta quince días hábiles o tres semanas; y si bien podía acaecer alguna vicisitud extraordinaria, trámite administrativo intermedio o circunstancia particular, que afectara tal plazo, lo cierto era que esa circunstancia no podía presumirse, sino que en todo caso debería de justificarse.
45. Que en la especie, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se manifestó que el recurso de apelación fue interpuesto por la defensa desde el treinta de agosto de dos mil veintitrés, al que recayó un acuerdo de seis de septiembre siguiente. Asimismo, el imputado, el dieciocho de septiembre de ese año, se adhirió al citado recurso; de ahí que si a esa data, estuvo en tiempo para hacerlo, era válido inferir que la notificación del auto en que se admitió el principal se realizó, al menos, el trece de septiembre de dos mil veintitrés –una semana después–.
46. Refirió que además en la demanda se narró que el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se presentó una queja contra la dilación de tramitar el recurso. La cual fue resuelta el tres de octubre de la misma anualidad, data en que se tuvo conocimiento de la remisión de esa impugnación al Tribunal de Alzada el veintiocho de septiembre anterior y para el diez de noviembre de ese mismo año, la autoridad correspondiente no había resuelto lo conducente respecto del recurso y de ser el caso, tampoco se había señalado fecha para la audiencia de aclaración de agravios.
47. En síntesis –indicó–, el recurso debió de resolverse, cuando mucho, hasta antes del treinta de septiembre de dos mil veintitrés, pero al diez de noviembre siguiente (dos meses y diez días posteriores a su presentación) la parte quejosa se vio en la necesidad promover el juicio de amparo indirecto, por la omisión de las autoridades responsables de respetar la normatividad que lo regulaba.
48. Abundó que para ese Tribunal Colegiado era importante precisar que, si bien los actos reclamados consistían en omisiones (radicar el recurso y señalar fecha para audiencia), subyacía de forma especial y destacada que la materia del recurso tenía relación directa con la pretensión del quejoso de obtener su libertad. El recurso se interpuso para cuestionar la legalidad de la decisión en que se negó la imposición de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada.
49. Así –dijo–, en esa línea de pensamiento, la suspensión se erigía como una institución de naturaleza procesal que, como medida cautelar, tenía por objeto no solo mantener viva la materia del amparo, sino también evitar que se causaran al quejoso daños de difícil resarcimiento, al ordenarse, a través de la misma, que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban al momento de su concesión, o incluso, si la naturaleza del acto lo permitía, conferir una tutela anticipada sobre el derecho que se estimaba violado, pues de llegar a consumarse irreparablemente el acto reclamado durante la secuela del juicio de amparo, éste sería un medio de defensa inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva.
50. Señaló que en términos del artículo 128(5) de la Ley de Amparo, cuando procediera la suspensión a petición de parte (supuesto que interesaba para la resolución del asunto), las personas juzgadoras ordenarían tramitar el incidente relativo por cuerda separada y por duplicado; de igual manera, para la concesión de dicha medida, deberían verificar que se encontraban satisfechos dos requisitos: primero, que la persona que promovió el juicio la solicitara y, segundo, que de concederse la suspensión no se siguiera perjuicio al interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público.
51. Que adicionalmente, el numeral 138(6) de la citada ley exigía al órgano jurisdiccional que realizara un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público para poder determinar si concedía o negaba la medida. Por su parte, el diverso 147(7) del mismo ordenamiento, disponía que en caso de que resultara procedente conceder la medida cautelar, el órgano jurisdiccional debía fijar la situación en que habría de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podía establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependía el que la medida siguiera surtiendo efectos; además, en atención a la naturaleza del acto reclamado, ordenaría que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y de ser jurídica y materialmente posible, restablecería provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dictara sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
52. Precisó que de acuerdo con lo anterior, válidamente podía afirmarse que en el juicio de amparo, la suspensión podía no solo servir en la paralización de un estado de cosas en aras de impedir que el acto arbitrario se materializara, sino también para restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho afectado. En el entendido que conforme al artículo 131(8) de la Ley de Amparo, la suspensión no podía llevar a constituir derechos que el quejoso no tenía antes de solicitar la medida cautelar, ya que la suspensión solo se justificaba cuando había apariencia suficiente del derecho que ya se ostentaba y que precisaba protección provisional por haber sido afectado por un acto desproporcionado.(9)
53. Asimismo, mencionó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018,(10) indicó que la naturaleza omisiva de los actos reclamados era relevante solo para determinar el contenido que adoptaría la suspensión, pero no para determinar la procedencia de la medida cautelar, en virtud de que el beneficio provisional que se pretendía con la suspensión, permitía que la persona alcanzara transitoriamente un efecto que, al final del día, podía confirmarse o revocarse a través de la sent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33144-ed0ec0c7/suspension-provisional-con-efectos-restitutorios-procede-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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