SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA NEGATIVA PARA QUE EL QUEJOSO TENGA ACCESO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN INSTAURADA EN SU CONTRA Y OBTENGA COPIAS DE LA MISMA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 22/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS JESÚS RAFAEL ARAGÓN Y SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: ROLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
III. COMPETENCIA.
15. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, tercer párrafo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y de conformidad con el diverso Acuerdo General 108/2022 del propio Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios emanados de resoluciones provenientes del Primer y Segundo Tribunales Colegiados ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, pertenecientes a un Circuito que comprende la Región Centro-Sur, conforme a lo señalado en los numerales 8 y 10 del referido Acuerdo General 67/2022 y porque el tema planteado versa sobre la materia penal, que es la especialización de este Pleno Regional.
IV. LEGITIMACIÓN.
16. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los ordinales 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el autorizado de la parte quejosa y recurrente en los criterios contendientes.
17. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el autorizado de la parte quejosa en el juicio de amparo tiene legitimación para denunciar la posible contradicción de criterios, pues la ley le confiere la facultad de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos de quien lo autoriza, lo que se actualiza cuando el propósito es preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.(1)
V. CRITERIOS DENUNCIADOS.
18. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los referidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver el recurso de queja 119/2023.
19. Hechos. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, un quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de, entre otros actos, la negativa y obstaculización de entrega de copias de una carpeta de investigación, reclamada de la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.
20. De dicho asunto tocó conocer por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, con el número 120/2023 de su índice, el que por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo.
21. Asimismo, al haberlo solicitado la parte quejosa, abrió el incidente de suspensión en el que negó la medida suspensional respecto del acto reclamado consistente en la negativa de la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de otorgarle copias de la carpeta de investigación.
22. El Juez Federal consideró que los actos reclamados eran de naturaleza negativa, porque las autoridades se rehusaban a hacer algo, de acuerdo a la petición planteada por el promovente; lo que se traducía en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no aceptar lo solicitado.
23. Indicó que, en el caso, el quejoso refirió que pese a haber solicitado la expedición de copias de la carpeta de investigación, la responsable no se las había entregado, por lo que lo procedente era negar la suspensión provisional solicitada, pues no era dable que con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable abandonar su conducta, accediendo a la petición de la parte quejosa, pues en ese caso, se darían a la suspensión así concedida, efectos restitutorios que únicamente corresponden a la resolución que se dicte en el fondo del juicio principal, en términos del ordinal 77 de la Ley de Amparo.
24. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja que por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el que mediante auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite con el número 119/2023.
25. Posteriormente, mediante ejecutoria dictada por mayoría de votos en sesión de ocho de mayo de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes de ese tribunal revocaron el auto impugnado y concedieron la suspensión provisional solicitada por el quejoso.
26. Criterio jurídico. En tal ejecutoria, el órgano colegiado indicó que es factible conceder la suspensión provisional al quejoso, contra los actos negativos u omisivos por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, porque si bien dicho acto tiene carácter negativo, sus efectos deben catalogarse como positivos, dado que éstos son de momento a momento, respecto de los cuales es factible conceder la suspensión provisional.
27. Asimismo, consideró que, atendiendo a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, la suspensión debe concederse para el efecto de que la autoridad responsable ministerial no sólo otorgue acceso a la carpeta de investigación respectiva, sino también expida las copias que le fueron solicitadas.
28. Destacó que la medida suspensional no desnaturaliza la figura de la suspensión y, por el contrario, con ello se respetará el derecho del quejoso de enterarse de los hechos que le atañen y, en su caso, aportar medios de convicción, lo que se traduce en un efecto restaurativo provisional anticipado, atento a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, aunado a que es un beneficio transitorio que tiene vida jurídica hasta tanto se dicte la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva.
29. Precisó que en cada caso particular, el juzgador goza de facultades para fijar las modalidades y requisitos que estime pertinentes y así conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos, en atención al primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo.
30. Expuso que ello no implica emitir un criterio contradictorio frente a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que ha sustentado que es improcedente conceder la suspensión respecto de actos negativos, porque en el caso concreto se vulneraría el derecho fundamental de acceso a la justicia del promovente.
31. Apoyó su criterio en la contradicción de tesis 1/2017 del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, que originó la jurisprudencia PC.XXV. J/11 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, septiembre de 2019, Tomo II, página 1535, con número de registro digital 2020650, de rubro y texto:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE DAR ACCESO A LOS INDICIADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS DE MOMENTO A MOMENTO. Si durante la etapa de investigación el agente del Ministerio Público determina negar el acceso a los indiciados a la carpeta de investigación, debe considerarse un acto de carácter negativo con efectos de momento a momento, respecto del cual es factible conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, para el efecto de permitirles el acceso a dicha carpeta, ello atendiendo a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo que no desnaturalizaría la figura de la suspensión y respetaría el derecho de enterarse de los hechos que les atañen y, en su caso, aportar medios de convicción, lo que se traduce en un efecto restaurativo, provisional y anticipado atento a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, aunado a que es un beneficio transitorio que tiene vida jurídica, hasta que se dicte la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que en cada caso particular, el juzgador goza de facultades para fijar las modalidades y requisitos que estime pertinentes y así conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos, en atención al primer párrafo del citado artículo 147."
32. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado declaró fundada la queja y concedió la suspensión provisional, para el efecto de que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, otorgara al impetrante las copias solicitadas de la carpeta de investigación, a fin de que integrara su defensa. Bajo la precisión de que éstas debían ser únicamente las que atañen a su posible participación y diligencias practicadas con las personas que se encuentre involucrado; no así de los restantes datos de prueba que debían guardar sigilo por parte de la autoridad responsable, los que deberían conservar su resguardo a fin de no entorpecer la investigación.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver el recurso de queja 121/2023.
33. Hechos. Un quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de diversos actos reclamados, entre ellos, la obstaculización por parte de un Juez de Control para acceder a los registros de audio y video de la causa penal y a la carpeta de investigación, seguidas en su contra.
34. Asimismo, solicitó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se le entregara copia de la carpeta de investigación, para hacer valer su derecho de defensa.
35. Por cuestión de turno, tocó conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, quien la registró con el número 438/2023.
36. Por auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Federal negó la medida suspensional provisional respecto del mencionado acto reclamado, al considerar que le reviste el carácter de negativo, en contra del cual es improcedente la medida cautelar solicitada, pues de concederse se le darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo.
37. En contra de tal resolución, el quejoso interpuso recurso de queja, mismo que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, radicado por proveído de presidencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, con el número de expediente 121/2023.
38. Posteriormente, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja.
39. Criterio jurídico. El referido tribunal estimó correcta la decisión del Juez de Distrito al negar la suspensión provisional, dado que era jurídicamente inviable otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, pues de concederse la medida cautelar en los términos pretendidos, es decir, con efectos restitutorios, quedaría sin materia la litis en el juicio principal.
40. Estableció que en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 147 de la Ley de Amparo y sostuvo que para la procedencia de la medida cautelar con efectos restitutorios, es necesario, entre otros requisitos, la transitoriedad del beneficio que se obtenga con la concesión de la suspensión que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse de momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.
41. Señaló que tales argumentos se reflejaron en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de dos mil diecinueve, Libro 73, Tomo I, página 286, con número de registro digital: 2021263, de rubro y texto:
"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución ‘atendiendo a la naturaleza del acto reclamado’, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior."
42. Precisó que si a través de la suspensión el quejoso pretende se le dé acceso a la carpeta de investigación y copia de la misma a fin de ejercer su derecho de defensa, es inconcuso que, de concederse la indicada medida cautelar para esos efectos, quedaría sin materia el juicio de amparo respecto de ese acto reclamado y, por ello, fue jurídicamente correcto negar la suspensión provisional.
43. Expuso que en un diverso agravio, el recurrente señaló que el Juez de amparo no tomó en consideración la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, octubre de 2019, Tomo I, página 994, con número de registro digital: 2020891, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido."
44. El tribunal consideró que tal argumento era infundado, pues dicho criterio no era aplicable a la suspensión provisional del acto reclamado, sino a la materia del fondo del asunto.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.
45. En la jurisprudencia 72/2010 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una contradicción de tesis será existente, cuando órganos jurisdiccionales terminales adopten en sus sentencias criterios jurídicos divergentes, siempre que se trate de un mismo punto de derecho, aun cuando sus condiciones fácticas no sean exactamente iguales.(2) 46. Por su parte, la Primera Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia 22/2010,(3) determinó que las condiciones para la existencia de una contradicción de tesis (actualmente contradicción de criterios) son las siguientes:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
47. Realizando este breve test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso en concreto y con ello verificar si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
48. Pasemos ahora a verificar si, en este caso, se cumplen los requisitos mencionados para establecer que existe una genuina contradicción de criterios.
a) Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
49. Este Pleno Regional considera que los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
50. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, determinó que debe concederse la suspensión provisional con efectos restaurativos en contra del acto reclamado consistente en la negativa de expedir copias de la carpeta de investigación, porque es un acto de carácter negativo con efectos positivos, respecto del cual es factible conceder la suspensión provisional para que la responsable otorgue acceso a la indagatoria, así como para que expida las copias solicitadas por el peticionario del amparo. Asimismo, consideró que el otorgamiento de la medida deriva en un beneficio transitorio.
51. Por otra parte, en un caso similar, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito consideró que es jurídicamente inviable otorgar la suspensión con efectos restitutorios para que el quejoso tenga acceso a la carpeta de investigación y copias de ésta, pues de concederse tendría efectos propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y quedaría sin materia la litis en el juicio principal.
52. Con este breve resumen puede verse que, efectivamente, los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial para tomar decisiones en asuntos jurídicos sometidos a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para emitir sus resoluciones.
b) Segundo requisito. Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico.
53. Por lo que hace al segundo requisito, también se estima cumplido, en virtud de que los Tribunales Colegiados sostuvieron posturas disímbolas respecto a una problemática jurídica con características similares, consistente en determinar si es procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios en contra de los actos reclamados consistentes en la negativa para que el quejoso tenga acceso a una carpeta de investigación y obtenga copias de ella.
54. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, determinó que sí debe concederse la suspensión provisional en esos términos, porque el referido acto reclamado tiene carácter negativo con efectos positivos, dado que son de momento a momento, respecto de los cuales es factible concederla.
55. Indicó que, atendiendo a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, el otorgamiento de la suspensión es para el efecto de que la autoridad responsable permita al quejoso el acceso a la carpeta de investigación y también expida las copias que le fueron solicitadas, lo que se traduce en un efecto restaurativo provisional anticipado conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo y configura un beneficio transitorio que tiene vida jurídica hasta tanto se dicte la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva.
56. Asimismo, expuso que el juzgador goza de facultades para fijar las modalidades y requisitos que estime pertinentes, a fin de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida cautelar siga surtiendo efectos, en atención al primer párrafo del precepto referido.
57. Precisó que concederla en estos términos no desnaturaliza la figura de la suspensión y, por el contrario, con ello se respeta el derecho del quejoso de enterarse de los hechos que le atañen y aportar medios de convicción.
58. Señaló que ello no implicaba contradecir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que ha sustentado que es improcedente conceder la suspensión respecto de actos negativos, porque en el caso concreto, se vulneraría el derecho fundamental de acceso a la justicia del promovente.
59. Apoyó su criterio en la tesis PC.XXV. J/11 P (10a.), del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE DAR ACCESO A LOS INDICIADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS DE MOMENTO A MOMENTO."
60. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito consideró que es jurídicamente inviable otorgar la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso tenga acceso a la carpeta de investigación, pues de concederse se le darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y quedaría sin materia la litis en el juicio principal.
61. Expuso que ello era así, pues al resolver la contradicción de tesis 85/2018, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la Primera Sala estableció que de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la medida cautelar con efectos restitutorios, es necesario, entre otros requisitos, la transitoriedad del beneficio que se obtenga con la concesión de la suspensión que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse de momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.
62. Indicó que conforme a dichas consideraciones, debía negarse la suspensión provisional, porque si a través de ella el quejoso obtiene el acceso a la carpeta de investigación y copia de la misma a fin de ejercer su derecho de defensa, incuestionablemente quedaría sin materia el juicio constitucional.
63. Cabe precisar que los aspectos fácticos que dieron origen a las ejecutorias contendientes son distintos, pues en el caso resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, la autoridad responsable fue la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz; en cambio, en el asunto del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el acto reclamado se atribuyó a un Juez de Control, al que incluso se le reclamó la negativa de acceder a los registros y videos de una causa penal.
64. No obstante lo anterior, los órganos contendientes no se centraron en las facultades o naturaleza de las autoridades responsables, ni en la etapa en que se encontraban los procedimientos penales de los que derivaron los actos reclamados, sino lo que interesa es que se refirieron a una misma premisa jurídica, relativa a la procedencia de la suspensión provisional con efectos restitutorios en contra de la negativa de acceso a una carpeta de investigación y obtener copias de la misma.
65. En efecto, analizaron un plano normativo similar, pues los dos Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto a si es procedente o no, otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios conforme a lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Amparo y sobre esa base, uno de ellos consideró que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo con efectos positivos, lo que permite concederla como un beneficio transitorio y, el otro, determinó que de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), en la que se analizó el referido precepto legal, la naturaleza del acto reclamado no es relevante para determinar la procedencia de esa clase de medida cautelar, sino la transitoriedad del beneficio que se obtenga con ella y, por ello, en el caso, no puede otorgarse la suspensión en esos términos porque tendría efectos propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y de concederse quedaría sin materia la litis en el juicio principal.
66. Por tanto, este Pleno advierte que aunque los Tribunales Cole
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31749-7c606f45/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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