SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE DAR ACCESO A LOS INDICIADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS DE MOMENTO A MOMENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LA MAGISTRADA SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y LOS MAGISTRADOS LEOPOLDO HERNÁNDEZ CARRILLO, CARLOS CARMONA GRACIA Y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BIBIANO. PONENTE: LEOPOLDO HERNÁNDEZ CARRILLO. SECRETARIO: ADÁN DE LIRA ÁVALOS.
Durango, Durango, acuerdo del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, correspondiente a la sesión de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 1/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Mediante escrito recibido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, el Magistrado Héctor Flores Guerrero, integrante del Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito, con sede en esta ciudad, formuló denuncia sobre la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja penal 101/2016 y 89/2016, de sus registros administrativos, respectivamente.
SEGUNDO.—Trámite ante el Pleno de Circuito. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro en el libro correspondiente, con el número 1/2017; a su vez solicitó a los Magistrados presidentes del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Quinto Circuito, remitieran copia certificada de las ejecutorias emitidas en los recursos de queja penal 101/2016 y 89/2016, respectivamente, e informaran si dichos criterios se encontraban vigentes, o en su caso, el motivo por el cual se superaron o abandonaron.
También pidió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, copia certificada de la demanda de la que derivó el juicio de amparo indirecto **********, de su índice.
TERCERO.—Integración del expediente de contradicción de tesis. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, tuvo por recibidos en copia certificada y en versión electrónica, los siguientes documentos: ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, en el recurso de queja penal 89/2016, oficio 2704 de veinticinco de enero del año en curso, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, y copia de la demanda del amparo indirecto **********, del índice del propio juzgado federal; respecto de los dos últimos ordenó su impresión y determinó que fueran agregados a los autos de este expediente.
En proveídos de uno y dos de febrero de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, tuvo por recibidos el oficio CCST-C-55-01-2017, signado por la Coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que solicitó información al secretario general de Acuerdos de ese Alto Tribunal si sobre el tema "DETERMINAR LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL A DAR ACCESO A LOS PROBABLES IMPUTADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE, DE ESTIMARLO NECESARIO, OFREZCAN DATOS DE PRUEBAS QUE SEAN CONSIDERADOS ANTES DE DECIDIR, EN SU CASO, LA CONSIGNACIÓN DE DICHA CARPETA"; el correo electrónico y el oficio 2422/2017, de treinta y uno de enero anterior, remitidos por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito, a los que acompañó la versión electrónica y copia digitalizada, respectivamente, de la resolución dictada en el recurso de queja penal 101/2016.
Por acuerdo de presidencia de tres de febrero de dos mil diecisiete, el Magistrado Héctor Flores Guerrero tuvo por recibido el oficio CCST-X-55-02-2017, signado por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que anexó copia simple del oficio SGA/GVP/089/2017, emitido por el secretario general de Acuerdos de ese Alto Tribunal, por el que informó que no está radicada contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el diverso "DETERMINAR LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL A DAR ACCESO A LOS PROBABLES IMPUTADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE, DE ESTIMARLO NECESARIO, OFREZCAN DATOS DE PRUEBA QUE SEAN CONSIDERADOS ANTES DE DECIDIR, EN SU CASO, LA CONSIGNACIÓN DE DICHA CARPETA".
CUARTO.—Turno del asunto. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil diecisiete, se dispuso el turno del asunto al Magistrado Carlos Carmona Gracia, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
En auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete en atención al acuerdo adoptado por el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, en la sesión ordinaria 5/2017, se dispuso el returnar al Magistrado Héctor Flores Guerrero, para elaborar el respectivo proyecto de resolución.
El seis de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Circuito en la sesión extraordinaria 2/2017, se ordenó returnar al Magistrado Héctor Flores Guerrero para la elaboración del proyecto de resolución.
Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el returno del presente asunto a la Magistrada Susana Magdalena González Rodríguez, según lo acordado por el Pleno de este Circuito en sesión extraordinaria 1/2018, para la elaboración del respectivo proyecto de resolución.
Sin embargo, el siete de junio de dos mil dieciocho se acordó suspender el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto los integrantes del Pleno decidan el orden de turno de los asuntos pendientes a resolver.
En auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho se ordenó levantar la suspensión del procedimiento y se ordenó el returno del presente al Magistrado Máximo Ariel Torres Quevedo para la elaboración del proyecto de resolución.
El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho se returnó el presente asunto al Magistrado Héctor Flores Guerrero en virtud a la licencia de carácter médico otorgada al Magistrado Máximo Ariel Torres Quevedo, con el fin de la elaboración del proyecto de resolución.
En acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en virtud a la readscripción del Magistrado Guillermo David Vázquez Ortiz, al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, se returnó el presente para la elaboración del respectivo proyecto de resolución.
Por auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve se returnó el asunto al Magistrado Héctor Flores Guerrero, representante del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y, por diverso de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se returnó nuevamente al Magistrado Guillermo David Vázquez Ortiz, pues a él correspondió sustituirse en las facultades y obligaciones del primero.
En sesión ordinaria 1/2019, celebrada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se determinó que el asunto quedara en lista; por lo que el nueve de abril del mismo año, el Magistrado Guillermo David Vázquez Ortiz presentó ante el Pleno el proyecto de resolución correspondiente.
Finalmente, en acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en virtud de la comisión del Magistrado Leopoldo Hernández Carrillo, al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, se le returnó el presente expediente.
QUINTO.—Resolución y actuaciones posteriores. El presente asunto se listó el trece de mayo de dos mil diecinueve, para su discusión y resolución en la tercer sesión ordinaria, del veintiocho del mismo mes y año.
En dicha sesión se aprobó el proyecto de sentencia, misma que se terminó de engrosar el diez de junio de dos mil diecinueve, y se iniciaron los trámites legales correspondientes para la publicación de la tesis de jurisprudencia resultante de dicha resolución.
No obstante, mediante acuerdo de presidencia de cuatro de julio de la misma anualidad, se hizo constar que de una revisión de la ejecutoria, se advirtió una posible inconsistencia de carácter estrictamente formal en el engrose, por lo que se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspendiera la publicación de la referida ejecutoria y de la jurisprudencia que de ella emanó hasta en tanto el Pleno de Circuito atendiera dicha situación.
De ese modo, el quince de julio de dos mil diecinueve se convocó a los integrantes del Pleno a la Segunda Sesión Extraordinaria –protocolaria de trámite–, para sesión de veintisiete de agosto siguiente.
Al desahogarse esta última, los Magistrados integrantes del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito concordaron unánimemente que la sentencia documento dictada en el expediente en que se actúa presentaba la irregularidad formal que ahí se destacó, misma que era susceptible de corregirse –en términos del artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado de manera sistemática, y de la jurisprudencia P./J. 3/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, porque se trataba de un mero error que no alteraba las consideraciones esenciales de la misma, específicamente lo que atiende a que, al aprobarse el engrose definitivo de la sentencia documento que recayó a la presente contradicción de tesis, se determinó suprimir los párrafos correspondientes a partir del último que aparece en la página cincuenta y cinco al primero del folio sesenta y dos, aunque con la pertinente precisión que se indicó, en referencia a la resolución de la contradicción de tesis 85/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la diversa contradicción de tesis 255/2015 de la aludida Sala del Alto Tribunal, siendo que por un error no se atendió tal circunstancia.
De modo que, a fin de que el documento sentencia concuerde con la sentencia como acto jurídico decisorio, y que pueda ser remitido a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró procedente la aclaración de sentencia y se ordenó la corrección del engrose correspondiente, en los siguientes términos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de la posible contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Quinto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo previsto en los preceptos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que fue formulada por el Magistrado Héctor Flores Guerrero, integrante del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la presente contradicción de tesis son las siguientes:
I. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja penal 101/2016, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en lo que interesa, sostuvo:
"SEXTO. Los artículos 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo disponen: ...
"Este tribunal no observa irregularidad alguna en la determinación materia de queja, ni que suplir la deficiencia de los agravios conduzca a una finalidad provechosa para las quejosas; por ese motivo, únicamente se limita al análisis de los agravios que expusieron, de los cuales unos son infundados y el resto inoperantes, por los motivos que enseguida se expresan.
"El artículo 157 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que, en lo conducente, se aplicará al auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decida sobre la suspensión definitiva.
"El artículo 146, fracción I, de la Ley de la materia dispone:
"‘Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:
"‘I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; ...’
"En esa fracción se dispone que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, lo que es aplicable también al auto en que se determine la procedencia de la suspensión provisional, según lo dispuesto por el numeral 157 in fine.
"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, que la fijación clara y precisa del acto o de los actos reclamados se obtiene de la lectura íntegra de la demanda de garantías e, inclusive, de la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor.
"El artículo 77, fracción I, de la abrogada Ley de Amparo y 146 de la nueva legislación son de similar contenido, en cuanto a la necesidad de fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, de manera que en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 32, Tomo Décimo Primero, abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.—Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.’
"Por las mismas razones es aplicable la tesis aislada P. VI/2004, visible en la página 255, Tomo Décimo Noveno, abril de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.—El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.’
"Por otro lado, de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley de Amparo, en esencia, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos.
"En la tesis aislada visible en la página 1755, tomo centésimo vigésimo quinto, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena.
"Además, la mencionada Sala del Más Alto Tribunal de la Nación estimó que el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso. El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo.
"Ese criterio es del contenido literal siguiente:
"‘ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS).—Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo.’
"De igual manera, por actos declarativos se entienden aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derecho o de situaciones existentes.
"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 2894, Tomo cuadragésimo séptimo, Materia Administrativa, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘ACTOS DECLARATIVOS, CUÁLES NO LO SON.—Por actos declarativos deben entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implican modificación alguna de derecho o de situaciones existentes.’
"Por el contrario, un acto tiene efectos positivos cuando produce una modificación material en la esfera jurídica del quejoso, con base en una relación necesaria de causa y efecto.
"Así se induce de los siguientes criterios, en su parte conducente:
"Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5448, Tomo octogésimo primero, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"‘ACTOS NEGATIVOS, CON EFECTOS POSITIVOS.—Si el acto reclamado consiste en la resolución dictada en apelación, que revocó el auto que aprobaba un convenio en virtud del cual el quejoso adquirió cierto bien, no es exacto que dicho acto reclamado sea típicamente negativo y que no produzca efectos positivos, porque indudablemente si se deja que la resolución reclamada produzca sus efectos, éstos traerán como consecuencia que se prive al quejoso del citado bien y de los derechos inherentes al mismo, por lo cual pueden causársele perjuicios de difícil reparación.’
"Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 701, Tomo Sexagésimo Segundo, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y sinopsis siguientes:
"‘ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS, CONTRA ELLOS PROCEDE LA SUSPENSIÓN.—Si se reclama en amparo la resolución que se niega a revocar una anterior, que desechó por extemporánea la excepción de pago opuesto en un juicio ejecutivo mercantil, al no revocarse la resolución recurrida, ésta quedó firme; y si en ella se ordenaba al quejoso que exhibiera los bienes embargados que conservaba como depositario, para valorarlos, y esos bienes están inmovilizados por ser la maquinaria que el quejoso utiliza en una industria, con ejecución del acto reclamado se puede causar perjuicio de difícil reparación al quejoso, y procede conceder la suspensión mediante fianza.’
Tesis aislada I.4o.A.427 A, que se comparte, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1629, Tomo Décimo Noveno, marzo de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:
"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE CONCEDERSE CONTRA UNA INTERLOCUTORIA QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN, PERMITIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA GARANTÍA Y LA POSIBLE REVOCACIÓN O CANCELACIÓN DE UN PERMISO, AL TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS.—La interlocutoria de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por la que niega la suspensión definitiva respecto de la ejecución de una garantía por determinada cantidad de dinero, así como de la posible revocación o cancelación de un permiso de distribución de gas natural, aun cuando es un acto negativo debe considerarse que produce efectos positivos, ya que dada la inminencia de la ejecución de la garantía y la posible revocación o cancelación del permiso, hace presumir irremediablemente que se consumarán actos que pueden ser ilegales, sin la posibilidad de ser revisados, lo que atenta contra los más elementales valores y principios que tutela el estado de derecho. Así las cosas, dado que la resolución reclamada es un acto negativo, pero con efectos positivos, y tomando en cuenta, además, que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión a fin de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, esto es, para que no se ejecute la garantía y no se revoque o cancele el permiso hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión denegada por la Sala y reclamada en el juicio de amparo.’
"Tesis aislada XII.1o.9 K, compartida por este Tribunal Colegiado, visible en la página 1802, Tomo Décimo Tercero, enero de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS.—Si los actos contra los que se pide el amparo consisten en la negativa del administrador local de Auditoría Fiscal de suspender el procedimiento de comprobación fiscal que dio inicio con una orden de visita domiciliaria, procede conceder la suspensión provisional aun cuando dicho acto tenga aparentemente carácter negativo, toda vez que tiene efectos positivos, pues la consecuencia de la citada negativa es la continuación de la visita domiciliaria, además que de continuar dicho procedimiento y concluir aquélla, se dejaría sin materia el fondo del juicio de garantías.’
"En la demanda de garantías, las quejosas expusieron:
"‘C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE DURANGO.
"‘PRESENTE
"‘********** y **********, mexicanas, mayores de edad; señalando como domicilio procesal el ubicado calle (sic) **********, Durango, Durango; nombrando como autorizada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la Licenciada en derecho ********** (con cédula profesional número ********** y como autorizada para el solo efecto de oír notificaciones e imponerse de autos a la P.D. **********, con el debido respeto:
"‘Exponemos.
"‘Que con fundamento por lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos presentamos ante su Señoría a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de autoridad que a continuación precisaremos, al considerar que los mismos violentan los derechos fundamentales de estas quejosas.
"‘Así procedemos en los extremos que impone el artículo 108 de la Ley de Amparo, a hacer los siguientes:
"‘Señalamientos.
"‘I. Nombre de las quejosas. ********** y **********.
"‘II. Tercero interesado. Bajo formal protesta de conducirnos con verdad, manifestamos que, al momento de presentar la demanda de amparo, se desconoce si existe alguna persona a quien se le pueda atribuir la calidad de tercero interesado, ello, en virtud de las circunstancias en que se ha tenido conocimiento del acto reclamado, y que en el capítulo respectivo se expone.
"‘III. Autoridades responsables.–Como tal, se señalan las siguientes:
"‘I. Fiscal General en el Estado de Durango.
"‘II. Coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado.
"‘III. Vicefiscal General de la Fiscalía General del Estado.
"‘IV. Vicefiscal General de Procesos de la Fiscalía General del Estado.
"‘V. Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General en el Estado.
"‘VI. Coordinador de la Unidad de Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado.
"‘VII. Subcoordinador de Ministerios Públicos A, de la Fiscalía General del Estado.
"‘VIII. Subcoordinador de Ministerios Públicos B, de la Fiscalía General del Estado.
"‘IX. Subcoordinador de Ministerios Públicos Foráneos, de la Fiscalía General del Estado.
"‘Todos con domicilio en carretera Durango, Torreón kilómetro 7.5 Ciudad Industrial.
"‘X. Vicefiscal de la Zona I Región Laguna de la Fiscalía General del Estado.
"‘Con domicilio en libramiento periférico, Lerdo Durango.
"‘XI. Tribunal de Control y Oralidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la ciudad de Durango, Durango.
"‘Con domicilio en carretera Durango, Torreón, kilómetro 6.5.
"‘XII. Tribunal de Control y Oralidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.
"‘Con domicilio avenida Morelos 326 Norte, Zona centro en Gómez Palacio, Durango.
"‘IV. Actos reclamados. De las autoridades responsables se les reclama lo siguiente:
"‘De las autoridades señaladas como responsables de I al X se les reclama la negativa de ser llamadas a la carpeta de investigación o averiguación previa que se ventila ante ellos o sus agentes del Ministerio Público a cargó (sic) y en el que se tiene a las suscritas como imputadas.
"‘Del resto de las responsables, Tribunales de Control y Oralidad, les reclamamos la inminente recepción y radicación de la(s) carpeta(s) de investigación o averiguación(es) previa(s), así como el libramiento de las ordenas (sic) o averiguación(es) previa(s), así como el libramiento de las órdenes de comparecencia y/o aprehensión en nuestra contra.
"‘Así, de los actos reclamados se puede advertir los siguientes:
"‘V. Derechos humanos violados. Los derechos humanos y sus garantías de vida privada y confidencialidad, debido proceso legal, adecuada defensa, contradicción e Igualdad (sic) de armas de las suscritas consagrados en los artículos 1o., 6o., 14, 16, 20, 21 y (sic) 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
"‘VI. Antecedentes y hechos. Manifestamos bajo formal protesta de decir verdad que los siguientes son los antecedentes de los actos de autoridad reclamados:
"‘1. En días pasados, nos encontrábamos en nuestros respectivos domicilios, y comparecieron diversos sujetos que dijeron representar a la Fiscalía General del Estado.
"‘2. Los sujetos en comento nos exigieron la entrega de información relativa a nuestros datos bancarios personales y nuestras propiedades para, integrarlas y publicarlas dentro de un procedimiento y así poder judicializar una supuesta investigación que se lleva en nuestra contra.
"‘3. Las suscritas les exigimos verbalmente la entrega de una orden en la que se fundamentara y motivara tal requerimiento y, asimismo, en ese mismo momento solicitamos verbalmente que se nos diera vista y se nos llamara a la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de defender nuestros derechos.
"‘4. Los sujetos investigadores respondieron que ni nos darían la orden y tampoco nos llamarían a la etapa de investigación, sino que ello sé ría (sic) hasta que la misma fuere judicializada; esto tiene por efecto que se nos prive de nuestro derecho fundamental a la debida defensa dentro del periodo previo de investigación del ilícito.
"‘5. Ante nuestra insistente negativa de acceder a sus peticiones de proporcionar la información, ya que es personal y confidencial, los sujetos se retiraron de los domicilios y alegaron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Registro Público de la Propiedad y Catastro Municipal, sí harían entrega de la información por ya habérsela solicitado.
"‘6. Es menester señalar que las suscritas desconocemos por completo datos de localización del supue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29021-902edc39/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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