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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA ESTATAL (ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE HASTA EL 15 DE MAYO DE 2023).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 204/2023. · Registro digital (IUS): 32239
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-03-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo VI, Pág.5485.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 204/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ CABAÑAS MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el siete de diciembre dos mil veintitrés y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado electrónicamente el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dirigido a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver respectivamente los recursos de queja Q.A. 139/2022 y Q.A. 1/2023, respectivamente.

2. SEGUNDO.—Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de veintinueve de junio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio de mérito.

3. En ese orden, se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 204/2023; se admitió a trámite y se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).

4. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Gaspar Paulín Carmona, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

5. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.

6. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

7. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo a "DETERMINAR SI PROCEDE O NO, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUE PREVÉ LA FACULTAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA REQUERIR INFORMACIÓN A UN PARTICULAR SOBRE HECHOS PRESUNTAMENTE ILÍCITOS."

8. TERCERO.—Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes remitieron las respectivas ejecutorias y rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos por acuerdos de cinco y siete de julio del año que corre.

9. CUARTO.—Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio de cuatro del mismo mes y año, signado por el Titular de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis Pendientes de Resolver –visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx. y https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección Amparos, Contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia del Alto Tribunal–, durante los últimos seis meses, no se advertía la existencia de resolución de contradicción de criterios pendiente alguna en el índice del Alto Tribunal respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios consistente en: "DETERMINAR SI PROCEDE O NO, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUE PREVÉ LA FACULTAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA REQUERIR INFORMACIÓN A UN PARTICULAR SOBRE HECHOS PRESUNTAMENTE ILÍCITOS."

10. QUINTO.—Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Gaspar Paulín Carmona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(3) y para los efectos del diverso 44,(4) ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, esto es, para la formulación del proyecto de resolución a partir del once de agosto de dos mil veintitrés, conforme a la publicación en la lista oficial de notificaciones, del mencionado proveído.

11. SEXTO.—Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna ante este Pleno Regional, a través de la figura del amicus curiae, hasta el momento en que se incluyó la presente contradicción de criterios en la lista de asuntos con los que se dará cuenta en sesión.

12. SÉPTIMO.—Lista y aplazamiento. El presente asunto se incluyó en la lista de asuntos de dos de octubre de dos mil veintitrés, para resolverse en sesión de trece siguiente, y en atención a la deliberación suscitada, se acordó su aplazamiento para discutirse en una sesión posterior; y,

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; considerandos tercero y cuarto del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en su denominación y texto vigentes a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de abril de dos mil veintitrés; en relación con los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.

14. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

15. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(6) de la Ley de Amparo.

16. TERCERO.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.

17. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(7)

18. CUARTO.—Criterios contendientes. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada, y si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

19. Resolución del recurso de queja 139/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.(8)

20. Incidente de suspensión

21. Previo a sintetizar las consideraciones que expuso el Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de queja, conviene precisar los actos reclamados y las autoridades responsables señalados en la demanda de amparo y respecto de los cuales se solicitó la suspensión en el juicio de amparo 393/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, consisten en los siguientes:

22. "... III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

23. "Como Autoridades Ordenadoras:

24. "1. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

25. "2. Secretario General del Gobierno en el Estado de Nuevo León.

26. "3. EI Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León.

27. "Autoridad Ejecutora:

28. "4. Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal del Estado de Nuevo León.

29. "5. Coordinación de Inteligencia Financiera y Económica de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Nuevo León.

30. "IV. ACTOS RECLAMADOS

31. "Del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, reclamo:

32. "La expedición, promulgación y la orden de que se dé el debido cumplimiento del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el día seis de enero del año dos mil veintidós, vigente el mismo día de su publicación, del artículo 28, respecto de las fracciones: l, XVI, XVII, XVIII y XX.

33. "Del Secretario General de Gobierno del estado de Nuevo León, reclamo:

34. "EI refrendo del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el día seis de enero del año dos mil veintidós, vigente el mismo día de su publicación, del artículo 28, respecto de las fracciones: l, XVI, XVII, XVIII y XX.

35. "Del Secretario de Finanzas y Tesorero General en el Estado de Nuevo León, reclamo:

36. "EI refrendo del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León, el día seis de enero del año dos mil veintidós, vigente el mismo día de su publicación, del artículo 28, respecto de las fracciones: l, XVI, XVII, XVIII Y XX.

37. "De la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Nuevo León reclamo:

38. "EI primer acto de aplicación contra la quejosa, del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, y vigente el día seis de enero del año dos mil veintidós, del artículo 28, respecto de las fracciones: l, XVI, XVII, XVIII y XX; normas contenidas en el oficio **********, de fecha 15 de febrero del año 2022. Expediente **********, expedido por la Coordinación de Inteligencia Financiera y Económica de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Nuevo León.

39. "De la Coordinación de Inteligencia Financiera y Económica de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Nuevo León.

40. "A.- El primer acto de aplicación del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, y vigente el día seis de enero del año dos mil veintidós, del artículo 28, respecto de las fracciones: I, XVI, XVII, XVIII y XX.

41. "B.- La orden contenida en el oficio: ********** **********, de fecha 15 de febrero del año 2022. Expediente ********** **********. Asunto: Requerimiento de la siguiente información.

42. "C.- EI apercibimiento que de no cumplir en tiempo y forma con el requerimiento de trato se impondrá una medida de apremio por concepto de multa en los términos del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

43. "D.- En términos del artículo 22 de la Constitución General de la República, reclamo en forma destacada la inminente confiscación, bloqueo o aseguramiento de bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias o cuentas en general en el sistema bancario, de las que es titular la quejosa ..."

44. En ese sentido, del capítulo de suspensión de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión en los siguientes términos:

45. "... a).- Paralizar los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, de forma destacada, el requerimiento de la información y documentación y la inminente imposición de multa.

46. "b).- Así como los efectos y consecuencias subsecuentes del acto concreto de aplicación, contenido en el oficio de fecha 15 de febrero del año 2022. Número de oficio **********. Expediente **********, expedido por la Coordinación de Inteligencia Financiera y Económica de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado.

47. "c).- Como medida de sanción contra la parte quejosa a razón del oficio requerimiento reclamado como acto de aplicación, la inminente imposición de alguna confiscación, bloqueo o aseguramiento en sus bienes inmueble, muebles, cuentas bancarias o cuentas en general de las que es titular la agraviada en el sistema bancaria nacional. ..."

48. Respecto a la solicitud de suspensión de los actos reclamados para los efectos referidos, la Juez de Distrito mediante acuerdo dictado en el incidente de suspensión el diez de marzo de dos mil veintidós, determinó negar la suspensión provisional, conforme a las consideraciones siguientes:

49. Luego de explicar los requisitos para la concesión de la suspensión provisional, estableció que se satisfacía el requisito relativo a que la parte quejosa solicitó la medida cautelar.

50. En ese orden, señaló que se presumía la certeza de los actos reclamados, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, máxime que se reclamaron diversas disposiciones de una norma publicada en un medio oficial, lo que constituía un hecho notorio en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo.

51. Enseguida, procedió a determinar que la parte quejosa acreditó tener interés suspensional, ya que con las pruebas exhibidas se evidenciaba de manera indiciaria que se encontraba sujeta a las normas reclamadas.

52. Acto seguido, determinó que era improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, ya que de concederse sería tanto como constituirle derechos con los que no cuenta, en contravención a lo dispuesto en el numeral 131 de la Ley de Amparo.

53. Precisó que el acto combatido respecto del cual se solicitó la suspensión, consistía en la expedición, promulgación y la orden de que se dé el debido cumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León, el día seis de enero del año dos mil veintidós, vigente el mismo día de su publicación, del artículo 28, respecto de las fracciones: I, XVI, XVII, XVIII y XX, que instituye diversas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal, y aclaran aspectos relacionados con las obligaciones de las personas físicas y morales ahí mencionadas, los cuales son de orden público y de interés social.

54. Señaló que el artículo regula la organización, funcionamiento y facultades de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado como la dependencia encargada de la administración de la Hacienda Pública del Estado, para efecto de llevar el control de los sistemas de recaudación en materia de acciones de administración fiscal y el manejo de la información financiera; así como emitir la normatividad en materia de tecnologías de la información y comunicaciones obligatoria para la Secretaría, por lo que se incluye la actualización del Reglamento Interior en esos términos.

55. En esas condiciones, indicó que se le causaría un perjuicio mayor a la sociedad, que lo que podría resentir la parte quejosa con la aplicación del referido numeral, ya que con las reformas normativas de referencia, se buscaba fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, para erradicar prácticas indebidas, fortalecer la recaudación pública, mejorar la administración de la Hacienda Pública del Estado, salvaguardando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población. 56. En ese contexto, declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en relación a que se paralizaran los efectos y consecuencias de la norma y del acto concreto de aplicación, en virtud de que el legislador consideró relevantes las medidas decretadas, a fin de llevar el control de los sistemas de recaudación en materia de acciones de administración fiscal y el manejo de la información financiera; así como emitir la normatividad en materia de tecnologías de la información y comunicaciones obligatoria para la Secretaría, pues a través de garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades y los mecanismos y sanciones propuestas, se pretende hacer frente a los retos que representa para el Estado; de ahí que de otorgarse la medida cautelar solicitada, se permitiría que la finalidad pretendida a través de la modificación legislativa reclamada no fuera satisfecha y podría dar lugar a la realización de las actividades que precisamente cuya intención era erradicar.

57. En consecuencia, negó la suspensión provisional, dado que se produciría una afectación al orden público y un daño a la sociedad, la cual está interesada en regular la organización, funcionamiento y facultades de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado como la dependencia encargada de la administración de la Hacienda Pública del Estado.

58. Citó en apoyó a sus consideraciones la tesis de rubro: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE IMPONEN A TERCEROS OBLIGACIONES FISCALES DE CARÁCTER FORMAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SUS EFECTOS."

59. De igual forma, indicó que resultaba improcedente conceder la medida cautelar para los efectos en que lo solicita la parte quejosa, en relación con la confiscación, bloqueo o aseguramiento en sus bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias o cuentas en general de las que es titular en el sistema bancario nacional, ya que no existían datos para estimar que inminentemente le sería aplicado por la autoridad alguno de esos actos, de ahí que tales tenían la naturaleza de futuros e inciertos, en contra de los cuales no es posible conceder la medida cautelar.

60. Al respecto, expuso que para que ello acontezca se encuentra supeditado a la realización de un acto jurídico posterior, por lo que su naturaleza es futura y de realización incierta y, por ello, no es susceptible de suspenderse.

61. En ese orden, refirió que para que sea procedente la suspensión para los efectos reseñados, era menester que los mismos existan o bien su ejecución sea inminente, y contar con elementos que de manera presuntiva para efectos de la suspensión demuestren que están próximos a realizarse de un momento a otro, es decir, aquellos que están tratando de ejecutarse, actos que ya tienen existencia material, es decir, ya se dictaron, pero aún no se ejecutan o bien, apenas han comenzado a ejecutarse.

62. En esas consideraciones, precisó que de las constancias que obran en autos, no se advertía elemento que evidenciara que la autoridad responsable haya ordenado la inminente imposición de alguna confiscación, bloqueo o aseguramiento en sus bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias o cuentas en general de las que es titular la agraviada en el sistema bancario nacional.

63. Precisó que si bien se proporcionó como antecedente de ese eventual acto, el oficio ********** de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente **********, del cual se advertía que, en caso de incumplir con lo solicitado por la autoridad responsable, de no proporcionar en copia simple y formatos digital y electrónicos de la información y documentación señalada en dicho oficio, se le impondría una medida de apremio por concepto de multa en los términos del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, lo que evidenciaba que la actualización de alguna sanción dependía de la conducta que desplegara el quejoso, en relación a aportar los documentos solicitados.

64. Para robustecer sus consideraciones, citó los criterios de títulos: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS." y "ACTOS FUTUROS."

65. Recurso de queja

66. En contra de la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que en sesión de trece de mayo de dos mil veintidós, determinó en la parte que interesa lo siguiente:

67. Una vez, sintetizado el agravio expuesto por la parte recurrente, determinó que resultaba infundado, dado que tal como lo consideró la Juez de Distrito de concederse la medida cautelar contra el acto de aplicación del artículo 28, fracciones I, XVI, XVII, XVIII y XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, consistente en el requerimiento de información contenido en el oficio ********** **********, emitido dentro del expediente **********, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, debido a que con ello se restringirían las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para requerir a los contribuyentes la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las cuales se encuentra la de investigar hechos presumiblemente ilícitos que produzcan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable; que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, o incurrido en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado.

68. En ese sentido, agregó que de concederse la suspensión provisional se afectaría el interés social, porque la sociedad está interesada en garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades hacendarias del Estado de Nuevo León, a fin de erradicar prácticas indebidas de los contribuyentes que pudieran afectar la recaudación pública, en detrimento de la población.

69. Bajo esa línea argumentativa procedió a exponer los diversos aspectos dogmáticos y doctrinarios que envuelven la figura de la suspensión dentro del juicio de amparo, como la naturaleza procesal y objeto jurídico que como medida cautelar guarda dicha institución jurídica, así como los requisitos para la procedencia de la suspensión provisional establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber:

70. a) La existencia de solicitud por la parte quejosa; y

71. b) Que su otorgamiento no afecte al interés social ni contravenga disposiciones de orden público.

72. Explicó que por disposiciones de orden público deben entenderse las previstas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un mal público. Así como que el orden público y el interés social se afectan, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

73. Refirió que el juzgador también debe analizar en forma simultánea lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales prevén, en esencia, dos aspectos:

74. a) La apariencia del buen derecho; y,

75. b) El peligro en la demora.

76. Respecto de estos dos aspectos, indicó que se debe realizar un cuidadoso y detallado examen de las circunstancias específicas del caso concreto, para determinar si se actualizan los aspectos previstos en los artículos 138 y 139 de la ley de la materia, y su confrontación con los objetivos que a través de los requisitos legales exigidos para la procedencia de la medida se pretenda lograr; es decir, la posible afectación que puedan sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento, porque al proveer sobre la suspensión, el juzgador de amparo debe atender a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, lo cual implica analizar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y valorar la posible afectación que se causaría de negarse la medida solicitada.

77. Al efecto invocó la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."

78. De lo anterior coligió que para conceder la suspensión provisional de los actos reclamados en el juicio de amparo, se requiere cumplir con los requisitos siguientes:

79. - Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados.

80. - Que sean presuntivamente ciertos los actos reclamados cuya paralización se solicita.

81. - Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión.

82. - Que la medida cautelar no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social; análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho.

83. En relación con tales parámetros era consultable la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con encabezado: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA."

84. Respecto al requisito número cuatro, esto es, que con la medida cautelar no se afecte el interés social ni se vulneren disposiciones de orden público, consideró necesario verificar el texto del artículo 28, fracciones I, XVI, XVII, XVIII y XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, ya que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de paralizar las consecuencias del requerimiento de información contenido en el oficio **********, de quince de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente ******

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32239-1b6ce9f6/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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