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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO CON EL OBJETO DE COMPROBAR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS FISCALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PERO SE ABSTENGA DE DICTAR LA RESOLUCIÓN FINAL HASTA QUE SE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 102/2025. · Registro digital (IUS): 33816
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-01-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.802.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 102/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si procede conceder la suspensión provisional para efecto de que la autoridad fiscal continúe con el procedimiento administrativo instaurado con el objeto de comprobar la posible comisión de delitos fiscales en el Estado de Nuevo León, pero se abstenga de dictar la resolución final de éste, hasta en tanto se decide el fondo del juicio de amparo.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante escrito presentado electrónicamente el dieciséis de junio de dos mil veinticinco, el representante legal de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto que dio origen al recurso de queja 336/2025 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado y el que sostuvieron los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 288/2025 y 339/2025, respectivamente.

4. Radicación de la contradicción. Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ordenó formar y registrar el expediente con el número 102/2025; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.

5. Informe de vigencia. Por acuerdos de presidencia de nueve y catorce de junio de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los tribunales colegiados contendientes en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.

6. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el auto de presidencia de uno de agosto de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.

7. Nueva integración del Pleno. Previas modificaciones en la integración de este Pleno Regional, en el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se comunicó a las partes que a partir del quince de septiembre del año en curso, quedaría conformado por las Magistradas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza y se turnó el presente asunto a la primera de las mencionadas; posteriormente, en acuerdo de treinta de septiembre siguiente se confirmó el turno del asunto a la magistrada ponente.

8. Amicus curiae. En los proveídos de presidencia de veintisiete de agosto y de tres de septiembre de dos mil veinticinco, se recibieron las manifestaciones realizadas a través de la figura de amicus curiae, por la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración de Amparo e Instancias Judiciales “5”, Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, Administración General Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el apoderado legal de la quejosa en el juicio de amparo indirecto del que derivó uno de los criterios contendientes, en los siguientes términos:

Manifestaciones de la autoridad

“(...)

De conformidad con las consideraciones de referencia, se estima existente la contradicción de criterios, puesto que el punto de toque, consiste en la determinación realizada por los diversos Tribunales, relativa a la procedencia de la concesión de la suspensión provisional para el efecto de que no se dicte la resolución definitiva en un procedimiento administrativo de investigación, hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo promovido contra la resolución con la que se dio inicio al procedimiento, sosteniendo criterios disímiles.

En ese sentido, a juicio de la suscrita autoridad debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 336/2025, ello es así, en virtud de que, como debidamente lo señala, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que se concederá la suspensión del procedimiento únicamente cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle a la persona quejosa, cuestión que en ninguno de los casos acontece debido a que el amparo fue promovido en contra del inicio al procedimiento, por lo que, el perjuicio que pudiera ocasionarse a la quejosa, perfectamente puede ser materia del medio de defensa que se promueva en contra de la resolución definitiva.

Se asevera lo anterior, en atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis: 1a./J. 29/98, determinó que es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación, elemento que no se cumple en la especie.

Aunado a que no debe perderse de vista que el tema de la contradicción de criterios se encuentra acotado al procedimiento administrativo de investigación relativo a detección de hechos que pudieran afectar los intereses fiscales, como son simulación de operaciones, defraudación fiscal y tráfico de comprobantes fiscales, con la finalidad de comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, en ese sentido, se coincide con el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el sentido de que resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, emitida por la Segunda Sala de Alto Tribunal, con número de registro digital 166779.

Se asevera lo anterior debido a que dicha jurisprudencia de rubro; ´SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.´ resolvió lo siguiente:

• Es improcedente conceder la suspensión solicitada contra la ejecución de los actos de fiscalización, en ejercicio de las facultades de comprobación que ejerzan las autoridades fiscales, pues su finalidad es verificar que los gobernados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar omisiones o créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales.

• Lo anterior es así, pues la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de estos procedimientos administrativos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a las necesidades colectivas.

En términos de la jurisprudencia en cita, el ejercicio de las facultades de comprobación que ejerzan las autoridades fiscales tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y en su caso, comprobar la comisión de delitos y debido a que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de esos procedimientos administrativos, es que es improcedente conceder la suspensión en el juicio de amparo.

Es decir, de manera indirecta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el tema planteado en la contradicción de criterios 102/2025, puesto que ya determina que es improcedente conceder la suspensión contra el ejercicio de las facultades de comprobación y si bien es cierto que, en la contradicción de criterios de mérito no se precisa expresamente que el procedimiento administrativo de investigación dio inicio por la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación que la Ley le confiere, también lo es que, dicha circunstancia queda implícita con la referencia al ´procedimiento administrativo de investigación´.”

Manifestaciones de la quejosa

“(...)

I. OPOSICIÓN AL AMICUS CURIAE DEL SAT

Me permito solicitar respetuosamente que no se tomen en cuenta las manifestaciones contenidas en el escrito de amicus curiae firmado por la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales del SAT, ya que dicho documento no tiene como objeto defender derechos humanos a través de información u opiniones técnicas ni mucho menos puntos jurídicamente relevantes para la resolución del caso. Esto es,

• No tiene como objeto defender derechos humanos a través de información u opiniones técnicas

• Carece de opiniones técnicas.

• No aporta criterios jurídicos novedosos o relevantes para la resolución de la contradicción.

• Desconoce la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de suspensión provisional.

• Pretende imponer una interpretación restrictiva del artículo 150 de la Ley de Amparo, contraria a los precedentes vinculantes del Alto Tribunal.

• Este Pleno no está obligado a incorporarlo en su decisión ni a tomarlo en cuenta, incluso, debió desecharse, conforme al precedente obligatorio contenido en la Tesis: 1a./J.164/2024, registro digital 2029642 en el Semanario Judicial de la Federación.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Debe prevalecer el criterio que sostiene que la suspensión provisional es procedente para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento administrativo de investigación, la autoridad responsable se abstenga de dictar la resolución definitiva hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo promovido en contra del acto inicial, con base en los siguientes:

A. TESIS JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÒN

‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO’.

• Registro Digital: 182528

• Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2000, Tomo VI, p. 292.

Esta tesis establece claramente que la suspensión puede concederse para evitar la emisión de una resolución definitiva, sin detener el procedimiento, a fin de preservar la materia del amparo y evitar un daño irreparable.

B. TESIS JURISPRUDENCIAL DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÒN

SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PERO SE ABSTENGA DE DICTAR RESOLUCIÓN MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

• Registro Digital: 2004343

• Tesis: 2a./J. 107/2013 (10a.)

Este precedente confirma que la suspensión no implica paralizar el procedimiento, sino únicamente detener la emisión de la resolución definitiva, lo cual no contraviene el orden público ni el interés social.

III. ARGUMENTACIÓN CENTRAL

La suspensión solicitada cumple con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que:

• No se afecta el interés social: La autoridad puede continuar con la investigación.

• No se viola el orden público: La medida es proporcional y evita un daño irreparable.

• Se preserva la materia del amparo: La resolución definitiva cambiaría irreversiblemente la situación jurídica del quejoso.

1. SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO

• Punto del SAT: Alega que el artículo 150 solo concede la suspensión si la continuación del procedimiento causa un daño irreparable, y que en este caso no existe tal daño porque el amparo se promovió contra el acto inicial, no contra la resolución definitiva.

• Réplica: Esta interpretación es demasiado restrictiva y formalista. El daño irreparable no solo se consuma con la emisión de la resolución definitiva, sino que ya se configura con la afectación directa a derechos sustantivos del quejoso durante el procedimiento, como el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la estabilidad jurídica. Además, la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha reconocido en múltiples precedentes que la suspensión procede para evitar que se dicten resoluciones que agoten la vía administrativa y dejen sin materia el juicio de amparo.

2. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 84/2009

• Punto del SAT: Señala que, por analogía, debe aplicarse la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, que declara improcedente la suspensión contra el ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

• Réplica: Esta analogía es inadecuada y fuera de contexto. Dicha jurisprudencia se refiere específicamente a las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que tienen un carácter preliminar y de verificación. En cambio, el procedimiento administrativo sancionador ya implica una fase avanzada de afectación directa a derechos patrimoniales y personales, por lo que no son comparables. El SAT intenta extender indebidamente el alcance de una jurisprudencia que no es aplicable al caso concreto.

3. SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y EL ORDEN PÚBLICO

• Punto del SAT: Afirma que conceder la suspensión afecta el interés social y el orden público, pues impediría la instrumentación de procedimientos sancionadores contra conductas ilícitas.

• Réplica: La suspensión solicitada no paraliza el procedimiento, sino que únicamente evita que se dicte la resolución definitiva. La autoridad puede seguir investigando, practicar diligencias y recabar pruebas. Por lo tanto, no se obstaculiza el interés social en la persecución de conductas ilícitas, sino que se busca armonizar dicho interés con la protección de los derechos fundamentales del gobernado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que esta medida no contraviene el orden público (tesis 2a./J. 107/2013).

4. SOBRE LA IRREPARABILIDAD DEL DAÑO

• Punto del SAT: Sostiene que el daño es meramente procesal y puede repararse mediante el recurso o medio de defensa que se interponga contra la resolución definitiva.

• Réplica: Esta postura desconoce la naturaleza preventiva del amparo. Una vez dictada la resolución definitiva, el quejoso podría verse obligado a pagar multas, sufrir embargos o incluso enfrentar consecuencias penales, lo que constituiría un daño de muy difícil reparación, aunque posteriormente se gane el amparo. La SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÒN ha sido clara en que la suspensión debe concederse precisamente para evitar que se consumen violaciones irreparables (tesis 28/2003 del Pleno)

5. SOBRE LA SUPUESTA IMPLICACIÓN DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN

• Punto del SAT: Sugiere que el procedimiento administrativo de investigación se deriva de facultades de comprobación, por lo que la suspensión sería improcedente.

• Réplica: El procedimiento administrativo sancionador no es lo mismo que las facultades de comprobación. Mientras estas últimas son actos preliminares de verificación, el procedimiento sancionador ya implica una afectación directa a derechos sustantivos. El SAT confunde deliberadamente ambos conceptos para aplicar jurisprudencia que no corresponde.

• Descontextualiza jurisprudencia aplicable a supuestos distintos.

• Ignora precedentes obligatorios de la Suprema Corte De Justicia de la Nación que sí amparan la suspensión solicitada.

• Interpreta de manera restrictiva el artículo 150 de la Ley de Amparo, contradiciendo la jurisprudencia nacional.

• No demuestra que la suspensión solicitada afecte el orden público o el interés social.

Por todo lo anterior, debe desestimarse el amicus curiae del SAT y prevalecer el criterio que concede la suspensión para evitar la emisión de la resolución definitiva.

IV. CONCLUSIÓN Y SOLICITUD

Por lo expuesto, se solicita al Pleno Regional:

1. Desestimar el amicus curiae presentado por el SAT.

2. Declarar existente la contradicción de criterios y resolver que debe prevalecer el criterio del Segundo Tribunal Colegiado que concede la suspensión para que la autoridad responsable se abstenga de dictar resolución definitiva hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.”

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, porque se suscita entre órganos jurisdiccionales que pertenecen al Cuarto Circuito, el cual corresponde a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa.

III. LEGITIMACIÓN

10. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por quien se advierte fue apoderado legal de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto del que derivó uno de los criterios contendientes.

11. Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón, la tesis 1a. III/2023 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios antagónicos al resolver juicios de amparo directo respecto de los requisitos que debe contener una demanda en los juicios orales mercantiles. Ante ello, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública denuncia la posible contradicción de criterios, cuya legitimación sustentó en que en una de las controversias de las que derivó uno de los criterios contendientes designó como autorizados a algunos de los asesores de ese instituto, por lo que conforme a sus atribuciones está facultado para realizar esa denuncia.

Criterio jurídico: De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría.

Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen legitimación para denunciar una contradicción de tesis quienes fueron "parte" en los asuntos de donde hayan surgido los criterios contendientes. El concepto de "parte" comprende a la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, como a sus defensores y autorizados en términos amplios en el juicio de amparo.

En ese sentido, de una interpretación del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se concluye que el autorizado en términos amplios está legitimado para denunciar una contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional, pues si bien ese precepto no prevé una facultad expresa para ello, las facultades ahí previstas son enunciativas e instituyen la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

Así, en principio pudiera pensarse que quienes tienen legitimación para presentar esta denuncia son directamente los profesionistas que fueron autorizados en los juicios de amparo, pero cuando se trata de asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de la Defensoría Pública los que ejercen esa representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, tales personas actúan sólo en su carácter de servidores públicos en nombre y representación de los servicios que presta ese instituto, el cual, además, jurídicamente es el responsable de que lleven a cabo su labor de forma adecuada.

Por tales motivos, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra inherentemente facultado para ejercer la denuncia de contradicción, pues acorde con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII, de la citada ley de la defensoría, en dicho cargo no sólo se deposita la facultad de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, sino todas aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría y por ello se encuentra legitimado para denunciar la existencia de una posible contradicción de criterios como parte de las funciones que lleva a cabo.”(2)

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A) Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 288/2025, en sesión de ocho de abril de dos mil veinticinco, por unanimidad de votos.

13. Se promueve juicio de amparo indirecto. Una persona moral, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades siguientes:

“AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. Honorable Congreso del Estado.

2. Gobernador Constitucional del Estado.

3. Secretario General de Gobierno del Estado.

4. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.

5. Titular de la Unidad de Prevención Estratégica Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

6. Titular y/o Responsable del Periódico Oficial del Estado.

7. Fiscal General de Justicia del Estado.

8. Fiscal Especializado en Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Todas las autoridades responsables del Estado de Nuevo León.

ACTOS RECLAMADOS:

A.- DEL CONGRESO, GOBERNADOR, SECRETARIO GENERAL, Y RESPONSABLE DEL POE, RECLAMAMOS LO SIGUIENTE:

1. La inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 02 de octubre de 2021, específicamente de los artículos 1°, párrafos primero y segundo, 3°, 5°, 9°, 13, 18, apartado A, fracción III y 24, primer párrafo, fracciones I, IV, V, VI, XXXI y XXXV; en cuanto hace a su discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo.

B.- DEL GOBERNADOR, SECRETARIO GENERAL Y TESORERO. ADEMÁS, RECLAMAMOS LO SIGUIENTE

2. La inconstitucionalidad del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, específicamente de los artículos 1°, 2°, 3°, primer párrafo, fracción VIII, antepenúltimo y último párrafo, 6° primer párrafo, fracciones I y XII, 7°, primer párrafo, fracciones I, IX y XI, y 32, primer párrafo, fracciones V, VI, VII, IX, XIII, XIV, XV y último párrafo; en cuanto hace a su expedición, promulgación, publicación y refrendo.

C.- DEL TITULAR DE LA UPEF RECLAMAMOS:

3. El primer acto de aplicación de la LOAPNL vigente, específicamente de los artículos 1°, párrafos primero y segundo, 3°, 5°, 9°, 13, 18, apartado A, fracción III y 24, primer párrafo, fracciones I, IV, V, VI, XXXI y XXXV; que consiste en la expedición del oficio número **********, dirigido a la quejosa, de fecha 04 de marzo de 2025, dentro del Expediente número **********; documento el cual se agrega a la presente demanda como PRUEBA B.

4. El primer acto de aplicación del RISFTGNL, específicamente de los artículos 1°, 2°, 3°, primer párrafo, fracción VIII, antepenúltimo y último párrafo, 6° primer párrafo, fracciones I y XII, 7°, primer párrafo, fracciones I, IX y XI, y 32, primer párrafo, fracciones V, VI, VII, IX, XIII, XIV, XV y último párrafo; que consiste en la expedición del oficio número **********, dirigido a la quejosa, de fecha 04 de marzo de 2025, dentro del Expediente número **********; documento el cual se agrega a la presente demanda como PRUEBA B.

5. También se reclama el acto prohibitivo contenido en el artículo 22 de la CPEUM consistente en el TORMENTO PSICOLÓGICO GRAVE COMETIDO EN EVIDENTE PERJUICIO DEL QUEJOSO, al emitir el oficio **********, dirigido a la quejosa, dentro del Expediente número **********, de fecha 04 de marzo de 2025, en donde claramente se contienen manifestaciones expresas que indiscutiblemente constituyen tormento psicológico grave.

(...)

6. La omisión de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 14 y 16 de la CPEUM, ante la falta absoluta de competencia al expedir el oficio ********** referido con antelación.

7. La violación directa del artículo 21 de la CPEUM, que establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; dicha conculcación consiste en abrir y dar seguimiento a un expediente de investigación de delitos fiscales bajo el expediente **********; dentro del cual evidentemente la responsable en comentario invade la competencia del ministerio público e inconstitucionalmente ejecuta actos de autoridad tendientes a comprobar la probable comisión de delitos fiscales.

Este acto se demuestra plenamente con las propias afirmaciones de la autoridad responsable, en donde afirma que está ejecutando actos de investigación tendientes a comprobar los delitos en materia fiscal que resulten; me permito transcribir dichas afirmaciones:

(...)

8. La violación directa a mi derecho de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 de la CPEUM, 11.1 de la DUDH y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; lo anterior, al momento de emitir el oficio número **********; en donde claramente se evidencia que la responsable no respeta dicho derecho fundamental en perjuicio de la moral quejosa, toda vez que afirma en innumerables ocasiones, que el quejoso es presunto responsable de la comisión de conductas antijurídicas y que la moral quejosa se ha visto beneficiada fiscalmente indebidamente de más de **********de pesos. Es más, llegando al absurdo de manifestar la responsable dentro de su oficio, que mi representada tiene derecho para comparecer al expediente de investigación para desvirtuar la referida presunción es decir, la presunción de que mi representada es responsable de las conductas que se le imputan; siendo todo lo contrario, la presunción constitucional que tenemos la parte quejosa es precisamente la de inocencia y no la de responsables.

(...)

9. La violación directa a la CPEUM específicamente de los artículos 1, 14 y 16, ante la omisión de respetar y hacer valer la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, espe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33816-e2e2a389/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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