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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2019. · Registro digital (IUS): 29331
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 635.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: SULEIMAN MERAZ ORTIZ Y SANTIAGO J. VÁZQUEZ CAMACHO.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto respecto de la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 227, fracción II,(2) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

6. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (recursos de queja ********** y **********).

7. En la demanda de amparo la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se formalizara el ejercicio de la acción penal en su contra, es decir, no se judicializara la respectiva carpeta de investigación; tampoco se ejerciera acción penal en las averiguaciones previas en las que el quejoso fuera parte o estuviera señalado como responsable, hasta en tanto fuera resuelto en definitiva el juicio de amparo, cuyo acto reclamado fue la omisión de proporcionar información respecto de las carpetas de investigación y averiguaciones previas en las que haya figurado como acusado de algún hecho ilícito.

8. El Juez de Distrito dividió el análisis de la suspensión provisional, pues analizó por una parte lo referente a la averiguación previa y, por otra, la carpeta de investigación, con motivo de la diferencia entre ambos sistemas procesales de justicia.

9. De esta manera, concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que en caso de existir alguna averiguación previa instaurada en contra del quejoso, la autoridad continuara con la integración de la indagatoria pero no ejerciera la acción penal, hasta en tanto se hiciera el pronunciamiento de la suspensión definitiva.

10. Por otra parte, negó la suspensión solicitada para que no se judicializara la respectiva carpeta de investigación, ya que lo actuado en dicha fase no implicaba una afectación al derecho fundamental de defensa, dado que la autoridad investigadora no recababa pruebas, sino datos de prueba, los cuales podían ser allegados en la audiencia inicial o incluso en la investigación complementaria.

11. En contra de esta última determinación el quejoso interpuso recurso de queja bajo el argumento toral de que no pretendía paralizar la investigación, sino únicamente evitar el cambio de situación jurídica a fin de conservar la materia del juicio hasta su terminación, pues ello, a su parecer, le generaba una desventaja ante la autoridad investigadora que hacía nulo el derecho a una defensa adecuada.

12. El Tribunal Colegiado determinó que, aunque por regla general no puede suspenderse el procedimiento, de no hacerlo podría consumarse irreparablemente el daño o perjuicio al derecho de defensa del quejoso durante la integración de la carpeta de investigación. Razón por la cual, era dable otorgar la suspensión para el efecto de que no se judicializara la carpeta de investigación.

13. Aclaró que la suspensión concedida no podía paralizar las facultades de investigación de la autoridad ministerial, ya que dicha medida cautelar durante la etapa de investigación inicial debía concederse en forma tal que no impidiera la continuación del procedimiento hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de esa etapa, es decir, antes de que se judicializara la carpeta de investigación.

14. Por tanto, en el caso se satisfacían los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la concesión de la medida no causaba perjuicio al interés social ni contravenía disposiciones de orden público y de no otorgarse podría ocasionarse un perjuicio irreparable, por lo que debía concederse la medida para el efecto de que se suspendiera la judicialización de la carpeta de investigación, en términos de la última parte del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

II. Criterio del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito (contradicción de tesis **********).

15. Determinó que existía la divergencia de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, ya que al resolver diversos recursos de queja determinaron si era dable o no otorgar la suspensión provisional para que no se judicializara una carpeta de investigación.

16. Al respecto, precisó que del análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, el desarrollo de la primera fase de la etapa de investigación, esto es, la fase de investigación inicial cuando el fiscal estime oportuno formular la imputación, judicializará la carpeta de investigación con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado, para lo cual, solicitará al Juez de Control que lo cite o libre orden de aprehensión, para llevar a cabo la audiencia inicial.

17. Por otra parte, precisó que la suspensión del acto reclamado constituía una providencia cautelar, cuya finalidad era preservar la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto de autoridad que lo motivaba, al consumarse irreparablemente hiciera nugatoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal, que eventualmente se le otorgara, evitándose los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle en su esfera de derechos.

18. En ese tenor, estimó que de concederse la suspensión para el efecto de que no se judicializara la carpeta de investigación, impidiéndose la continuación de la etapa de investigación complementaria del procedimiento penal acusatorio, se vulnerarían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues era evidente que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar delitos no podía paralizarse y que la sociedad estaba interesada en que dicha facultad se ejerciera plenamente y sin demoras, sin que se actualizara la salvedad prevista en el artículo 150 de la Ley de Amparo, porque la continuación del procedimiento de investigación no dejaría irreparablemente consumado el derecho de la defensa del quejoso, ya que podía solventarse ante el Juez de Control o en el amparo mismo por ser el fondo del asunto.

19. Concluyó que la solicitud para la audiencia inicial no constituía un daño irreparable al derecho de defensa del imputado, ya que la investigación inicial ante la representación social, se complementaba con el control judicial, momento en que el imputado conocerá los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para sustentar la imputación, y estará en aptitud de preparar y ejercer su defensa.

20. Añadió que la suspensión para el efecto de no judicializar la carpeta de investigación, en su caso, afectaría los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto que no podrían obtener la restitución del daño causado por el delito, lo que les impediría acceder a una justicia pronta.

21. En consecuencia, determinó que era improcedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que el Ministerio Público no judicializara la carpeta de investigación, pues de concederse se contravendrían disposiciones de orden público, dado que implicaría paralizar el procedimiento en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; se afectarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto que no podrían obtener la restitución del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además, la continuación del procedimiento no ocasionaba perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que cualquier violación podía repararse ante el Juez de Control en la investigación complementaria.

22. Por ello, sostuvo que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN."(3)

23. CUARTO.—Existencia de la contradicción. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(4) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

24. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

25. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.

26. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

27. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Los órganos colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

28. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

29. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.

Primer requisito: Arbitrio judicial.

30. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito analizó dos recursos de queja interpuestos contra lo determinado en el incidente de suspensión, respecto a la negativa de conceder la medida cautelar para que no se judicializara la respectiva carpeta de investigación.

31. Determinó que si bien el procedimiento penal no podía ser suspendido, de no otorgarse la medida podría consumarse irreparablemente el daño o perjuicio al derecho de defensa del quejoso durante la integración de la carpeta de investigación.

32. Consideró que se satisfacían los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la concesión no causaba perjuicio al interés social ni contravenía disposiciones de orden público y de no otorgarse podría ocasionarse un perjuicio irreparable, por lo que debía concederse para el efecto de que se suspendiera la judicialización de la carpeta de investigación, sin que ello implicara paralizar las facultades de investigación de la autoridad ministerial, ya que la medida cautelar durante la etapa de investigación debía concederse en forma tal que no impidiera la continuación del procedimiento hasta antes del ejercicio de la acción penal que era la resolución firme de esa etapa, es decir, antes de que se judicializara la carpeta de investigación.

33. Por su parte, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito resolvió una contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar fue la procedencia o no de la suspensión provisional contra la judicialización de una carpeta de investigación donde el quejoso tenía el carácter de imputado.

34. Estimó que el otorgamiento de la suspensión provisional para el efecto de que no se judicializara la carpeta de investigación, impidiéndose la continuación de la etapa de investigación complementaria del procedimiento penal, vulneraría disposiciones de orden público, se afectaría el interés social y eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto que no podrían obtener la restitución del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta, pues la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar delitos no podía paralizarse, sin que se actualizara la salvedad prevista en el artículo 150 de la Ley de Amparo, porque la continuación del procedimiento de investigación no dejaba irreparablemente consumado el derecho de la defensa del quejoso, ya que podía repararse ante el Juez de Control o en el amparo mismo por ser el fondo del asunto, pues la investigación inicial se complementa con el control judicial luego de formulada la imputación, momento en que el imputado tendrá conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para sustentar la imputación, y estar en aptitud de preparar y ejercer su defensa.

Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico.

35. Como puede advertirse, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que determinaron lo conducente respecto de la suspensión provisional solicitada contra actos emitidos en una carpeta de investigación, para el efecto de que no se judicialice, pues de lo contrario podría consumarse irreparablemente el daño o perjuicio al derecho de defensa del quejoso durante la integración de la carpeta de investigación.

36. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.

37. Bajo esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre los mismos puntos jurídicos y arribaron a conclusiones diferentes.

Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

38. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.

39. A partir de todo lo anterior, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿Es procedente otorgar la suspensión provisional para el efecto de que no se judicialice una carpeta de investigación, pues la concesión de la medida no causa perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, y de no concederse podría ocasionarse un perjuicio irreparable al derecho de defensa del quejoso?

40. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los Tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.

41. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan.

42. Por cuestión metodológica, es necesario efectuar algunas precisiones en torno al nuevo proceso penal acusatorio, particularmente la etapa de investigación, así como a la institución de la suspensión del acto reclamado prevista en la Ley de Amparo, para posteriormente responder si es o no procedente conceder la medida cautelar para el efecto de que no se judicialice la carpeta de investigación, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos u omisiones por parte del fiscal, que atenten contra el derecho de defensa del investigado.

43. Esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 669/2015,(6) realizó importantes precisiones en torno a las particularidades del nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral a la luz de lo que dispone la Constitución.

44. Al respecto, se precisó que de una simple lectura a las disposiciones constitucionales se advierte que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de Control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de Control, con miras a la apertura de un juicio oral; y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Para la solución de la problemática planteada en esta contradicción de tesis, sólo se atenderá a la primera etapa, derivado de que la divergencia de criterios está relacionada con los actos suscitados en esa etapa temprana del proceso penal.

I. Etapa de investigación.

45. Se indicó –de manera general– que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado.

46. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo en una primera fase por el Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional.(7) Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre.

47. Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional,(8) si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente.

48. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia.

49. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el Juez de Control se asegurará de que el imputado conozca sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y, el nombre de su acusador. Posteriormente, el Juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo.

50. Adicionalmente, como se advierte del artículo 19 constitucional,(9) a petición del Ministerio Público, el juzgador podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último.

51. Así las cosas, el Juez de Control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto.(10) Además, en este acto, el Juez de Control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma; la cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión.

52. En este orden de ideas, la audiencia de cierre de investigación concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso.

II. Vinculación a proceso.

53. La Sala en la contradicción de tesis 47/2016,(11) precisó que el auto de vinculación a proceso consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; en él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y, es el momento oportuno para que en su caso se solicite la imposición de alguna medida cautelar a fin de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

54. Se indicó que el artículo 19 constitucional(12) prevé que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

55. Por tanto, el auto de vinculación a proceso establece que existen méritos suficientes para iniciar una investigación penal judicializada, contra determinada persona, pues la representación social aportó datos de prueba suficientes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

56. También se indicó que, conforme al referido precepto constitucional, la formulación de la imputación es un acto procesal previo a la solicitud ministerial de vinculación y a la resolución que determina la situación jurídica de imputado.

57. Lo anterior, porque no puede emitirse un auto de vinculación sin que previamente se haya formulado la imputación, la que constituye un derecho fundamental del detenido en términos del artículo 20, apartado B, fracción III, constitucional, consistente en ser informado de los hechos que se le imputan.

58. Al respecto, la formulación de la imputación consiste en la exposición inicial del Ministerio Público del hecho que se atribuye al detenido, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, su clasificación jurídica, las circunstancias de comisión, grado de intervención penal que se atribuye y las personas que deponen en su contra.

59. Ello, con la finalidad de comunicar al justiciable el hecho por el que se pretende continuar una investigación en su contra, controlada por el órgano jurisdiccional, brindándole la información necesaria para ejercer plenamente su derecho de defensa.

III. Suspensión del acto reclamado.

60. Ahora bien, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) consagra a favor de los quejosos la prerrogativa consistente en la suspensión de los actos reclamados, dejando amplio margen de libertad al legislador secundario para fijar los casos, las condiciones y las garantías correspondientes para su otorgamiento, además señala los criterios orientadores para tal efecto.

61. En ese tenor, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tal determinación tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama, no se realicen.

62. Por tanto, el objeto primordial de esta providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la justicia federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución; es un medio más de protección que, dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los particulares, toda vez que el Juez ante quien se presenta la demanda, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, de recibir prueba alguna y de saber de un modo cierto si existe una violación constitucional, suspende la ejecución del acto (suspensión provisional), posteriormente, mediante un procedimiento sumarísimo, que se reduce a una audiencia en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público, determina si esa suspensión se concede en forma definitiva hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.(14)

63. En relación con lo anterior, la institución de la suspensión del acto reclamado establece diversos requisitos para su otorgamiento, entre ellos, los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, particularmente su fracción II, que a la letra dice:

"Artículo 128. Con excepción de los casos en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29331-b5bbd577/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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