SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA QUE SE DÉ RESPUESTA CUANDO SE RECLAMA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 214/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. Primero.—Denuncia de la contradicción. Por oficio 191/2023 firmado electrónicamente la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 386/2023 y 395/2023 respectivamente.
2. Segundo.—Radicación, admisión y solicitud de informes. Por acuerdo de presidencia de siete de julio de dos veintitrés, se radicó este expediente y se registró como contradicción de criterios 214/2023; se ordenó formar el expediente electrónico; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios relacionada con el tema a dilucidar en el presente asunto.
4. También se asignó de manera provisional el asunto a la ponencia del magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
5. Tercero.—Vigencia de los criterios. Mediante acuerdos de uno y cuatro de agosto de este año, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Cuarto.—Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio DGCCST/X/649/08/2023 de diez de agosto de dos mil veintitrés, el Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento que de la consulta del Sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás Asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro Presidente durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis relativa a la existencia de alguna relacionada con el tema a dilucidar, a saber: "Determinar si procede o no, otorgar la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables den contestación a su petición.".
7. Quinto.—Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de once de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Gaspar Paulín Carmona, para la elaboración del proyecto de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
8. De lo que se sigue que el término de quince días para la elaboración del proyecto del asunto, empezó a transcurrir, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 párrafo segundo, fracción I(2), del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al día hábil siguiente en que se emitió el acuerdo de confirmación de turno, esto es, a partir del catorce de agosto de de dos mil veintitrés, conforme a la publicación del mencionado proveído en la lista oficial de notificaciones.
9. Sexto.—Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
10. Séptimo.—Lista y aplazamiento. La presente contradicción se incluyó en la lista de asuntos de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, para discutirse en sesión de trece de septiembre siguiente.
11. En sesión de trece de septiembre del año en curso, se acordó por el Pleno de este órgano colegiado el aplazamiento de la presente contradicción para discutirse en una sesión posterior; y,
CONSIDERANDO:
12. Primero.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como lo establecido en los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.
13. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
14. Segundo.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
15. Tercero.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.
16. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(3)
17. Cuarto.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes.
• Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver el recurso de queja 386/2023 en sesión extraordinaria de cuatro de julio de dos mil veintitrés.
18. Juicio de amparo indirecto. ********** por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo en contra del Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y otras autoridades, por el acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de enero de dos mi veintitrés, en el que solicitó se de acceso a las Facilidades Administrativas publicadas en el periódico oficial del Estado de Nuevo León el dieciséis de enero del año en curso.
19. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en esa entidad, registró la demanda con el consecutivo 675/2023 y la admitió a trámite.
20. Posteriormente, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables contestaran su escrito de petición, pero el veintisiete de junio de dos mil veintitrés la titular del juzgado de Distrito mencionado decidió negarla para el efecto solicitado porque el acto reclamado no es susceptible de suspenderse y de hacerlo se otorgarían efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo.
21. Pero, por otra parte, concedió la suspensión para un efecto distinto al solicitado, esto es, para que la autoridad responsable informe el trámite que se encuentra realizando para dar contestación a su escrito de petición, siempre que no implique modificar ni contrariar normatividades internas, ya que de esa manera se preservaría la materia de la controversia y evitar que la parte quejosa sufriera afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto.
22. Interposición y resolución del recurso de queja. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo presidente registró con el número de expediente 386/2023 y en sesión de cuatro de julio de este año, se declaró fundado, se revocó el auto recurrido y se concedió la suspensión por las siguientes consideraciones.
23. En principio, reparó de oficio una incongruencia que observó relativa a que la jueza de Distrito indicó que el acto reclamado era de naturaleza restitutoria por lo que no tenía efectos que suspender y negó en ese sentido la suspensión, pero la concedió por un efecto diverso al solicitado, al considerarlo incorrecto porque la naturaleza del acto es la misma y lo único que podría variar son los efectos y consecuencias que de ellos emane.
24. Por tanto, determinó dejar insubsistente la concesión de la suspensión en los términos en que lo hizo la jueza de Distrito y analizar los agravios a la luz del acto reclamado y de los efectos solicitados.
25. Señaló que asiste razón jurídica a la parte quejosa, porque tal y como lo expone en su único agravio, el auto impugnado es ilegal, en tanto que la juez federal pasa por alto lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la suspensión es un beneficio transitorio al que se puede acceder mientas se resuelve el fondo del juicio de amparo y que en términos del artículo 147 de la Ley de la materia, dicha suspensión puede adelantar provisionalmente ese derecho.
26. Indicó que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar la apariencia del buen derecho, las posibles afectaciones al interés social y la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida.
27. Mencionó que esos aspectos se dejaron de considerar en el auto impugnado, pues sí es posible jurídica y materialmente restablecer al menos provisionalmente en el goce de su derecho violado a la parte quejosa, ya que se tiene en cuenta que en la reforma constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos mil once, se confirió a la suspensión un genuino carácter de medida cautelar, siempre que su naturaleza así lo permita, cuya finalidad es conservar la materia de la controversia; y de ser posible material y jurídicamente, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
28. Que efectivamente los artículos mencionados e interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social.
29. Por lo que, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable –y que incluso pueden tener una previsión específica en la ley–, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado, se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación aplicable y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; ello, no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional.
30. Refirió que en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, de la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."
31. Manifestó que lo anterior revela que no puede afirmarse de manera general, que por el hecho de que puedan darse efectos restitutorios a la medida cautelar sea improcedente la suspensión del acto reclamado, sino que corresponde al juzgador analizar caso por caso las particularidades para determinar si ésta procede o no.
32. Adujo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), localizable con el registro digital 2026730, respecto a los parámetros a tomarse en cuenta al analizar la posibilidad de conceder la suspensión y que ello, eventualmente pudiera dejar sin materia el juicio de amparo, criterio de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL."
33. De ello, destacó, que por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión.
34. Además, precisó que de ese criterio se obtiene como excepción que una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada cuando se niegue el amparo.
35. Que en el caso eso cobraba relevancia, ya que si bien la quejosa reclama actos de naturaleza omisiva –consistentes en la omisión de darle respuesta a su escrito de veinticinco de enero de dos mil veintitrés–, sí es jurídica y materialmente posible que el órgano jurisdiccional pueda restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia en el juicio de amparo; además, porque esa interpretación atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos fundamentales de las personas.
36. Aunado a que de concederse la suspensión, no se coincidiría en su totalidad con los efectos del juicio de amparo, porque la restitución dada a la suspensión sería provisional, que consistiría en ordenar a las autoridades responsables dar respuesta a la petición de la sociedad quejosa y hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva; con lo cual evidentemente no se agota la materia del amparo, pues la aludida contestación no implica que las autoridades responsables resuelvan en determinado sentido ni sobre la procedencia de la autorización para las facilidades administrativas, sino que cese el estado de omisión en el que se encuentra, de manera que ante una hipotética negativa del amparo las cosas podrían retrotraerse porque la medida otorgada no necesariamente implica que se emita una respuesta definitiva sobre el fondo de lo solicitado.
37. Máxime que es obligación de la Subsecretaría de Administración Tributaria, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, cumplir con la obligación prevista en el artículo tercero, párrafo primero y tercero, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, que establece que la Subsecretaría aludida recibirá la solicitud y verificando el cumplimiento de los requisitos contenidos en artículo referido emitirá resolución fundada y motivada del acogimiento a la facilidad, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y revisión que conservan las autoridades fiscales competentes. 38. Consideraciones que apoyó en lo conducente, en la tesis de jurisprudencia IV.1o.A. J/38 (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada con el número de registro digital: 2016839, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, Tomo III, página 2372, de epígrafe: "SUSPENSIÓN. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY LE IMPONE, PROCEDE CONCEDERLA."
39. De esa manera, ante lo fundado de los conceptos de agravio, reasumió jurisdicción para determinar si en el caso se surten los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley y dijo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó concretamente, la omisión de las autoridades responsables de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se solicita se dé acceso a las Facilidades Administrativas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés.
40. Respecto del requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo estimó satisfecho, pues la medida cautelar fue solicitada electrónicamente por la parte quejosa, además, estimó que acreditó indiciariamente su interés suspensional, al exhibir la constancia de recepción del escrito de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, respecto a la solicitud de adhesión a las facilidades administrativas del impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreo, como la recepción del formato relativo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.
41. También estimó que la certeza de los actos reclamados se encontraba acreditada con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 68, agosto de 1993, página 12, con registro digital: 206395, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO."
42. Respecto al requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, señaló que no existe evidencia de que se contravengan disposiciones de orden público e interés social y al atender a la apariencia del buen derecho, pues los efectos para los cuales la parte quejosa solicita la suspensión consisten únicamente en que las autoridades responsables den contestación al escrito de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, lo cual constituye una obligación de la autoridad responsable Subsecretaría de Administración Tributaria, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, prevista en el artículo tercero, párrafo primero y tercero, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, y en relación con el 8o. constitucional.
43. Ello, dijo, porque los efectos de la suspensión únicamente atañen a la esfera jurídica de la quejosa, sin que la colectividad resienta daño alguno, ni se le priva de ningún beneficio con motivo de dicha concesión; pues únicamente consiste en que se conteste su petición, sin que implique necesariamente que se resuelva de manera favorable a sus pretensiones.
44. Por tanto, concluyó, que en el caso no se vulneran disposiciones de orden público ni se afectan los intereses de la sociedad, pues la suspensión solicitada únicamente tendría como efecto práctico el de vencer la abstención y obligar a la autoridad a acatar lo que la ley le ordena, esto es para que cumpla con su obligación de dar una respuesta fundada y motivada. Lo anterior, toda vez que las autoridades responsables han sido omisas en cumplir con la obligación de emitir una contestación a una petición que le fue formulada por la parte quejosa; en apoyo, consideró aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 31/2007-PL, que aparece publicada en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia(s): Común, página 315, de epígrafe: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."
45. En consecuencia, estimó procedente declarar fundado el recurso de queja, revocar el auto recurrido y conceder a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables den contestación a su petición.
• Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver el recurso de queja 395/2023 en sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés.
46. Juicio de amparo indirecto. ********** por conducto de su apoderado legal promovió demanda de amparo contra la omisión de distintas autoridades responsables de dar contestación a su escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó se diera acceso a las Facilidades Administrativas publicadas en el periódico oficial del estado de Nuevo León el dieciséis de enero de dos mil veintitrés.
47. La demanda correspondió al Juzgado Segundo en Materia Administrativa en esa entidad, cuyo titular el veintinueve de junio de este año registró con el consecutivo 652/2023 y la admitió a trámite.
48. En esa fecha, al considerar que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables contestaran su escrito de petición decidió negarla, porque el acto reclamado no es susceptible de suspenderse y de hacerlo se otorgarían efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo.
49. Pero, por otra parte, concedió la suspensión para un efecto distinto al solicitado, esto es, para que la autoridad responsable informe el trámite que se encuentra realizando para dar contestación a su escrito de petición, siempre que no implique modificar ni contrariar normatividades internas, ya que de esa manera se preservaría la materia de la controversia y evitar que la parte quejosa sufriera afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto.
50. Interposición y resolución del recurso de queja. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo magistrado presidente registró con el número 395/2023 y admitió a trámite. Posteriormente en sesión de cinco de julio del año que cursa, se declaró infundado por las siguientes consideraciones.
51. Estimó infundados los motivos de disenso, toda vez que contrario a lo que sostiene la impetrante, la determinación adoptada por la a quo deviene acertada jurídicamente, ya que resulta improcedente otorgar la suspensión provisional para el efecto que pretende, en el sentido de que las autoridades responsables den contestación al escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, pues se dejaría sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo, en estricta observancia de la jurisprudencia 2a./J. 22/2023, que la propia recurrente invoca en sus agravios, y que constituye uno de los criterios en que fundó la juzgadora la decisión que se controvierte.
52. Destacó que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental cuyo objetivo es por regla general, paralizar las consecuencias del acto emanado de la autoridad, con la finalidad de conservar la materia del juicio de amparo; y en su caso, para que a la parte quejosa no se le cause perjuicio alguno que sea de difícil reparación; esto es, el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado, en su caso la protección de la justicia federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle.
53. Señaló que en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1376, con registro digital 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requieren como requisitos:
54. I. Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados;
55. II. Que sean presuntivamente ciertos los actos reclamados cuya paralización se solicita;
56. III. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y
57. IV. Que la suspensión provisional no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, conjuntamente con un análisis ponderado con la apariencia del buen derecho.
58. Consideró ilustrativas las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022 en sesión doce de abril de dos mil veintitrés, cuyo punto de contradicción consistió en determinar qué parámetros debía tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin mat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32238-6b5c7ecc/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN O NEGATIVA NO DEPENDE DE LA OTORGADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAME EL MISMO ACTO EN AMBOS MEDIOS D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CONVOQUE A UN PERIODO EXTRAORDINARI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO CON EL OBJETO DE COMPROBAR LA PROBABL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE TRATE DE ACTOS OMISIVOS DEBE VERIFICARSE SI SU NATURALEZA ES INSTANTÁNEA O CONTINUADA Y, EN SU CASO, SI ES REVOCABLE, POR TRAT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS D (1697)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS D (P./J. 72/2010)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SIN (P. LXXXVI/2000)
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES INEXISTENTE SI EL DE UNO DE LOS DOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES SE HACE DERIVAR DEL SILENCIO EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE IMPROC (PR.C.CN.5 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis