SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CONVOQUE A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, A FIN DE QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESIGNE A LAS PERSONAS INTEGRANTES DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, POR CONTRAVENIR EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 184/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y VIGÉSIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. DISIDENTE Y PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. SECRETARIA: XARENI QUIROZ REYES.
II. CONSIDERANDO:
12. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.
13. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, esto es, en la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.
14. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que, fue formulada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
15. TERCERO.—Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas, las cuales se enunciarán conforme al sentido adoptado por los órganos contendientes, sintetizándose en primer lugar aquel en el que se negó la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias de la omisión reclamada y posteriormente aquellos en los que se determinó concederla.
Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 248/2023.
16. Al resolver el recurso de queja Q.A. 248/2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de seis de junio de dos mil veintitrés, determinó lo que a continuación se precisa.
17. En principio cabe destacar que en el juicio de amparo del que derivó el recurso de queja mencionado, el quejoso formuló ampliación de demanda, en la cual señaló como autoridad responsable a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la que le reclamó la omisión de convocar a sesión extraordinaria al Pleno del Senado de la República, para finalizar la designación de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y solicitó la suspensión.
18. El juez del conocimiento concedió la suspensión provisional para que, dentro del plazo de tres días, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevara a cabo los actos que le permitieran convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias con la finalidad de que se sometiera a su conocimiento la propuesta de los candidatos al puesto de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Inconforme con esa determinación, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, en representación de la Comisión Permanente, ambas del Congreso de la Unión, interpuso recurso de queja.
19. El tribunal colegiado precisó que la parte quejosa solicitó la medida cautelar respecto de la omisión de convocar a sesión extraordinaria al Pleno del Senado de la República para finalizar el procedimiento de nombramiento de los comisionados que habrían de ocupar las plazas vacantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que pudieran resolverse los recursos de revisión que interpuso ante dicho instituto.
20. Señaló que, para demostrar su derecho, el quejoso anexó a su ampliación de demanda el acuse de recepción del recurso de revisión que presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con su nombre; así, el colegiado determinó que era suficiente para acreditar indiciariamente que el quejoso tenía interés en que se nombrara a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que funcionara legalmente, y por tanto, fuera resuelto el recurso que interpuso.
21. Por tanto, estimó infundado el agravio de la recurrente en el sentido de que la parte quejosa no acreditó un interés suspensional ya que a su consideración debió acreditar que de no concederse la suspensión se afectaría un derecho que tenía con anterioridad a la presentación de la demanda, siendo que sólo la Federación estaba interesada en que se nombraran a los comisionados.
22. Posteriormente el órgano colegiado analizó el agravio relativo a que se concedió la suspensión respecto de un acto omisivo, por lo que al ser de naturaleza negativa no debió concederse la medida cautelar porque se darían efectos restitutorios al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la ley y conforme a la pretensión de la quejosa, lo cual es propio de la sentencia definitiva; aunado a que la concesión de la suspensión provisional dejaba sin materia el juicio.
23. Al respecto, el tribunal colegiado determinó que contrario a lo argumentado por la recurrente, la naturaleza del acto no incidía en la procedencia de la suspensión, ya que ello solo era relevante para determinar los alcances de la suspensión; por tanto, si se solicitó la medida cautelar contra un acto omisivo, eso no era razón suficiente para que fuera improcedente conceder la suspensión provisional, de ahí que estimó que era infundado el agravio.
24. Con posterioridad, el tribunal colegiado analizó el agravio relativo a que la medida cautelar que se concedió no podía tener efectos restitutorios que son exclusivos de la sentencia definitiva; y precisó que la finalidad de la suspensión era que el órgano judicial estuviera en aptitud de salvaguardar el derecho afectado a la parte quejosa, de manera inmediata mientras se resolvía el juicio, por lo que era incorrecto estimar que se debía evitar que existiera identidad entre los efectos de la suspensión y el de una sentencia favorable a los intereses del quejoso.
25. Refirió que la importancia de la suspensión del acto reclamado debía equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, ya que ambas buscaban crear condiciones para que el juicio de amparo cumpliera con su función protectora, por lo que era un yerro sostener que debía negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del juicio.
26. Señaló que esas consideraciones eran coincidentes con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dilucidar la contradicción de criterios 338/2022 resuelta en sesión de doce de abril de dos mil veintitrés, cuyo engrose y jurisprudencia estaban pendientes de publicación, en la cual el punto de contradicción era determinar los parámetros que debía tomar en consideración el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se dejara sin materia el juicio en lo principal.
27. De ahí que desestimó el agravio de la recurrente en el sentido de que no era posible conceder la suspensión porque se estarían otorgando efectos restitutorios, ya que el hecho de que la juez de distrito hubiera concedido la suspensión para que se aprobara la convocatoria para que la Cámara de Senadores celebrara una sesión extraordinaria con el objeto de que se continuara el procedimiento para acordar los nombramientos que debían someterse al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, no incidía en que no se pudiera otorgar la medida cautelar al coincidir con la pretensión del quejoso en el principal, ya que la finalidad de la medida cautelar era proteger el derecho del quejoso mientras se resolvía el juicio de amparo.
28. Posteriormente, el colegiado analizó el agravio relativo a que la juez de distrito no ponderó adecuadamente una posible vulneración al orden jurídico constitucional con motivo de la concesión de la suspensión provisional, el cual se estimó fundado porque en el auto recurrido no se llevó a cabo un análisis de esos elementos.
29. Ello, en virtud de que la juez de distrito no llevó a cabo una ponderación adicional para verificar si los efectos de la concesión de la suspensión provisional causaban o no un perjuicio al orden jurídico constitucional.
30. Señaló que sobre la base de que existía un interés social coincidente con la pretensión de la parte quejosa vinculada con el buen funcionamiento de dicho instituto, lo que era un requisito para detectar si dicha parte tenía un derecho legítimamente tutelado, y de ser así, continuar con el análisis respectivo, la juzgadora no ponderó si los efectos de la concesión de la suspensión provisional podían causar alguna afectación en relación con otros aspectos también importantes.
31. Así, el colegiado asentó que la juez de distrito inobservó que el bien jurídico obtenido con la concesión de la suspensión provisional respecto del cual existía un interés social, a saber, la operatividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también debía ser ponderado contra otros bienes jurídicos como el de división de poderes.
32. Por tanto, resolvió que los efectos y términos en que fue concedida la suspensión provisional generaban un desequilibrio innecesario que afectaba el sistema de cooperación, coordinación y control recíproco entre poderes, ya que impuso a un órgano legislativo como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la obligación de ejercer una facultad que, conforme al artículo 78 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una parte era discrecional a partir de una interpretación literal del vocablo "acordar por sí", esto es, que la propia Comisión Permanente, sus integrantes, así lo decidan, respecto de la posibilidad de formular la convocatoria exigida por la parte quejosa.
33. En consecuencia, determinó el tribunal colegiado que otorgar la medida cautelar en los términos fijados por la juez de distrito, implicaría someter a revisión judicial una prerrogativa de uso discrecional reconocida en la Constitución Federal, a favor de ciertas autoridades políticas con legitimidad democrática e imponerles con una decisión judicial, la necesidad de ejercerla en clara contravención al diseño institucional de competencia, eso es, el sistema de pesos y contrapesos, que rige el modelo democrático del país, lo que perjudicaba el interés social y contravenía el marco de atribuciones y compromisos institucionales que regían la actuación judicial.
34. De ahí que si bien el acto de naturaleza omisiva en principio sí era susceptible de paralizarse, lo cierto era que la circunstancia de que con su otorgamiento se obligara a uno de los Poderes de la Unión a hacer uso de la prerrogativa discrecional prevista en el artículo 78 fracción IV constitucional, constituía una imposibilidad jurídica para otorgarla en términos de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."
35. Por ende, el colegiado determinó revocar el auto recurrido y negar la suspensión provisional.
Ejecutoria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. 250/2023.
36. Al resolver el recurso de queja Q.A. 250/2023, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, determinó lo que a continuación se precisa.
37. En principio cabe destacar que en el juicio de amparo del que derivó el recurso de queja mencionado, el quejoso formuló ampliación de demanda, en la cual señaló como autoridad responsable a la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, y a la Cámara de Senadores, todos del Congreso de la Unión, a los que les reclamó: la omisión de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para elegir comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la omisión de emitir un acuerdo para poner a consideración de la Cámara de Senadores las candidaturas a ocupar una comisión dentro del instituto; y la omisión de elegir en sesión extraordinaria al candidato a ocupar una comisión dentro del instituto, respectivamente.
38. La parte quejosa solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas, y se aprobara una convocatoria a sesión extraordinaria dirigida a la Cámara de Senadores con el objeto de votar los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; asimismo, se continúe el procedimiento del "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria pública y se establece el procedimiento para la selección de la persona que ocupará el cargo de comisionada o comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".
39. El juez del conocimiento concedió la suspensión provisional porque la parte quejosa se dolió de la falta de actuación de las autoridades responsables para concluir el proceso de selección y designación del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acorde a lo que se determinó en el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria pública y se establece el procedimiento para la selección de la persona que ocupará el cargo de comisionada o comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", lo cual era un acto que requería una tutela anticipada ya que la autoridad estaba obligada a colmar el procedimiento para designar a los comisionados del Instituto, y era la sociedad quien está interesada en que funcione con su integración completa.
40. El tribunal colegiado resolvió que los argumentos relativos a la ausencia de facultades de la Comisión Permanente para realizar la conducta exigida por carecer de facultades para ello, y la imposibilidad de imponer a la Cámara de Senadores la obligación de ejercer facultades soberanas por estar prohibido constitucionalmente, eran inoperantes por sustentarse en premisas falsas.
41. Ello, en virtud de que la aprobación de la convocatoria por parte de la Comisión Permanente no implica que diputadas y diputados asuman facultades de las que carecen debido a que no elegirían al candidato al cargo, sino que propiciarían que la autoridad competente para ello, esto es, la Cámara de Senadores, lo hiciera en una sesión extraordinaria.
42. Por tanto, estimó que no se concedió la suspensión provisional para que la Comisión Permanente culminara el proceso de elección de la persona candidata al cargo del instituto, por lo que no ejercerían facultades de elección ya que sólo realizarían la aprobación de una convocatoria para la que sí estaban facultados.
43. Además, precisó que la aprobación de la convocatoria por parte de la Comisión Permanente no implicaba que se sometiera a consideración de la Cámara de Senadores las propuestas de la Junta de Coordinación Política, sino que, en ejercicio de sus facultades para convocar a sesiones extraordinarias, generaran el escenario institucional adecuado para que la junta las presente.
44. De ahí que precisó que no se concedió la suspensión provisional para que la Comisión Permanente convocara a una sesión ordinaria con la finalidad de presentar las propuestas de la Junta de Coordinación Política, sino que es la junta quien debía elaborarlas y la comisión quien debía convocar a un periodo de sesiones extraordinarias para que la Cámara de Senadores pudiera conocerlas y votarlas.
45. Aunado a ello, el tribunal colegiado señaló que la aprobación de la convocatoria no incidía en la facultad soberana que senadoras y senadores tenían para definir su voto libremente en relación con los candidatos al cargo dentro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sino que es un presupuesto para que puedan ejercerla dentro del marco constitucional establecido al efecto.
46. Por otra parte, estimó inoperantes por sustentarse en premisas falsas, los agravios relativos a la imposibilidad de constituir derechos en una suspensión provisional conforme a lo previsto en el artículo 131 de la Ley de Amparo; tal calificativa obedeció a que la concesión de la medida cautelar no propiciaba el reconocimiento a favor de la parte quejosa de algún derecho que no tuviera antes de promover el juicio de amparo.
47. Adujo que por el contrario, se concedió la medida cautelar bajo el argumento de que la parte quejosa tenía con anterioridad a la presentación de la demanda, el derecho de acceso a la información, para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales lo salvaguardara, siendo que en la actualidad el instituto no podía funcionar debido a las omisiones reclamadas; por tanto, determinó que no se constituyeron derechos sino que se restituyeron algunos, lo que sí era jurídicamente posible.
48. Aunado a ello, estimó inoperantes los argumentos relativos a la imposibilidad de dejar sin materia el juicio de amparo por el otorgamiento de una suspensión provisional; ello, porque el colegiado señaló que la concesión de la medida cautelar no eliminaba el objeto del asunto, sino que permitía que la parte quejosa obtuviera transitoriamente un beneficio que bien podría ser revocado con una eventual negativa del amparo.
49. Además de que independientemente de las implicaciones que pudiera tener la eventual negativa del amparo en la designación de la persona candidata al cargo mencionado, la concesión de la suspensión provisional, por sí misma no dejaba sin materia el juicio de amparo, porque la parte quejosa pretendía impulsar la votación necesaria para que esa elección fuera materializada y el proceso respectivo no culminaba con la aprobación de una convocatoria a sesiones extraordinarias.
50. De ahí que, si la Comisión Permanente aprobaba la convocatoria de la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario de sesiones, no se generaba por sí solo, la satisfacción de la pretensión expresada en el amparo, sino que se encontraba supeditada a un proceso deliberativo de varias fases que, podía culminar con la designación de las personas candidatas, o bien, con su rechazo.
51. Así, el colegiado concluyó que como los agravios se sustentaron en premisas falsas, porque no era verdad que el otorgamiento de la suspensión provisional implicara el ejercicio de facultades que la Comisión Permanente no tuviera, ni implicaba el ejercicio de facultades soberanas por parte de la Cámara de Senadores, ni la inferencia en la elección de las personas candidatas al cargo referido ni la constitución de derechos, surgía un impedimento técnico para analizarlos.
52. Por otra parte, analizó los agravios relativos a que no era posible conceder la suspensión por lo que hacía a la restitución de derechos, la naturaleza de las omisiones reclamadas y la variación de los efectos, y estimó que eran infundados ya que al resolver las contradicciones de tesis 255/2015, 442/2016 y 85/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la suspensión provisional permitía conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufrieran una afectación a su esfera jurídica vía medidas conservativas, o bien, de tutela anticipada o restitutoria.
53. Además, señaló que en la revisión en incidente de suspensión 3/2022, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la suspensión provisional, además de poder ser otorgada para conservar la materia de la controversia con base en un análisis preliminar de la litis, podía ser otorgada con efectos de tutela anticipada o restitutorios, previo estudio preliminar de la afectación que pudiera causar a los derechos reclamados o la duración del proceso; por tanto, concluyó que sí era posible otorgar efectos restitutorios a una suspensión provisional.
54. Asimismo, estimó que al resolver la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala del Alto Tribunal, estableció que era posible conceder la suspensión provisional en un juicio de amparo contra actos negativos omisivos, es decir, contra omisiones, porque su naturaleza no era una característica determinante para conceder o negar la medida cautelar, sino para ponderar el tipo de medidas a fijar con el propósito de conservar o restituir derechos, por lo que sí era posible suspender provisionalmente las omisiones reclamadas.
55. En adición a lo anterior, el colegiado señaló que al resolver la contradicción de tesis 36/2018, el Pleno del Máximo Tribunal del país, estableció que al pronunciarse sobre la suspensión provisional las personas juzgadoras pueden concederla respecto de efectos distintos a los solicitados porque la medida cautelar tenía por objeto conservar la materia del asunto y ello no podía quedar supeditado a que la parte quejosa en un juicio de amparo identificara o no tales efectos. Por tanto, estimó que sí era posible conceder la medida para efectos diversos a los solicitados.
56. Por otra parte, determinó que al resolver la contradicción de tesis 299/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en un juicio de amparo indirecto en el que la parte quejosa alegó tener un interés legítimo, era dable conceder la suspensión provisional de los actos reclamados siempre que acreditara de manera indiciaria, aunque no plena, el daño inminente e irreparable que provocaría a su pretensión una eventual negativa de esa medida cautelar.
57. Por tanto, determinó que respecto al interés suspensional, era suficiente con que la parte quejosa lo acreditara en forma indiciaria en interés jurídico o legítimo; siendo que la parte quejosa sí acreditó indiciariamente su interés suspensional porque planteó suficientes elementos para considerar que las omisiones reclamadas le ocasionaban una afectación inminente e irreparable a la pretensión que expresó para impulsar la operatividad del instituto, y que existía un interés social coincidente con su pretensión.
58. Ello, en virtud de que la parte quejosa, gozaba del derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales, en términos de los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, era afectado de manera actual e irreparable cuando el órgano garante que se creó para garantizar ese derecho, no podía funcionar debidamente para salvaguardarlos.
59. Además, señaló que la parte quejosa pretendía impulsar a los órganos legislativos competentes para que ejercieran sus facultades con la finalidad de culminar el proceso de selección de personas candidatas a ocupar una comisión en el instituto, lo que conllevaba a que tuviera el quórum necesario para funcionar, y por ende, era armónico con un interés social específico, esto era, el relativo a que existían garantías orgánicas que salvaguardaran los derechos humanos.
60. Por ende, sostuvo el colegiado que la parte quejosa sí acreditó de manera indiciaria su interés suspensional, aunado a que la legislación vigente en la materia ya no imponía como requisito para conceder la suspensión provisional que los daños y perjuicios causados a la parte quejosa por los actos reclamados en un juicio de amparo fueran de difícil reparación, por tanto, la quejosa no estaba obligada a demostrar ese aspecto ni era dable que el juzgado verificara su actualización.
61. Por otra parte, estimó fundado el agravio relativo a que el juez de distrito no ponderó adecuadamente una posible vulneración al orden jurídico constitucional con la concesión de la suspensión provisional, ya que en el auto impugnado no se llevó a cabo un análisis entre esos elementos.
62. Destacó que se tuvo por acreditado el interés suspensional porque la parte quejosa resintió un daño a su pretensión y ello era armónico con el interés social relacionado con el buen funcionamiento del instituto mencionado, por lo que el colegiado estimó que el juzgado de distrito no llevó a cabo una ponderación adicional para verificar si los efectos de la concesión de la suspensión provisional causaban o no un perjuicio al orden jurídico constitucional.
63. Refirió que sobre la base de que existía un interés social coincidente con la pretensión de la parte quejosa vinculada con el buen funcionamiento de dicho instituto, el juzgado no ponderó si los efectos de la concesión de la suspensión provisional podían causar alguna afectación en relación con otros aspectos también importantes.
64. De ahí que, señaló el colegiado que el bien jurídico obtenido con la concesión de la suspensión provisional respecto del cual existía un interés social, a saber, la operatividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también debía ponderarse con otros bienes jurídicos como el de división de poderes.
65. En ese contexto, el tribunal señaló que el juzgado de distrito al fijar los efectos de la suspensión provisional, se sustituyó en las autoridades responsables en el ejercicio de sus facultades y que, por ende, era indispensable modificar tales efectos a fin de remediar esa transgresión en su establecimiento.
66. Así, determinó que la división de poderes en el sistema jurídico mexicano era flexible porque el reparto de competencias encomendada a cada poder, no conllevaba una separación absoluta y determinante, por lo que estimó que los efectos y términos en que fue concedida la suspensión provisional generaba un desequilibrio innecesario que afectaba el sistema de cooperación, coordinación y control recíproco entre poderes.
67. En consecuencia, el colegiado resolvió que debían modificarse los efectos de la medida cautelar a fin de que la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Senadores, y en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, continuaran con los procedimientos y sesiones, que esos órganos estimaran aplicables, atento a la autonomía de su organización interna, para designar al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
68. Precisando que esos órganos debían considerar que el ejercicio de dicha competencia constitucional era de carácter obligatorio y urgente, para garantizar en forma pronta y efectiva, los derechos humanos a la información, a la transparencia, a los datos personales y a un ambiente libre de corrupción, a través de la integración adecuada y oportuna del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en beneficio de la sociedad a la que representaban.
69. En esos términos, estimó que era parcialmente fundado el recurso de queja.
Ejecutoria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 252/2023.
70. Al resolver el recurso de queja Q.A. 252/2023, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de 5 de junio de dos mil veintitrés, determinó lo que a continuación se precisa.
71. En principio cabe destacar que el recurso de queja que nos ocupa, tiene los mismos antecedentes del recurso de queja Q.A. 250/2023, del índice del mismo tribunal, ya que se interpusieron en contra del mismo auto.
72. Explicado lo anterior, el tribunal colegiado señaló que el agravio relativo a la imposibilidad de imponer a la Cámara de Senadores como a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, las obligaciones de ejercer facultades soberanas por estar prohibido constitucionalmente, eran inoperantes porque estaban sustentadas en premisas falsas, porque la obligación de elaborar las propuestas respectivas y de votarlas en cualquier sentido no incidía en la facultad soberana que senadoras y senadores tienen para definir su voto libremente en relación con las personas candidatas al cargo dentro del Instituto Nacional de Transpare
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32412-0bae9f8a/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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