Corpus
Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 391/2018. · Registro digital (IUS): 28069
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-09-21
Promovente: ELIZABETH ÁLVAREZ LAGOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág. 855.

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.

AMPARO EN REVISIÓN 391/2018. ELIZABETH ÁLVAREZ LAGOS. 29 DE AGOSTO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; VOTÓ CON SALVEDAD JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIOS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ, MICHELLE LOWENBERG LÓPEZ, GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, MANUEL POBLETE RÍOS Y EDUARDO ROMERO TAGLE.

II. Competencia

15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 85 de la Ley de Amparo; y, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos primero y segundo, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se promueve contra una sentencia dictada por un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto, y esta Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer del asunto, aunado a que no resulta necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

III. Oportunidad

16. El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la interposición del recurso de revisión es de diez días.(13) Al respecto, debe precisarse que la sentencia recurrida fue notificada a la quejosa de manera personal el martes 24 de octubre de 2017,(14) misma que surtió efectos el miércoles 25 de octubre siguiente, por lo que el término de diez días para interponer el recurso de revisión transcurrió del jueves 26 de octubre al lunes 13 de noviembre de ese año.(15) Ahora bien, si el recurso se presentó el 10 de noviembre de 2017,(16) es patente que su presentación resultó oportuna.

17. Por lo que hace a las autoridades responsables, la sentencia en cuestión fue notificada el lunes 23 de octubre de 2017,(17) surtiendo efectos ese mismo día, de conformidad con la fracción I del artículo 31 de la Ley de Amparo,(18) por lo que el plazo para presentar el recurso transcurrió del martes 24 de octubre al miércoles 8 de noviembre de 2017, de modo que al haber sido presentado en esa última fecha,(19) se interpuso en tiempo.

18. El recurso del tercero interesado también es oportuno, toda vez que tuvo conocimiento de la sentencia el 26 de octubre de 2018,(20) y presentó su escrito de expresión de agravios el 6 de noviembre siguiente,(21) siendo que el plazo para interponerlo transcurrió del lunes 30 de octubre al miércoles 15 de octubre de 2017.

IV. Legitimación

19. Los recursos de revisión interpuestos por Elizabeth Álvarez Lagos, José de Jesús Covarrubias Dueñas y el Congreso del Estado de Jalisco y su Comisión de Justicia, fueron presentados por personas legitimadas para ello, al tener por reconocidos su personalidad de quejosa, tercero interesado y autoridades responsables en el juicio de garantías, respectivamente.(22)

V. Estudio de fondo

20. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93, fracción II, de la Ley de Amparo, corresponde analizar, en primer término, los agravios propuestos por el tercero interesado relacionados con la procedencia del juicio de garantías.

21. Alega que, contrario a lo sostenido por el a quo el procedimiento para elección de Magistrado es un acto soberano y discrecional del Congreso del Estado y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.

22. Lo anterior, porque la jurisprudencia 2a./J. 136/2009, de rubro: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.", fue superada por lo resuelto en la controversia constitucional 87/2011, lo establecido en las jurisprudencias 2a./J. 133/2009,(23) 2a./J. 71/2010(24) (por aplicación analógica) y la tesis aislada 2a. LXXXIX/2006.(25)

23. Ahora bien, previo al estudio de la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, y toda vez que en el presente caso se reclamaron actos relacionados con el procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, es necesario precisar que la facultad a cargo del Congreso del Estado de Jalisco, consistente en elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, tiene fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la Constitución de dicha entidad federativa,(26) mismo que establecía al momento de la presentación de la demanda de amparo lo siguiente:

"Artículo 35. Son Facultades del Congreso:

"...

"IX. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Administrativo, así como a los titulares del Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que dispongan esta Constitución y las leyes de la materia."

24. Asimismo, el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo dicha elección, se encuentra desarrollado en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(27) mismo que inicia con la emisión de una convocatoria a cargo del Congreso Local.

25. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco someterá a consideración del Congreso Local una lista con los candidatos –cuyo número debe ser, cuando menos, del doble de las vacantes a cubrir–, para lo cual remitirá los expedientes con los cuales se acreditan los requisitos para ocupar el cargo.

26. La decisión se adoptará en un término improrrogable de treinta días por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, y en caso de que no se resuelva en dicho término, se entenderá rechazada la lista de candidatos. En tal supuesto, así como en el de rechazo expreso de la lista, el Consejo de la Judicatura deberá elaborar una nueva propuesta integrada por distintas personas.

27. La Constitución del Estado de Jalisco indica que los nombramientos recaerán de manera preferente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.(28)

28. Cabe precisar que el anterior procedimiento, es distinto al previsto en la Constitución Local para la ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco cuando han cumplido siete años en el cargo, supuesto en el cual, el Pleno de dicho órgano jurisdiccional elabora un dictamen técnico en que se analiza la actuación y desempeño del Magistrado, para que este documento junto con su expediente, sean enviados y valorados por el Congreso Local.(29)

29. Precisado lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que dispone:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente."

30. Como se ve, el precepto citado establece una causal de improcedencia específica para los casos en que se reclamen resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones, con motivo de la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

31. Ese motivo de improcedencia ha sido interpretado por el Tribunal Pleno y por esta Segunda Sala en diversas ocasiones, aunque a la luz de la anterior Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013), que en su artículo 73, fracción VIII, establecía esencialmente lo mismo.(30)

32. Así, al resolver el amparo en revisión 2639/96 en sesión de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Pleno, sostuvo:

"... Igualmente infundado resulta lo que se alega en el inciso B) precedente, ya que según se obtiene de la lectura del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, la causal de improcedencia del juicio de garantías invocada por las autoridades recurrentes se encuentra prevista contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana y discrecionalmente, supuestos que no se actualizan en la especie en que se cuestiona la no reelección de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el desconocimiento de su calidad de inamovible, acto respecto del cual la Constitución Local de esa entidad federativa no atribuye facultades soberanas o discrecionales a la Legislatura correspondiente, pues según se observa del contenido de los artículos 60, fracción IV y 44, fracción XXI, de la Constitución del Estado de Michoacán, el procedimiento para la designación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad federativa y, como consecuencia de ello, la remoción o sustitución de los funcionarios que venían ocupando el cargo, consta de dos etapas interdependientes entre sí, la primera consistente en la propuesta que haga el Ejecutivo del Estado y, la segunda, relativa a la aprobación que la Legislatura del mismo realice de dicha propuesta, de donde se sigue que la designación de tales Magistrados y la remoción de quienes en su caso aquéllos van a sustituir no es una facultad que el Congreso Local pueda ejercer de manera soberana o discrecional, limitándose sus facultades a analizar la propuesta que sobre el particular haga el Ejecutivo y, en su caso, proceder a su aprobación. Los citados dispositivos de la Constitución del Estado de Michoacán, señalan:

"Artículo 60, fracción IV:

"‘Las facultades y obligaciones del gobernador son: ...

"‘IV. Someter al Congreso del Estado las propuestas para la designación de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o a la Diputación Permanente según el caso.’

"Artículo 44, fracción XXI:

"‘De las facultades del Congreso: ...

"‘XXI. Aprobar o desaprobar las propuestas, solicitudes de licencia y renuncias de los Magistrados del Supremo «Tribunal de Justicia».’."

33. De la transcripción anterior se advierte que el Pleno de este Alto Tribunal determinó que no se actualizaba la causal de improcedencia en cuestión respecto de la no reelección de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el desconocimiento de su calidad de inamovible, ya que de acuerdo con la Constitución Local respectiva, el procedimiento correspondiente no constituía un acto soberano en tanto que la designación de Magistrados y la remoción de quienes en su caso aquéllos van a sustituir no era una facultad que el Congreso Local pudiera ejercer de manera soberana o discrecional, pues su actuar se limitaba a analizar la propuesta que sobre el particular hacía el Ejecutivo y, en su caso, a aprobar dicha propuesta.

34. Posteriormente, esta Segunda Sala resolvió el amparo en revisión 471/2006 (por unanimidad de votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos), en el que analizó si en el procedimiento para la designación o ratificación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República emitía actos soberanos en términos del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y al respecto sostuvo que:

"... para que se surta la causa de improcedencia es preciso que, de alguna manera, la Constitución le confiera al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores o a la de Diputados (con inclusión de sus respectivas comisiones permanentes) ‘la facultad de resolver soberana o discrecionalmente’.

"Sobre la causa de improcedencia citada, la anterior Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otros, los criterios que se observan en las tesis que ilustran al respecto, cuyos texto y datos de publicación, son del tenor siguiente:

"‘DERECHOS POLÍTICOS.—La fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que cuando las Constituciones Locales correspondientes, no confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente acerca de la elección, suspensión o remoción de funcionarios, el amparo contra uno de tales actos, puede no ser improcedente.’ (Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIII, página 1875)

"‘LEY DE HACIENDA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).—La Diputación Permanente del Estado de Coahuila no está facultada, de acuerdo con los artículos 32, 46 y 73, fracción VIII, en relación con el 67, fracción XXXIII, de la Constitución Local, para expedir una Ley de Hacienda, porque las facultades que por la Constitución se conceden a las Comisiones Permanentes, son para conocer y resolver ‘asuntos’ y no para legislar, a fin de que sus funciones sean de verdadera cooperación con el Poder Legislativo y no una delegación de las facultades de éste.’ (Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, página 2037)

"A fin de obtener el sentido que debe atribuirse a las características de soberanía y discrecionalidad, que el precepto examinado dispone como aquellas que precisan revestir las facultades de los órganos legislativos, entre ellos, la Cámara de Senadores, para que se estime que los actos emitidos en uso de ellas se encuentran contenidos en el supuesto de improcedencia de la acción constitucional de que se trata, debe acudirse en primer lugar, a la interpretación gramatical.

"En caso de que ese método no proporcione la significación adecuada, que guarde coherencia con el texto normativo, sólo entonces podrá atenderse a algún sistema de interpretación distinto, pues debe partirse de la base de que en la ley se utilizan las palabras en su acepción más común; por tanto, cuando surjan conflictos normativos, dentro del propio texto de la disposición relativa o en relación con lo dispuesto en norma diversa, de igual, mayor o menor jerarquía, exclusivamente en tal supuesto, en atención al caso concreto, será aceptable que el intérprete de la norma se apoye en algún método distinto al gramatical.

"El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española (vigésima segunda edición, Madrid, España, 2001) proporciona diversas acepciones del vocablo facultad y de los adjetivos soberano y discrecional, así como de otras palabras relacionadas con tales términos. Entre otros significados, se observan los siguientes:

"‘Facultad. (Del lat. facultas, -atis). 1. f. Aptitud, potencia física o moral. U. m. en pl. || 2. f. Poder, derecho para hacer algo ...’

"‘Soberano, na. (Del b. lat. *superanus). 1. adj. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Apl. a pers., u. t. c. s. ...’

"‘Supremo, ma. (Del lat. supremus). 1. adj. Sumo, altísimo. || 2. adj. Que no tiene superior en su línea. ...’

"‘Independiente. 1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. || 2. adj. autónomo. || 3. adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena. ...’

"‘Discrecional. (De discreción). 1. adj. Que se hace libre y prudencialmente. || 2. adj. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas. ...’

"‘Discreción. (Del lat. discretio, -onis). 1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. ... 3. f. Reserva, prudencia, circunspección. || A (discreción) 1. loc. adv. Al arbitrio o buen juicio de alguien. ...’

"Las acepciones contenidas en el instrumento de consulta referido llevan a considerar, que la facultad es el derecho que alguien tiene y que está en aptitud de ejercerlo.

"Tal facultad amerita calificarse como soberana, cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones.

"La propia facultad será discrecional, cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma ‘arbitraria’, sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones.

"Como se ve, el sentido gramatical de los vocablos referidos permite concluir, que la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso Federal o de sus Cámaras, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución Federal confiera a tales entes, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna.

"...

"Sin embargo, para que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo se actualice, opuestamente a lo afirmado por los recurrentes en sus agravios, aquel dispositivo no exige que los actos emitidos, entre otros órganos, por la Cámara de Senadores, en uso de facultades conferidas por la Constitución Federal, la Norma Constitucional relativa deba establecer, de manera expresa y ‘sacramental’, que la facultad que otorga al órgano legislativo sea de naturaleza ‘soberana’ o ‘discrecional’.

"De ahí que deba analizarse la facultad correspondiente, en cada caso, con el propósito de concluir si, en atención a sus características propias, se le puede atribuir la calidad de ‘soberana’ o de ‘discrecional’, pues tales características dependen de que la facultad relativa tenga los atributos que permitan conceptuarla de esa manera y no de que la Norma Constitucional haga mención explícita de alguno de dichos adjetivos ..."

35. Derivado de la ejecutoria en comento se emitió la tesis 2a. LXXXIX/2006, de rubro y texto siguientes:

"COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.—La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana –aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo– en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo."(31)

36. Del criterio anterior destaca que esta Segunda Sala, al interpretar el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo (abrogada) consideró que:

1. Para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión, no es necesario que la Constitución (Federal o Local, según el caso) establezca expresamente, como frase sacramental, que los actos emitidos por el Congreso u órganos respectivos, en relación con la elección, suspensión o remoción de funcionarios, constituye una facultad soberana o discrecional.

2. Estamos ante una facultad soberana cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones.

3. La propia facultad será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones.

37. Más adelante, esta misma Sala resolvió el amparo en revisión 987/2007 (por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y la Ministra presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. El Ministro José Fernando Franco González Salas, estuvo ausente por atender comisión oficial), en la que consideró que no se actualizaba esa causal cuando se reclamaba la ratificación o no ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, bajo las siguientes consideraciones:

"De manera que se considera correcta la desestimación de la causal de improcedencia de mérito, toda vez que, si bien, la Constitución del Estado de Chihuahua confiere al Congreso de esa entidad la facultad de nombrar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; sin embargo, la interpretación de dicha Constitución en relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, y a la luz del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigen que para la ratificación o no de los Magistrados deban existir ciertas causas y cumplirse determinados requisitos esenciales. Entonces, siendo que la ‘facultad de resolver soberana y discrecionalmente’ a que alude la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, implica el poder, atribución o derecho que otorga una norma de derecho positivo vigente a la autoridad para decidir acerca de algo sin sujetarse a determinadas reglas; y, como las mencionadas Constituciones no confieren al Congreso la facultad de resolver de manera soberana o discrecional, esto es, sin sujeción a determinadas reglas, sobre la no ratificación de los Magistrados, se concluye que sobre el particular no se dan los requisitos previstos por la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por tanto, el juicio de garantías es procedente respecto de los decretos combatidos."

38. De tal determinación destaca que la "facultad de resolver soberana y discrecionalmente" a que alude la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, implica el poder, atribución o derecho que otorga una norma de derecho positivo vigente a la autoridad para decidir acerca de algo sin sujetarse a determinadas reglas.

39. Años después, al resolver la contradicción de tesis 118/2009 (por mayoría de votos de los Ministros Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos, contra el voto del Ministro José Fernando Franco González Salas), esta Segunda Sala analizó si los actos que se realizan en los procedimientos de elección, ratificación o cese de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco constituyen actos soberanos y discrecionales, y si, por ende, se actualiza o no la causa de improcedencia en comento.

40. En esa ejecutoria, la Sala reiteró el criterio sostenido en el amparo en revisión 471/2006 respecto de la interpretación del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo (abrogada); invocó también los criterios emitidos por el Tribunal Pleno, al resolver el amparo en revisión 2639/96 y por esta Segunda Sala en el amparo en revisión 987/2007; analizó el marco que la Constitución Federal establece para los Poderes Judiciales Locales, en términos de los artículos 17 y 116, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el marco constitucional local que regulaba al Poder Judicial del Estado de Jalisco, tanto en su integración como en lo referente a la designación y ratificación de los titulares de los órganos jurisdiccionales que lo componían; y a continuación sostuvo lo siguiente:

"... De lo anterior se sigue, que el procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco inicia con la convocatoria que para tales efectos realiza el Congreso Local, a lo que le sigue el envío, por parte del Consejo General de Poder Judicial del Estado, de una lista, de cuando menos, el doble del número de Magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos para ello y tienen aptitud para ocupar dicho cargo, y que el Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos.

"En la hipótesis de que el Congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo General del Poder Judicial someterá una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los términos precisados en el párrafo anterior; si también fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dichas listas hubiere obtenido mayor número de votos.

"En otro aspecto, en cuanto a la ratificación o, en su caso, cese de funciones de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, de las disposiciones constitucionales y legales locales invocadas en párrafos precedentes se advierte que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en el ejercicio de su encargo siete años; que al término del periodo mencionado podrán ser ratificados, en cuyo caso, continuarán en esa función por diez años más; que en caso de no ratificarse a algún Magistrado, éste cesará en sus funciones a la conclusión de su encargo y se realizará un nuevo nombramiento; que el procedimiento para la ratificación de los titulares de esos órganos jurisdiccionales iniciará tres meses antes de que concluya el periodo para el cual fue nombrado, con la emisión por parte del Pleno del Tribunal respectivo de un dictamen técnico que contendrá un análisis y la emisión de una opinión sobre la actuación y desempeño del Magistrado que corresponda; que dicho dictamen así como el expediente del Magistrado deberá enviarse al Congreso del Estado para su estudio y que corresponde a la Legislatura Local decidir soberanamente sobre la ratificación o no de los Magistrados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión correspondiente.

"Así, de conformidad con las disposiciones legales invocadas en párrafos precedentes, para la elección o ratificación de M

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28069-e93c6419/magistrados-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.