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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, ES SUSCEPTIBLE DE APLICARSE DESDE EL AUTO INICIAL CUANDO SE RECLAMA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD SOBERANA O DISCRECIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN LA DESIGNACIÓN DE PERSONAS MAGISTRADAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y CONSEJERAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, POR SER MANIFIESTA E INDUDABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 24/2023. · Registro digital (IUS): 31737
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.3456.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 24/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente a la contradicción de criterios 24/2023, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. La problemática jurídica que subyace en este caso es la siguiente:

Este Pleno Regional debe determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, en relación con la factibilidad de que se surta de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, cuando se reclama el ejercicio de la facultad soberana del Congreso del Estado de Jalisco, al designar personas como Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y como consejeras del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Mediante escrito presentado por vía electrónica el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la parte quejosa recurrente en el recurso de queja 322/2022, del índice del aludido órgano jurisdiccional, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado en dicho medio de defensa y el sostenido en el recurso de queja 335/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

2. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, tuvo por recibida la denuncia de criterios mencionada, y ordenó remitir a este Pleno Regional, el escrito de denuncia citado, para el efecto de proveer lo que en derecho procediera.

3. Mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 24/2023, y por turno, correspondió conocer del asunto al Magistrado Arturo Iturbe Rivas.

4. En el mismo auto se solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a efecto de que informara si continuaba vigente el criterio en contienda o manifestara las consideraciones que motivaron su abandono.

5. Además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.

6. Por oficios 2549/2023, de diez de marzo de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informó que ponía a disposición de este Pleno, la consulta del expediente electrónico del recurso de queja 335/2020 y manifestó que el criterio sostenido en la sentencia dictada en dicho medio de defensa se encontraba vigente.

7. Por oficio DGCCST/X/266/03/2023, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, informó a este Pleno que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

8. Mediante auto de tres de abril de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano, confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materia Administrativa Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdiccional territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que se encuentra dentro de la Región Centro-Sur.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la parte quejosa en el juicio de amparo 1331/2022 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien interpuso el recurso de queja 322/2022, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

12. Antecedentes relacionados con el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

13. Por escrito presentado por vía electrónica el diecisiete de noviembre de dos mil vente, la persona quejosa, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de:

a) La aprobación del acuerdo ************, mediante el que el Congreso del Estado de Jalisco, aprobó la convocatoria pública para la elección de cuatro Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

b) La aprobación y promulgación de los artículos 59, 60 y 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (actos reprochados del Congreso y del Gobernador, ambos de la entidad federativa de Jalisco).

c) La aprobación de los artículos 18, fracción VII, 14 a, 14 b, 14c, 14 d, 14 e, 14 f, 14 f, 14 i, 20 a y 197 b de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco (actos reclamados al Congreso y al gobernador, ambos de la entidad federativa de Jalisco).

d) La ejecución del acuerdo ************, (atribuida a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado de Jalisco).

14. Del caso tocó conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en donde el expediente se registró con el número 1425/2020 y mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la persona titular del aludido juzgado determinó desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, al considerar que la elección de las personas Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, es una facultad soberana o discrecional, atribuida en la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso de dicha entidad federativa.

15. Cabe precisar que el desechamiento antes mencionado, se apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA."

16. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, cuya resolución correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el expediente 335/2020 y en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno lo declaró infundado, con base en las consideraciones medulares que enseguida se precisan:

a) El Tribunal Colegiado estimó ineficaces los agravios esgrimidos por la parte disidente, en primer orden, se refirió al argumento en el que afirmó la parte disconforme que el a quo no se pronunció en relación con los escritos de ofrecimiento de pruebas, ya que si los refirió como «ocursos aclaratorios».

b) Por lo demás, el órgano jurisdiccional calificó como ineficaces los restantes agravios esgrimidos por la parte disidente, ya que en la ejecutoria del amparo en revisión 325/2018 [uno de los cinco precedentes que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.)], la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, era aplicable en procedimientos de elección de funcionarios por parte de Congresos Locales, ya que no se advierte que la decisión relativa deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso, además de que la fundamentación y motivación sólo son exigibles en los procedimientos de ratificación de Magistrados, no así en el caso de elección en el que cada diputado emite su voto y la valoración que lo lleva al sentido en que lo hace, es una cuestión que corresponde a su fuero interno, sin que sea obstáculo que el procedimiento correspondiente se trate de una facultad reglada; además, la improcedencia se extiende hacia cualquier acto intermedio.

c) Estimó el órgano jurisdiccional, que la decisión del a quo era acorde con lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que al existir la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), dicha decisión debía seguir rigiendo.

d) Tal decisión, el órgano colegiado la apoyó en el hecho de que en caso de analizar los conceptos de agravio esgrimidos por la parte recurrente, la respuesta tendría que ajustarse a lo establecido en la aludida jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), de lo que se seguía su ineficacia.

e) Para dar sustento a su decisión, el Tribunal Colegiado citó la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 6 K (9a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA."

17. Antecedentes relacionados con la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

18. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, por vía electrónica, la persona quejosa promovió demanda de amparo indirecto que correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el expediente 1331/2022.

19. En la aludida demanda, se reclamó la convocatoria **********, de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso del Estado de Jalisco, para la elección de una comisionada presidenta propietaria y una comisionada suplente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

20. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veintidós, el Juez del conocimiento requirió a la parte quejosa para que aclarara el acto reclamado al secretario general del Congreso del Estado de Jalisco.

21. El cuatro siguiente, el promovente precisó que el acto reclamado de la autoridad indicada en el párrafo que antecede era la ejecución de la convocatoria reclamada; en adición, amplió la demanda para señalar al Consejo Consultivo establecido en los artículos 52 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco, autoridad a la que reprochó la ejecución del acto reclamado.

22. Mediante auto de cinco de julio de dos mil veintidós, el Juez del conocimiento desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por considerar que la elección del titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondía al ejercicio de una facultad discrecional o soberana, ya que no requiere la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público.

23. La decisión del Juez de amparo, se apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 71/2010 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO."

24. En contra de dicha decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja, que correspondió conocer y resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el expediente Q.A. 322/2022 y en sesión de veinte de octubre de dos mil veintidós, declaró fundado el medio de defensa, bajo las consideraciones esenciales siguientes:

a) En primer orden, el órgano colegiado calificó como infundado el argumento relativo a que el a quo debía inaplicar el texto del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en virtud de que esa norma no es contraria al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 324/2018.

b) Por otra parte, estimó el Tribunal Colegiado que en el caso analizado no era notoria ni manifiesta la causa de improcedencia aplicada por el Juez del conocimiento, ya que la jurisprudencia aplicada había sido emitida bajo el análisis de la Constitución Política y de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas normas del Estado de Jalisco, con vigencia en el momento que se resolvieron los casos materia de la controversia que dio origen a la jurisprudencia aplicada por el a quo.

c) La reforma tanto constitucional como legal que dio lugar a la creación de un nuevo esquema en el que se otorgan facultades a diversos órgano públicos para practicar evaluaciones y realizar exámenes relativos a la capacidad y elegibilidad de los aspirantes a consejero presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, implica un análisis propio de la sentencia definitiva del juicio de amparo, para determinar si las indicadas modificaciones normativas limitaron o no, la soberanía para la elección de dicho consejero.

d) Precisó el Tribunal Colegiado, que lo resuelto únicamente se refería a que no se advierte que la causa de improcedencia se surta de manera notoria e indudable, por lo que no era impedimento para determinar la improcedencia del juicio por el mismo motivo al dictar sentencia.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

25. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.

26. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

27. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, página 7, Novena Época, registro digital 164120, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007–PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." 28. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios es necesario que se surtan los siguientes requisitos:

a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

29. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, página 122, Novena Época, registro digital 165077, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

30. En el caso, se actualizan los requisitos señalados, como enseguida se demostrará.

31. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

32. Dicho requisito se encuentra colmado, en la medida en que ambos Tribunales Colegiados examinaron la hipótesis de improcedencia manifiesta e indudable del juicio, prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en contra de actos reclamados por los que fue desechada la demanda, ya que en ambos casos las personas titulares de los Juzgados de Distrito respectivos, consideraron que se trata del ejercicio de facultades soberanas o discrecionales del Congreso del Estado de Jalisco.

33. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Requisito respecto del que este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados existe un punto de toque en relación con la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

34. En efecto, en ambas ejecutorias se examinó si el juicio de amparo es improcedente de manera manifiesta e indudable, en contra de actos dictados en procedimientos de elección de funcionarios estatales, sustanciados por el Congreso del Estado de Jalisco, llegando a conclusiones contrarias.

35. Por una parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió el medio defensa sometido a su jurisdicción (queja 335/2020), en los siguientes términos:

a) En primer orden, sintetizó los agravios de la parte quejosa en los que esgrimió, en esencia, los siguientes conceptos de agravio:

i) El Juez del conocimiento refirió como «ocursos aclaratorios» los escritos anexados a la demanda de amparo, por los cuales la parte promovente ofreció pruebas.

ii) La convocatoria reclamada no es una acto discrecional y soberano, además resolvió temas de fondo sin haber recabado informes y pruebas; como lo relativo a la evaluación de control de confianza; máxime que los criterios en que se sustentó la decisión no son aplicables por referirse al viejo sistema de elección, sin tomar en cuenta que la Constitución Local fue reformada.

b) En cuanto al tema identificado en el subinciso i) que antecede, el órgano colegiado precisó que el hecho de que el Juez del conocimiento haya precisado los escritos de ofrecimiento de pruebas como ocursos aclaratorios, no deparaba ningún perjuicio a la parte disidente, además de que no formaba parte de los razonamientos esenciales en que se apoyó la decisión relativa a la improcedencia manifiesta e indudable.

c) En cuanto al tópico descrito en el subinciso ii), el Tribunal Colegiado consideró aplicable en el caso la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos:

"En otro argumento el recurrente señala que contrario a lo sostenido, a la convocatoria impugnada no le revisten las características de un acto discrecional y soberano, porque el juez lo hace sin contar con elementos suficientes, tales como informes justificados y medios probatorios que le permitieran arribar a esa determinación, y que en todo caso la naturaleza de los actos del congreso del Estado de Jalisco, era una cuestión del fondo de la litis y no de un trámite de admisión de demanda, por lo que considera que no se actualiza la causa de improcedencia señalada en el acto impugnado.

"En el tercer agravio, señala que el juez parte de una falacia y contradicción al decir que la aplicación y acreditación de la evaluación de control de confianza es un requisito indispensable para acceder al procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, perdiendo de vista que el procedimiento de elección de Magistrados inicia a partir de la Convocatoria, no obstante que se compone de varias etapas, las cuales no pueden considerarse como actos discrecionales o soberanos.

"Que no puede considerarse que la aplicación de la evaluación de control y confianza únicamente se trata de un requisito, porque el resultado es emitido por un organismo distinto que influye de manera directa en la decisión del Congreso, porque de no acreditarse, no se cumpliría con ese requisito y con ello se afectaría su esfera jurídica por no poder acceder al proceso de elección por incumplirse con uno de los requisitos que exige la convocatoria y la Constitución.

"En el cuarto concepto agravio, refiere el inconforme que los criterios en que se sustenta el auto recurrido son inaplicables al versar sobre el viejo sistema de elección, nombramiento, ratificación y remoción de operadores de justicia en el Estado de Jalisco, porque en la Constitución del Estado, cuyo contenido es totalmente diferente al actual, ya que en el supuesto que fue analizado, la ley no contemplaba la aplicación de la evaluación de control de confianza por un organismo creado para ese propósito y que por tal razón no es aplicable la causa de improcedencia advertida por el juzgador.

"Sus argumentos son ineficaces, pues con relación al tema toral de que se trata, relativo a que la elección de magistrados locales por parte del Congreso del Estado de Jalisco, conforma un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales, y que por ello no se actualiza la causa de improcedencia en los términos apuntados por el juzgador y que no es aplicable el criterio emitido por la Superioridad 2a./J. 102/2018 (10a.), cabe destacar que en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 325/2018, en lo conducente, lo siguiente:

"‘... si bien esta Segunda Sala sostuvo en un momento que la causal de improcedencia en estudio no podía considerarse actualizada cuando los actos reclamados (atribuidos a un Congreso) requerían de una debida fundamentación y motivación o cuando en ellos intervenían otros organismos e incluso la sociedad; lo cierto es que posteriormente varió tal criterio, para sostener que sí se surte ese motivo de improcedencia cuando se reclaman procedimientos de elección de funcionarios por parte de los Congresos locales, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso.

"‘En este contexto, debe decirse que los Ministros que actualmente integran esta Segunda Sala consideran que en el presente caso sí se actualiza la causal de improcedencia en cuestión (establecida en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo vigente) en tanto la parte quejosa reclamó el procedimiento de elección de Magistrados del Poder Judicial de Jalisco y, en ese sentido, ni el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso.

"‘En efecto, el precepto en cita (vigente en el año dos mil dieciséis en que se inició el p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31737-a6230a3f/improcedencia-del-juicio-de-amparo-la-hipotesis-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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