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Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 477/2019. · Registro digital (IUS): 29483
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 454.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 477/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE MARZO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTARON CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo (sic), fracción VII, y tercero del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.

Lo anterior encuentra apoyo además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

Al respecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo(2) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito o por los Plenos de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por **********, quien figura como quejoso y recurrente en el amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del cual derivó uno de los criterios que contienden en la posible contradicción de tesis que ahora nos ocupa. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. En relación con el amparo en revisión **********, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, se hace referencia a los siguientes antecedentes:

1. ********** promovió juicio de amparo contra actos del gobernador y del Congreso del Estado de Colima, consistentes en la propuesta de nombramiento para el cargo de Magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, así como su aprobación mediante el Acuerdo Número 86 de la misma fecha.

2. El asunto se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima con el número de expediente **********, y el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Juez dictó resolución en la que sobreseyó en el juicio al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

3. Esa determinación fue combatida por el quejoso mediante recurso de revisión del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con el número **********; y en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el órgano revocó el sobreseimiento decretado conforme a las siguientes razones:

"b. Estudio de los agravios

"Contra la resolución que sobresee en el juicio por considerar que el acto reclamado deriva de las facultades soberanas del Congreso del Estado de Colima, el recurrente quejoso hace valer los siguientes agravios.

"El inconforme alega que no es aplicable al caso la jurisprudencia que invoca la Jueza, de rubro: ‘MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.’

"Lo estima de esa manera porque –afirma– dicho criterio se refiere a una legislación distinta a la aplicable en el Estado de Colima y al interpretar las disposiciones del Estado de Jalisco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación colige que la elección de Magistrados se hace por parte del Poder Legislativo previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general y no requiere supervisión de algún ente público y que, por ello, se trata de actos soberanos.

"Mientras que en el procedimiento de designación en el Estado de Colima –dice el recurrente– intervienen el Poder Ejecutivo que expide el nombramiento, el Congreso Local lo aprueba y el Poder Judicial se encarga de entregar la posesión del cargo; es decir, las facultades de nombrar y aprobar el nombramiento corresponden al Poder Ejecutivo y Legislativo, pero deben sujetarse a determinados requisitos señalados en las Constituciones Federal y Local referidos en la demanda, para que, con base en ellos, decidan lo conducente; por lo que, al sujetarse a estas reglas, las facultades mencionadas no pueden considerarse soberanas ni discrecionales.

"Asimismo, afirma el recurrente que no puede actualizarse la causa de improcedencia invocada por la juzgadora, porque no corresponde al Legislativo la facultad de nombrar Magistrados, sino al gobernador del Estado, la cual está sujeta a determinadas reglas desarrolladas en la demanda; además de que esa decisión –nombramiento de los Magistrados– no puede tomarse sin una debida fundamentación y motivación, pues de lo contrario colisionaría con los procesos decisorios, violentando el artículo 116, fracción III, de la Constitución; por lo que, insiste, que esa facultad no puede considerarse como soberana ni discrecional.

"Lo considera de esa manera porque –dice– en la controversia constitucional **********, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las decisiones del Congreso Local deben ceñirse a la debida fundamentación y motivación.

"Asimismo, el disidente aduce que la causa prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es inconstitucional e inconvencional, porque se vulnera el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e indirectamente los numerales 35, fracción VI, y 23.1, inciso c), de los ordenamientos constitucionales y convencionales citados, pues ante la afectación a su derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas, se le niega la posibilidad de un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional competente.

"Los agravios resumidos son esencialmente fundados, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen:

"El artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo dispone:

"‘Artículo 61.’ (se transcribe)

"De la referida porción normativa se obtiene, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones, con motivo de la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

"En el caso, se reclama la propuesta y aprobación de los Magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, atribuidos al gobernador y al Congreso, respectivamente, ambos del Estado de Colima.

"Ahora bien, a fin de dilucidar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, es importante identificar el posible derecho fundamental violado al quejoso; así, de la lectura de la demanda se advierte que, fundamentalmente, consiste en la independencia judicial en relación con el proceso para acceder al cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

"Así, el derecho de la independencia judicial se encuentra en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derecho (sic) Humanos.

"Dichos numerales establecen que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido en la ley.

"Es importante notar que si bien del contenido de los referidos preceptos constitucional y convencional deriva que la independencia judicial se prevé como una garantía para el justiciable, lo relevante es que obliga al Estado a establecer todos los elementos necesarios para que efectivamente se garantice la independencia judicial, lo cual implica que el propio juzgador actúe sin injerencia de alguna otra autoridad, sin estar influido por circunstancias particulares relativas a las partes que no resulten relevantes para el asunto concreto y libre de consideraciones relacionadas con su propio interés o con intereses de la persona o cuerpo que lo nombró.

"En el contexto interamericano, la independencia judicial tiene dos dimensiones, a saber, la institucional y la individual.

"La primera se refiere al grado de independencia que debe guardar la institución respecto de otros poderes públicos como sistema para que no sea sometida a restricciones indebidas de otros Poderes o instituciones de Estado; mientras que la individual concierne, entre otras, a los procedimientos y las cualificaciones para el nombramiento de Jueces, los traslados, suspensión y la independencia efectiva del Poder Judicial respecto de la injerencia política por los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

"Así, en una perspectiva institucional, la independencia judicial es consustancial al principio de división de poderes y, ambos elementos, son imprescindibles para la comprensión de un auténtico Estado de derecho.

"Por su parte, en el Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, la Corte Interamericana sobre (sic) Derechos Humanos destaca que todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial.

"En la especie es preciso notar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, aunque es un órgano autónomo, lo cierto es que realiza funciones materialmente jurisdiccionales y, por ello, le resultan aplicables los principios rectores de la independencia judicial.

"Es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no estatuye un sistema rígido de división de poderes, de tal manera que, por ejemplo, el Ejecutivo emita sólo actos administrativos, sino que cada uno de los poderes está facultado para desarrollar funciones distintas a las que les corresponderían en un sistema rígido de división de poderes.

"De ahí que al dirimir las controversias suscitadas entre los particulares y la Administración Pública del Estado y los Municipios, el referido tribunal realiza funciones jurisdiccionales, por lo que, se reitera, le son aplicables los principios relativos a la independencia judicial.

"En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los procesos decisorios como el nombramiento, ratificación y remoción de Magistrados deben ceñirse a las exigencias constitucionales de motivación y fundamentación, pues son actos de gran trascendencia institucional y jurídica, por lo que se debe exigir que, al emitirlos, los órganos competentes para ello cumplan con dichas garantías incluso de manera reforzada, es decir, que de ellas se desprenda que realmente existe una consideración sustantiva, objetiva y razonable y no meramente formal y hueca de la normatividad aplicable.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 23/2006, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es del tenor siguiente:

"‘RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.’ (se transcribe)

"De lo hasta aquí relatado se obtiene que el principio de independencia judicial analizado es un pilar fundamental para garantizar a la sociedad juzgadores independientes e imparciales, por lo que todo proceso de nombramiento de un funcionario jurisdiccional, debe basarse en el mérito personal y en la capacidad profesional, por medio de mecanismos de selección objetivos, de donde se advierte que la facultad de las responsables para proponer y aprobar al servidor público que ocupará el cargo, se acota con la obligación de fundar y motivar su determinación.

"Expuesto lo anterior y a fin de dilucidar la cuestión planteada, es decir, si la propuesta y aprobación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, son facultades soberanas de las autoridades responsables, conviene citar los artículos 34, fracción XXIV, 58, fracción XIII, y 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que dicen:

"‘Artículo 34.’ (se transcribe)

"‘Artículo 58.’ (se transcribe)

"‘Artículo 77.’ (se transcribe)

"Por su parte, los artículos 19 y 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima disponen lo siguiente:

"‘Artículo 19.’ (se transcribe)

"‘Artículo 20.’ (se transcribe)

"De los preceptos legales transcritos deriva que si bien es cierto que el gobernador del Estado propondrá los nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa mientras que el Congreso está facultado para aprobar o no dichos nombramientos; también lo es que la designación en el cargo debe recaer en personas con antecedentes profesionales y curriculares, contar con experiencia en las materias indicadas, es decir, deben estar calificadas, por lo cual, conforme a lo mencionado anteriormente, todo ello exige que la decisión debe ser fundada y motivada.

"En ese contexto, debe tomare (sic) en cuenta que la expresión ‘decisión soberana’, en su sentido literal, se entiende como una decisión absoluta, suprema, tomada por un solo órgano (el Congreso del Estado) e independiente de cualquier otro factor.

"Sin embargo, el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, consta de dos etapas:

"La primera consiste en la propuesta por el Ejecutivo del Estado; y, la segunda, relativa a la aprobación que haga el Congreso, cuya elección debe tomar en cuenta ciertos estándares profesionales y la cual debe estar fundada y motivada, de donde se sigue que la designación de tales Magistrados no es una facultad soberana o discrecional, limitándose sus facultades a analizar la propuesta que sobre el particular haga el gobernador y, en su caso, proceder a su aprobación.

"De ahí que sin necesidad de hacer un ejercicio de contraste entre el ordinal 61, fracción VII, de la Ley de Amparo y los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este tribunal revisor llega a la conclusión de que no se configura el supuesto de improcedencia en que se basa la Jueza recurrida para emitir el fallo impugnado.

"Es así, pues la palabra ‘facultad’ es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como ‘1. f. Aptitud, potencia física o moral; 2. f. Poder o derecho para hacer algo.’

"Por otro lado, la palabra ‘soberano’ viene del latín ‘superanus’ que significa ‘el que tiene autoridad sobre los demás’.

"Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española define la palabra ‘soberano’ como ‘1. adj. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. 2. adj. Muy grande, elevado o extraordinario’, es decir, el término soberano hace referencia a aquella persona o institución que detenta la soberanía entendida como la cualidad de tener autoridad sobre otras personas.

"Las acepciones reseñadas permiten considerar que la facultad soberana la ejerce quien goza de independencia y no requiere injerencia externa para adoptar sus decisiones.

"Luego, si en el proceso del nombramiento de los Magistrados en el Estado de Colima, participan dos Poderes –Ejecutivo y Legislativo– y está sujeta (sic) a determinados requisitos, a saber, que las personas designadas sean las idóneas, pues se requiere cubrir cierto perfil para desempeñar la función jurisdiccional encomendada, es claro que la propuesta y aprobación de dichos Magistrados no se trata de una decisión absoluta.

"Asimismo, debe destacarse que el planteamiento del amparo como tema principal es dilucidar si el proceso de nombramiento de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa es inconvencional o no, se relaciona con un derecho humano, a saber, la libre participación para acceder a un cargo público.

"En ese orden conviene recordar que desde que México se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos [24 de marzo de 1981] y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [16 de diciembre de 1998], reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país, lo cual genera la obligación de atender su contenido.

"Es decir, se amplía la base normativa –normas, principios y jurisprudencia– en cuanto a los derechos fundamentales se refiere, constituyéndose un bloque de constitucionalidad, el cual permite complementar la interpretación de los derechos que sí se encuentran consagrados constitucionalmente, y como elemento integrador, incorpora derechos que no se encuentran en el catálogo constitucional. Estas herramientas otorgan un poderoso impulso dinamizador de la protección de los derechos fundamentales, favoreciendo la adaptación histórica de las Constituciones a nuevas realidades sociales y políticas.

"Por lo cual genera la obligación del Estado Mexicano de atender el contenido de la convención y sus resoluciones en materia de derechos humanos.

"Luego, si el derecho planteado en la demanda versa sobre la libre participación, en igualdad de condiciones, contemplado en el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para acceder al cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el cual se relaciona con la independencia judicial como ya se explicó, lo cual corresponde al fondo; es evidente que debe brindarse al quejoso la oportunidad del esclarecimiento de los hechos que estima violatorios de sus derechos humanos y las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento conforme al criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos (sic) como lo previenen los artículos 8 y 25 de la convención, por medio de un recurso sencillo, de lo contrario la convención perdería su efecto útil.

"Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001, sostenida por el Pleno del Alto Tribunal en el País, cuyos rubro y texto se transcriben:

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe)

"Es así, pues en observancia al artículo 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las personas deben tener, en condiciones generales de igualdad, el acceso a las funciones públicas de su país, como en el caso a estudio lo es tener la oportunidad de participar en el procedimiento de designación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, previo cumplimiento de los requisitos.

"En ese contexto se hace notar «que» la declaración interpretativa y la reserva formulada por el Estado Mexicano fue únicamente respecto al párrafo 1 del artículo 4 y al párrafo 2 del artículo 23, es decir, no está involucrado el derecho establecido en el ordinal 23.1, inciso c) de la referida convención, que es materia de esta controversia constitucional.

"Debe decirse que al hacer el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de México, al adherirse a la convención, formuló declaraciones y reservas.

"Además, dicho sistema interamericano y los criterios emitidos por la Corte Interamericana en los cuales se establecen las directrices que deben adoptar los Estados parte para la elección de los funcionarios jurisdiccionales, fueron adoptados antes de que se emitiera la nueva Ley de Amparo en la que se contempla la causa de improcedencia en análisis (artículo 61, fracción VII).

"Aunado a lo anterior, tiene razón el quejoso recurrente al argumentar que la jurisprudencia invocada por la Jueza en la resolución recurrida, de rubro: ‘MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA.’; no resulta aplicable, atentas (sic) las siguientes razones:

"Dicho criterio deriva del amparo en revisión **********, resuelto en sesión de 29 de agosto de 2018, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que sostiene, entre otras consideraciones, lo siguiente:

"(se transcribe)

"Este tribunal revisor estima que la tesis invocada por la Jueza en la resolución recurrida no resulta aplicable al caso, dado que existen dos elementos importantes en la tesis del Alto Tribunal, en el caso que examina, a saber:

"En el caso del Estado de Jalisco (i) no interviene un poder distinto al Congreso del Estado; y, (ii) dicho órgano emite una convocatoria a la sociedad en general para que las personas interesadas puedan intervenir en el proceso de selección y designación del Magistrado o Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad federativa.

"En tanto que en el Estado de Colima, su Constitución prevé la intervención del gobernador y no contempla una convocatoria a la sociedad en general.

"Es preciso demostrar esta afirmación.

"En ese cometido es conveniente contrastar el fundamento constitucional del Estado de Jalisco con el de Colima, en el procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de cuyo contenido se advierte que se trata de disposiciones que regulan de manera distinta el proceso de selección y nombramiento, tal como se ilustra a continuación.

Ver artículos

"De los artículos se obtienen los diagramas siguientes:

"(se transcriben diagramas)

"Así, como se precisó con anterioridad, se advierte que el procedimiento de designación de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, es distinto al de Colima para nombrar Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

"Lo anterior es así, toda vez que, como se anticipó, en el Estado de Jalisco su Congreso Local emite una convocatoria para la elección de un Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

"En cambio, en la Constitución del Estado de Colima no está prevista convocatoria alguna.

"En Jalisco, después de emitida la convocatoria respectiva, a propuesta del Consejo de la Judicatura, que no interviene en la decisión, el Congreso decide a cuál de las personas participantes nombra.

"Por ello, el Alto Tribunal determina claramente que en esa determinación el Congreso Local ‘elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público’.

"En contraste, en el Estado de Colima su Constitución no dispone, como se dijo, que para la selección y ulterior nombramiento de una Magistrada o Magistrado, deba emitirse una convocatoria a la sociedad en general, dado que en su diseño expresamente señala que el gobernador somete a la elección del Congreso del Estado, el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Magistrado del referido órgano jurisdiccional.

"De lo que se tiene, con toda certeza, que en el Estado de Colima tienen injerencia dos Poderes, a saber, el titular del Poder Ejecutivo y el Legislativo, el cual analiza la propuesta que sobre el particular hace el Poder Ejecutivo, como lo refiere esencialmente el quejoso.

"Por ello, la jurisprudencia a estudio no es aplicable para el Estado de Colima, pues el procedimiento de selección no es análogo entre una y otra Constituciones para tomar como base el mismo criterio.

"Cierto, la Jueza de Distrito estima que ese criterio jurisprudencial del Alto Tribunal, se aplica por analogía.

"Este tribunal revisor no comparte ese criterio, pues en el lenguaje jurídico suele llamarse ‘aplicación analógica’ a la aplicación de una norma a un supuesto de hecho no contemplado por ella, pero semejante al previsto por la misma, es decir, aplicar una misma norma a dos supuestos de hecho que se consideran semejantes.

"Al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis **********, sostiene:

"(se transcribe)

"En ese contexto, en el caso concreto no procede aplicar por analogía la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no se cumple con los requisitos para ello, como lo es la existencia de la propiedad común.

"Lo anterior es así, pues se insiste, del contraste de ambos preceptos constitucionales –artículos 60 y 77– tenemos que en el procedimiento para la designación de Magistrados del Trib

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29483-8caa0b9f/magistrados-de-las-entidades-federativas-su-eleccion-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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