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RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR DESIERTA UNA PRUEBA PERICIAL.RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR DESIERTA UNA PRUEBA PERICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2015. · Registro digital (IUS): 25774
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-08-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , Pág. 1071.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 24 DE JUNIO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

Lo anterior encuentra su apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, número de registro digital: 2000331]

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por el presidente de este Alto Tribunal. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Tribunales contendientes. En los resultandos de esta ejecutoria se hizo referencia al acuerdo de veinte de mayo de dos mil quince, por medio del cual se determinó que quedaría a consideración del Ministro ponente determinar si se integra o no a este expediente el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja **********.

Al respecto, esta Sala determina que resulta innecesario integrar a la denuncia el criterio referido, ya que la conclusión de procedencia del recurso de queja que de manera implícita sostuvo ese tribunal, coincide con el criterio expreso del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, cuya ejecutoria forma parte de este expediente; por tanto, las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales con los que quedó integrada la contradicción en el acuerdo de once de mayo de dos mil quince, son suficientes para resolver el criterio denunciado.

CUARTO.-Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia a los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Por lo que hace al recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, resuelto en sesión de doce de septiembre de dos mil catorce, tenemos como antecedentes,(2) los siguientes:

1. ********** y/o **********, promovió demanda de amparo en contra del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, entre otras autoridades, por el acto consistente en la desposesión del bien inmueble del que se ostentó propietaria y poseedora, ubicado en **********, ello derivado del procedimiento de ejecución del juicio agrario ********** y bajo el argumento toral de que tiene el carácter de tercero extraño por equiparación.

2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, cuyo titular por acuerdo de doce de junio de dos mil trece la admitió a trámite y registró con el número **********.

3. Durante la tramitación del juicio de amparo, la parte quejosa ofreció prueba pericial en materia de topografía, para el efecto de acreditar ser propietaria del inmueble materia del juicio de amparo; dicha probanza se admitió por auto de diez de octubre dos mil trece, ordenando preparar su desahogo; y, realizados diversos trámites procesales tendentes a la preparación de ese medio de prueba, el Juez de Distrito dictó acuerdo de nueve de julio de dos mil catorce, en el que declaró desierta la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte quejosa, bajo la consideración sustancial de que a pesar de la existencia de diversos requerimientos, la quejosa no proporcionó los elementos necesarios para el desahogo de la prueba, pues incluso, el perito oficial y el designado por el ejido tercero interesado manifestaron la imposibilidad de ubicar o geoposicionar el predio materia de la litis; esto es, el a quo subrayó que con los documentos exhibidos por la quejosa no era físicamente posible la localización del predio materia del dictamen, además de que no existen planos que establezcan las posiciones UTM de los predios, necesarias para su debida ubicación, así como que no mostró un interés en el desahogo del medio de prueba, pues además, no proporcionó la información para localizar al propietario del predio e, incluso, nunca presentó a su perito para la aceptación del cargo.

4. En contra de ese proveído, la parte quejosa interpuso recurso de queja, cuya ejecutoria es materia de la presente contradicción de tesis, la cual, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"CUARTO.-Este tribunal no realizará pronunciamiento en cuanto a la legalidad de las consideraciones del auto impugnado, así como respecto de los agravios expuestos, en atención a que el presente recurso de queja resulta improcedente.

"En primer término, resulta menester reseñar los siguientes datos jurídicamente relevantes:

"a) La parte quejosa, promovió juicio de amparo reclamando, en lo esencial, la desposesión del bien inmueble del que se ostenta propietaria y poseedora, ubicado en **********, derivada del procedimiento de ejecución emanado del juicio agrario **********, aduciendo que tiene el carácter de tercero extraño por equiparación.

"En el capítulo de antecedentes narró, en lo de interés, que el nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución presidencial sobre la **********, en donde se determinó que el único predio afectable es el denominado **********, de supuesta propiedad del **********; que se dictó sentencia en el juicio agrario ********** en la que se ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, que ejecute en forma complementaria la resolución presidencial de catorce de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, que dotó al **********, con una superficie de ********** y que ha tenido conocimiento de que se pretende ejecutar dicha resolución presidencial en el predio de su propiedad.

"b) De la citada demanda correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito, quien la admitió a trámite.

"c) Al rendir su informe justificado, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 05 hizo del conocimiento que a esa fecha la parte demandada en el juicio agrario **********, actualmente **********, la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no ha ejecutado completamente la citada resolución presidencial, argumentando para ello, que existe imposibilidad para llevar a cabo la ejecución complementaria de la misma, ya que de acuerdo a los trabajos técnicos e informativos que ha realizado la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, se encontró que la superficie que se ordenó afectar en el fallo presidencial, para la ampliación del **********, se localiza inmerso en lo que corresponde al ********** y que se encuentra totalmente lotificado y titulado a favor de sus ocupantes, por lo que afirma que resulta claro que existe imposibilidad para considerar esa superficie para elaborar el plano proyecto de localización que permita ejecutar complementariamente el fallo presidencial en cuestión, ya que la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, carece de competencia para declarar la nulidad de los títulos de propiedad expedidos a sus ocupantes y que la superficie que la resolución presidencial ordenó afectar para dicha ampliación de ejido, no corresponde al ********** como afirma la resolución, sino a un predio totalmente distinto, que es el **********, que el Gobierno Federal adquirió para construir el **********, sobre el cual expidió los títulos antes referidos.

"Que ese tribunal requirió al delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que informara la fecha en que llevaría a cabo la diligencia de ejecución complementaria de la resolución presidencial.

"d) La parte quejosa ofreció la prueba pericial en materia topográfica, nombró perito y exhibió el cuestionario respectivo; prueba que se tuvo por anunciada una vez que obraron en autos las constancias de emplazamiento a la totalidad de las partes y a fin de preparar su desahogo se tuvo como perito designado de la oferente, al que propuso, se ordenó que se distribuyera entre las partes copia del cuestionario respectivo, se requirió a la oferente de la prueba para que presentara a su perito para la aceptación y protesta del cargo conferido, apercibida que de no hacerlo la prueba pericial se desahogaría únicamente con el dictamen que emitiera el perito designado por ese Juzgado Federal; se concedió término a las demás partes para que adicionaran el cuestionario y nombraran perito si así lo deseaban y se giró oficio solicitando la proposición de un perito en topografía para que fuera nombrado como perito oficial.

"e) Durante la secuela procesal, en atención a que la parte quejosa no presentó a su perito, se hizo efectivo el apercibimiento que se le realizó y se tuvo por precluido su derecho; asimismo se tuvo al tercero interesado adicionando el cuestionario y se le requirió para que presentara a su perito para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido.

"f) El perito designado por el tercero interesado **********, solicitó que se requiriera a la parte quejosa para que le proporcionara el lugar de su residencia y de ser posible su número de teléfono, para coordinarse con ella para realizar el trabajo pericial encomendado. Petición que se acordó en el sentido de que resultaba más práctico que el perito se coordinará con los autorizados de la parte quejosa, por lo que se le proporcionó su nombre y domicilio y a esta última se le dijo que si era su deseo y lo consideraba pertinente para la mayor celeridad en el desahogo de la prueba, proporcionara su número telefónico, a efecto de hacérselo saber al perito designado por el ejido tercero interesado.

"g) El perito del ejido tercero interesado reiteró su solicitud, por lo que el juzgado acordó que se requiriera a la parte quejosa para que auxiliara al desahogo de la prueba pericial a través de la localización física del bien inmueble de su propiedad y, que es materia del juicio de amparo, proporcionando su domicilio o número telefónico para ser contactada por el perito designado por el aludido tercero interesado.

"h) La parte quejosa pretendió cumplir con lo solicitado proporcionando un domicilio conocido y un número telefónico de su autorizado; por lo que se le apercibió que de no proporcionar la información requerida dentro del plazo concedido, se declararía desierta la prueba pericial que ofreció.

"i) Por diverso auto se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el plano respectivo de la colonia **********, en el que aparecieran todos y cada uno de los lotes que la constituyen con el objeto de ubicar el lote propiedad de la inconforme, para emitir la pericial del ejido tercero interesado.

"j) Al haber agotado el Juzgado de Distrito todos los medios a su alcance para el desahogo de la prueba pericial, bajo la consideración de que la parte quejosa había sido quien había impedido el desahogo adecuado del medio de convicción ante su actitud negativa de ubicar al perito físicamente en el predio del que afirma es propietaria, se declaró la deserción de la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte quejosa.

"Ahora, se afirma que el presente recurso de queja resulta improcedente, toda vez que, este tribunal estima que el acuerdo por medio del cual el Juez Octavo de Distrito en el Estado, declaró desierta la prueba pericial (al margen de que sea legal o no), no causa un daño o perjuicio grave, trascendente e irreparable que adquieran consumación en el mundo fáctico, lesionando los intereses de la parte recurrente, de manera que pueda ser combatido mediante el presente recurso de queja.

"En efecto, el recurso de queja materia de análisis, se encuentra previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, que establece:

"‘Artículo 97.’ (se transcribe)

"De la lectura de la fracción transcrita, se advierte un supuesto normativo genérico de procedencia del recurso de queja, conforme al cual el medio de impugnación precisado, procede en contra de actos emitidos por los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo, antes de la celebración de la audiencia constitucional, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.

"Como se ve, el supuesto de que se trata contiene requisitos de procedibilidad que atienden a la intención evidente de garantizar la expeditez del amparo (principio de celeridad procesal), dada su naturaleza de juicio concentrado (principio de concentración procesal) y sumario (principio de economía procesal), en función de lo cual el legislador previó la manera de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con el propósito de retrasar innecesariamente el desarrollo del procedimiento constitucional; por tanto, de manera especial sujetó la procedencia del medio impugnativo referido a la satisfacción de requisitos específicos, consistentes en que:

"a) Se trate de resoluciones que emitan los Jueces de Distrito;

"b) Se dicten durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión;

"c) No sean impugnables a través del recurso de revisión; y,

"d) Sean de naturaleza trascendental y grave, de modo que puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; esto es, se precisa que tales resoluciones afecten considerablemente los intereses respectivos de las partes en el procedimiento principal o incidental de que se trate.

"Una vez establecido lo anterior, se debe analizar si el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra de un proveído dictado en un juicio de amparo indirecto que declaró desierta la prueba pericial, se encuentra en el supuesto de procedencia antes señalado.

"En relación con el primer requisito, éste queda satisfecho, toda vez que el auto combatido fue dictado por un Juez de Distrito.

"En esa misma tesitura, el citado auto es dictado durante la tramitación del juicio de amparo indirecto, por lo que es inconcuso que se satisface el segundo requisito.

"El artículo 81 de la Ley de Amparo no contempla expresamente la procedencia del recurso de revisión en contra del auto dictado por el Juez en el que se declara desierta la prueba pericial, de manera que también se encuentra justificado el tercer requisito.

"Por último, en relación con el cuarto elemento relativo a que el auto o resolución recurrida por su naturaleza, grave y trascendental, pueda causar perjuicio a alguna de las partes, y el mismo no sea reparable en la sentencia definitiva, no se encuentra satisfecho por las siguientes razones.

"En efecto, por principio de cuentas resulta inobjetable colegir que no todos los autos dictados en el procedimiento del juicio de amparo indirecto son impugnables a través del recurso de queja. La declaración de desierta de una prueba, requiere de ciertas características para ser recurrible a través del medio de impugnación que nos ocupa.

"En efecto, deviene claro que el legislador, tomando como pauta el criterio de permitir que los autos de los Jueces de Distrito pudieren ser revocados o modificados mediante la tramitación de recursos ordinarios en el juicio de amparo biinstancial, estableció la procedencia del recurso de queja, con base en la premisa principal consistente en que las resoluciones impugnables no admitieran expresamente el diverso de revisión en términos del artículo 83 de la ley de la materia. Y con objeto de garantizar la expeditez del juicio (principio de celeridad), contempló la manera de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente su desarrollo; es por ello, que de manera especial, sujetó la procedencia de dicho recurso de queja, se reitera, a la satisfacción de los siguientes requisitos, que como ya se dijo se consideran no satisfechos en la especie: a) Que la resolución dictada por el Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías indirecto, tenga naturaleza trascendental y grave y con motivo de ello, exista la posibilidad de causar algún daño o perjuicio a alguna de las partes; y, b) Que ese daño o perjuicio que ‘pudieran causarse’, sean de imposible reparación, aun en el dictado de la sentencia definitiva. En el anterior contexto, la materia del recurso de queja excepcional a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se contraerá en desentrañar si con la orden de declarar desierta una prueba, es factible o no, causar daño o perjuicio a alguna de las partes del juicio constitucional biinstancial, que sea de imposible reparación aun en el dictado del fallo definitivo. Lo anterior significa, que con independencia de la apropiada o inapropiada declaración de desierta que se haga de las pruebas, o bien, de que la sentencia definitiva resulte favorable o desfavorable, existe el riesgo de exponer a alguna de las partes a diversa situación extremadamente compleja, que pueda repercutir en su esfera personal y jurídica de forma grave y trascendente. Sobre el particular, no debe perderse de vista que aquellas resoluciones o autos son de carácter obligatorio, inminente y vinculatorio; y por tal razón, sucede que las obligaciones, deberes, facultades y derechos de ellos emanados, contienen en muy particulares circunstancias una posibilidad latente e involuntaria de afectar a alguno de los sujetos de la relación procesal, con cierto daño o perjuicio de carácter normal u ordinario. Es por ello, que a fin de evitar la materialización objetiva de algún daño o perjuicio que además sea trascendental y grave, se concedió a los posibles agraviados la opción de impugnar la resolución probablemente afectadora a través del multicomentado recurso de queja, cuya sustanciación lograría impedir no sólo la consecución del procedimiento, sino también, dar margen para probar ante los Tribunales Colegiados de Circuito que conocieran del mismo, la multicitada amenaza. Pero no sólo eso, sino también, de acreditar la imposible reparabilidad -del daño o perjuicio grave y trascendente-, a través de la deficiente o aun eficiente valoración que los Jueces de Distrito realizaren en torno a las pruebas aportadas. Con apoyo en lo anterior, resulta válido colegir que el análisis fondal de esta excepcional hipótesis de procedencia del recurso de queja, obliga a los órganos colegiados -de acuerdo con los artículos conducentes de la Ley de Amparo-, a efectuar una pronta, compleja y aún noble valoración, tendiente a ponderar la veracidad o no de que los tantas veces citados daño o perjuicio grave, trascendente e irreparable -claro está, dependiendo siempre de la controversia concreta sometida a su consideración- adquieran consumación en el mundo fáctico, lesionando los intereses de la parte recurrente. A guisa de ejemplo, es factible citar aquellos supuestos en los cuales se emiten proveídos que ordenan preparar y desahogar pruebas que, siendo legales, probable y seguramente atenten, verbigracia, contra la privacidad personal, el secreto profesional, etcétera; hipótesis que el legislador tomó en cuenta con el propósito de ser analizados bajo una óptica discrecional, fidedigna y cierta de los tribunales de amparo y que, de ser transgredidos, serían irreparables aun en el dictado de la resolución fundamental del juicio constitucional biinstancial.

"De ahí que, tomando en consideración las características generales y abstractas del precepto, haya sido imposible para el legislador, vislumbrar todos y cada uno de los supuestos que pudieren darse con la emisión de las resoluciones de los Jueces de Distrito en el conocimiento de casos particulares, para de esa manera, encontrarse en aptitud de enumerarlos casuísticamente en la legislación positiva. Con apoyo en lo asentado y sin afán de minimizar el relevante supuesto contemplado por el legislador, deviene claro concluir, que para la procedencia del recurso de queja en análisis, se requiere la satisfacción de los extremos consistentes en que, atendiendo al caso específico, la resolución donde se declara desierta una prueba, sea de naturaleza trascendental y grave, que puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, de imposible reparación, incluso en la determinación final del juicio de garantías promovido en la vía indirecta.

"En esa virtud, será la autoridad jurisdiccional competente, la que atendiendo al caso concreto, funde y motive la procedencia del recurso, atendiendo a los lineamientos establecidos por el legislador, en torno a que la resolución impugnada, contenga la característica excepcional de mérito.

"Además de lo ya señalado y siguiendo el criterio jurisprudencial referido, la connotación de naturaleza trascendental y grave, de modo que puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, debe decirse que será analizado conforme al sistema actual de supletoriedad de la Ley de Amparo, que dispone en su artículo 2o., segundo párrafo, que a falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. Así, el concepto de principios generales del derecho, que no preveía la Ley de Amparo inmediata anterior, se constituye como uno de los pilares para superar, entre otros, uno de los problemas más criticados al juicio de amparo, como lo es el retardo en dictar sentencia definitiva en el mismo y su utilización como táctica dilatoria. Por ello, es necesario, justificar el porqué en la especie no se satisface el concepto de violación trascendental y grave, que exige el supuesto de procedencia de la queja que nos ocupa.

"Por lo anterior, se considera legal recurrir, como lo hizo el Máximo Tribunal del País, para precisar el requisito de procedencia de lo que es una violación trascendental y grave, hacer un parangón con la noción de actos irreparables considerados con la legislación de amparo.

"Al respecto, sobre el tema central de los actos procesales de imposible reparación ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de ‘imposible reparación’, dejando por tanto que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables.

"Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de ‘imposible reparación’. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.

"Las normas invocadas son las siguientes:

"‘Artículo 107.’ (se transcribe)

"Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25774-e2d596c5/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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