RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL UN JUEZ DE DISTRITO ORDENA ENVIAR EL EXPEDIENTE DE UN JUICIO DE AMPARO A UN JUZGADO DE DISTRITO AUXILIAR PARA QUE, EN SU APOYO, EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 203/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 19 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
II. COMPETENCIA
4. Esta Segunda Sala es competente para resolver la contradicción de tesis en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, y tercero(1) transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I,(2) y transitorio primero, fracción II,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintos circuitos.
III. LEGITIMACIÓN
5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito están legitimados para denunciar la contradicción de tesis que nos ocupa, ya que dicho órgano jurisdiccional sustentó uno de los criterios contendientes.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los justiciables.
7. Al respecto, esta Suprema Corte ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
8. En atención a lo anterior, se estima que existe contradicción de criterios y para corroborarlo es necesario precisar las posturas de los órganos jurisdiccionales contendientes.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en el recurso de queja 111/2016
9. El órgano colegiado sostuvo en cuanto a la procedencia del recurso de queja lo siguiente:
9.1. El recurso es procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, toda vez que se impugna un auto en el que el Juez de Distrito ordenó el envío del expediente de amparo a un órgano auxiliar para el dictado de la resolución, acuerdo que no admite expresamente el recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en sentencia definitiva, dado que de no analizarse en esta instancia, quedarían irremediablemente consumadas las violaciones alegadas con el dictado de la resolución que en su caso se dicte, puesto que no existiría materia de cumplimiento.
9.2. La decisión del juzgador de remitir el asunto a un juzgado auxiliar atenta contra el derecho público de la parte quejosa a una justicia pronta y completa ante la eventual prolongación del juicio, la erogación de gastos adicionales ante la necesidad de tener que litigar el asunto en una entidad federativa distinta al lugar de su residencia, por lo que es factible revisar desde el inicio del procedimiento, mediante el recurso de queja, la validez de tal decisión, en lugar de dejar esa revisión para después de concluido el juicio, dadas la consecuencias que ello implica.
Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en el recurso de queja 46/2021
10. El Tribunal Colegiado en cita sostuvo en relación con la procedencia del recurso de queja lo siguiente:
10.1. No es necesario examinar las consideraciones del auto recurrido en atención a los agravios, ya que de la lectura de aquél se advierte que el recurso de queja debe desecharse.
10.2. Para justificar esta conclusión debe precisarse que la parte recurrente impugnó el auto en el que la Juez de Distrito ordenó remitir el juicio de amparo y sus anexos a un juzgado auxiliar para que, en su apoyo, emita la sentencia correspondiente. Este auto no es recurrible en queja, porque no reúne los requisitos que establece el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.
10.3. Del mencionado precepto legal se obtiene que, para la procedencia del recurso de queja en el que se impugnen resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de amparo, se requiere que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un daño o perjuicio irreparable en sentencia definitiva.
10.4. De la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 344/2009, se advierte que la trascendencia y gravedad a que refiere el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, apunta hacia las resoluciones no reparables en sentencia definitiva, a saber, las que hayan sido dictadas dentro del procedimiento y que comprendan aspectos del proceso que no sean susceptibles de un nuevo análisis al dictarse la sentencia definitiva, pudiendo causar algún daño o perjuicio a alguna de las partes, así como las que causen un gravamen que no desaparezca por el hecho de obtener sentencia favorable.
10.5. Ello significa que, con las resoluciones que tienen tales características de irreparables, existe el riesgo de colocar a alguna de las partes en una situación que pueda repercutir en su esfera personal y jurídica de forma grave y transcendente.
10.6. En el caso, el primer requisito señalado en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se cumple, porque el acuerdo recurrido fue dictado en el trámite de un juicio de amparo.
10.7. El segundo supuesto también se encuentra acreditado, dado que el auto impugnado no admite expresamente el recurso de revisión, puesto que no se actualiza alguna de las hipótesis de procedencia contempladas en el artículo 81 de la Ley de Amparo.
10.8. En cambio, se considera que no se actualiza el último de los requisitos, ya que el acuerdo combatido no es de los que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia.
10.9. Una resolución de naturaleza trascendental y grave se actualiza cuando la decisión que contiene puede influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia.
10.10. A fin de evitar la materialización objetiva de algún daño o perjuicio trascendental y grave, el legislador otorgó a los posibles agraviados la opción de impugnar la resolución probablemente afectante a través del recurso de queja, cuya sustanciación logra impedir la consecución del procedimiento para dar margen a que los Tribunales Colegiados de Circuito examinen la legalidad de la resolución y, en su caso, ordenen su revocación o modificación.
10.11. En el auto recurrido la Juez de Distrito en cumplimiento a un oficio y a una circular ordenó remitir el juicio de amparo indirecto al juzgado auxiliar para el dictado de la sentencia respectiva, ya que salió sorteado; por tanto, es dable afirmar que lo que se acordó en el auto materia de la queja no es susceptible, por sí, de generar perjuicio a la parte recurrente.
10.12. Ello es así, ya que tal decisión únicamente constituye la remisión del expediente a un juzgado auxiliar para que éste en apoyo de las funciones de otro órgano de amparo dicte sentencia, por lo que por sí sola no puede influir en la resolución del asunto, ni puede traer como consecuencia que, de resolverse en lo principal, vaya a dictarse una resolución que le irrogue perjuicio, mucho menos veda su derecho para que, en caso de estimar que el resultado de la sentencia le genera perjuicio, haga valer los medios de impugnación que considere pertinentes.
10.13. Se llega a esa conclusión debido a que el acuerdo recurrido no es una decisión que reconozca o rechace una situación determinante en el juicio, que amerite un análisis, puesto que no contiene alguna decisión grave y trascedente, sino únicamente se ordena la remisión del expediente a un juzgado auxiliar para que éste en apoyo de las funciones de otro órgano jurisdiccional dicte sentencia, por lo que se considera un mero auto de trámite de naturaleza administrativa que refleja una determinación del Consejo de la Judicatura Federal.
10.14. La improcedencia del recurso de queja se refuerza si se parte de la base que el auto recurrido no fue emitido en ejercicio de las atribuciones propiamente jurisdiccionales de la juzgadora federal, sino en acatamiento a lo estrictamente ordenado por el Consejo de la Judicatura Federal (específicamente de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos), en ejercicio de las facultades que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que aun y cuando fue una decisión dictada en un juicio de amparo indirecto, se trata de una cuestión administrativa sin trascendencia jurídica.
10.15. Incluso, pensar que el recurso de queja es procedente sería tanto como que este órgano jurisdiccional revisara la regularidad de los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual está impedido por la jurisprudencia «P./J. 52/2014 (10a.)» del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN."
10.16. No es impedimento para llegar a esta conclusión, el que la parte inconforme refiera que se vulneran sus derechos fundamentales de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, porque se resolverá un asunto por un órgano jurisdiccional diverso al que ha conocido diversos juicios de amparo que derivan del mismo expediente mercantil de origen; además, que la juzgadora federal proveyó en dicho asunto que al resolver se tendrían a la vista otros juicios de amparo indirectos radicados en ese mismo órgano jurisdiccional, pretendiendo de esta manera que no se dicte una sentencia contradictoria y desfavorable a sus intereses.
10.17. Lo anterior, porque la resolución que dicte el Juez de Distrito auxiliar en el juicio de amparo indirecto puede resultar favorable a la parte recurrente, lo que demuestra que el auto impugnado no es trascendental y grave, ni es posible considerar que le cause daño o perjuicio, aunado a que no implica un daño o perjuicio de imposible reparación que no pueda ser reparado en la sentencia, o bien, de ser desfavorable, en el recurso que en contra de ésta se interponga, puesto que es en ese momento en el que se le podría llegar a causar un menoscabo en sus intereses.
10.18. Es más, el que en el trámite del juicio de amparo indirecto se hubiese señalado que se tendrían a la vista diversos expedientes al momento de resolver, no significa que por haberse enviado el asunto a un órgano auxiliar para que en ejercicio de sus funciones apoye en el dictado de la sentencia, no vaya a tenerlos a la vista.
10.19. Ello es así, porque el sistema integral de seguimiento de expedientes brinda diversas herramientas a los órganos jurisdiccionales para tener acceso a los expedientes electrónicos de asuntos que se encuentren vinculados entre sí. De ahí que, si en su momento el órgano jurisdiccional lo estima conveniente, podrá ejercitar tal herramienta, lo que hace más claro que el auto impugnado no genera un perjuicio trascendental y grave a la parte inconforme.
10.20. Por último, tampoco hace procedente el recurso de queja, ni cumple el requisito de trascendental y grave previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte recurrente invoque que la actuación de la Juez de Distrito vulnera el artículo 17 constitucional y el derecho de acceso a la justicia.
10.21. Lo anterior, porque como ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la intención de que los órganos jurisdiccionales auxiliares emitan sentencias en apoyo a otros órganos de amparo es abatir el rezago y se resuelvan los asuntos de manera pronta, esto es, abreviar el tiempo en el dictado de las resoluciones y con ello cumplir con el imperativo establecido en el artículo 17 de la Constitución General.
10.22. Por esa razón, no puede considerarse que el auto impugnado genera una violación trascendental y grave a la parte inconforme, ya que ese aspecto está definido por el más Alto Tribunal del País, en el sentido de que la actuación de los órganos jurisdiccionales auxiliares respeta el precepto 17 constitucional y abona al derecho de acceso a la justicia.
11. De las consideraciones descritas anteriormente se observa que los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica consistente en definir si es o no procedente el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo en el que el Juez de Distrito ordena la remisión de un juicio de amparo a un Juzgado de Distrito auxiliar a fin de que éste dicte la sentencia correspondiente.
12. Asimismo, se aprecia que los órganos colegiados resolvieron de modo diferente la cuestión jurídica descrita, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito estimó que, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el recurso de queja sí procede en contra del acuerdo referido.
13. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito consideró que en el recurso de queja es improcedente, toda vez el acuerdo en mención no cumple con el requisito previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, relativo a que constituya una decisión que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia.
14. De ahí que, si los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y lo solucionaron de forma distinta, es evidente que existe contradicción de tesis cuyo tema radica en resolver si, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el acuerdo por el cual un Juez de Distrito ordena remitir los autos de un juicio de amparo a un Juzgado de Distrito auxiliar para que, en su apoyo, dicte la ejecutoria que corresponda, constituye o no una resolución de naturaleza trascendental y grave que puede causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en sentencia, a efecto de establecer si en su contra es o no procedente el recurso de queja.
15. No resulta inadvertido que, en el asunto sometido a consideración del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el Juez de Distrito Auxiliar, al que se remitió el juicio de amparo, dictó la sentencia respectiva previamente a la resolución del recurso de queja; no obstante, el órgano colegiado estimó pertinente pronunciarse en relación con el porqué, a su consideración, tal recurso es improcedente contra el acuerdo de remisión, resolución que, como se vio, es opuesta a la emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, circunstancia que actualiza la existencia de la contradicción de tesis y hace necesaria su resolución a fin de brindar seguridad jurídica a los justiciables.
V. ESTUDIO
16. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio consistente en que es improcedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo dictado por un Juez de Distrito mediante el que ordena enviar el expediente de un juicio de amparo a un Juzgado de Distrito auxiliar para que, en su apoyo, emita la resolución que proceda.
17. Para demostrar la postura de este Alto Tribunal, conviene tener en cuenta la parte del artículo de la Ley de Amparo citada, la cual es del tenor siguiente:
"Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"...
"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional."
18. Del precepto transcrito se aprecia que, en el juicio de amparo indirecto, el recurso de queja procede, entre otros supuestos, contra las resoluciones que se dicten durante su tramitación, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia.
19. En relación con la hipótesis descrita, esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que los requisitos que prevé para la procedencia del recurso de queja atienden a la intención evidente de garantizar la prontitud del amparo, dada su naturaleza de juicio concentrado y sumario, en función de lo cual el legislador previó la manera de evitar que ese medio de impugnación se utilice desmedidamente y con el propósito de retrasar sin necesidad el desarrollo del procedimiento constitucional.(4)
20. Uno de esos requisitos de procedencia, como se aprecia, es que la resolución impugnada sea de naturaleza trascendental y grave. Al respecto, el Tribunal Pleno ha establecido que para que una resolución pueda catalogarse de naturaleza trascendental y grave es necesario que, por su contenido, produzca efectos que impliquen consecuencias en el futuro y que éstas, por razón de sus efectos, sean capaces de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave, es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva, para lo cual debe atenderse a su contenido y a las circunstancias particulares del caso.(5)
21. En el caso, el acuerdo por medio del cual un Juez de Distrito ordena enviar el expediente del juicio de amparo a un Juzgado de Distrito auxiliar para que, en su apoyo, emita la sentencia correspondiente, no se considera una resolución de naturaleza trascendental y grave que pueda causar un perjuicio a alguna de las partes, no reparable en el fallo definitivo, sino un proveído de mero trámite administrativo, cuya finalidad es abreviar el tiempo en el dictado del fallo y con ello satisfacer el derecho de impartición de justicia pronta reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal.
22. En efecto, en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 230/2017, el Tribunal Pleno analizó de manera general el origen, evolución y regulación de los centros auxiliares regionales, de donde obtuvo datos relevantes como es el relativo a que en términos de los artículos 94, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –abrogada–, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; y está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones.
23. Asimismo, que los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción VI y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –abrogada–, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y límites territoriales de los Juzgados de Distrito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana.
24. Por ello, atendiendo a las cargas excesivas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, esencialmente para emitir acuerdos generales para determinar el número y límites territoriales de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creó Centros Auxiliares Regionales, integrados por Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, con residencia en distintas partes de la República, con competencia mixta por materia y en todo el territorio nacional.
25. De igual forma se destacó que existen dos clases de órganos auxiliares (ya sean Tribunales Colegiados o Juzgados de Distrito) creados por el Consejo de la Judicatura Federal; unos, a quienes se les asigna, por acuerdo plenario, el conocimiento y resolución de un tema específico, debido al gran número de demandas que se promueve y a quienes se les encomienda la sustanciación de su trámite, pasando por la suspensión, dictado de sentencia, ejecución y archivo; y otros, a quienes no se les encomienda el trámite de los asuntos, sino que su función es exclusivamente dictar sentencia.
26. En cuanto al segundo supuesto, esto es, el referente a los casos en los que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito que integran los centros auxiliares regionales, atento a su competencia mixta y en todo el territorio de la República Mexicana, simplemente apoyan a otros órganos jurisdiccionales en el dictado de las resoluciones en asuntos, se advirtió que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determina a qué órgano jurisdiccional se apoyará, por cuánto tiempo, así como la cantidad, cualidad o tipo de asuntos (que por lo general son amparos indirectos y amparos en revisión, según se trate –sin tema específico– amparos directos, recursos de revisión fiscal, entre otros) y una vez concluido el apoyo por abatirse la carga de trabajo, los órganos auxiliares, por indicación de aquella comisión, continuarán ayudando a diversos órganos jurisdiccionales en el dictado de las resoluciones.
27. Así, con base en los datos referidos, entre otros más, fue como el Tribunal Pleno precisó que, en aras de satisfacer la demanda de impartición de justicia con prontitud, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, esencialmente para emitir acuerdos generales para determinar el número y límites territoriales de los tribunales de circuito y Juzgados de Distrito, creó centros auxiliares regionales, integrados por Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito con residencia en distintas partes de la República, con competencia mixta y en todo el territorio nacional, ya sea para que conozcan de determinados asuntos desde su tramitación, resolución y en su caso ejecución de sentencia, o bien, para que apoyen únicamente en el dictado de las sentencias definitivas.
28. De esta forma, la intención primordial de que los órganos jurisdiccionales auxiliares emitan sentencias en apoyo a diversos órganos jurisdiccionales es abatir el rezago o carga excesiva de trabajo y que se resuelvan los asuntos de manera pronta, es decir, abreviar el tiempo en el dictado de las resoluciones y con ello cumplir con el imperativo consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
29. Consecuentemente, el auto emitido por un Juez de Distrito en el que ordena enviar el expediente del juicio de amparo a un Juzgado de Distrito auxiliar para que, en su apoyo, emita la sentencia definitiva correspondiente, no constituye una resolución de naturaleza trascendental y grave, puesto que, más que causar un perjuicio a las partes, atiende a la necesidad de abreviar el tiempo en el dictado del fallo y con ello cumplir con el mandato constitucional de impartición de justicia con prontitud.
30. Además, no podemos soslayar que el proveído de que se trata es emitido por el juzgador en acatamiento a lo ordenado por el Consejo de la Judicatura Federal en acuerdos generales y en circulares de su Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en ejercicio de las facultades que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, de manera que no incide en forma alguna en el fondo del asunto, sino únicamente en el tiempo de resolución del juicio de amparo, el cual se busca sea el menor posible. De ahí que ese proveído se considere un acuerdo de mero trámite administrativo y no de naturaleza trascendental y grave, no reparable en sentencia definitiva.
31. Tampoco debemos perder de vista que, en el caso, el Juzgado de Distrito auxiliar al prestar apoyo únicamente en el dictado de la sentencia definitiva, una vez emitida ésta, el asunto debe ser devuelto al juzgado de origen para que se encargue de la notificación correspondiente y de todos los demás trámites posteriores, como podría ser el cumplimiento de la ejecutoria y hasta su archivo definitivo; circunstancia que denota que las partes seguirán en aptitud de ejercer la acciones que estimen pertinentes ante el órgano jurisdiccional del conocimiento.
32. Por último, estimar que el acuerdo impugnado cumple con los requisitos de procedencia del recurso de queja implicaría que los Tribunales Colegiados de Circuito calificaran la legalidad de los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual está vedado de acuerdo con lo sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(6)
33. En esa lógica, resulta improcedente el recurso de queja en contra del acuerdo por el cual un Juez de Distrito ordena remitir los autos de un juicio de amparo a un Juzgado de Distrito auxiliar para que, en su apoyo, dicte la sentencia que corresponda.
VI. JURISPRUDENCIA QUE DEBE PREVALECER
34. En las relatadas consideraciones, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio siguiente:
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si es o no procedente el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo por el que un Juez de Distrito ordena la remisión de un juicio de amparo a un Juzgado de Distrito Auxiliar a fin de que éste dicte la sentencia correspondiente, llegaron a conclusiones distintas, ya que uno estimó que sí procede el medio de impugnación al constituir dicho proveído una resolución que por su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia, mientras que el otro consideró que no procede tal medio de defensa al tratarse de una resolución que no tiene esa naturaleza.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que contra el acuerdo por medio del cual un Juez de Distrito ordena enviar el expediente del juicio de amparo a un Juzgado de Distrito Auxiliar para que, en su apoyo, emita la sentencia correspondiente, no procede el recurso de queja, pues dicho acuerdo no cumple con el requisito previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, consistente en que sea una resolución que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar un perjuicio a alguna de las partes, no reparable en el fallo definitivo.
Justificación: Para que una resolución pueda catalogarse de naturaleza trascendental y grave es necesario que, por su contenido, produzca efectos que impliquen consecuencias en el futuro y que éstas, por razón de sus efectos, sean capaces de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave, es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva. En el caso, el proveído mediante el cual el Juez de Distrito ordena enviar los autos del juicio de amparo a un Juzgado de Distrito Auxiliar para que, en su apoyo, emita la sentencia correspondiente, constituye un acuerdo de mero trámite administrativo que no busca causar un perjuicio a las partes, sino que atiende a la necesidad de abatir el rezago o carga excesiva de trabajo en los órganos jurisdiccionales, y abreviar el tiempo en el dictado del fallo para así cumplir con el derecho de impartición de justicia pronta reconocido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
35. Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala
RESUELVE
PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis denunciada.
SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado en el último apartado de este fallo.
TERCERO.—Publíquese la jurisprudencia emitida en esta resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 52/2014 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas, con número de registro digital: 2007919.
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1. "Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas las menciones a los Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30437-ea666cbb/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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