QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PROMOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO CON BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, tercero, fracción IV y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el que se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que ha de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(3)
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********:
La ejecutoria de mérito informa que los quejosos interpusieron recurso de queja contra el auto dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, el veintiséis de octubre de dos mil diez, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1485/2010, en el que se concedió y negó el beneficio de la libertad provisional bajo caución, estableciendo los montos que debían otorgar para gozar del beneficio referido. El auto recurrido se apoyó en las consideraciones siguientes:
• El juzgador responsable determinó que los quejosos no solicitaron la concesión del beneficio de libertad provisional bajo caución, salvo una quejosa -sin embargo, al no ratificar el escrito mediante el que solicitó su libertad provisional, el juzgador no se pronunció sobre tal aspecto-.
• Así, el Juez de amparo, respecto de la solicitud de los quejosos para gozar de la libertad provisional bajo caución, procedió con fundamento en el párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo,(4) y aplicó el criterio jurisprudencial de rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA DECIDIR SOBRE ELLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE ESE BENEFICIO, PORQUE EL INCULPADO NO SE LO HUBIERE SOLICITADO.", emitido por esta Primera Sala.
• Agregó que de lo manifestado por el Juez responsable se desprende que uno de los delitos que se imputa a los quejosos en el proceso penal instruido ante el Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, es el de ROBO DE VEHÍCULO EN SU MODALIDAD DE OCULTAMIENTO.
Asimismo, que el ilícito previsto en el artículo 374, fracción V, del código sustantivo penal, es considerado como grave; de ahí que resultó improcedente conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución a los quejosos, de conformidad con lo que establece el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, toda vez que la penalidad del delito previsto en el artículo 375, fracción VI, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, es la establecida en el diverso 374, fracción V, del mismo ordenamiento legal, resulta patente que se actualiza la hipótesis normativa de la fracción M, del artículo 69, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para dicha entidad, por lo que al tratarse de un delito grave resultó improcedente conceder la libertad provisional bajo caución respecto de dicho ilícito.
• Por otra parte, en relación con los delitos de PORTACIÓN DE INSTRUMENTO PROHIBIDO y COHECHO, con fundamento en lo establecido por los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, atendiendo a que no están considerados como graves en el artículo 69 del código procesal penal para el Estado y, acorde a las características de los diversos inculpados, determinó concederles el derecho para gozar de la libertad provisional bajo caución respecto de tales delitos, previa exhibición en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de las garantías impuestas, así como al cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo en el proceso penal ********** que se les instruyó en el Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla.
• Inconformes con tal determinación los quejosos interpusieron recurso de queja, en el que esencialmente argumentaron que el delito por el que se emitió el auto de formal prisión es el previsto en el artículo 375, fracción VII, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, el que no es de los considerados como graves, no obstante se sanciona en términos del artículo 374, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por lo que solicitaron se decrete la procedencia de la libertad provisional bajo caución.
El Tribunal Colegiado que conoció del asunto resolvió lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. El recurso que interponen los inconformes lo apoyan en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, cuando la determinación impugnada encaja en la diversa hipótesis prevista en la fracción VI.
"En efecto, en la especie los recurrentes interponen recurso de queja, con fundamento en los artículos 95, fracción XI y 97, fracción IV, de la citada ley, en contra del auto de veintiséis de octubre del presente año, dictado por el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla en funciones de Juez de Distrito por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, en el que, en términos de lo dispuesto por los artículos 20, constitucional apartado A, fracción I, 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, 350 y 355, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dijo que resultaba improcedente conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución respecto al delito de robo de vehículo en su modalidad de ocultamiento, y concedió dicho beneficio respecto de los delitos de portación de arma e instrumento prohibido y de cohecho, y fijó por consiguiente el monto de las garantías.
"Los quejosos cuestionan la primera determinación (negativa de otorgar la libertad provisional bajo caución por el delito robo de vehículo en la modalidad de ocultamiento, por ser considerado grave); sin embargo, dicho supuesto no se ubica en las hipótesis a que se refiere la aludida fracción XI,(5) en tanto dicho medio de impugnación procede únicamente contra las resoluciones que emitan los Jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable que, en su caso, concedan o nieguen la suspensión provisional del acto reclamado, o contra las medidas de efectividad que se impongan al respecto, hipótesis que no se actualiza cuando el Juez de amparo que conoce del incidente de suspensión respectivo, concede o niegue el beneficio de la libertad provisional bajo caución, como en la especie, ya que si bien se decide sobre de éste dentro del incidente de suspensión, con base en la facultad que confiere el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, para su concesión se apoya en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las leyes federales o locales aplicables al caso, y no así en las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado -artículos 124 y 124 Bis, de la ley de la materia-, aunado a que la naturaleza jurídica de la libertad provisional bajo caución difiere de la medida cautelar que se dicta en el incidente de suspensión, en tanto dicho beneficio constitucional consiste en que el indiciado no vea restringida su libertad personal durante la sustanciación del juicio de garantías, mientras que la suspensión tiene por objeto que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban hasta que se resuelva el fondo del amparo.
"De ahí que en caso de que exista alguna violación referente a ese beneficio constitucional dentro del incidente de suspensión, ésta deberá combatirse a través del diverso recurso de queja que procede contra las determinaciones dictadas por las aludidas autoridades durante la tramitación del incidente respectivo que no admitan expresamente el recurso de revisión, conforme al numeral 83 de la ley de la materia que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, cuya tramitación es diversa a la vía que aquí se intenta.
"Sirve de apoyo la tesis I.7o.P.100 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2622, de rubro y texto siguientes:
"‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE CONTRA LA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, RELATIVA AL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN.’(6) (se transcribe)
"En esa virtud, no obstante que los quejosos optaron por el recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95, de la Ley de Amparo, se estima que debe dársele el trámite que establecen los artículos 95, fracción VI y 99 de la Ley de Amparo, pues con independencia de que el trámite de ambas (fracciones XI y VI) es distinto, pues respecto de la primera se presenta el escrito ante el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, y la segunda ante el Tribunal Colegiado que deba conocer del recurso en el término de cinco días, lo cierto es que se debe tener por presentado el escrito ante este cuerpo colegiado el día de ayer veintisiete de octubre del año en curso y, además, ya obra el informe rendido por el Juez de Distrito.
"En esas condiciones, en tanto el auto recurrido no encuadra en ninguna de la hipótesis de procedencia previstas en la aludida fracción XI, del numeral 95, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pero sí encuadra en la fracción VI de dicho precepto, se concluye que el recurso de queja debe tramitarse conforme a lo previsto en esta última fracción, por lo que se ordena al presidente del tribunal lo admita a trámite en esos términos."
Similares consideraciones aplicó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el diverso recurso de queja **********.
II. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien conoció del recurso de queja **********.
De las constancias de autos se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales el quince de mayo de dos mil siete, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado por el artículo 386, fracción III, del Código Penal Federal.
La Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, por auto de dos de julio de dos mil siete, determinó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, séptimo párrafo, de la Ley de Amparo y 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, conceder la libertad provisional bajo caución, condicionada a la exhibición de una determinada suma de dinero por concepto de reparación del daño para garantizar las posibles sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de obligaciones procesales.
En contra de dicha determinación, el autorizado del quejoso interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, y alegó en esencia que el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión provisional concedida se otorgó sin especificar cuáles fueron las razones, causas o motivos ni las operaciones aritméticas que dieron fundamento para el dictado de la resolución.
El Tribunal Colegiado del conocimiento, al resolver el recurso de queja, consideró lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. Resulta innecesario analizar los conceptos de agravio que se hicieron valer, en razón de que se estima que el presente recurso de queja es improcedente en atención a las siguientes consideraciones:
"En primer lugar, se impone destacar que una vez admitida a trámite la demanda de amparo, el quejoso por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil siete, solicitó a la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, se pronunciara sobre su petición hecha en aquélla, respecto del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, acorde a lo que prevé el séptimo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, ya que ésta no había sido solicitada ante la autoridad responsable.
"Atento a lo anterior, la a quo determinó conceder la libertad provisional bajo caución al quejoso, debiendo para ello exhibir con apoyo en el artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, las siguientes garantías:
"a) **********, por concepto de la reparación del daño causado;
"b) **********, para garantizar las posibles sanciones pecuniarias que pudieran imponérsele; y,
"c) **********, por el cumplimiento de las obligaciones procesales.
"Ahora bien, sentado lo anterior se debe precisarse que toda resolución emitida por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ventilan las controversias, deben estar provistas de algún recurso, a través del cual, puedan ser revocadas o modificadas, salvo que la ley expresamente lo niegue.
"En el caso, el artículo 82 de la Ley de Amparo, refiere los recursos que se encuentran contemplados en la sustanciación del juicio de garantías, al señalar: (se transcribe).
"Bajo este contexto, la Ley de Amparo estableció la procedencia del recurso de queja en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, que es la hipótesis de procedencia bajo la cual se presentó el recurso que ahora nos ocupa, ordenamiento que señala: (se transcribe).
"Así las cosas, en el presente caso el recurso de queja no es procedente, ya que no se colman los supuestos que para tal efecto prevé la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, a saber:
"a) Que la resolución impugnada sea dictada por un Juez de Distrito o por el superior de tribunal; requisito de procedencia que se encuentra cubierto en virtud de que el proveído materia del recurso fue dictado por la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.
"b) Que la resolución en comento, conceda o niegue la suspensión provisional del acto reclamado; supuesto que en la especie no se surte, ya que el auto combatido tiene su origen en el séptimo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, que señala: (se transcribe).
"Ordenamiento del cual se colige que, el Juez de Distrito se encuentra facultado para decretar la libertad provisional bajo caución del quejoso conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y las leyes federales o locales aplicables al caso, dictando para ello las medidas que estime pertinentes; figura jurídica que es totalmente distinta a la medida cautelar de la suspensión provisional (sobre la que sí sería procedente el recurso) que se otorga en un juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal, cuyo efecto es impedir que un quejoso sea privado de ésta, conservando la materia del amparo y, donde, la cuantificación de la garantía que debe exigirse a este último, queda al prudente arbitrio o criterio del Juez Federal; aspecto que evidencia el que no se actualice la hipótesis normativa de procedencia contenida en la fracción XI, del artículo 95 de la Ley de Amparo.
"No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el defensor particular del ahora quejoso haya solicitado la libertad caucional dentro del incidente de suspensión del acto reclamado y luego haya reiterado su solicitud mediante el escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil siete, pues dicha petición fue formulada de manera correcta acorde a con la interpretación del primer párrafo del artículo 136 de la legislación citada, el cual indica: (se transcribe).
"Sin embargo, ello no significa que las figuras jurídicas de la suspensión provisional y de la libertad provisional bajo caución, deban regirse bajo las mismas reglas de la Ley de Amparo, pues mientras la primera encuentra su procedencia en los numerales 124 y 124 Bis de la ley reglamentaria en cita y, tiene como efecto según se ha dicho, que el Juez Federal al concederla fije la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, la segunda, encuentra su apoyo en el ordenamiento transcrito en párrafos anteriores y en los artículos 20, apartado A, fracción I, de nuestra Norma Suprema y 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyos efectos serán los mismos que si ésta se hubiera decretado ante la autoridad responsable dentro del proceso penal. Aspectos los anteriores que también determinan la procedencia de los medios de impugnación, contra las irregularidades que cometan al decretarlas en los juicios de garantías.
"En efecto, como se puso de manifiesto en párrafos que anteceden, las determinaciones que deriven del incidente de suspensión por el cual se conceda o niegue la suspensión provisional del acto reclamado serán combatidas a través del recurso de queja que prevé la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, al así determinarlo dicho numeral expresamente; mientras que los actos dictados en el incidente de suspensión que se relacionen con la libertad provisional bajo caución, conforme al antes tantas veces aludido, séptimo párrafo del nu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23545-839b228c/queja-prevista-en-el-articulo-95-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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