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RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE INTERPONE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO A), DEL ARTÍCULO 97, DE LA LEY DE AMPARO, ES VIABLE EL ANÁLISIS DEL AGRAVIO QUE CUESTIONE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 280/2017. · Registro digital (IUS): 27976
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-08-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Pág. 888.

RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE INTERPONE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO A), DEL ARTÍCULO 97, DE LA LEY DE AMPARO, ES VIABLE EL ANÁLISIS DEL AGRAVIO QUE CUESTIONE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 280/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE ABRIL DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA Y LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.

III. Consideraciones

8. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Numero 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte; en razón de que los criterios denunciados, como supuestamente divergentes, provienen de un Pleno de Circuito y de Tribunales Colegiados de ese mismo Circuito, pero con diferente especialización.

9. Al respecto, el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son competentes para conocer de contradicciones de tesis, sustentadas entre los Plenos de Circuito o sus tribunales de diversa especialidad.

10. En ese tenor, de los autos que integran este expediente se constata que los asuntos de los cuales deriva la posible contradicción de criterios son los siguientes: (a) la contradicción de tesis **********, del índice del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito; (b) los recursos de queja ********** y **********, respectivamente, del índice del Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y, (c) el recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

11. Consecuentemente, al tratarse de una posible contradicción de tesis, derivada de los criterios sustentados por órganos jurisdiccionales de un mismo Circuito, pero con diferente especialización por materia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocerla. Adicionalmente, el problema jurídico a dilucidar, se estima, no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

12. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sustentan uno de los criterios que se estiman contradictorios en este asunto.

IV. Existencia de la contradicción

13. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de treinta de abril de dos mil nueve la contradicción de tesis 36/2007-PL, no es necesario satisfacer los requisitos establecidos en la diversa jurisprudencia número P./J. 26/2001,(1) pues dicho precedente se interrumpió con motivo de lo resuelto por el Pleno en la indicada sesión.

14. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados, en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

15. Por ello, ahora debe tomarse en consideración que la divergencia de criterio existe cuando los tribunales contendientes adoptan, en sus sentencias, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

16. En ese sentido, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas que rodean a los asuntos, en aparente colisión, sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que tal variación o diferencia no incida, o sea determinante, para el problema jurídico resuelto.

17. Así, para comprobar la existencia de contradicción de tesis es indispensable determinar si existe necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en un punto jurídico. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en la interpretación adoptada por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que, entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. Las anteriores consideraciones se fundamentan en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(2) que está encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales, y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

19. Criterios contendientes. Así, con el objetivo de determinar si las posturas denunciadas, como presuntamente antagónicas, en realidad se contraponen, es necesario dar cuenta de las consideraciones que las sustentan.

A. Primera postura

Pleno en Materia Penal del Primer Circuito. Contradicción de tesis **********.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Queja **********.

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Queja **********.

20. Esos órganos jurisdiccionales sostienen, en esencia, que el recurso de queja no es el medio idóneo para controvertir la competencia tácita, o expresamente aceptada por el Juez federal, para conocer de una demanda de amparo, cuando la admite a trámite. Como razones para sustentar esa afirmación, mencionan las siguientes: (i) la competencia es una cuestión de orden público, por regla general, no sujeta a las pretensiones de las partes, que debe analizarse en cualquier momento; y, (ii) es un tema procesal que debe dilucidarse a través de un procedimiento especial previsto en la Ley de Amparo.

21. Al respecto, el criterio del Pleno de Circuito contendiente se reflejó en la jurisprudencia PC.I.P. J/10 P (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO O DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO EN EL QUE SE ACEPTA TÁCITA O EXPRESAMENTE LA COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO."(3)

B. Segunda postura

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Queja **********.

22. Ese Tribunal Colegiado consideró que la competencia del Juez de Distrito sí puede ser motivo de agravio en el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, básicamente, por las siguientes razones: (i) se trata de un presupuesto procesal, cuyo estudio es de orden público, y debe revisarse oficiosamente para estar en condiciones de dictar el auto admisorio; (ii) la Ley de Amparo no prevé un medio de defensa específico para que las partes puedan objetarla; (iii) es impostergable su análisis a fin de evitar que la tramitación de los procedimientos resulte inútil y ociosa; (iv) la determinación del Juez en la que, tácita o expresamente, acepta la competencia no causa estado ni queda firme y válidamente, puede ser examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito; y, (v) esa conclusión respeta la seguridad jurídica de las partes, es acorde con la eficacia de su derecho a la tutela judicial efectiva, y a hacer eficientes los recursos públicos destinados a la realización de la función judicial.

23. Determinación sobre la existencia de la contradicción de criterios. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis que se han mencionado. A continuación, se explicitan las razones:

24. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos jurisdiccionales contendientes realizaron un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución en particular, vinculada, esencialmente, con la posibilidad de controvertir la competencia del Juez de Distrito en el recurso de queja que se interpone en contra del auto que admitió la demanda de amparo.

25. Segundo requisito. Punto de contradicción. Esta Primera Sala considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos jurisdiccionales contendientes, sí existió un punto de contradicción con respecto a la resolución de un mismo problema jurídico.

26. Los órganos jurisdiccionales contendientes, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, se enfrentaron a la necesidad de resolver una problemática jurídica similar, consistente en determinar si es o no posible cuestionar, vía agravio en el recurso de queja, la competencia tácita, o expresamente aceptada por el Juez federal o el Tribunal Unitario de Circuito, para conocer de una demanda de amparo.

27. El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, así como los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sostienen que no es posible analizar los agravios en el recurso de queja, que están dirigidos a controvertir la competencia del órgano jurisdiccional que, tácita o expresamente, acepta conocer una demanda de amparo, pues ése es un aspecto procesal que a las partes no les corresponde cuestionar; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el contrario, señala que la competencia es un aspecto de la tutela judicial efectiva, y de la eficiente realización de la función judicial, por lo que las partes pueden, válidamente controvertir la competencia de los órganos jurisdiccionales en el recurso de queja.

28. Tercer requisito. Pregunta genuina sobre el punto de contradicción. Lo expuesto demuestra que las posturas de los órganos jurisdiccionales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones, dan lugar a la formulación de la siguiente pregunta:

En el recurso de queja, interpuesto contra el auto que admite una demanda de amparo ¿pueden las partes cuestionar la competencia del juzgador de amparo, asumida tácita o explícitamente en ese auto?

29. No es obstáculo que las consideraciones de las ejecutorias, pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes, no constituyen jurisprudencia, mientras que la del Pleno de Circuito sí lo es, ya que eso no es una condición necesaria para que se configure la discrepancia de criterios, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 129/2004, sustentada por esta Primera Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA."(4)

V. Criterio que debe prevalecer

30. La problemática jurídica de este asunto radica en dilucidar si es viable el análisis de los agravios sobre incompetencia del juzgador en un amparo indirecto, planteados en el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la admisión de la demanda.

31. Esta Sala considera que, al resolverse el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra la admisión de la demanda de amparo indirecto, sí es posible analizar los agravios, a través de los cuales, se cuestiona la competencia del juzgador de amparo, de manera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la que concluye el presente estudio.

32. Es conveniente precisar que el recurso de queja, previsto en el artículo 97(5) de la Ley de Amparo, es un medio de impugnación, implementado para examinar, primordialmente, la legalidad de aquellos autos o resoluciones, distintas de la sentencia definitiva, que tienen mayor relevancia en la sustanciación del juicio de amparo; por ello, entre las hipótesis de su procedencia, destacan las decisiones que pueden ser emitidas al inicio del juicio, esto es, las que pueden generarse al proveer sobre la admisión de la demanda.

33. De los diversos supuestos de procedencia del recurso de queja, destaca la fracción I), correspondiente a las resoluciones impugnables en el juicio de amparo indirecto, en particular, el inciso a), en que se prevé –entre otras– contra la admisión de la demanda.

34. Ahora bien, al consistir la demanda en el ejercicio efectivo, o la manifestación concreta del derecho de acción, entonces, para que el juzgador de amparo esté en condiciones de decidir sobre su admisibilidad, debe realizar el análisis de una serie de presupuestos procesales.

35. Tales presupuestos son los elementos básicos y necesarios que determinan la posibilidad de que el proceso sea iniciado válidamente, es decir, viabilizan el ejercicio de la acción como derecho subjetivo a iniciar el proceso, o la formación válida de la relación jurídica procesal.

36. En ese sentido, la Ley de Amparo, en su artículo 112, precisa que, una vez presentada la demanda de amparo indirecto, el juzgador debe determinar si la desecha, la previene o la admite.(6)

37. Sin embargo, previo a ese examen, el Juez de amparo debe corroborar que no se encuentre en algún supuesto de impedimento(7) que pudiera incidir en la imparcialidad necesaria para resolver el asunto, y que, además, cuente con la competencia legal que, conforme a su especialización, grado, o la adscripción territorial que le fue asignada,(8) le habilite para juzgar la contienda que le ha sido planteada.

38. Así, tenemos que el examen de los presupuestos procesales en comento sugiere que, en un primer orden, el Juez de amparo, al proveer sobre la demanda, aborde el estudio sobre si existen circunstancias que pudieran incidir en la imparcialidad; esto es, si se actualiza algún supuesto de impedimento que conlleve a que deba excusarse de conocer del asunto.

39. La imparcialidad es un principio esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional que tiene un carácter bifronte, constituye tanto un derecho subjetivo de las partes, como un principio institucional que se traduce en la existencia de instituciones procesales, como las recusaciones o excusas derivadas de un impedimento, y tiene como finalidad que la decisión judicial se base, exclusivamente, en razones públicas suministradas por el derecho.

40. En efecto, la imparcialidad es un principio esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional, y, sobre todo, una cualidad que debe revestir el juzgador, a fin de que esté en aptitud de dirigir el proceso en condiciones de igualdad para las partes, de modo que, el único interés que guíe su labor sea la recta administración de justicia; es decir, se pretende evitar la posibilidad de desviarla por razones vinculadas con las partes, como la amistad, enemistad, posibilidades de lucro personal, o cualquier otra ajena al derecho, o de que se cuestione la credibilidad de su decisión por tales motivos.

41. En segundo término, tenemos como un presupuesto procesal importante, la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, que consiste en el ámbito en el cual los tribunales pueden desarrollar, válidamente, la función jurisdiccional que tienen encomendada, o, dicho en otras palabras, el límite legal impuesto al desempeño de esa función jurisdiccional, por lo que ésta debe ser considerada como un presupuesto procesal; es decir, un requisito que previamente debe satisfacerse para que las resoluciones que se dicten en el juicio puedan ser válidas, lo que la coloca como una cuestión de orden público.

42. La jurisdicción, definida como el conjunto de poderes o funciones que ejerce cada uno de los órganos en que se distribuye la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación, implica, a la vez, un cúmulo de deberes; así, la función de los Jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, dirimir las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, ejercen esa jurisdicción por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia; por ello, los órganos jurisdiccionales no pueden dirimir cualquier tipo de negocios, sino únicamente aquellos para los que están facultados en la ley.

43. Luego, en otra fase del examen sobre la viabilidad de la demanda de amparo, tenemos aquella labor que realiza el juzgador para verificar si presenta algún tipo de irregularidad o imprecisión,(9) que deban dar lugar a prevenir al promovente para que la subsane, esto es, cuando:

- Resulte imprecisa o ambigua la narración de los hechos relacionados con los actos reclamados, nombres, fechas, lugares, o alguna duda que surja respecto a la firma estampada en la demanda.

- Se hubiese omitido o sea deficiente el cumplimiento de alguno de los requisitos formales para la elaboración de la demanda de amparo; tales como el nombre y domicilio del quejoso y/o de quien promueve en su representación; nombre y domicilio del tercero interesado, o la protesta de decir verdad en caso de que no se conozca; la descripción de las autoridades responsables; los actos que se reclamen de cada autoridad; la manifestación, bajo protesta de decir verdad, y narración de los hechos y abstenciones, antecedentes de los actos reclamados y relacionados con los conceptos de violación; los derechos fundamentales que se estimen conculcados; el ámbito competencial reservado a las entidades federativas o, a la Federación, para el caso en que se considere invadido por una u otra autoridades; y los conceptos de violación.

- Se advierta alguna deficiencia con la acreditación de la personalidad de quien comparezca en representación del quejoso.

- No se hubiese expresado con precisión el acto reclamado.

- No se hubiesen exhibido las copias necesarias para correr traslado a las partes, o para el trámite del incidente de suspensión, en caso de que fuesen necesarias para este último.

44. De no cumplir el promovente con la prevención realizada sobre los aspectos señalados, en el plazo de cinco días, se tendrá por no presentada la demanda, conforme lo establece el artículo 114 de la Ley de Amparo.

45. Por último, el juzgador analizará si debe desecharse la demanda de amparo,(10) si se advierte que existe alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia,(11) esto es, sólo en el caso de que sea patente la configuración de alguna de las que generen la inejercitabilidad de la acción de amparo, previstas en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que, de ellas, derive.

46. Es por lo anterior que, cuando el juzgador examina los méritos para que sea admitida una demanda, está implícito el estudio de los presupuestos procesales en comento, destacando, para el caso, el de la competencia.

47. En esa tónica, resulta viable jurídicamente que, cuando se impugne, a través del recurso de queja, la admisión de una demanda de amparo indirecto, se plantee en los agravios, entre otras cosas, el examen que sobre la competencia asumida –generalmente, de manera tácita– por el juzgador.

48. Así es, en la medida en que el juzgador debe realizar el análisis de su competencia, al proveer sobre una demanda de amparo indirecto, aunque sea de manera preliminar (dado que se realiza con los elementos con los que cuenta en ese momento, y, normalmente, tácita, porque no suele plasmarse en el auto), la parte afectada está en aptitud de cuestionar ese examen en el recurso de queja, al tratarse de un presupuesto procesal de orden público, que sirvió de base para que se arribara a la determinación de admitir la demanda.

49. En efecto, debe partirse de la base de que ni la Ley de Amparo ni la Constitución prohíben, expresamente, que, en la queja interpuesta en contra de la admisión de la demanda, se alegue como agravio la incompetencia del Juez de Distrito. Tampoco existe norma que permita expresamente esa situación. Al respecto, el legislador simplemente calla. Por lo que, cualquiera de esas conclusiones, es decir, su prohibición o su permisión, son un producto interpretativo que requiere justificación.

50. En este sentido, esta Sala estima que no hay razones de peso que justifiquen la conclusión prohibitiva, ya que ésta restringe la posibilidad de analizar desde luego un presupuesto procesal de validez del proceso, y, en este sentido, restringe aspectos del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como la posibilidad de maximizar su expeditez, evitando dilaciones innecesarias, como las que derivarían de una eventual declaratoria de incompetencia en las etapas finales del juicio, la que implicaría la insubsistencia de, al menos, algunas de sus fases fundamentales; sin que se advierta que esa restricción sea necesaria para proteger algún otro objetivo de mayor valor relativo.

51. En cambio, esta Sala estima que hay razones de peso para concluir que sí es posible analizar ese tipo de agravios, cuando se expresan en la queja interpuesta en contra de la admisión de la demanda, como las siguientes:

52. Sobre la posibilidad de que, a través de uno de los recursos previstos en la Ley de Amparo, pueda analizarse la competencia del órgano jurisdiccional, de oficio o por vía de agravio, el Tribunal Pleno, al resolver las contradicciones de tesis 1/95 y 25/2007-PL, de las que derivaron las jurisprudencias P./J. 8/2001,(12) de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE." y P./J. 22/2009,(13) de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", respectivamente, determinó que, si bien era cierto que en la Ley de Amparo abrogada no se regulaba expresamente la posibilidad de que los justiciables impugnaran cuestiones de competencia, a través del recurso de revisión, también lo era que ello no constituía impedimento para que dicho análisis se emprendiera de manera oficiosa por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver ese medio de impugnación, o bien, que procedieran a examinar esa cuestión a petición de parte, ya que se trataba de una posible violación a las reglas fundamentales, que normaban el procedimiento del juicio de amparo, además de gravitar en torno a una cuestión de orden público.

53. Aunado a ello, es importante destacar que, si bien el análisis de la competencia también puede tener lugar al resolverse el recurso de revisión contra la sentencia definitiva (como se aprecia de los criterios antes referidos), el objeto de que pueda ser analizada también en el recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 de la Ley de Amparo, esto es, desde el momento mismo en que se decide sobre la admisibilidad de la demanda de amparo, radica, principalmente, en la necesidad evitar que el juicio de amparo, en lo subsecuente, sea sustanciado ante un órgano jurisdiccional legalmente incompetente, con el consecuente retardo y desgaste infructífero de la impartición de justicia, dado el desarrollo ocioso e innecesario de un juicio que, a la postre, quedará insubsistente,(14) con lo que se desatenderían los postulados de economía procesal y seguridad jurídica consagrados en los artículos 16 y 17 constitucionales.

54. Máxime que, con ello, se dota de mayor seguridad jurídica al procedimiento, en virtud de que ese pronunciamiento sobre la competencia del órgano jurisdiccional, sólo puede ser modificado si sobrevienen circunstancias que incidan en la competencia del órgano jurisdiccional,(15) como las que llegaran a conocerse a partir de los informes de las autoridades responsables, por ejemplo.

55. Sin que represente obstáculo a lo anterior la existencia del sistema para resolver conflictos de competencia, previsto en la segunda sección del capítulo V, del título I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque ese sistema opera de manera oficiosa, a cargo de los órganos jurisdiccionales, cuando surge una cuestión de competencia,(16) sin que las partes puedan interferir con el mismo, pues, en contra de los actos de ese procedimiento, no procede recurso legal alguno que puedan interponer las partes.

56. En este sentido, se enfatiza, el hecho de que pueda plantearse en el recurso de queja contra el auto que admite la demanda de amparo, vía agravio, el cuestionamiento sobre la competencia del órgano jurisdiccional, y que éste deba ser examinado, de ninguna manera entraña la posibilidad de impugnar directamente las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de declinar o aceptar la competencia que otro le proponga, ni los demás actos del procedimiento oficioso que se activa cuando se plantea un conflicto competencial, en virtud de que –como quedó anotado– ese aspecto sólo puede ser analizado con motivo de la impugnación de la admisión de la demanda en términos de la fracción I, inciso a), del artículo 97 de la Ley de Amparo.

57. En las relatadas circunstancias, al ser existente la contradicción de tesis, la solución jurídica que debe prevalecer lo es la consistente en que al resolverse el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra la admisión de la demanda de amparo indirecto, sí es posible analizar los agravios a través de los que se cuestione la competencia del juzgador de amparo.

58. Por las razones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, se concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, al tenor de la tesis siguiente:

RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE INTERPONE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO A), DEL ARTÍCULO 97, DE LA LEY DE AMPARO, ES VIABLE EL ANÁLISIS DEL AGRAVIO QUE CUESTIONE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. Con base en los derechos fundamentales de tutela jurisdiccional efectiva, seguridad jurídica y economía procesal contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el recurso de queja interpuesto en esos términos, puede analizarse el agravio que cuestione la competencia del órgano jurisdiccional, al tratarse de un presupuesto procesal que se analiza al proveerse sobre la demanda y no existir disposición expresa que prohíba ese estudio ni razones interpretativas que justifiquen suficientemente esa prohibición. Además, porque con dicho análisis se genera un pronunciamiento sobre la competencia del juzgador que dota de mayor certidumbre al procedimiento, en tanto no sobrevenga alguna circunstancia que incida al respecto.

Por lo expuesto, esta Primera Sala,

RESUELVE:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada, en los términos expresados en el apartado cuarto (sic) de la presente resolución.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en el último apartado del presente fallo.

TERCERO.—Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes, y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27976-9cb3ede0/recurso-de-queja-cuando-se-interpone-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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