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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA EN SENTIDO ESTRICTO DEL PODER LEGISLATIVO, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2017. · Registro digital (IUS): 30796
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRC
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo I, Pág.5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2019. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de junio de dos mil diecinueve, emite la siguiente

SENTENCIA:

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 249/2017, suscitada entre el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

El problema jurídico por resolver consiste en determinar si el principio de relatividad de las sentencias actualiza o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia cuando en la demanda de amparo indirecto se impugna una omisión legislativa atribuida al Poder Legislativo.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Denuncia de la contradicción. El presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante oficio número 050/2017-ST presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional al resolver el recurso de queja 135/2017-IV, en contraposición a los criterios emitidos por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito(1) y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito,(2) al fallar los recursos de queja 53/2016 y 122/2013, respectivamente.

2. Trámite. Recibido el escrito, por acuerdo de tres de julio de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 249/2017; admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis y decidió turnar los autos al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración de proyecto de resolución. De igual manera, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes que remitieran por medio de versión digitalizada o copia certificada las citadas ejecutorias, así como que informaran si los criterios sustentados en tales asuntos a partir de los cuales se denunciaba la contradicción de tesis se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

3. Por autos de once de julio y dos de agosto de dos mil diecisiete, los Tribunales Colegiados discrepantes informaron que sus criterios se encontraban vigentes y remitieron las ejecutorias respectivas. Así, por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó que el asunto se encontraba debidamente integrado con los criterios que motivaron la posible contradicción de tesis, por lo que se ordenó remitir el asunto a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de sentencia.

4. Radicación en Sala. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, tras solicitud por parte del Ministro ponente, la Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte acordó que la misma se abocaba al conocimiento del asunto y envió los autos a la ponencia asignada para su resolución.

5. Radicación en Pleno. No obstante, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, los integrantes de la Primera Sala acordaron que el asunto debía ser remitido al Tribunal Pleno.

II. COMPETENCIA

6. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"); 226, fracción II, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante la "Ley de Amparo vigente"), y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al confrontarse criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito cuya materia no es de competencia exclusiva de las Salas.

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor, al ser realizada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. En el presente considerando se dará cuenta de los diferentes criterios contendientes.

A. Sentencia del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Antecedentes del caso

9. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, una persona, en su carácter de Consejero del Pueblo de Mexicaltzingo, interpuso un juicio de amparo indirecto en contra del jefe de Gobierno, del secretario de Gobierno, de la Secretaría de Cultura y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de Gobierno, todos del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, entre otras cuestiones, por la omisión de emitir y publicar las disposiciones reglamentarias de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

10. A su juicio, la falta en la emisión de estas disposiciones jurídicas provocaba la ausencia de condiciones legales para formular las recomendaciones técnicas respectivas para elaborar un plan de manejo y determinar qué autoridades de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal tienen que participar para mantener en óptimas condiciones el Canal Nacional, Canal de Chalco y Canal de Cuemanco, los cuales fueron declarados Espacios Abiertos Monumentales.

11. La demanda se registró con el número de expediente 64/2016-IV. Tras prevenciones y su cumplimiento, por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó desechar la demanda con fundamento en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 61, fracción XXIII, 73, 77 (a contrario sensu) y 113 de la Ley de Amparo. Desde su punto de vista, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo cuando la pretensión de la demanda es reclamar una omisión legislativa, en tanto que la eventual restitución implicaría dar efectos generales a la sentencia, que en el caso sería la creación de las disposiciones reglamentarias de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. Estas disposiciones serían prescripciones generales, abstractas y permanentes que vincularían no sólo al promovente del amparo, sino a todos los gobernados de la Ciudad de México.

12. En contra de esta resolución, mediante escrito presentado el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), se interpuso un recurso de queja.

13. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, registró el recurso con el número de expediente 53/2016 y, en sesión de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, emitió sentencia en la que declaró fundado el medio de defensa, ordenando admitir la demanda de amparo.

Argumentación de la sentencia

14. Los razonamientos invocados por el órgano de amparo fueron los que siguen:

a) Los argumentos de la parte recurrente resultan suficientes para tener por expresada la causa de pedir, y sustancialmente fundados, pues revelaron que el motivo de improcedencia expuesto en el auto impugnado no se acreditó de manera manifiesta ni notoria.

b) En principio, se aclaró que no toda causa de improcedencia, por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede justificar que, al proveer sobre la demanda, el Juez de Distrito la deseche de plano con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento; máxime, como es el caso, la prevista en la fracción XXIII, en concordancia con el 77 de la Ley de Amparo y 107, fracción II, de la Constitución Federal (numerales que fueron invocados en el auto recurrido). Ello, ya que las características específicas del asunto de trato denotaron que el Juzgado de Distrito en la etapa inicial del juicio constitucional no puede tener una absoluta seguridad o indudable certeza de que fuera improcedente.

c) Para poner en evidencia tal aserto, se precisó que la Constitución Federal es un documento en el que se condensan los principios y valores del pueblo de México, contiene los derechos fundamentales, las libertades de los individuos, las normas que dan pauta a la prevalencia del Estado de derecho y que rigen la organización, funcionamiento y atribuciones de los poderes públicos, así como de los organismos autónomos y su relación con los habitantes.

d) El Tribunal Colegiado explicó que, de conformidad con el principio de Supremacía Constitucional, todas las normas relativas a los derechos humanos quedan subordinadas a dicho documento y a los tratados internacionales signados por este país; y el ejercicio de tales derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Ley Fundamental establece, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

e) También se destacó que, el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Dicho decreto fue resultado de una discusión sobre la necesidad de incorporar al derecho interno la obligación de los órganos del Estado, de respetar, aplicar y hacer efectivos los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por México. Se estimó que no sobraba decir que los derechos humanos constituyen una categoría dogmática del derecho constitucional, un conjunto de prerrogativas que deben estar acorde con los contenidos sobre la materia a los que el Estado se compromete internacionalmente.

f) Así, se sostuvo que, en términos de la reforma constitucional de dos mil once, la modalización deóntica del artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como paradigma básico la obligación por parte de las autoridades de armonizar las disposiciones constitucionales con el derecho internacional de los derechos humanos, a efecto de que se respeten, protejan, garanticen y satisfagan estos últimos; por ello, además de que a los tratados internacionales que contengan disposiciones inherentes a derechos humanos se les otorga rango constitucional, se establece el uso de la interpretación conforme y del principio pro persona, esto quiere decir, que el operador jurídico se encuentra obligado no sólo a armonizar las normas de derechos humanos, independientemente de su origen constitucional o internacional, con el resto del contenido de la Constitución y con los tratados de derechos humanos, sino que también el sentido de dicha armonización debe ser tal que privilegie aquel que otorgue un mayor beneficio a las personas, esto es, que maximice dentro de los márgenes posibles a favor de la libertad, lo que constituye la esencia del principio pro persona.

g) Asimismo, se detalló que el artículo 17 de la Constitución General de la República se compone de cinco derechos, a saber: a) la prohibición de la autotutela; b) el derecho a una tutela jurisdiccional; c) la abolición de costas judiciales; d) la independencia judicial; y e) la prohibición de la prisión por deudas de carácter civil. Así, conforme a lo establecido en la Constitución Federal, el derecho de tutela jurisdiccional tiene como finalidad que las personas accedan efectivamente a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, a efecto de cumplir con los requisitos constitucionales y procesales atinentes, puedan dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, obtener una resolución en la que, fundada y motivadamente, se resuelva su pretensión o defensa; por ende, el orden jurídico interno debe crear instancias, recursos o medios de defensa que permitan a las personas expresar los argumentos y ofrecer los medios de convicción idóneos y necesarios para la obtención de una decisión ya sea favorable o desfavorable a sus intereses.

h) Con la peculiaridad de que, en términos de la Constitución y los tratados internacionales, no es suficiente la sola circunstancia de que el Estado prevea recursos y medios jurídicos tendentes a garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional, sino que los mismos deben ser asequibles; es decir, no se puede supeditar el derecho de acceso a los tribunales a través de normas que impongan requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad, que únicamente impidan u obstaculicen el real y efectivo acceso a la justicia.

i) Por otro lado, se explicó que dentro de las funciones orgánicas que desarrolla el Estado se encuentra la de legislar, cuya finalidad y propósito esencial es generar normas que permitan la convivencia armónica de las personas, la realización y optimización de las políticas públicas del Estado y, además, siguiendo los lineamientos del artículo 1o., de la Carta Magna, garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de la implementación de mecanismos (garantías judiciales) para hacerlos eficaces.

j) Empero, puede suceder que en el proceso legislativo se produzca una insuficiencia sustancial o adjetiva en la creación de la norma, omitiéndose incluir derechos u obligaciones a los destinatarios de la ley, lo cual, doctrinariamente ha sido definido como una omisión legislativa, por la cual, el legislador soslayó –en su ejercicio obligatorio o potestativo– implementar prerrogativas constitucionales o desarrollar cláusulas de símil naturaleza, a efecto de hacerlas operativas y eficaces. Estas omisiones pueden ser absolutas o relativas y de ejercicio obligatorio o potestativo.

k) Siendo que, de conformidad con el artículo 103, de la Constitución Federal, los tribunales de la Federación tienen la facultad de resolver en el juicio de amparo toda controversia que se suscite, no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones. Considerando a su vez que, tras la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, el concepto tradicional del principio de relatividad sufrió modificaciones, por lo que es indispensable tomar en cuenta los nuevos parámetros constitucionales para resolver los juicios de amparo y los efectos en su concesión.

l) Ahora bien, dicho todo lo anterior, se destacó que, en la demanda de amparo, el quejoso reclamó –sustancialmente– la omisión de emitir y publicar las disposiciones reglamentarias de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal –actualmente Ciudad de México–, y las consecuencias que de dicha abstención se derivan, a efecto de mantener en óptimas condiciones el Canal Nacional, el Canal de Chalco y el Canal de Cuemanco.

m) Ello, a partir de un alegato de violación del derecho humano a un medio ambiente sano y porque en el artículo 12 en relación con el tercero transitorio, ambos de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal (cuya reforma se publicó en la Gaceta Oficial de dicha entidad el tres de mayo de dos mil doce), se estableció la obligación para el jefe de Gobierno de la Ciudad de México de formular las recomendaciones técnicas respectivas y determinar a la autoridad responsable del desarrollo y seguimiento del plan de manejo y salvaguarda correspondiente al Canal Nacional, en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de dicho decreto; sin que al efecto, dicha autoridad haya actuado en ese sentido.

n) En ese tenor, el Tribunal Colegiado llegó a la convicción de que no se actualizaba la razón de improcedencia advertida de plano por el Juez de Distrito. En primer lugar, pues si bien la parte quejosa reclamó la omisión en que sostuvo, han incurrido las autoridades responsables para emitir las disposiciones legales necesarias a fin de preservar los "espacios abiertos monumentales" de la Ciudad de México (Canal Nacional, Canal de Chalco y Canal de Cuemanco), su acción no la ejerció de manera gratuita y/o a título particular, sino por la obligación que les impuso –a las responsables– la propia Constitución y diversos ordenamientos de carácter internacional tendentes a garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, así como de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

o) Esto es, la omisión legislativa reclamada deviene de un mandato legal que impone a las autoridades responsables la obligación de emitir las disposiciones reglamentarias de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal –artículo tercero transitorio de reforma de tres de mayo de dos mil doce–, a efecto de mantener en óptimas condiciones el Canal Nacional, el Canal de Chalco y el Canal de Cuemanco.

p) Así, para el Colegiado, existían elementos suficientes para que el Juez de Distrito analizara el acto reclamado, por lo que no era válido afirmar, como lo hizo el juzgador, que de hacerlo se trastocaba el principio de relatividad. Primero, ya que la demanda no se presentó buscando proteger un interés particular, sino el de los habitantes del Pueblo de Mexicaltzingo, derivado de esa falta de cumplimiento a un mandato legal que impone a la autoridad la obligación de expedir la norma relativa a la preservación y mantenimiento de los Canales Nacionales, de Chalco y de Cuemanco.

q) Además, contrario a la valoración del Juez de Distrito, no era notoria ni manifiesta la causa de improcedencia del juicio, toda vez que, si bien la Suprema Corte cuenta con el criterio consistente en que, cuando se reclama en amparo indirecto la omisión del legislador de expedir ordenamientos generales, tal circunstancia hace improcedente el juicio en tanto se podría atentar contra el principio de relatividad que rige al juicio de amparo; no obstante, a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, para el Tribunal Colegiado, ahora es posible considerar –atendiendo al principio pro persona– que los tribunales de la Federación tienen facultad de resolver en el juicio de amparo toda controversia que se suscite, no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que ésta incurra, aun cuando fueren de índole legislativo, pues al respecto no existe limitación alguna en ese sentido; lo anterior, con el objeto de restaurar el orden constitucional que se alega violado, lo que implica un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y su afectación, para determinar si la autoridad responsable puede repararla. r) Así, a decir del Tribunal Colegiado, al no ser no ser manifiesto ni notorio el motivo de improcedencia, no podía desecharse la demanda sino, en todo caso, constituía una cuestión propia de la sentencia de fondo. Ello es así, pues lo notorio y manifiesto, gramaticalmente, corresponde a algo que queda al descubierto de manera patente y clara, lo cual excluye cualquier tipo de afirmación que requiera de una serie de consideraciones para justificarla.

s) Bajo esa lógica, en suma, la consideración del juzgador de que el juicio de amparo era improcedente pues de concederse la protección constitucional solicitada se atentaría contra el principio de relatividad, requirió de una serie de explicaciones para justificarla, entre otras: que los actos reclamados constituyen omisiones legislativas; que el juicio de amparo contra este tipo de omisiones resulta improcedente; asimismo, el Juez de Distrito explicó en qué consiste el principio de relatividad y de qué manera se vería vulnerado de concederse la protección constitucional solicitada.

t) Por ende, era evidente que para sostener la posición del Juez de amparo resultaba indispensable un estudio exhaustivo sobre el tema que no es propio de un acuerdo, porque ante tal estadio procesal, ya no sería dable hablar de una causa de improcedencia notoria y manifiesta al no derivar los argumentos de lo expuesto, precisamente, en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a ella, sino del estudio e interpretación que lleve a cabo el resolutor federal sobre el tema en la sentencia.

u) Consecuentemente, se argumentó que, si el juicio de amparo –regulado por la Ley de Amparo vigente– constituye un medio de control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad y de legalidad, cuyo objeto es reparar las transgresiones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del justiciable que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos que le hayan sido vulnerados y, además, constitucionalmente se ha contemplado que los tribunales de la Federación pueden resolver controversias suscitadas respecto de normas generales, actos u omisiones de la autoridad que transgredan derechos reconocidos en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y que por ello, los efectos del amparo pueden versar respecto de actos de carácter omisivo, era inconcuso que, de conformidad con el artículo 1o,. de la Constitución Federal, interpretado sistemáticamente con el diverso artículo 133, los juzgadores en atención al principio pro persona deben adecuar su actuar a la interpretación que menos restrinja el goce de derechos fundamentales, esto es, deben optar por la optimización de derechos humanos fundamentales.

v) Máxime que, como se destacó, la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos individuales que consagra la Constitución Federal; de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, porque sólo por excepción, en los precisos casos que indica el artículo 61 de la Ley de Amparo, no es dable el acceso a dicho medio de control constitucional y, por lo mismo, es de más estricta aplicación en el caso del ejercicio de la facultad contenida en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal para desechar de plano una demanda.

w) En consecuencia, se concluyó que en la resolución que desechó de plano la demanda constitucional se aplicaron de manera inexacta los artículos 61, fracción XXIII, y 113, de la Ley de Amparo, dado que en términos del último numeral únicamente opera el desechamiento cuando se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que no se actualizó en la especie.

x) Sin soslayarse que el Juez de Distrito, al emitir el auto impugnado haya citado la tesis 2a. VIII/2013 (10a.), de rubro: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Lo anterior, debido a que dicho criterio no constituía jurisprudencia obligatoria para ese Tribunal Colegiado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo y se emitió conforme a las disposiciones de la legislación de la materia abrogada; por lo cual no dilucidaba si conforme al nuevo marco legal previsto en la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece subsistía o no el criterio relativo a la improcedencia del juicio de amparo en contra de omisiones legislativas.(3)

B. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

Antecedentes del caso

15. El veintiocho de octubre de dos mil trece, una persona promovió demanda de amparo indirecto contra el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamando la omisión de este órgano de integrar el primer Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, conforme a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la Ley del Consejo Económico y Social, publicada el veintinueve de diciembre de dos mil once y vigente a partir del veintinueve de ese mismo mes y año.

16. El treinta de octubre siguiente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, recibió la demanda de amparo, ordenando formar y registrar el expediente con el número de expediente IV-814/2013. Luego, requirió al quejoso para los efectos de que precisara el carácter con el cual comparecía a juicio de amparo (por propio derecho o en representación de una sociedad anónima). Una vez cumplido el requerimiento, el seis de noviembre de dos mil trece, el Juez de Distrito resolvió desechar la demanda al estimar que se actualizada manifiesta e indudablemente la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I, y 107, fracción II, de la Constitución Federal y 73 de la propia Ley de Amparo.

17. Citando lo resuelto por la Segunda Sala en el amparo en revisión 663/2012, el juzgador adujo que lo que se impugnaba en la demanda era una omisión legislativa, la cual no podía ser reclamada en un juicio de amparo, ya que, de concederse la Protección Federal, sus efectos vincularían no sólo al quejoso (afectando el principio de relatividad de las sentencias), sino a otro número de gobernados que tuvieran relación con la norma; además de que, en el caso, no se actualiza un interés legítimo, toda vez que la omisión reclamada no causaba una lesión a la esfera jurídica del promovente del amparo.

18. Recurso de queja. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso interpuso un recurso de queja. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito conoció del recurso, lo registró con el número 122/2013 y dictó sentencia el treinta de enero de dos mil catorce.

Argumentación de la sentencia

19. En el fallo, el Tribunal Colegiado determinó declarar fundada la queja con base en las siguientes consideraciones:

a) Se inició el estudio de fondo precisando que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales. Empero, para poder acceder al mismo, se han establecido ciertos presupuestos procesales denominados "causales de improcedencia", las cuales deben ser manifiestas e indudables si se detectan fuera de la audiencia constitucional.

b) A partir de esta premisa, se llegó a la conclusión de que las razones que motivaron el desechamiento de la demanda no fueron notorias ni manifiestas, por lo que se le daba la razón al recurrente. En principio, se destacó que en la exposición de motivos de la reforma constitucional que dio lugar a la nueva Ley de Amparo, se dijo que el objetivo de dicha modificación era ampliar el marco de protección del juicio de amparo, entre otras cuestiones, para modificar la visión de que los derechos sociales y culturales eran normas programáticas, sino como derechos exigibles de manera individual y colectiva, y para establecer que los tribunales de la Federación tenían facultades para resolver en amparo toda controversia suscitada no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones (dado que en atención a la naturaleza de los derechos sociales, las omisiones son su principal medio de violación).

c) En esa lógica, para abordar el tema de omisiones legislativas (que a decir del Colegiado fue el motivo de desechamiento de la demanda), se sostuvo que era necesario hacerlo desde tres ópticas diferentes: i) la posición de la Suprema Corte; ii) la posición del Juez en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos; y, iii) la posición doctrinaria.

d) En relación con la primera, se señaló que si bien existe el criterio del Pleno de que la omisión legislativa no es reparable mediante el juicio de amparo, dicha interpretación se hizo previo a las reformas constitucionales de seis y once de junio de dos mil once. Por su parte, se adujo que si bien la Segunda Sala emitió un criterio de improcedencia del juicio de amparo tras dichas reformas constitucionales, proviene antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece.

e) Respecto al sistema interamericano, se destaco que es criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los Jueces interamericanos (que incluye a los nacionales por virtud del control de convencionalidad) tienen la obligación de hacer respetar la Convención Interamericana co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30796-30f4c97d/juicio-de-amparo-indirecto-cuando-se-impugna-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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