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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. LAS OMISIONES SUSCITADAS EN UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL LABORAL NO SON, POR SÍ MISMAS, VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS NI DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN, TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 102/2023. · Registro digital (IUS): 31833
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-10-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo III, Pág.3269.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 102/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: JORGE IVÁN ÁVILA RIVERA.

II. COMPETENCIA

7. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, del propio Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. Criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo indirecto en revisión 37/2020 de su índice.

10. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:

i. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y de su presidente, de emitir el proveído por el que despacharan la ejecución de determinado laudo.

ii. Correspondió conocer de dicho juicio de amparo indirecto al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el que, una vez sustanciados los trámites de ley correspondientes, el secretario encargado del despacho celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, en término del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque consideró que, no obstante que las autoridades responsables no rindieron sus informes justificados, la parte quejosa no demostró su interés jurídico, ello conforme a las consideraciones destacables siguientes:

• Que, de acuerdo con el referido artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, la parte quejosa debe demostrar la existencia del derecho subjetivo que aduce vulnerado, así como la afectación que el acto reclamado haya producido en ese derecho.

• Que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, aun cuando se establezca la presunción de certeza de los actos reclamados, ante la falta de informe justificado de las autoridades responsables; a la parte quejosa le corresponde la carga de probar su interés jurídico y la inconstitucionalidad de dichos actos, siempre que éstos no sean en sí mismos violatorios de la Constitución Federal.

• Que, era aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 50/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO."

• Que, el acto reclamado consistió en la omisión de acordar una promoción dentro de determinado juicio laboral (en la que se solicitó se despachara la ejecución del laudo respectivo). Empero, que la parte quejosa no evidenció que dicha abstención le hubiere producido una afectación a su esfera jurídica, ya que no demostró ser parte en ese sumario laboral.

• Que, a la parte quejosa le correspondió probar su interés jurídico, así como la inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ello no quedó satisfecho aun ante la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, pues concluyó que esa carga procesal le corresponde a la parte promovente desde la presentación de la demanda.

• Que, también era aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 126/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA SU CELEBRACIÓN NO ES NECESARIO QUE MEDIE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, ENTRE EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO Y LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN, CUANDO ÉSTA FUE OMISA EN RENDIRLO."

iii. Inconforme con el anterior fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió su conocimiento al Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el que fue registrado con el expediente RT.-37/2020 y resuelto –por unanimidad de votos– en sesión de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio, al tenor de las consideraciones siguientes:

• Que, la parte quejosa no acreditó ser titular del derecho subjetivo que adujo vulnerado y, por consiguiente, careció de interés jurídico.

• Que ello obedeció a que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, la omisión de despachar la ejecución de un determinado laudo. Empero, que sólo ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, por lo que no evidenció: a) la existencia de la contienda laboral; b) que fuese parte en ella; y, c) que hubiere planteado a dichas autoridades la solicitud de despachar el mencionado auto de ejecución, cuya omisión de acuerdo tildó de inconstitucional.

• Que, lo anterior fue así, ya que el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a la parte quejosa.

• Que resultaron aplicables al caso, las jurisprudencias 2a./J. 3/93 y 2a./J. 7/94, ambas sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." e "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.", respectivamente.

• Que, por otra parte, el acto reclamado consistente en la omisión de despachar la ejecución de determinado laudo, no constituía un acto en sí mismo violatorio de derechos humanos, ya que para ello era menester que previamente la parte quejosa demostrara: a) la existencia de la contienda laboral de origen; b) ser parte en ella; y, c) haber formulado la respectiva petición.

• Que resultó aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO."

• Que también cobraba aplicación, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO."

• Que, las anteriores decisiones no contravienen el principio pro persona, ya que antes de realizar el análisis de las cuestiones de fondo, deben verificarse los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo.

• Lo anterior, con base en las consideraciones que se reproducen enseguida:

"... SEXTO. Estudio. El análisis de los argumentos vertidos en el único agravio hecho valer, permite arribar a las determinaciones siguientes.

"Aduce el inconforme que adverso a lo considerado por el a quo, el quejoso sí es titular de un derecho subjetivo, el cual fue vulnerado por la autoridad responsable.

"Continúa argumentando ilegalidad en la determinación del Juzgador Federal al pretender que sea él quien tenga que demostrar su interés legítimo, así como la inconstitucionalidad del acto reclamado, al contraponerse ello con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la ley de la materia; a lo que adiciona, el acto que combate en su demanda de amparo biinstancial lo constituye una conducta omisiva, por lo que el pedirle que acredite la existencia del juicio laboral, implica la obtención de copias certificadas del mismo, lo que se traduce en un débito procesal de imposible comprobación; siendo que bajo su consideración, el acto que impugnó es en sí mismo conculcatorio del numeral 1 de la Carta Fundamental; de donde pretende derivar que ante tales circunstancias y la omisión de la responsable de rendir el informe con justificación, debió tenerse por válido y real todo lo que argumentó en su demanda de amparo; lo que en suma conduce a estimar ilegal el sobreseimiento decretado.

"Finaliza su argumentación señalando que los criterios invocados por el juzgador de amparo son inaplicables al caso particular.

"Son infundados los argumentos resumidos con antelación.

"En efecto, como bien lo determinó el a quo, el quejoso ahora recurrente no acreditó ser titular del derecho subjetivo que adujo y, por ende, carece de interés jurídico para acudir al amparo biinstancial, como enseguida se pasa a exponer.

"Al respecto, el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el ordinal 5o., fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, establecen: (se transcriben).

"Conforme al contenido de los dispositivos citados, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal.

"Ahora bien, es insuficiente que el quejoso aduzca la titularidad de un derecho subjetivo para considerar que tiene legitimación para acudir al juicio de amparo, sino que además es indispensable que los órganos jurisdiccionales analicen, con base en las pruebas aportadas al juicio constitucional y las constancias que eventualmente envíen las autoridades responsables en apoyo de sus informes justificados, si el peticionario de la protección federal goza o no del interés jurídico previsto tanto en la norma Constitucional como en su ley reglamentaria.

"En el caso, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado:

"‘... La omisión (o abstención) del Presidente y Titular de la Junta Especial Número ONCE (11) de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de pronunciarse y/o dar respuesta a la promoción presentada ante la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el día 13 de marzo de 2020, con número de folio: **********, QUE CONTIENE EL «AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO (EJECUCIÓN DE LAUDO).», cuyo origen proviene del expediente laboral: **********...’ (hoja 1)

"De los hechos narrados por el amparista, se desprende que el ahora recurrente presentó demanda laboral en contra de **********; y otros, a quienes reclamó el pago de indemnización constitucional y otras prestaciones de índole laboral; juicio que dijo fue radicado bajo el número ********** del índice de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; y que, tramitada la secuela procesal se dictó laudo condenatorio; derivado de lo cual, el trece de marzo de dos mil veinte, promovió ante la responsable para solicitar a su Presidente se despachara auto de ejecución, sin que a la data de la promoción de su amparo haya sido acordada su petición.

"Por otra parte, se destaca que del cuaderno de amparo se advierte que la autoridad responsable no rindió el informe justificado que le fue requerido.

"Posteriormente, en la sentencia recurrida, el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito, determinó que era procedente sobreseer en el juicio de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del ordinal 61, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues consideró que los actos de autoridad relativos a la dilación en el procedimiento, aun cuando exista presunción de su certeza por falta de informe justificado, corresponde al peticionario de amparo evidenciar su inconstitucionalidad, pues ésta depende del acreditamiento de la existencia del juicio natural en el que aquél sea parte.

"Fatiga procesal que el a quo tuvo por insatisfecha, pues en el juicio biinstancial no se justificó que el promovente fuera parte en el juicio laboral del que presuntamente emana el acto que reclamó.

"Ahora, el recurrente sostiene, frente a esa determinación del juzgador, que no es necesario acreditar los extremos señalados por éste, pues el acto reclamado es en sí mismo violatorio de sus derechos humanos, pues el tener que obtener constancias relativas a acreditar que es parte en la contienda laboral, implica un débito procesal que redundaría en la misma omisión combatida.

"Como ya se dijo, no asiste razón en lo argumentado, en virtud de que, como bien se determinó en la sentencia, en la especie, el quejoso, ahora recurrente, carece de interés jurídico.

"Es así, en virtud de que el inconforme adujo acudir a la instancia constitucional en defensa de sus derechos laborales porque promovió ante la responsable solicitando se despachara auto de ejecución, sin que a su petición le recayera acuerdo alguno.

"Sin embargo, en su escrito de demanda sólo ofreció como pruebas de su parte, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana (folio 4); sin aportar, documental alguna con la cual evidenciara la existencia de la contienda laboral; que él fuera parte en ella; así como tampoco que hubiera planteado ante la autoridad solicitud de despachar auto de ejecución.

"En este contexto, ante la falta de rendición del informe justificado y como bien lo estimó el a quo, incidía en el quejoso acreditar los citados extremos, es decir:

"• La existencia de la contienda natural.

"• Que el quejoso es parte en ella; y,

"• La presentación del escrito ante la responsable en la que solicitó se despachara auto de ejecución.

"Lo que en el caso no se satisfizo, pues como ya se dijo, el amparista no exhibió ante el juzgador federal probanza alguna de la cual se desprendieran dichos extremos.

"Cabe destacar que el deber de demostrar el interés jurídico de quien acude al juicio de amparo, incide en el propio promovente, pues conforme a lo apuntado en párrafos precedentes, es éste quien tiene que evidenciar ser titular de un derecho público subjetivo, ya que el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso.

"En efecto, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo, debe acreditarse en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente.

"Es así, pues en el juicio de amparo, en términos de los numerales mencionados, impera el principio de instancia de parte agraviada conforme al cual, el medio de control constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, de manera real y actual en su esfera jurídica, de donde se sigue que el peticionario de amparo debe demostrar en el juicio la lesión a su interés jurídico por parte del acto o ley reclamados.

"En este orden de ideas, la facultad de accionar la instancia constitucional se traduce en una conducta positiva de exigir a la Justicia Federal el respeto de los derechos fundamentales, de modo que ese derecho es propio del quejoso, a quien le corresponde, exclusivamente, demostrar de manera fehaciente que el acto le causa una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica.

"Consecuentemente, si como en el caso, la parte quejosa no ofreció medios de prueba con los cuales demostrara la afectación de que se dolió, pues ningún medio probatorio eficaz aportó para evidenciar la existencia de la contienda de origen; ser parte en ella; así como que había promovido ante la autoridad; es evidente que, como bien concluyó el juzgador federal, se actualizó la hipótesis prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional cuando no se afecten los intereses jurídicos del promovente.

"Apoya lo precedente, la jurisprudencia 2a./J. 3/93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"‘INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.’, (se transcribe y cita datos de localización).

"Así como la diversa publicada con el número 2a./J. 7/94, emitida por la propia Sala, que dice:

"‘INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.’, (se transcribe y cita datos de localización).

"Por otra parte, adverso a lo manifestado por el recurrente, y como con acierto se sostuvo en la sentencia recurrida, el acto reclamado en el juicio de amparo (omisión de acordar una petición de despachar auto de ejecución) no resulta en sí mismo violatorio de derechos humanos, pues para ello es menester que previamente esté demostrada la existencia de la contienda laboral en la cual el amparista sea parte y haber formulado su petición ante la autoridad.

"Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia visible con el número 765 (cita datos de publicación), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO.’ (se transcribe y cita datos de localización).

"Criterio que si bien se integró conforme a las disposiciones de la anterior Ley de Amparo, continúa en vigor, pues su contenido no se opone a la Ley de Amparo actual, de conformidad con su numeral sexto transitorio. (se transcribe) "Es también aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:

"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.’ (se transcribe y cita datos de localización)

"Por otra parte, cabe precisar que lo determinado en la sentencia no contraviene el principio pro-persona, ni atenta contra el Estado de derecho y el equilibrio judicial, trastocando sus derechos humanos, como indebidamente alega el recurrente.

"Es así, en virtud de que, previamente al análisis de las cuestiones del fondo del asunto, deben verificarse los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo; pues las causales de improcedencia del juicio de amparo encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos; de ahí que sea válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo.

"En efecto, el acceso a una tutela judicial efectiva no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de los medios de defensa que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de tales órganos y se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.

"Así, el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, por ende, en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida.

En consecuencia, la causa de improcedencia advertida por el Juzgador de Amparo contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tiene una existencia justificada, en la medida en que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo, pues para analizar el fondo de la controversia el quejoso debió acreditar la afectación en su esfera jurídica a través de la demostración, en principio, de la existencia de la contienda natural en la cual es parte; y, que planteó ante la autoridad una petición.

"Apoya lo precedente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada con el número 1a./J. 10/2014 (10a.), que señala:

"‘PRINCIPIO PRO-PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.’ (se transcribe y cita datos de localización)

"Así como la tesis emitida por la propia Sala, visible con el número CCLXXV/2012 (10a.), de tenor siguiente:

"‘DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.’, (se transcribe y cita datos de localización).

"Ello, en atención a que el principio pro homine, por sí mismo, no es fundamento para omitir o ignorar el estudio de los aspectos técnico-legales que constituyen requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues realizar la interpretación más favorable a la persona no permite crear incertidumbre sobre los presupuestos y principios legales que rigen la función jurisdiccional.

"Finalmente, cabe destacar que la aplicación de la suplencia de la queja, prevista en el precepto 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se encuentra supeditada a la procedencia del juicio; de modo tal que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios en los cuales se actualiza alguna causa de improcedencia, esto es, no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo, pues la suplencia opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio.

"En las relatadas circunstancias, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

"Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 91, 92, 93 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

"PRIMERO.—Se CONFIRMA la sentencia recurrida dictada por el secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto número 908/2020, el treinta de septiembre de dos mil veinte.

"SEGUNDO.—Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

11. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 15/2023.

12. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:

i. El seis de diciembre de dos mil veintidós, una persona promovió juicio de amparo indirecto contra las omisiones de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y de su actuario, consistentes en: a) la falta de citación, tanto a dos absolventes, como a diversos atestes, ello para lograr el desahogo de las respectivas pruebas confesional y testimonial; b) la abstención de acordar una promoción; y, c) la falta de requerir un informe al Instituto Mexicano del Seguro Social.

ii. Correspondió conocer de dicho juicio de amparo al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el que, una vez sustanciados los trámites de ley correspondientes, el secretario encargado del despacho celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, en término del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque consideró que, a pesar de que las autoridades responsables no rindieron sus informes justificados, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, ello conforme a las consideraciones destacables siguientes:

• Que, si bien existió la presunción de certeza de los actos reclamados, ante la falta de los informes justificados, a la parte quejosa le correspondía la carga de probar la inconstitucionalidad de dichos actos, ya que las dilaciones en el procedimiento laboral no son en sí mismas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que su inconstitucionalidad depende de la existencia de un juicio en que el o la promovente sean parte.

• Que, conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, la parte quejosa debe aducir ser titular de un derecho subjetivo, que sea afectado de manera personal y directa.

• Que, a la parte quejosa le corresponde la carga de demostrar su interés jurídico y la inconstitucionalidad de los actos reclamados, extremos que no quedan acreditados con la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, pues es un débito procesal que le corresponde a la parte quejosa desde la presentación de la demanda.

• Que, los actos reclamados consistieron en: a) la omisión de notificar a determinadas personas para lograr el desahogo de diversas pruebas y; b) la abstención de acordar una promoción.

• Que, la parte quejosa no acreditó que dichos actos le produjeran un agravio personal y directo, dado que no evidenció ser parte en el juicio laboral del cual afirmó emanaban aquéllos.

• Que, como la parte quejosa no acreditó ser titular de un derecho subjetivo que se viera afectado, de manera personal y directa con los actos impugnados; entonces, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, decretó el sobreseimiento en el juicio.

iii. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió su conocimiento al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el que fue registrado con el expediente RT.-15/2023 y resuelto –por unanimidad de votos– en sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés en el sentido de revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado, al tenor de las consideraciones siguientes:

• Que, en suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, devino fundado el aludido recurso.

• Que ello fue así, porque de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la parte quejosa está exenta de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados que, por sí mismos, sean violatorios de derechos humanos.

• Que, las omisiones reclamadas por la parte quejosa evidenciaban que reprochó el atraso en la impartición de justicia, pues manifestó que la autoridad responsable se había abstenido de notificar diversos actos necesarios para el desahogo de distintas pruebas, así también que había omitido acordar una promoción, lo cual traía consigo el atraso en la tramitación del juicio y la posibilidad de obtener una resolución dentro de los periodos que establece la ley.

• Que, por tanto y, contrario a lo resuelto por el secretario encargado del despacho del juzgado del conocimiento; la omisión de llevar a cabo di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31833-43f2d645/amparo-indirecto-las-omisiones-suscitadas-en-un-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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