IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 410/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, EN CONTRA DE LA CONSIDERACIÓN RELATIVA A QUE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA SE REALICE POR LISTA Y NO EN FORMA PERSONAL, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN N. SILVA MEZA, CON PRECISIONES, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de enero de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.-Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dicho órgano colegiado y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
2. En la denuncia de contradicción de tesis, los Magistrados aludidos indicaron que en sesión de tres de octubre de dos mil trece, al resolver el recurso de queja QA. 137/2013, consideraron que la regla establecida en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, relativa a que si el órgano judicial de segunda instancia advertía una causa de improcedencia que no fue planteada por las partes ni analizada por el juzgador de primer grado, deberá dar vista al agraviado para que, en el plazo de tres días, exponga lo que a su interés convenga, es aplicable al fallo en que se decrete el sobreseimiento en el juicio como al proveído en que se desecha la demanda.
3. Lo anterior, los Magistrados indicaron, porque, tomando en cuenta la finalidad de tal disposición y la forma en que debe llevarse a cabo la vista que ordena dar al demandante, no existe alguna diferencia sustancial entre una y otra determinación (desechamiento y sobreseimiento), que motive un trato distinto, pues en ambos casos lo que se pretende es otorgar seguridad jurídica al promovente y la oportunidad de ser oído en su defensa ante la posibilidad de que el órgano revisor ponga fin al juicio al considerar individualizada una causa de improcedencia novedosa que le es desconocida.
4. Por otro lado, los Magistrados aducen que el criterio anterior pudiera contraponerse con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la tesis aislada de título y subtítulo: "QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EN EL RECURSO RELATIVO ES INAPLICABLE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", de donde se desprende que tal órgano judicial considera que la disposición del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, únicamente es aplicable en los casos en que la relación procesal se encuentra integrada por todas las partes, es decir, cuando la resolución que se revisa es la pronunciada en la audiencia constitucional y en un auto de trámite.
5. SEGUNDO.-Por auto de catorce de octubre de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis denunciada, admitir a trámite la denuncia formulada, solicitar al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remita a este Alto Tribunal copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja 45/2013 de su índice; asimismo, solicitar a las presidencias de los tribunales contendientes, informaran si el criterio sustentado en los asuntos de sus índices, se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por separado o abandonado; y turnar el expediente para su estudio a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
6. TERCERO.-Una vez recibidas en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de la resolución pronunciada en el recurso de queja 45/2013, informes de los presidentes de los tribunales contendientes, relativos a la vigencia de sus respectivos criterios y encontrándose debidamente integrado el expediente, en acuerdo de presidencia de diecinueve de noviembre de dos mil trece, se ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para la elaboración del proyecto respectivo.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.-Este Tribunal Pleno es competente para resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.
8. SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
9. TERCERO.-A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso transcribir en lo conducente, los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las ejecutorias de mérito que la motivaron.
10. I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 137/2013, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"TERCERO.-Una vez expuestos los antecedentes del caso, este órgano colegiado procede al estudio de la procedencia de la acción constitucional, toda vez que es de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo.
"En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el juzgador de amparo, en primera o segunda instancia tiene el deber de analizar las causas de improcedencia, incluso, oficiosamente, por ser de orden público, aun si no fueron consideradas por el a quo.
"Lo anterior permite concluir que el Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para confirmar el desechamiento de una demanda de garantías, apoyado en un motivo de improcedencia diferente al estimado por el Juez de Distrito, en la inteligencia de que debe ceñirse a lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, por ser un requisito propio del momento procesal en que se actúa y, por tanto, la causal de improcedencia que aprecie bajo una visión distinta a la del juzgador, debe ser manifiesta e indudable.
"El principio de congruencia en el aspecto de que se trata, consiste en que la procedencia del juicio de garantías es de orden público y conduce a considerar que, a pesar de que el Juez haya tenido por desestimada determinada hipótesis de improcedencia, o bien la hubiera inadvertido, el tribunal revisor bien puede abordar el estudio bajo un matiz diferente, que puede ser alumbrado por diversa causa constitucional, legal o jurisdiccional, o aun ante la misma causa por diversa razón, si se considera que un supuesto de improcedencia puede generarse por distintos motivos.
"Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 153/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 229, que expresa: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO.’ (se transcribe)
"De igual manera, sustenta la conclusión alcanzada, la tesis aislada P. LXV/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 7, cuyo contenido es: ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe)
"En ese contexto, en relación con el acto reclamado del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, consistente en el auto en que tuvo por no interpuestos los recursos de revocación y de apelación hechos valer contra el requerimiento al actor de copia de la demanda para emplazar a un tercero a un juicio ordinario administrativo federal, este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza una hipótesis que es de estudio preferente respecto de la que analizó el juzgador, pues obedece a la naturaleza del acto, la cual no cambiaría, independientemente de que se agoten los medios de defensa que, en su caso, sean susceptibles de modificarlo o revocarlo.
"La causa de improcedencia de que se trata, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: (se transcriben)
"Conforme a la interpretación de las disposiciones transcritas, el juicio de garantías es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso, consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que México sea parte.
"Dicha previsión encuentra justificación en la necesidad de limitar la procedencia del juicio de amparo y evitar su uso desmedido; lo anterior, sobre la base de que, en ocasiones, las infracciones que se cometen en las etapas procedimentales pueden resarcirse al momento que se emite la resolución definitiva, en virtud de que, por el alcance y consecuencias de los actos que se reclaman, sólo pueden afectar la debida defensa del demandante, cuando es factible que al final del trámite recaiga una determinación que le favorezca o que no se vea influida por la violación intraprocesal, derivado de que la decisión de la autoridad resolutora obedezca a razones que, de no haber existido la contravención a las reglas del procedimiento, seguirán rigiendo.
"De ahí que el único caso en que el amparo indirecto es procedente respecto de actos intraprocesales, es cuando implican un daño de imposible reparación.
"Al respecto se precisa que el propio artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo define qué tipo de determinaciones pueden considerarse de esa índole, pues establece que será procedente el juicio constitucional contra actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
"Como se advierte, la procedencia del juicio de garantías, conforme a la fracción V del precepto invocado, tiene como condición que concurran dos elementos: 1. Que se trate de un acto dentro de juicio (intraprocesal); y, 2. Que sea de imposible reparación, es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos del quejoso, al margen de cualquier transgresión de índole procesal.
"En esas condiciones, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación únicamente cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, de forma tal que el daño no puede enmendarse aun en el evento de obtener una decisión favorable.
"Cabe precisar que es la propia fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, la que define limitativamente que un acto será de imposible reparación en la medida en que afecte materialmente derechos sustantivos.
"Expuesto lo anterior, debe recordarse que el acto reclamado es el proveído dictado en un juicio ordinario administrativo federal, en que se tuvieron por no interpuestos los recursos de revocación y de apelación hechos valer contra el diverso en que se requirió el actor, ahora quejoso, una copia de la demanda y sus anexos para emplazar a un tercero.
"Debe tenerse presente que, generalmente, el auto en que se reconoce a un tercero tal carácter en un juicio y se ordena su emplazamiento, no genera una afectación a quien insta la acción; por el contrario, esa determinación le es favorable en la medida en que vincula a dicho sujeto de la relación procesal a acatar una eventual determinación que dé fin al procedimiento y sea favorable al actor; asimismo, garantiza que dicha resolución no será eficazmente impugnada, aun teniendo el carácter de cosa juzgada, por no haber sido escuchados todos los interesados.
"...
"A pesar de que el acto reclamado no lo constituye propiamente el reconocimiento del carácter de tercero a una persona, sino la determinación asumida en relación con los medios de defensa hechos valer contra esa decisión, debe tomarse en cuenta que la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso, es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último.
"Esto es, como la resolución reclamada recayó a dos medios de defensa interpuestos contra un mismo auto -revocación y apelación-, para verificar si es de ejecución irreparable, debe considerarse si el acto combatido tiene esa cualidad, dado que el eventual menoscabo que pueda ocasionar, el primero surtirá efectos plenamente una vez que quede firme.
"Como ya se explicó, el llamamiento a juicio de un tercero no causa una afectación a algún derecho sustantivo del actor sino, en todo caso, provoca una afectación adjetiva o procesal, lo que también acontece tratándose del acto en que se reconoce a una persona ese carácter y se requiere copia de la demanda y sus anexos para emplazarlo.
"En efecto, en caso de que la resolución que ponga fin al juicio ordinario resulte favorable al quejoso, ninguna trascendencia tendría la eventual irregularidad de tener por reconocido el carácter de tercera interesada a la persona moral denominada **********, y mucho menos que se tuvieran por no interpuestos los recursos de revocación y apelación hechos valer contra dicha determinación.
"...
"Lo anterior se corrobora del hecho de que no existe evidencia de que se haya efectuado algún apercibimiento al agraviado para el caso de que no presente la copia de traslado que le fue solicitada por el Juez natural.
"Por los motivos expuestos, como el perjuicio que genera la decisión recaída a un medio de defensa no puede ser desvinculado de la naturaleza y alcance del acto sujeto a revisión, dado que la pretensión del inconforme es que se declare su ineficacia jurídica, si el juicio de amparo es improcedente contra la determinación recurrida, por mayoría de razón, también lo es contra la resolución con que culmina su impugnación.
"Luego, carece de sentido verificar si contra el auto reclamado procede algún medio de ordinario de defensa, habida cuenta de que, de cualquier manera, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; de efectuar el examen correspondiente, se llegaría a la equívoca conclusión de que, si no existe desacato al principio de definitividad, el juicio de garantías sería procedente, cuando lo cierto es que se trata de un acto intraprocesal cuya ejecución no es irreparable al no trastocar derechos sustantivos del quejoso, pues sólo tiene implicaciones procesales.
"Corolario de lo anterior, es que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; consecuentemente, aunque por razones distintas, debe desecharse la demanda de garantías.
"CUARTO.-En vista de la conclusión alcanzada, a continuación se procede a examinar los alegatos expresados por el quejoso en su escrito de diecinueve de septiembre de dos mil trece, en que se refiere a la vista dada con el dictamen emitido por el Magistrado relator en relación con la causal de improcedencia advertida oficiosamente, de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
"...
"QUINTO.-Como se informó en el resultando sexto de esta ejecutoria, el doce de septiembre de dos mil trece, se notificó personalmente al quejoso el dictamen de once del propio mes y año, mediante el cual el Magistrado relator, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dio noticia de la posible actualización de una causa de improcedencia distinta a la advertida por el Juez de primera instancia, a fin de que expusiera lo que a su interés convenga.
"Con relación a esa determinación, este tribunal advierte la existencia de la tesis aislada VI.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1708, cuyos título, subtítulo y texto son: ‘QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EN EL RECURSO RELATIVO ES INAPLICABLE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ (se transcribe)
"En el criterio reproducido, el referido órgano colegiado sostuvo que la disposición del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a que si el órgano judicial de segunda instancia advierte una causa de improcedencia que no fue planteada por las partes ni analizada por el juzgador de primer grado, deberá dar vista al quejoso para que, en el plazo de tres días exponga lo que a su interés convenga, únicamente es aplicable en los caos en que la relación procesal se encuentra integrada por todas las partes, es decir, cuando la resolución que se revisa es la pronunciada en la audiencia constitucional y en un auto de trámite.
"Por ende, decidió que, tratándose de los casos en que se desecha de plano la demanda por advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, si el tribunal revisor observa la actualización de un motivo distinto, está facultado para confirmar el proveído impugnado sin informar al agraviado esa circunstancia previamente al dictado de la sentencia.
"No obstante, este órgano colegiado estima que, contrario a lo resuelto por dicho tribunal, esa regla es aplicable tanto al fallo en que se decrete el sobreseimiento en el juicio como al proveído en que se desecha la demanda, en razón de que, tomando en cuenta la finalidad de tal disposición y la forma en que debe llevarse a cabo la vista que ordena dar al demandante, no existe alguna diferencia sustancial entre uno y otra determinación (desechamiento y sobreseimiento), que motive un trato distinto, pues en ambos casos, lo que se pretende es otorga seguridad jurídica al quejoso y la oportunidad de ser oído en su defensa ante la posibilidad de que el órgano revisor ponga fin al juicio al considerar individualizada una causa de improcedencia novedosa que le es desconocida.
"Esto es, si esa norma fue implementada considerando, por un lado, que en amparo indirecto el órgano de segundo grado, puede desestimar la acción, sin analizar el fondo del asunto y, por otro, que la decisión que al respecto se asuma es inatacable, no cabe duda que su propósito es la implementación de un medio que garantice de mejor manera las prerrogativas de las personas, especialmente las de acceso a la justicia y seguridad jurídica. Sin que pase inadvertido que esta última interpretación es la que resulta más acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas.
"Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, únicamente ordena que se dé vista al quejoso, y no al tercero interesado ni a la autoridad responsable, de modo que no es relevante que el juicio se encuentre tramitado y que las partes hayan comparecido.
"Por las razones expuestas en esta ejecutoria, no se comparte el criterio establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de suerte que ante la existencia de posturas jurídicas divergentes sobre un tema que guarda identidad y en virtud de que se trata de tribunales que ejercen jurisdicción en distintos circuitos, es procedente realizar la denuncia correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se pronuncie sobre la posible contradicción de criterios."
11. De lo anterior se aprecia lo siguiente:
12. - Que el Tribunal Colegiado estimó, que al ser de orden público lo relativo a la procedencia del juicio de amparo, la examinó de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
13. - Debido a lo anterior, el Tribunal Colegiado consideró estar facultado para confirmar el desechamiento de la demanda de garantías bajo un motivo de improcedencia diferente o matiz diverso al estimado por el Juez de Distrito, al ser manifiesto e indudable.
14. - El Tribunal Colegiado advirtió que concerniente al acto reclamado, consistente en el auto por el que no se tuvo por interpuestos los recursos de revocación y de apelación hechos valer en contra del requerimiento formulado al quejoso para que exhibiera una copia de la demanda y sus anexos para emplazar al tercero; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (a contrario sensu), que es diversa y de estudio preferente respecto de la que examinó el Juez al relacionarse con la naturaleza del acto.
15. - Que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso, consagrados en la Constitución Federal o tratados internacionales.
16. - Que el auto en el que se reconoce a alguien con el carácter de tercero en un juicio y se ordena su emplazamiento, no genera afectación a quien insta la acción sino que le favorece, en la medida en que, por un lado, vincula a aquél a la relación procesal a acatar una eventual determinación jurídica que le favorezca al actor y, por otro, garantiza que dicha resolución no será eficazmente impugnada, aun teniendo el carácter de cosa juzgada, por haberse omitido ser oído en juicio.
17. - Que el perjuicio que genera la decisión recaída a un medio de defensa no puede ser desvinculado de la naturaleza y alcance del acto sujeto a revisión, dado que en el caso, la pretensión del inconforme es que se declare su ineficacia judicial.
18. - El Tribunal Colegiado estimó innecesario verificar si contra el acto reclamado procede algún medio de defensa (agotar el principio de definitividad), dado que de cualquier manera, señaló dicho tribunal, el juicio de amparo sería improcedente conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.
19. - Que el Tribunal Colegiado examinó los alegatos de la parte quejosa, expresados con motivo da la vista que se le dio con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en cuyo contenido se establece una regla aplicable tanto al fallo en que se decrete el sobreseimiento en el juicio, como al proveído en que se desecha la demanda, en razón de que, sostuvo el Tribunal Colegiado, tomando en cuenta la finalidad de tal disposición y la forma en que debe llevarse a cabo la vista que ordena dar al demandante, no existe alguna diferencia sustancial entre una y otra determinación (desechamiento y sobreseimiento), que motive un trato distinto, pues en ambos casos, lo que se pretende es otorgar seguridad jurídica al quejoso y la oportunidad de ser oído en su defensa ante la posibilidad de que el órgano revisor ponga fin al juicio al considerar individualizada una causa de improcedencia novedosa que le es desconocida.
20. - Que a criterio del Tribunal Colegiado, el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, únicamente ordena que se dé vista al quejoso, y no al tercero interesado ni a la autoridad responsable, de modo que no es relevante que el juicio se encuentre en trámite y que las partes hayan comparecido.
21. II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 45/2013, en lo que importa, consideró lo siguiente:
"TERCERO.-No obstante haberse transcrito la resolución recurrida y los agravios formulados en su contra por la quejosa recurrente, éstos no se analizarán, toda vez que de oficio se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia diversa a la invocada por el Juez de Distrito.
"En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, pues tal tema es de orden público y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, por lo que el Tribunal Colegiado revisor, puede abordar su estudio sin necesidad de ocuparse de los agravios expresados por la recurrente.
"Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 28 y 29, Tomo X, noviembre de 1999 y la tesis LXV/99 de ese Alto Tribunal, publicada en las páginas 7 y 8, Tomo X, septiembre de 1999, ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos contenidos son los siguientes: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. (se transcribe).’; ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe)
"Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: (se transcribe).
"Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 103, fracción I, y 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, establecen lo siguiente. (se transcriben).
"Ahora bien, en relación con el tema inherente a la procedencia o no del juicio de amparo indirecto en contra de una omisión legislativa, de la búsqueda realizada en la Red Jurídica Nacional, en el apartado de Consulta Temática, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión número 588/2012, determinó en lo conducente, lo siguiente. (se transcribe)
"De lo anteriormente precisado, se concluye que, aun cuando por diverso motivo, en el presente caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, que lleva al desechamiento de la demanda de garantías de origen.
"Ello es así, puesto que, como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de una omisión legislativa, como ocurre en el asunto, es improcedente el juicio de amparo toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, las sentencias que se dicten en el juicio de garantías, únicamente se ocuparan de los quejosos que lo hubieran solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia, motivo por el cual las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, establecido en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General de la República.
"Ello es así, pues en caso de estimarse procedente un juicio de amparo promovido en contra de una omisión legislativa, como acontece en el asunto, de llegarse a conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, el efecto de dicha determinación sería el de obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, dando efectos generales a la ejecutoria, toda vez que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley, que es una prescripción de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que se apartaría del principio de relatividad previsto en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por lo que es inconcuso que en el juicio de amparo no es posible impugnar omisiones legislativas como al efecto lo pretende la quejosa, debido a que con ello se darían efectos generales a la sentencia de amparo que en su momento fuera emitida, lo cual contravendría lo establecido por el multireferido artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26027-1e8dec2c/improcedencia-del-juicio-de-amparo-indirecto-es-aplicable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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