AMPARO INDIRECTO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE PROVEER UNA PETICIÓN EN UN JUICIO CIVIL, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, ARTURO BAROCIO VILLALOBOS, JAIME JULIO LÓPEZ BELTRÁN Y LUIS NÚÑEZ SANDOVAL. PONENTE: JAIME JULIO LÓPEZ BELTRÁN. SECRETARIA: YOLANDA ROMERO PRECIADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) toda vez que se trata de una denuncia sobre posibles contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, competencia de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por la Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien sustentó uno de los criterios contendientes.
TERCERO.-Posturas Contendientes. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito citado, al resolver en sesión de trece de noviembre de dos mil quince, el recurso de queja 273/2015, sustentó, en lo conducente, las consideraciones siguientes:
"CUARTO.-Decisión. Son fundados los agravios hechos valer, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.(7)
"Sobre el tema cobra aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) que dispone:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"En suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la parte recurrente, este órgano colegiado concluye que fue incorrecta la decisión adoptada por el Juez Federal al desechar la demanda, toda vez que no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que invocó, se explica:
"En el caso, el acto reclamado es la omisión del Juez responsable de proveer el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, contra el acuerdo de veintiuno del propio mes, en el que se le desechó la demanda que presentó en la vía ejecutiva mercantil.
"El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo bajo el argumento de que el juicio de amparo indirecto era improcedente, porque la omisión combatida sólo afecta derechos procesales de la parte quejosa, pero no sustantivos, de ahí que se actualizara la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo.
"Lo anterior, en atención a que cuando el particular se duele exclusivamente de ese tipo de omisiones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional, se rige por los artículos 14 y 17 constitucionales y, por regla general, el amparo es improcedente, pues se trata de un reclamo que no deja sin defensa al quejoso, porque es una violación adjetiva que debe atenderse conforme a la ley ordinaria para obligar a las autoridades a pronunciarse al respecto.
"Apoyó tales consideraciones, entre otras, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.) y 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros: ‘AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).’ y ‘DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.’
"Para evidenciar lo inexacto del acuerdo recurrido, es pertinente traer a colación las consideraciones esgrimidas por la aludida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, que dio origen a dichas jurisprudencias. La ejecutoria, en lo que interesa, establece:
"‘QUINTO.-Estudio del punto en contradicción. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"‘Autonomía del reclamo de la violación al artículo 8o. constitucional, en procedimientos de carácter formal o material.
"‘En primer lugar, se abordará el planteamiento consistente en determinar si es posible reclamar de manera autónoma e independiente la violación al artículo 8o. constitucional, cuando el particular se encuentra dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional.
"‘La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibe una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado, por lo que es claro que se trata de disposiciones constitucionales que rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados, las cuales son aplicables en determinados contextos ...
"‘De esa forma, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes, por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas.
"‘Así, uno de los cuestionamientos que se resuelven en la presente contradicción, consiste en determinar, si es posible que el particular reclame de forma autónoma el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, cuando el particular está dentro de un procedimiento material y/o formalmente jurisdiccional.
"‘De manera preliminar, es factible concluir que no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación.
"‘En esas condiciones, como ya se precisó, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad.
"‘Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional, pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado.
"‘Por tanto, los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia).
"‘Lo anterior, habida cuenta que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Dicho de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones.
"‘En efecto, si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores, es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica ...
"‘Ahora bien, el hecho de que los artículos que rigen la situación del particular sean distintos y no puedan reclamarse por los accionantes, no justifica que la autoridad no esté vinculada a lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional, en cuanto a su obligación de hacer saber a los solicitantes o peticionarios, en un lapso corto, todos los trámites y acciones llevadas a cabo en relación con sus peticiones, pues, de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia, las autoridades deben resolver las situaciones de los particulares entendiendo los derechos como un todo; para lo cual, es necesario recordar el texto del párrafo tercero del artículo primero constitucional, el cual señala:
"‘«Artículo 1o. ... Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.»
"‘En dicho párrafo se incorporaron distintas hipótesis normativas respecto de la aplicación de los derechos humanos, la primera, referente a la vinculación de las autoridades en el cumplimiento de los derechos humanos, al imponerles cuatro obligaciones básicas que se traducen en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, las cuales deben cumplir en el ámbito de sus competencias. En la segunda hipótesis, se prevé la forma de aplicación de los derechos humanos, al establecer que debe realizarse a partir de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; asimismo, en la tercera, una obligación de control para las autoridades, ante el incumplimiento de los derechos humanos, las cuales consisten en investigar, prevenir, reparar y sancionar.
"‘En la especie, resulta conveniente referirnos a la segunda hipótesis, consistente en la observancia de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad para la aplicación de los derechos humanos, en específico, el segundo y tercero de los principios, en virtud de que cualquier autoridad que deba aplicar derechos debe tomar en cuenta su carácter integral.
"‘En efecto, de conformidad con lo que establece el artículo 1o. constitucional, en el ordenamiento jurídico mexicano, los derechos humanos conforman hipótesis jurídicas de la misma jerarquía que giran alrededor de un fin común: el bienestar de la persona; motivo por el cual, estos derechos están relacionados entre sí y no es factible invocar uno sobre otro, ni condicionar su eficacia, lo cual conlleva a una aplicación asimétrica de los derechos.
"‘Asimismo, estos principios que obligan a las autoridades a concebir los derechos como una unidad y aplicarlos de forma indivisible e interdependiente, se encuentran implícitamente contenidos en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como en los preámbulos tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de mil novecientos sesenta y seis, en los siguientes términos: ...
"‘En ese sentido, los principios consagrados en el artículo 1o. constitucional, obligan a todas las autoridades -en el ámbito de sus competencias- a aplicar los derechos de forma indivisible e interdependiente, para lo cual, deben concebir los derechos no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía, por lo que las autoridades deben hacer respetar los derechos, desde las diferentes categorías en las que se encuentren, de manera simultánea y teniendo en cuenta a la vez las interacciones y las diferencias de su naturaleza. Asimismo, las autoridades deben relacionar los derechos y concebir que dependen recíprocamente unos de otros, por lo que no es aceptable relegar algunos de ellos con la finalidad de conceder prioridad a otros.
"‘De esa forma, esta Primera Sala considera que la obligación principal que se deriva de la observancia de los principios de indivisibilidad e interdependencia, radica en analizar los derechos humanos como un todo, encaminados a un fin común. Dicha perspectiva se conjuga con las prohibiciones de no invocar un derecho sobre otro, así como de no condicionar la eficacia de uno bajo el pretexto de la protección del otro; sin que dicha actividad, como se ha precisado con anterioridad, implique desconocer que los derechos se encuentran construidos para la protección de ciertas circunstancias, por lo que no podría aceptarse una radical y absoluta equiparación de los derechos humanos que obligue a percibirlos de forma uniforme.
"‘En esas condiciones, los derechos consagrados en los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales, regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad.
"‘Así, de conformidad con los principios de indivisibilidad e interdependencia, la autoridad debe verificar el cumplimiento de los derechos y las correlativas obligaciones, en el contexto de lo que establecen los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales; por tanto, de una interpretación armónica se desprende la obligación de la autoridad jurisdiccional o administrativa de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento.
"‘Entonces, si bien resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de forma autónoma la transgresión reclamada en relación con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derecho de petición), cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento materialmente jurisdiccional, e incluso, cuando la autoridad sea parte en el procedimiento, puesto que las reglas que rigen ese tipo de procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, ello no impide que conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia, la autoridad esté obligada a analizar los derechos de forma armónica y como una unidad, para resolver de mejor forma el planteamiento que formula el particular.
"‘A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de lo previsto en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional.
"‘Esto es, a través de la legislación secundaria se realiza el desarrollo, inclusive ampliación, a favor de los habitantes del país, de los preceptos que consagran los derechos fundamentales, ejercicio que debe realizarse sin anular esos derechos, sino que, por el contrario, debe desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó.
"‘Por tanto, ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria.
"‘Así, la transgresión al artículo 8o. constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, ni legales, cuando el particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regulan la referida situación.
"‘Procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de dar respuesta a peticiones formuladas dentro de procedimientos formal o materialmente jurisdiccionales
"‘Ahora bien, una vez resuelto el primer planteamiento, a través del cual, se determinó que cuando un particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, en virtud de que debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables; lo procedente es determinar, si conforme a dicha premisa resulta procedente el amparo indirecto en contra de la omisión de dar respuesta a una petición formulada dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio.
"‘Así, es conveniente precisar que la presente contradicción se origina en asuntos que fueron resueltos conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, por lo que conviene destacar el texto del artículo 114, fracciones II, III y IV, de la abrogada Ley de Amparo, el cual dispone: ...
"‘En esas condiciones, cabe recordar que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto, consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso.
"‘Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.
"‘No pasa inadvertido para esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello, por sí solo, no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo ...’ (lo destacado es por parte de este órgano jurisdiccional)
"Tales consideraciones dieron origen a las citadas jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.)(9) y 1a./J. 8/2015 (10a.),(10) respectivamente, que son del tenor siguiente:
"‘DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento.’
"‘AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de imposible reparación; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.’ (lo resaltado es por parte de este tribunal)
"Del contenido de la ejecutoria y jurisprudencias recién copiadas, se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar improcedente la acción de amparo -cuando se reclama una violación al artículo 8o. constitucional dentro de un procedimiento jurisdiccional-, partió de la base de que existe una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de dar respuesta de las autoridades, por lo que ante tal circunstancia concluye que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, deberán regularse conforme lo establece la indicada norma secundaria, de ahí que debe atenderse a las reglas previstas en ésta para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.
"Este tribunal advierte que la justificación de que no pueda reclamarse de forma autónoma la transgresión al artículo 8o. constitucional, cuando el particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional, es que aquél debe agotar todos los mecanismos previstos en la norma ordinaria, a fin de obligar a la autoridad a otorgar la contestación a su petición, lo anterior en atención a que, de acuerdo con lo señalado en la propia ejecutoria, puede darse el caso de que aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no se resuelva de mejor forma lo planteado, por no apegarse a la legislación ordinaria.
"Sin embargo, de las consideraciones y jurisprudencias transcritas, también se extrae, que -por regla general-, no es factible se reclame de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional, lo que genera la obligación de analizar cada caso concreto, a fin de advertir si se actualiza, precisamente, la regla general, o bien, un supuesto de excepción.
"Lo anterior encuentra justificación en el hecho de que existe obligación de examinar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales, como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía.
"Así, los derechos contemplados en los indicados numerales deben concebirse de forma armónica, a fin de que cuando el particular eleve una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio, tenga a su alcance algún mecanismo efectivo que le permita obtener una respuesta a su petición.
"Luego, si no existiera una norma secundaria que desarrolle de mejor forma la obligación de dar respuesta de las autoridades, esto es, que permita una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de sus derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales, y la omisión relativa trae por consecuencia que se afecte materialmente algún derecho sustantivo, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional, sí sería procedente el juicio de amparo.
"Ello, en razón de que la omisión relativa no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que debe analizarse cuidadosamente si se traduce en simplemente en una infracción carácter de adjetivo, o bien en una de naturaleza sustantiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo,(11) sobre todo si se toma en consideración que la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad, por sí sola, no es suficiente para considerar procede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26326-659fd26a/amparo-indirecto-el-acto-reclamado-consistente-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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