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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL JUSTICIABLE RECLAMADA EN EL JUICIO RELATIVO, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU PARALIZACIÓN TOTAL, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018 Y SU ACUMULADA 7/2018. · Registro digital (IUS): 29263
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-01-31
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, Pág. 1159.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018 Y SU ACUMULADA 7/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 1 DE JULIO DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERMÁN MARTÍNEZ CISNEROS, JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES, ABEL AURELIANO NARVÁEZ SOLÍS Y ANTONIO LEGORRETA SEGUNDO. PONENTE: JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. SECRETARIO: CRISTIAN DARÍO NAVARRO MURGUÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como el diverso 52/2015, del citado Pleno, que reformó, adicionó y derogó algunas de sus disposiciones, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por el Magistrado José Guadalupe Hernández Torres, en su carácter de presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, así como del secretario encargado del despacho del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las ejecutorias contendientes.

I. La sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 8/2018, sostuvo en lo que interesa:

"Los agravios expuestos por el autorizado de la quejosa son en una parte infundados y por otra fundados y suficientes, suplidos en su deficiencia, para revocar el acuerdo que se impugna.

"Porque este órgano colegiado advierte, que la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone:

"‘... El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.’

"No se actualiza de manera manifiesta ni indudable como lo afirmó el Juez de Distrito.

"Primero, porque aun cuando efectivamente el artículo 339 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco prevé el recurso de queja contra:

"‘La inobservancia de las disposiciones de este código, referentes a términos o citaciones, que no deba ser materia de revocación, podrá ser reclamada ante el respectivo superior mediante el recurso de queja, que deberá ser interpuesto por escrito dentro de las veinticuatro horas, a partir de la notificación de la resolución inmediata siguiente a la omisión, o de la diligencia inmediata posterior a que haya sido citada la parte interesada.’

"Perdió de vista el juzgador, que los actos reclamados por la quejosa no encuadran en ninguna de las hipótesis que contempla el aludido numeral.

"Dado que de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que se le hubiere notificado la resolución que recayó a la omisión que reclama; en tanto que el segundo supuesto menos aún se actualiza, en razón de que no combate que fue citada para algún acto procesal.

"Seguidamente se tiene, que el Juez de amparo realizó una incorrecta fijación de los actos reclamados, por lo siguiente:

"El propio juzgador informa, que una vez que atendió al examen integral de la demanda, porque únicamente así se podía determinar con exactitud la verdadera intención de la promovente, armonizando a su vez los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto.

"Precisó que el acto reclamado consistía en la omisión de proveer la solicitud que la quejosa realizó mediante promoción de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dirigida a la causa 27/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.

"Sin embargo, además de que efectivamente reclama la omisión de no atender el escrito de referencia, también atribuye al mencionado Juez:

"A) La parálisis de la causa con tal de no ejecutar las órdenes de aprehensión, búsqueda y localización de los procesados, a pesar de haberle manifestado de la existencia de dichas órdenes, pero sin permitirle acceder al expediente; y,

"B) La imposibilidad que ha tenido para acceder al expediente para poder auxiliar en la búsqueda de datos que permitan la aprehensión de los procesados.

"Ahora bien, en el caso concreto, y así se desprende de la demanda de amparo, la naturaleza del acto reclamado es un derecho de petición, cuya omisión puede impugnarse en la vía constitucional.

"En ese tema, este tribunal no inadvierte la existencia de las siguientes jurisprudencias por contradicción de tesis:

"1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor:

"‘AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de «imposible reparación»; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.’

"2a./J. 48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como «irreparables» deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una «omisión» autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.’

"Pero, se itera, que en el caso particular, y atinente al primer criterio que en la parte conducente dice ‘debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.’

"Sin embargo, como ya se estableció, el recurso de queja no es idóneo ni procedente para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición de la quejosa, y la legislación procesal penal no contempla diverso medio ordinario de defensa por el cual la promovente del amparo pueda recurrir la omisión.

"Asimismo, en cuanto a la segunda de las jurisprudencias, si bien es verdad la Superioridad determinó, que ‘no se trata de una «omisión» autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.’

"Obteniéndose según información contenida en la demanda, que el estado procesal de la causa es una averiguación judicial, es decir, no existe aún un procedimiento dentro del cual se hubiere suscitado la transgresión al derecho de petición previsto por el artículo 8o. de la Carta Magna, dado que, al parecer se libró una orden de aprehensión en contra de diversas personas y no se ha cumplimentado.

"Por ello se advierte desacertada la decisión del Juez de amparo, pues, en primer lugar, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, que es la legislación que rige el acto reclamado, no contempla un medio ordinario de defensa que obligue al Juez responsable a atender la petición que la quejosa le elevó.

"Y en segundo término, según se advierte de la demanda, la causa a que hace referencia aún no tiene ese estado, sino el de averiguación judicial, pues la quejosa habla del dictado de órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado; de ahí que la omisión que se atribuye al Juez responsable no ocurrió en un procedimiento.

"Consecuentemente, al ser el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, que se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, cuando se promueve juicio de amparo contra ese órgano, por su omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, como en el caso particular sucede, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a su finalidad consistente, en que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa.

"De ahí que lo procedente sea revocar el acuerdo impugnado y ordenar al Juez provea sobre la admisión de la demanda, por la razón de que la causa de improcedencia invocada no se actualiza, y atento a que la quejosa no cuenta con una vía diversa para impugnar la omisión a su solicitud.

"Antes de finalizar es oportuno puntualizar, que no se pasa por alto como se dijo, que la quejosa también reclama:

"1. La parálisis de la causa con tal de no ejecutar las órdenes de aprehensión, búsqueda y localización de los procesados, a pesar de haberle manifestado de la existencia de dichas órdenes, pero sin permitirle acceder al expediente; y,

"2. La imposibilidad que ha tenido para acceder al expediente para poder auxiliar en la búsqueda de datos que permitan la aprehensión de los procesados.

"Actos de los que no efectuó pronunciamiento alguno el Juez de Distrito, y por los que igualmente deberá admitir la demanda de amparo.

"También es importante señalar que, aun cuando el autorizado en su escrito de agravios hace alusión a una carpeta de investigación, se aprecia que si la autoridad señalada como responsable es del anterior sistema de justicia penal, no se puede tratar de una carpeta de investigación.

"SEXTA.—Agravios.

"Únicamente se atenderán en esta consideración, aquellos agravios que refieren que el a quo invocó como apoyo a su determinación, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que son infundados.

"Porque del auto recurrido no se aprecia, que el Juez de amparo hubiere invocado alguno de esos numerales como apoyo a su determinación.

"Ya que los atinentes a que no debió ser desechada la demanda, mismos que se apreciaron fundados, se atendieron a la par que se expusieron los motivos para advertir incorrecta la determinación del Juez.

"SÉPTIMA.—Conclusión.

"En las narradas consideraciones, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estima que ante lo infundado y fundado de los agravios hechos valer, suplidos en su deficiencia, lo procedente es declarar fundado el recurso interpuesto y revocar el acuerdo impugnado.

"Consecuentemente, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo en vigor, deberá el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, bajo la premisa de que queda sin efectos el auto combatido en el juicio de amparo indirecto 2828/2017 de su índice, proveer sobre la admisión de la demanda en los términos que fueron precisados en esta ejecutoria, bajo el presupuesto, de que no es factible tener por actualizada la causal de improcedencia que señaló en el proveído recurrido.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 73/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, materia común, página 901, del tenor siguiente:

"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde.’

"Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, se:

"RESUELVE:

"PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa (ofendida) **********, por conducto de su autorizado, contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, que desechó la demanda de amparo, dictado por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en los autos del juicio de amparo indirecto número 2028/2017.

"SEGUNDO.—Se revoca el acuerdo mencionado.

"TERCERO.—Se ordena al Juez de Distrito provea sobre la admisión de la demanda de amparo, en relación a la totalidad de los actos reclamados, mismos que fueron precisados en este fallo ..."

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 25/2018, sostuvo en lo que interesa:

"SÉPTIMO.—Determinación que adopta este tribunal. Los agravios expresados por el recurrente son infundados; por ende, lo procedente será confirmar la determinación impugnada.

"En el caso que nos ocupa, el recurrente controvierte el proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 15/2018, de su índice, a través del cual desechó su demanda de garantías en atención a que el juzgador estimó actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, por no cumplir con el principio de definitividad, ya que contra el acto omisivo reclamado, procedía el recurso de queja previsto en el numeral 339 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco.

"Ahora bien, debe decirse que este Tribunal Colegiado estima correcto el actuar del a quo, pues cierto resulta el argumento sustentado respecto de que el quejoso cuenta con un recurso legal, como lo es el de queja, previsto por el artículo 339 de Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, a fin de impugnar el acto omisivo de que se duele.

"Medio de defensa ordinario que invariablemente debió agotar previo a la promoción de su demanda de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que, entre otros, rigen el juicio de amparo, puesto que el acto que reclama no está excepcionado de cumplirlo.

"A fin de evidenciar ello, resulta pertinente transcribir el contenido del aludido artículo 339 del Código de Procedimientos Penal del Estado de Jalisco, mismo que dice: "‘Artículo 339. La inobservancia de las disposiciones de este código, referentes a términos o citaciones, que no deba ser materia de revocación, podrá ser reclamada ante el respectivo Superior mediante el recurso de queja, que deberá ser interpuesto por escrito dentro de veinticuatro horas, a partir de la notificación de la resolución inmediata siguiente a la omisión, o de la diligencia inmediata posterior a que haya sido citada la parte interesada.’

"Entonces, de la lectura del citado precepto legal se desprende que el legislador local estableció el recurso de queja como un instrumento para combatir ciertos actos u omisiones, relativo a los términos y citaciones.

"De ahí que cuando no se emita el acuerdo respecto a una promoción que presente alguna de las partes, dentro de los términos que establece el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, tienen a su alcance el recurso de queja previsto en el diverso precepto 339, al ser el medio idóneo para combatir esas omisiones.

"Por tanto, si en el caso el quejoso reclamó la omisión de acordar la petición que por escrito presentó ante el Juez Décimo Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal número 312/2016-B, es inconcuso que contra esa omisión procedía el recurso de queja.

"Además, la procedencia de ese recurso no está sujeta a una interpretación adicional, pues el artículo 339 del código en cita, es claro al establecer que aquél procede contra la inobservancia de las disposiciones relativas a términos o citaciones previsto en el ordenamiento legal en comento.

"Sin que sea impedimento para concluir en la forma en que se hace, el hecho de que el recurrente, por medio de su escrito de agravios, señale que el hecho de que se le sujete a agotar el medio ordinario previsto en el artículo 339 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, le irroga perjuicio en virtud de que ello lo obliga a esperar a que recaiga un acuerdo de forma posterior a fin de poder estar en aptitud de impugnar la omisión de que se trata, siendo que en el caso no es de su interés que se confirme, revoque o modifique acuerdo alguno, sino que se provea respecto de la solicitud que planteó.

"Ello, pues como se dijo en líneas que anteceden, lo cierto es que a fin de combatir la omisión de que se duele, la ley procesal penal del Estado prevé un medio ordinario de defensa, tal como resulta ser el previsto en el citado artículo 339, por lo que surge la obligación para el gobernado de instar el mismo, previo a solicitar la protección constitucional; máxime que, como también ya se dijo, en el caso que nos ocupa no se advierte actualizada alguna causa de excepción al principio de definitividad.

"No está por demás mencionar que el auto impugnado no transgrede su derecho humano de acceso a la justicia; ello, pues la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley.

"De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone, específicamente, en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo, sin agotar los medios ordinarios de defensa.

"Así, cobra aplicación la tesis aislada I.3o.C.64 K (10a.), la cual se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:

"‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son de observancia general no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, con el objeto de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, ello no implica que la normativa en materia de derechos humanos sea incompatible con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que éste no puede considerarse como un recurso, sino como un verdadero juicio previsto en el artículo 107 de la Carta Magna, en el que se sientan las bases a las que se sujetará el procedimiento y el orden jurídico que lo regula a través de la Ley de Amparo, en cuyo artículo 61 establece diversas causas de improcedencia como presupuestos procesales que deben atenderse, pues lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persiguen el juicio de amparo, la Constitución y los propios tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, el citado artículo 61, en su fracción XVIII, señala como casos de excepción al principio de definitividad cuando: a) se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente por desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley. De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone específicamente en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa.’

"En las relatadas circunstancias, al haberse desestimado los agravios formulados por el recurrente, aun suplidos en su deficiencia, lo procedente es confirmar el auto recurrido en el que se desechó la demanda.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"PRIMERO.—Se declara infundado el presente recurso de queja.

"SEGUNDO.—Se confirma el proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictado por el secretario encargado del despacho del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 15/2018, de su índice, en que desechó de plano la demanda de amparo ..."

III. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 135/2018, sostuvo en lo que interesa:

"QUINTO.—Como cuestión previa debe decirse, que el análisis de los agravios que en el caso se expresan se hará supliendo la deficiencia de la queja, en términos de lo preceptuado por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que en su demanda de amparo el impugnante se ostenta como inculpado en la comisión de un delito.

"Sirve de sustento, además, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.’

"De igual manera, de los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo por el hoy recurrente, bajo protesta de decir verdad, interesa tener presentes los que enseguida se indican:

"1. Que en fechas recientes ********** tuvo que realizar un trámite de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29263-b23c1501/amparo-indirecto-la-omision-del-juez-penal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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