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Modo: Corpus Pro

QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO Y DESECHAR LA DEMANDA POR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EN EL RECURSO RELATIVO ES INAPLICABLE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: QUEJA 45/2013. · Registro digital (IUS): 25391
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-12-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 777.

QUEJA 45/2013. 26 DE JUNIO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIA: MARÍA DE LOURDES DE LA CRUZ MENDOZA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Previo al pronunciamiento respectivo, conviene indicar que el presente asunto se rige por lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de garantías fue presentada el veintiséis de abril de dos mil trece (foja 16), es decir, con posterioridad al dos de abril de dicho año, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en términos de sus artículos primero y segundo transitorios, entró en vigor al día siguiente de dicha publicación, esto es, el tres de los mencionados mes y año.

No obstante haberse transcrito la resolución recurrida y los agravios formulados en su contra por la quejosa recurrente, éstos no se analizarán, toda vez que de oficio se advierte que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia diversa a la invocada por el Juez de Distrito.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, pues tal tema es de orden público y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, por lo que el Tribunal Colegiado revisor puede abordar su estudio sin necesidad de ocuparse de los agravios expresados por la recurrente.

Tienen aplicación al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia P./J. 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 28 y 29, Tomo X, noviembre de 1999, y la tesis P. LXV/99 de ese Alto Tribunal, publicada en las páginas 7 y 8, Tomo X, septiembre de 1999, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos contenidos son los siguientes:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó, o incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el Tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por motivo diverso, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior sólo estudió alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el Tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."

Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."; este cuerpo colegiado advierte que en el asunto se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia diversa a la invocada por el Juez de Distrito, como es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la nueva Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 103, fracción I, y 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, establecen lo siguiente:

"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda."

Por otro lado, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, dispone lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."

Ahora bien, en relación con el tema inherente a la procedencia o no del juicio de amparo indirecto en contra de una omisión legislativa, de la búsqueda realizada en la Red Jurídica Nacional, en el apartado de Consulta Temática, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 588/2012, determinó, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO. Es innecesario el estudio de los agravios que hace valer la recurrente, toda vez que, en el caso, se actualizan diversas causas de improcedencia para desechar la demanda de amparo, distintas a la que estimó actualizada el Juez de Distrito. El análisis de las causas de improcedencia en esta instancia se justifica con base en la jurisprudencia 2a./J. 153/2008, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO.’. ... Por otra parte, respecto de la omisión legislativa de establecer un procedimiento para el otorgamiento de licencias a los presidentes municipales en el Estado de Nuevo León, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. (El citado precepto establece: ‘73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’). Esta disposición ha sido interpretada por este Alto Tribunal en el sentido de que la improcedencia puede surgir no sólo de una disposición de la ley, sino también de alguna disposición de la Constitución, ya que ésta fija las bases para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. (En relación con esta afirmación, es aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: ‘IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (la transcribe). Registro digital: 193829. Tesis 2a. LXXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, página 373). Ahora bien, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. (El precepto constitucional, en lo conducente, establece: ‘107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.’). De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. En efecto, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala advierte que de estimar procedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, en caso de conceder la protección constitucional al quejoso, el efecto de esa decisión sería el de obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, dando efectos generales a la ejecutoria, toda vez que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley, que es una prescripción de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que se apartaría del principio de relatividad que tutela el texto constitucional vigente. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.’ (El texto de la tesis dice lo siguiente: ‘Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso (sic) resultaría apartado del principio de relatividad enunciado.’ Tesis P. CLXVIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, página 180. Registro digital: 197222). Luego, debe concluirse que en el juicio de amparo no es posible impugnar omisiones legislativas, debido a que con ello se darían efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, de la Constitución General, en los párrafos segundo y tercero (Los citados párrafos disponen lo siguiente: ‘Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.’), establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal; además de que se refiere a leyes emitidas por el Congreso de la Unión y no a omisiones legislativas. En efecto, de conformidad con los párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, así como cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe informarlo a la autoridad emisora correspondiente. Posteriormente, si transcurrido el plazo de noventa días naturales no se supera el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos. En ese sentido, debe concluirse que la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley con efectos generales solamente deriva de un procedimiento específico, en el que después de que se comunica a la autoridad legislativa sobre la existencia de precedentes de este Alto Tribunal o de jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma y aquélla no la deja sin efectos en un plazo de noventa días naturales, este Alto Tribunal debe emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, siempre que fuere aprobada por una mayoría de ocho Ministros. Así, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales solamente debe emitirse una vez que se han actualizado las hipótesis mencionadas, sin que sea posible adoptar una decisión de esa naturaleza en un caso concreto, es decir, en una sentencia dictada en un juicio de amparo, pues como se ha visto, éstas no pueden tener efectos generales. Máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas, tan es así que la comunicación que debe emitir este Alto Tribunal sobre la existencia de precedentes o de jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una norma, debe hacerse a la autoridad emisora para que la deje sin efectos, sin que la Constitución establezca la posibilidad de obligar a las autoridades legislativas a emitir una norma de carácter general. Por otra parte, tampoco pasa inadvertido para esta Segunda Sala lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. (‘103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;’).-Sin embargo, la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que de estimar procedente el juicio constitucional contra omisiones legislativas, se inobservaría dicho precepto, dado que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general.-Esa interpretación guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV y VII, de la Constitución, ya que si bien contempla la posibilidad de impugnar omisiones en el juicio de amparo, únicamente se refiere a las omisiones que deriven de un juicio o de una autoridad administrativa, sin contemplar la posibilidad de impugnar omisiones legislativas. (‘107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;’). Además, debe destacarse que en el proceso legislativo que dio origen a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diez, efímeramente se habló de la posibilidad de reclamar en el juicio de amparo omisiones de la autoridad administrativa; (En cuanto al tema de las omisiones, en la iniciativa que presentaron los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se estableció lo siguiente: ‘... Por otro lado, se propone establecer en el artículo 103 constitucional la atribución a los tribunales de la Federación para resolver en amparo toda controversia que se suscite no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que ésta incurra, las que, dada la naturaleza de los derechos sociales, son su principal medio de violación. Asimismo, se precisa que la protección de los derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social ...’.-Por otra parte, en el dictamen a la iniciativa que formularon las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, se destacó la necesidad de precisar en el texto constitucional cuál era la materia objeto de control en el juicio de amparo y al respecto se precisó que ésta consistía en: ‘... normas generales, actos de autoridad y omisiones de estas mismas cuando violen las garantías y derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna ...’.-Durante la discusión en la Cámara de Senadores, que tuvo lugar el diez de diciembre de dos mil nueve, el Senador José Alejandro Zapata Perogordo manifestó: ‘... Ya se establecen también los actos para refrendar efectivamente que no haya abusos de autoridad, pero una transformación y adición fundamental son las omisiones que puedan hacer las propias autoridades en relación a que una omisión también puede vulnerar derechos humanos o garantías individuales ...’.-En el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, únicamente se aludió a la incorporación de las omisiones por parte de la autoridad aduciendo que éstas son el principal medio de violación de los derechos sociales.-Por otra parte, en la discusión de la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo el siete de diciembre de dos mil diez, el Diputado Juventino V. Castro y Castro manifestó: ‘... También es importante subrayar -y lo hago en este momento- que no sólo procede el amparo contra actos de la autoridad, sino también con omisiones de la autoridad. En cierto sentido ésta es una novedad muy relativa, porque realmente cuando un amparo se resuelve y se dice; la autoridad no cumplió con la Constitución y por ello se concede el amparo, realmente está aceptando que hay omisiones que son sancionables por medio del amparo ...’.-En la discusión del dictamen que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores el diez de diciembre de dos mil diez, el Senador Santiago Creel Miranda dijo lo siguiente: ‘... Esta reforma, además, propone otros cambios que también son igualmente importantes.-El amparo va a proceder no solamente para actos de normas generales, sino también ahora lo podrá hacer para omisiones por parte de la autoridad. Y esto es algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad no es que ejerza un acto positivo, sino que simplemente no lo hace. Y en este sentido procura una omisión para negarle el derecho a un ciudadano. En consecuencia, esta reforma, ampliando el recurso de amparo para la materia de omisiones por parte de la autoridad, amplía, en consecuencia, los derechos para los ciudadanos ...’); en cambio, no se contempló la posibilidad de reclamar omisiones legislativas (Durante la discusión en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar el siete de diciembre de dos mil diez, se habló de que la citada reforma no contemplaba la posibilidad de reclamar en el juicio de amparo omisiones legislativas. El Diputado Jaime Fernando Cárdenas García sostuvo lo siguiente: ‘... Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el Congreso incurre en inconstitucionalidad por omisión? Cuando el propio Congreso establece o el Poder Constituyente Permanente que debemos legislar y no legislamos. ¿Qué mecanismo constitucional de defensa a la Constitución existe para exigir que el Congreso legisle? Pues ninguno.-Y esta reforma debiendo hacerse cargo de esos importantes asuntos no se hace cargo ...’); lo que refuerza la conclusión de que el juicio constitucional es improcedente en estos casos.-Por tal motivo, debe concluirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el juicio de amparo es improcedente contra una omisión legislativa, ya que ello implicaría dar efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención a lo dispuesto por la citada disposición constitucional."

De lo anteriormente precisado se concluye que, aun cuando por diverso motivo, en el presente caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, que lleva al desechamiento de la demanda de garantías de origen.

Ello es así, puesto que, como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de una omisión legislativa, como ocurre en el asunto, es improcedente el juicio de amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, las sentencias que se dicten en el juicio de garantías únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia, motivo por el cual las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, establecido en el aludido artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General de la República.

Ello es así, pues en caso de estimarse procedente un juicio de amparo promovido en contra de una omisión legislativa, como acontece en el asunto, de llegarse a conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, el efecto de dicha determinación sería el de obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, dando efectos generales a la ejecutoria, toda vez que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley, que es una prescripción de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que se apartaría del prin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25391-b66d9f82/queja-contra-el-auto-desechatorio-de-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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