AUTORIZADO EN TÉRMINOS DE LA PRIMERA PARTE DEL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ RUIZ DE MOSQUEDA, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI. DISIDENTES: VÍCTOR MANUEL ISLAS DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, GUSTAVO RAFAEL PARRAO RODRÍGUEZ Y ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. PONENTE: LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ. SECRETARIAS: ABRIL HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, FRANCISCA CORTÉS SALAZAR, MARÍA DEL CONSUELO VIVEROS ROMERO Y XÓCHILT MIRANDA JUÁREZ.
México, Distrito Federal, acuerdo del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil trece.
VISTOS; para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito de dos de abril de dos mil trece, dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Gustavo R. Parrao Rodríguez, presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el citado órgano colegiado en el juicio de amparo directo DC. **********, y el emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de reclamación RR. **********, derivado del juicio de amparo directo DC. **********.
SEGUNDO. Trámite del asunto. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la denuncia de posible contradicción de tesis, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes, copia certificada de las ejecutorias emitidas en los asuntos de sus índices. Asimismo, ordenó enviar los autos a la Primera Sala, para que por su conducto se turnaran a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
En proveído de veintitrés de abril de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que al estar debidamente integrado el asunto y ser de la competencia de dicha Sala el conocimiento de la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, debía enviarse el expediente al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
TERCERO. Envío al Pleno de Circuito correspondiente. Mediante oficio número VIII-688-P, de primero de julio de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención al dictamen emitido por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para conocer de la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, y que el órgano competente para conocer de ella es el Pleno de ese mismo circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en consecuencia, ordenó su remisión al Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
Mediante proveído de once de julio de dos mil trece, el presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito turnó el expediente virtual a la Magistrada Luz Delfina Abitia Gutiérrez, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para la formulación de la resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
I. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 896/2012, sostuvo, esencialmente, que en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el autorizado carece de legitimación para promover el juicio de amparo directo.
Los antecedentes que tomó en cuenta para resolver de esa manera fueron los siguientes:
1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil diez ante la Oficialía de Partes Común en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ********** y **********, todos de apellidos **********, por derecho propio, y la ********** por conducto de su albacea **********, hicieron valer en la vía ordinaria civil, la acción de petición de herencia respecto de la ********** ********** a través de su albacea ********** y, en consecuencia, demandaron las prestaciones siguientes:
"a) El reconocimiento de los promoventes en nuestra calidad de herederos en la sucesión de nuestra señora madre la señora **********, la cual se encuentra radicada ante (sic) Trigésimo Séptimo Familiar de este (sic) Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el número de expediente **********, secretaría ‘B’, bajo el rubro **********, juicio sucesorio intestamentario. b) Como consecuencia de lo anterior, la entrega y pago de la porción hereditaria que nos corresponde en la forma y términos prescritos por la ley. c) La rendición de cuentas, en su caso, por el albacea de la sucesión demandada, en relación a los frutos de las porciones hereditarias que nos corresponde. d) El pago de los gastos y las costas que se originen en la instancia, en caso de oposición."
La parte actora fundó su demanda en los hechos y consideraciones que estimó pertinentes y que no es necesario transcribir.
2. Del asunto conoció el Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, quien por auto de quince de abril de dos mil diez, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada para que en el término de quince días produjera su contestación.
3. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil diez, la **********, por conducto de su albacea **********, contestó la demanda como a sus intereses convino y opuso como excepciones y defensas que estimó pertinentes.
4. Seguido el juicio por sus distintas etapas, el veinticuatro de agosto de dos mil once, el Juez de origen dictó sentencia de primera instancia, que fue confirmada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil doce.
5. La **********, por conducto de su albacea **********, promovió juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil doce, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien por ejecutoria de dieciséis de mayo de dos mil doce, dictada en el expediente DC. **********, concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
6. En cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, la Sala responsable dictó nueva sentencia el veintiséis de octubre de dos mil doce.
7. En contra de la citada sentencia, la **********, por conducto de su mandatario **********, promovió juicio de amparo directo, el cual fue turnado al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo admitió a trámite por auto de presidencia de catorce de diciembre de dos mil doce y lo registró con el número de expediente DC. **********.
Mediante ejecutoria de veintidós de marzo de dos mil trece, por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del citado órgano jurisdiccional, se sobreseyó en el juicio de amparo, en términos de las siguientes consideraciones:
"CUARTO. En el caso es innecesario transcribir tanto las consideraciones de la sentencia definitiva reclamada, como los conceptos de violación propuestos, dado que no se entrará al estudio de los mismos, habida cuenta que, en la especie, el presente juicio de garantías resulta improcedente, por no haberse observado el principio estructural y fundamental de instancia de parte agraviada, lo cual, advertido por este Tribunal Colegiado de Circuito en Pleno, obliga a reparar la violación al referido principio constitucional, a fin de sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del diverso artículo 73 de la ley de la materia, siendo que la improcedencia del juicio de garantías es de estudio oficioso y preferente, en términos del precepto invocado en último lugar, en cualquier etapa del procedimiento, lo aleguen o no las partes.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXII, materia común, visible en la página 201, del tenor siguiente: (se transcribe).
"En efecto, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías antes invocada, por lo siguiente:
"El artículo 73 de la Ley de Amparo y su fracción XVIII, textualmente prescriben:
"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’
"En tanto que los actuales artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo expresamente establecen:
"‘Artículo 107. ... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.’
"‘Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.’
"El precepto constitucional aludido establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Amparo, antes transcrito, prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal.
"Lo anterior significa que sólo la parte quejosa directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, puesto que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, como es el caso de un autorizado para oír notificaciones en el juicio de origen, cuya participación se limita a la defensa de su autorizante, exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.
"Ahora bien, en el presente caso, la **********, por conducto de su mandatario **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, quien fue autorizado en el recurso de apelación (foja 487 del cuaderno natural), en términos de lo dispuesto en el artículo 112, párrafos cuarto y quinto, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo que fue acordado de conformidad por el Juez de primer grado en auto de trece de octubre de dos mil once (foja 506 del expediente de primera instancia); y dicho precepto legal, preceptúa lo siguiente:
"‘Artículo 112. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deberán designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas generales, deban hacerse personalmente, se le harán por el Boletín Judicial; si faltare la segunda parte, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva hasta que se subsane la omisión. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de la parte que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo, en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir su cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el último párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales y cartas de pasante, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El Juez, al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo, deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.’
"Conforme a la disposición legal transcrita, se prevé la posibilidad de que las partes en un juicio de índole civil tramitado en la jurisdicción ordinaria autoricen a una o varias personas con capacidad legal, para oír notificaciones en su nombre, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de la parte que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones; sin embargo, de esa disposición en modo alguno deriva que el autorizado para oír notificaciones en el juicio tramitado en la jurisdicción ordinaria tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante, dado que la legitimación procesal para actuar en el juicio de origen no puede trascender a juicio diverso como lo es este juicio de amparo directo, medio extraordinario de defensa totalmente independiente a la jurisdicción ordinaria, pues es más que sabido que el juicio constitucional no es una tercera instancia, sino un proceso completamente distinto donde se juzga un acto de autoridad.
"Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, precepto que a la letra dice:
"‘Artículo 13. Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.’
"Asimismo, la superioridad también sostuvo el diverso criterio, consistente en que de la referida disposición transcrita no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, dado que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.
"Ambos criterios se desprenden de la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), sustentada por la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable a la materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1176, del siguiente rubro y texto:
"‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.’
"Cabe agregar que, si bien la indicada jurisprudencia alude al autorizado en el procedimiento contencioso administrativo, también es aplicable de manera analógica en la materia civil, en la medida en que dicha tesis de jurisprudencia interpreta, no la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sino el diverso artículo 13 de la Ley de Amparo, a fin de desentrañar si el autorizado para oír notificaciones está o no facultado para promover el juicio de garantías, de manera que si tanto en la primera de las leyes citadas se regula lo atinente al autorizado para oír notificaciones (artículo 5o., párrafo último), lo que también se prevé en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ello permite la aplicación de ese criterio a la materia civil, pues se trata de una jurisprudencia temática, es decir, que aplica en cualquier materia en tratándose de amparo, de modo que aun cuando no se advierta de su texto información relacionada con la materia civil, debe aplicarse de manera obligatoria en términos del artículo 192 de la ley de la materia.
"Lo anterior, porque para la emisión de la jurisprudencia invocada se realizó un análisis del artículo 4o. de la Ley de Amparo, así como del contenido de los preceptos 13 de la ley en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales llevaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a determinar que la acción de amparo no puede ser ejercida por personas distintas a los quejosos o a quienes legalmente los representen, tal como se desprende de su ejecutoria, la cual, en la parte que interesa, se transcribe a continuación:(1)
"‘QUINTO. Para resolver sobre la procedencia de lo solicitado, esta Segunda Sala estima necesario realizar las siguientes precisiones: ... El Pleno de este Alto Tribunal, al resolver en sesión del dieciocho de marzo de dos mil diez, la contradicción de tesis **********, cuyo punto de contradicción versó sobre las facultades del autorizado en el procedimiento contencioso administrativo, conforme al último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resolvió, por unanimidad de diez votos, que los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial, como son la presentación de la demanda y sus correspondientes aclaraciones y ampliaciones si las hubiera, son exigibles al actor, quien es el titular del derecho de acción, o a su representante legal, porque en ellos está en juego la debida formulación de una pretensión, la que hace exigible que sea el interesado actor o su representante legal el que los suscriba. Estos razonamientos se contienen en la tesis de jurisprudencia P./J. 65/2010, que dice: «AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2010. CASOS EN LOS QUE ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES. El citado precepto señala que los particulares podrán autorizar a un licenciado en derecho para que a su nombre, entre otras cosas, haga promociones de trámite, y dentro de este concepto se encuentra la formulación y presentación del escrito por virtud del cual se desahoga el requerimiento de exhibir los documentos que debieron acompañarse a la demanda en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, sólo el inicio de la acción, marcado por la presentación del escrito de demanda, es exigible directamente al actor (y en su defecto, a su representante legal), pero las irregularidades en su presentación, al ser de índole formal, podrá subsanarlas el autorizado en términos amplios, a quien se conceden facultades tendentes a facilitar los derechos de defensa de quien lo autoriza. Por ello, en el caso de los requisitos previstos en las fracciones I a V del artículo 15 citado, no debe exigirse al autorizado que acredite su condición de licenciado en derecho, habida cuenta que se está en presencia de actos que si bien suponen la satisfacción de un trámite procesal, se traducen únicamente en la entrega material de documentos; en cambio, en el caso de los requisitos previstos en el artículo 15, fracciones VI a IX, el autorizado en términos amplios puede cumplir la prevención respectiva, siempre y cuando en el auto de requerimiento se le reconozca su carácter de licenciado en derecho, ya sea expresa o tácitamente.» (Novena Época. Núm. Registro IUS: 164163. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia: administrativa, tesis P./J. 65/2010, página 6). Ahora bien, el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, en su párrafo último, lo siguiente: «Artículo 5o. ... Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a un licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.». En este numeral se prevé la posibilidad de que el actor en el juicio contencioso administrativo o su representante legal autorice a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, rinda pruebas, presente alegatos e, incluso, interponga recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala: «Artículo 13. Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.». Del contenido de este precepto legal se observa que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, pero no deriva de este numeral que el autorizado para oír notificaciones en el juicio contencioso administrativo tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante. Al respecto, cabe traer a colación el contenido de los actuales artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, que dicen: «Artículo 107. ... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.». «Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.». El precepto constitucional aludido establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24797-d6f0f7ba/autorizado-en-terminos-de-la-primera-parte-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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