CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EL RECLAMO DE UN TERCERO AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE AQUÉL DE EMITIR LOS ACUERDOS GENERALES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO QUE ACTUALICE, EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE MANERA NOTORIA Y MANIFIESTA, LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 12 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, GUILLERMO ESPARZA ALFARO Y FERNANDO LÓPEZ TOVAR. DISIDENTE: HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. PONENTE: FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO. SECRETARIO: GABRIEL SANTANA RÍO FRÍO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Primer Circuito, es competente para conocer y resolver esta contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) pues fue formulada por **********, defensor público federal de los diversos quejosos **********, **********, **********, ********** y **********, quienes fueron los recurrentes en los diversos recursos de queja números 210/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, 77/2017, 83/2017, 104/2017 y 105/2017, tramitados y resueltos por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; criterios que participan en la presente contradicción.
En efecto, de acuerdo con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 226 del mismo ordenamiento legal,(2) cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito, corresponde su conocimiento y resolución al Pleno de este Décimo Primer Circuito, contradicción que puede plantearse por:
a) El procurador general de la República.
b) Los Tribunales Colegiados de Circuito o los Magistrados que los integren.
c) Los Jueces de Distrito.
d) Las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino del defensor de oficio de los quejosos en los asuntos que estima contradictorios. Al respecto, el artículo 6o., segundo párrafo, de la Ley de Amparo,(3) dispone que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, los quejosos podrán promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos previstos en esa ley. Lo anterior quiere decir que si el defensor tiene facultades para promover el juicio de amparo y defender los intereses del quejoso, entonces, es parte en el juicio de amparo, por lo que tiene legitimación para denunciar la probable divergencia de criterios, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando ésta se integre con aquellos asuntos en los cuales haya defendido al quejoso.
Por identidad de razones, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título, subtítulo y texto los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL DEFENSOR DEL PROCESADO TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA CUANDO LA DIVERGENCIA DE CRITERIOS SE INTEGRE CON ASUNTOS EN LOS CUALES HAYA DEFENDIDO AL QUEJOSO. Conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, este último en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito, la denuncia correspondiente puede plantearse ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, por las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se sustentaron. Ahora bien, el artículo 6o., párrafo segundo, de la ley citada, prevé que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso podrá promover el juicio de amparo por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos previstos en esa ley, lo que implica que si el defensor tiene facultades para promoverlo y defender sus intereses, entonces es parte en dicho juicio; de ahí que el defensor del procesado tiene legitimación para denunciar la probable divergencia de criterios, cuando ésta se integre con aquellos asuntos en los cuales haya defendido al quejoso."(4)
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien conoció del recurso de queja 210/2017, del cual se advierten los siguientes antecedentes:
a) Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ********** por conducto de su defensor público ********** formuló demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que enseguida se especifican:
"III. Autoridades responsables:
"1. C. Juez Quinto de Distrito en Michoacán, con residencia en esta ciudad.
"2. Director general del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 ‘CPS-MICHOACÁN’, como ejecutora.
"3. Consejo de la Judicatura Federal.
"4. Congreso de la Unión de los estados Unidos Mexicanos.
"IV. Norma general, acto u omisión reclamada de cada autoridad:
"Reclamo del titular Juez Quinto de Distrito en Michoacán, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de fecha cinco de octubre del presente año, dictado en el cuaderno de controversia sin antecedentes (atención médica) **********, cuaderno de varios de dicho juzgado, en el que en esencia acordó no ha lugar a admitir a trámite sobre la controversia planteada por el suscrito, en favor del aquí quejoso; ordenando dejar sin efectos la suspensión decretada por el mismo juzgador en auto de veintiocho de septiembre del año en curso el cual consistía en hacer cesar la falta de atención médica en favor de mi representado, lo cual, interpretado a contrario sensu, establece la orden al director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 ‘CPS-Michoacán’, de dejar de brindar atención médica al hoy quejoso. Acto que atenta contra la salud del quejoso y pone en peligro su vida, pena prohibida por el artículo 22 constitucional.
"Reclamo del director general del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 ‘CPS-MICHOACÁN’, la ejecución del auto de fecha cinco de octubre del presente año, en el cual se ordena dejar sin efectos la suspensión previamente concedida.
"Reclamo del Consejo de la Judicatura Federal, la omisión de emitir los acuerdos generales respectivos a los lineamientos necesarios, para la correcta aplicación del nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como no cumplir con el mandato legal previsto en el último párrafo del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
"Reclamo del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, la omisión de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en especial los artículos conducentes al capítulo II ‘De las atribuciones’, a fin de delimitar o dejar claramente establecido qué juzgados realizarán la función jurisdiccional en materia de ejecución penal; lo anterior de conformidad con el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal."
b) De dicha demanda tocó conocer al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, formó el expediente ********** y, consideró que en contra del acto reclamado al Consejo de la Judicatura Federal, se actualizaba la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, desechó la demanda de amparo respecto de la mencionada autoridad.
c) Inconforme con tal determinación, el quejoso **********, a través de su defensor público **********, interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien mediante proveído de quince de noviembre de dos mil diecisiete, admitió a trámite dicho recurso, el cual registró con el número de queja 210/2017, y fue resuelto en sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el sentido de declararlo infundado. Las consideraciones que contienden de dicha determinación, son las siguientes:
"SEXTO.—Síntesis y estudio de los agravios
"Por cuestión de orden, se analizará en primer término el motivo de disenso marcado como segundo, en el que el recurrente adujo que la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en la que se fundó el Juez de Distrito para desechar parcialmente la demanda respecto del acto que reclamó al Consejo de la Judicatura Federal, consistente en la omisión de emitir acuerdos y lineamientos que reglamentarán los artículos 18, 19 y 20, constitucionales, toda vez que el precepto legal que sirvió de base para la resolución impugnada, contravenía los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales consagran el principio de progresividad y de acceso a la justicia.
"El argumento anterior resulta infundado, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1312/2014, estimó que el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo era constitucional, y ello originó la tesis número P. XIII/2015 (10a.), de título, subtítulo y texto:
"‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NUMERAL 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)].’. (se transcribe)
"En dicha ejecutoria se determinó lo siguiente:
"(se transcribe)
"Así las cosas, si el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, ya fue determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que era constitucional, es inconcuso que el motivo de disenso resulta infundado.
"Por otra parte, en el primero de los motivos de agravio, el recurrente alegó, en esencia, que no compartía la opinión del Juez Federal, relativo a la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto que reclamó del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la omisión de emitir acuerdos generales y lineamientos necesarios para la correcta aplicación del nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, dado que se encuentra en caso de excepción diverso al consagrado en el artículo 100 del mencionado cuerpo de leyes y previsto por la tesis de jurisprudencia P. XIII/2015 (10a.), de título y subtítulo: ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NÚMERO 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ABONADO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)].’
"El argumento anterior resulta infundado por lo siguiente:
"Es importante destacar que la tesis de jurisprudencia a la que hace alusión el inconforme, como se vio en líneas precedentes, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, y que por excepción procede cuando se impugnen actos relativos a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, ello conforme lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En el caso, del escrito de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclamó de las autoridades responsables, en lo que aquí interesa:
"Reclamo del Consejo de la Judicatura Federal, la omisión de emitir los acuerdos generales respectivos a los lineamientos necesarios, para la correcta aplicación del nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como no cumplir con el mandato legal previsto en el último párrafo del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
"En esa tesitura, fue correcta la decisión del Juez de Distrito en la que determinó que contra el citado acto que se reclamó del Consejo de la Judicatura Federal era improcedente el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, al no encuadrar en los supuestos normativos a los que se contrae el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, en atención a que el acto que impugnó el quejoso versa sobre actos omisivos del citado Consejo de la Judicatura, por lo que no encuadra en los supuestos de excepción, esto es, cuando se impugnen actos relativos a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces.
"Aún más, de los artículos 94, 97, 100 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plasmados en la ejecutoria transcrita en líneas precedentes, se advierte que se encuentran establecidas las facultades del Consejo de la Judicatura Federal y de los que en esencia son:
"a) Llevar a cabo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que, conforme a las bases constitucionales, establezcan las leyes; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
"b) Designar, adscribir, ratificar y remover a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
"c) Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones.
"d) Dictar sus resoluciones de manera definitiva e inatacable.
"e) Resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores.
"De lo anterior se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene la obligación de emitir los acuerdos y lineamientos referidos por el recurrente, de esta manera al no encontrarse dichos actos dentro de su esfera competencial, resulta lógico que la omisión de actuar de la manera en que éste señala, no es atribuible al Consejo de la Judicatura Federal y, por ende, violatoria a sus derechos humanos, pues las autoridades sólo pueden realizar los actos establecidos en el marco normativo, actuando a partir de hechos reales y datos objetivos, esto es, no pueden extralimitarse en sus funciones, de ahí lo infundado de sus agravios.
"En las relatadas consideraciones, al no prosperar los motivos de agravio y al no existir motivo de queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es declarar infundado el presente recurso."
II. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, quien conoció del recurso de queja 77/2017, y del cual se advierten los siguientes antecedentes:
i) Por ocurso presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, **********, por conducto del defensor público federal **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes:
"III. Autoridad responsable:
"Juez Octavo de Distrito en Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con domicilio conocido en esta ciudad.
"Consejo de la Judicatura Federal, con domicilio conocido en la Ciudad de México.
"Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México.
"IV. Norma general, acto u omisión reclamada de cada autoridad.
"Reclamo del titular del (sic) Juez Octavo de Distrito en Michoacán, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre del presente año, dictado en el cuaderno de varios de dicho Juzgado. En el que en esencia es omiso en dar trámite legal a mi libelo de data veintisiete del mes próximo pasado, asimismo que dicho acuerdo se desprende que de manera arbitraria, ilegal, inconvencional y por más inconstitucional (sic) es omiso en decretar la suspensión solicitada y, por ende, ordenar al director del Cefereso Número 17 ‘CPS-MICHOACÁN’, se brinde atención médica urgente al aquí quejoso. Acto que atenta contra la salud del quejoso y pone en peligro su vida, pena prohibida por el artículo 22 constitucional.—Reclamo del Consejo de la Judicatura Federal, la omisión de emitir los acuerdos generales respectivos o los lineamientos necesarios, para la correcta aplicación del nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—Reclamo del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, la omisión de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en especial los artículos conducentes al capítulo II, ‘De las atribuciones’, a fin de delimitar o dejar claramente establecido, qué Juzgados realizarán la función jurisdiccional en materia de ejecución penal."(5)
ii) De dicha demanda tocó conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, formó el expediente **********, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechó parcialmente ese libelo constitucional, respecto de los actos reclamados al Consejo de la Judicatura Federal y del Congreso de la Unión, por ser notoriamente improcedente, así, únicamente la admitió por el diverso reclamado al Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, consistente en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.
iii) Inconforme con tal determinación, el quejoso **********, por conducto del defensor público federal **********, interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer en principio, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano que mediante acuerdo plenario de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, determinó carecer de competencia en razón de materia para conocer de ese asunto.
iv) Así, por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, aceptó la competencia declinada y admitió a trámite dicho recurso, el cual registró con el número de queja 77/2017, mismo que fue resuelto en sesión de treinta de noviembre del año en cita, en el sentido de declararlo fundado. Las consideraciones que contienden de dicha determinación, son las siguientes:
"QUINTO.—Estudio. Los agravios hechos valer por la recurrente, son esencialmente fundados. Veamos por qué.
"Como marco referencial de esta resolución, conviene recapitular, en primer orden, que el quejoso promovió juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y Congreso de la Unión, los cuales hizo consistir en:
"‘Reclamo del Consejo de la Judicatura Federal, la omisión de emitir los acuerdos generales respectivos o los lineamientos necesarios, para la correcta aplicación del nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—Reclamo del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, la omisión de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en especial los artículos conducentes al capítulo II, «De las atribuciones», a fin de delimitar o dejar claramente establecido, qué Juzgados realizarán la función jurisdiccional en materia de ejecución penal.’
"Asimismo, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en esencia determinó desechar parcialmente el libelo constitucional contra las autoridades y actos antes señalados, por considerar se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 73 de la Ley de Amparo y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) pues atendiendo al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, la sentencia que se dicte sólo se ocupará de los individuos particulares, limitándolos a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto, además, precisó que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, pues de hacerlo sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, lo que vincularía no sólo al peticionario del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades que tuvieran relación con la norma creada, lo que resultaría apartado del principio de relatividad enunciado.
"Ahora bien, la apreciación del Juez de Distrito es incorrecta, porque en el caso a estudio no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia.
"Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen:
"‘Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.
"‘En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato.’
"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’
"Conforme a los preceptos reproducidos, una vez presentada la demanda, el juzgador de amparo está obligado a estudiarla para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse, de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia.
"Ciertamente, en lo que interesa, las normas en comento prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción; y, en ese tenor, si bien pudieran existir diversas causas sobre la improcedencia del juicio de amparo, éstas necesariamente no dan lugar al desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Es ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’(7) (se transcribe)
"Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes en un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
"Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido.
"Además de lo anterior, debe señalarse que en el auto inicial del juicio de amparo indirecto, en principio, no pueden realizarse estudios exhaustivos para probar alguna causa de improcedencia, por no ser el momento procesal oportuno, ya que el órgano jurisdiccional sólo debe atenerse a las manifestaciones de la demanda y a los documentos adjuntos; de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano el desechamiento, sin que deba acudirse a practicar un análisis profundo para tener por actualizado dicho motivo, pues de requerirse interpretaciones exhaustivas la causa de improcedencia dejará de ser patente e inobjetable.
"Bajo tales premisas, este Tribunal Colegiado estima que los argumentos de la parte recurrente son suficientes para tener por expresada la causa de pedir, y resultan sustancialmente fundados, pues revelan que el motivo de improcedencia expuesto en el auto impugnado, no se acredita de manera manifiesta ni notoria.
"En efecto, el parte (sic) recurrente aduce en sus agravios, con el nuevo paradigma de derechos humanos, se busca la protección de éstos, siendo su base el principio pro persona, de ahí que el ejercicio del poder no puede estar exceptuado de un escrutinio sustantivo constitucional, pues toda acción u omisión debe estar sujeta a ese control, por ello considera que el gobernado puede acudir ante la autoridad jurisdiccional para dolerse de las omisiones, pues pensar de otra manera vulneraria el artículo 17 constitucional, así como los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, precisa que las tesis citadas por el Juez de amparo, fueron emitidas con anterioridad a las reformas constitucionales de junio de dos mil once y, por ende, anteriores a la Ley de Amparo vigente, por lo cual no pueden ser vinculantes ni orientadoras pues van contra el nuevo paradigma de protección de derechos fundamentales; argumentos que como se indicó son fundados y suficientes para revocar el auto recurrido en la parte que interesa.
"En mérito de lo anterior, importa destacar que no toda causa de improcedencia por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, justifique el desechamiento de la demanda, toda vez que cada caso particular en virtud de las características específicas que cada uno tiene, denotan que el Juzgado de Distrito en la etapa inicial del juicio constitucional no puede tener una absoluta seguridad o indudable certeza de que fuera improcedente, máxime cuando debe analizar la naturaleza de los actos reclamados, así como el derecho que se dice vulnerado y la legitimación de quien comparece al amparo, a fin de garantizar el acceso a la justicia de los gobernados.
"Por ello, como lo alega el recurrente, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) se compone de cinco derechos, a saber: a) la prohibición de la autotutela; b) el derecho a una tutela jurisdiccional; c) la abolición de costas judiciales; d) la independencia judicial; y, e) la prohibición de la prisión por deudas de carácter civil.
"En lo conducente, el derecho a la tutela jurisdiccional puede ser definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, accedan de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que dentro de un proceso, donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’(9) (se transcribe)
"Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal y en el criterio transcrito, es dable concluir que el derecho de tutela jurisdiccional, tiene como finalidad que las personas accedan efectivamente a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, a efecto que de cumplir con los requisitos constitucionales y procesales atinentes,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29041-027d9ddd/consejo-de-la-judicatura-federal-el-reclamo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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