PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE NO CORRESPONDEN A SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALMENTE ENCOMENDADAS, OPERA UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO Y, POR ENDE, NO PUEDE CONCLUIRSE DESDE EL AUTO INICIAL QUE SE ACTUALIZA DE UN MODO MANIFIESTO E INDUDABLE DICHA CAUSA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 361/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO; SÉPTIMO, QUINTO, SEXTO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO; QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO; TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO; CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO; SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO; SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 8 DE MARZO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: YAREMY PATRICIA PENAGOS RUIZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito; Séptimo, Quinto, Sexto, Décimo Tercero, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Vigésimo y Vigésimo Tercero Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito; Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito; Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito; Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito; Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México; Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
El problema jurídico a resolver por parte de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en dilucidar si con fundamento en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, se debe desechar por notoriamente improcedente una demanda de amparo o su respectiva ampliación, promovida en contra de actos atribuidos como autoridad responsable al Consejo de la Judicatura Federal o de las autoridades que se encuentran dentro de su estructura administrativa, o por el contrario, si tal determinación requiere de un análisis propio de la sentencia que llegue a dictarse celebrada la audiencia constitucional y no así del acuerdo inicial.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por escrito recibido vía Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Erick Alberto Parada Díaz, quejoso y recurrente en los amparos en revisión 88/2013 y 622/2013 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, denunció la posible contradicción de criterios entre los resueltos por dicho Tribunal Colegiado en los amparos en revisión referidos: –Tema 1. Procedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Interpretación del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo; Tema 2. Establecer si los amparos promovidos contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y de las autoridades que se encuentran dentro de la estructura administrativa del Consejo, actualizan un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permite desechar la demanda de plano; Tema 3. Determinar si procede la suplencia de la queja en el recurso de queja promovido contra el acuerdo que desecha la demanda de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y de las autoridades que se encuentran dentro de la estructura administrativa del Consejo, cuando el motivo no sea manifiesto ni indudable. (Interpretación de la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.)(1) en relación con el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo)–.
2. En contra de los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México, al resolver, respectivamente, el Séptimo (el amparo en revisión 308/2021); el Quinto (el recurso de queja 146/2022); el Sexto (el amparo en revisión 120/2021); el Décimo Tercero (los recursos de queja 100/2021 y 101/2021); el Décimo Sexto (el recurso de queja 122/2018); el Décimo Séptimo (el recurso de queja 165/2018); el Vigésimo (el recurso de queja 382/2019) y el Vigésimo Tercero (el recurso de queja 22/2021); de igual manera, los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver, respectivamente, el Sexto (el recurso de queja 66/2022 y la reclamación 334/2019) y el Noveno (el recurso de queja 28/2022); los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopán, Jalisco, al resolver, respectivamente, el Quinto (el recurso de queja 78/2022) y el Sexto (el recurso de queja 254/2022); el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza (al resolver el recurso de queja 35/2021); el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México (al determinar sobre el recurso de queja 994/2021); los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver, respectivamente, el Primero (el recurso de queja 110/2021) y el Tercero (el recurso de queja 6/2021); el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, (al resolver el recurso de queja 36/2019); el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (al pronunciarse sobre el recurso de queja 82/2021), y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, (al resolver el recurso de queja 321/2022).
3. Admisión en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contradicción de criterios, el cual se radicó bajo el número 361/2022, en el auto relativo admitió a trámite y turnó los autos a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, asimismo, consideró que por ser de la materia administrativa correspondía conocer a la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
4. En ese mismo acuerdo, se instruyó a las presidencias de todos los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para que remitieran por conducto del MINTERSCJN las versiones digitalizadas del original o, en su caso, copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que aquí contienden, así como de los proveídos en donde informaran si el criterio sustentado en dichas ejecutorias se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerla por superada o abandonada, señalando las razones que sustenten las consideraciones respectivas.
5. Adicionalmente, solicitó a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, que remitiera copia certificada de las ejecutorias relativas a los amparos en revisión 88/2013 y 622/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y dispuso dar vista a los Plenos en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Primer Circuito, a los Plenos en Materia Administrativa del Segundo, Tercero y Sexto Circuitos, a los Plenos del Octavo, Décimo Primero y Décimo Séptimo Circuitos y al diverso en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, para su conocimiento respecto de la admisión de la presente contradicción de criterios.
6. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, remitido a este Alto Tribunal –vía electrónica–, la Magistrada presidenta del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dio cumplimiento al requerimiento antes formulado e hizo del conocimiento de esta Segunda Sala, que por lo que hace a la solicitud relativa al recurso de reclamación 334/2019 del índice de dicho órgano colegiado, no aparece recurso de reclamación alguno con ese número de registro, por lo que no es posible desahogar lo solicitado.
7. Radicación ante la Segunda Sala. Por acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, tuvo al resto de los Tribunales Colegiados contendientes, dando cumplimiento al requerimiento mencionado en líneas precedentes, en la que informaron que los criterios sustentados por dichos órganos colegiados, respectivamente, se encuentran vigentes; asimismo, determinó que esta Sala se avocara al conocimiento y resolución del asunto, por lo que devolvió los autos a la ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. Competencia
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es parcialmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(3) así como en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción V, del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(4) toda vez que algunos de los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos.
9. Por otra parte, esta Segunda Sala es competente para resolver respecto de la contradicción de criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver los amparos en revisión 88/2013 y 622/2013; el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 35/2021; el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México en el recurso de queja 994/2021; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al decidir sobre el recurso de queja 36/2019; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al pronunciarse sobre el recurso de queja 82/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 321/2022, en virtud de que, como ya se dijo, versa sobre la posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, en un tema que corresponde a la materia administrativa, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Segunda Sala, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
II. Incompetencia
10. Por otra parte, esta Segunda Sala no es legalmente competente para decidir respecto de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptimo, en el amparo en revisión 308/2021; Quinto, en el recurso de queja 146/2022; Sexto, en el amparo en revisión 120/2021; Décimo Tercero, en los recursos de queja 100/2021 y 101/2021; Décimo Sexto, en el recurso de queja 122/2018; Décimo Séptimo, en el recurso de queja 165/2018; Vigésimo, en el recurso de queja 382/2019, y el Vigésimo Tercero en el recurso de queja 22/2021; asimismo, en relación con el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en los recursos de queja 66/2022 y 28/2022, respectivamente; así como, el Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los recursos de queja 78/2022 y 254/2022, respectivamente; finalmente, respecto del Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 110/2021 y 6/2021. Lo anterior, ya que dichos órganos colegiados pertenecen, conforme al orden dado, a una misma materia y Circuito –los primeros ocho son en Materia Administrativa del Primer Circuito, los dos siguientes en Materia de Trabajo del Primer Circuito, los dos siguientes en Materia Administrativa del Tercer Circuito y los dos últimos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito–.
11. Por tanto, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(5) en relación con los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022(6) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como los numerales 2 y 4(7) del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, toda vez que se suscita entre órganos jurisdiccionales del mismo Circuito, región y en relación con asuntos de la misma materia, ello pone de manifiesto que corresponde conocer –de los primeros ocho órganos colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito–, al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México; –los dos órganos siguientes en Materia de Trabajo del Primer Circuito–, son al Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México; –los dos siguientes en Materia Administrativa del Tercer Circuito y los dos últimos en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito– van al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca Morelos, pues son los órganos a quienes les corresponde conocer del asunto.
12. Lo anterior es así, dado que a partir del día dieciséis de enero de dos mil veintitrés, entró en vigor el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en comento, en el cual se señala que los Plenos Regionales sustituyen a los Plenos de Circuito, ello de conformidad con lo establecido en el artículo quinto transitorio de dicho Acuerdo,(8) motivo por el cual deben conocer los Plenos Regionales antes mencionados.
13. Similares consideraciones, en cuanto a la incompetencia, sostuvo esta Segunda Sala al conocer de la contradicción de tesis 315/2021, resuelta por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y presidenta Yasmín Esquivel Mossa, en la sesión pública correspondiente al diez de agosto de dos mil veintidós.
III. Legitimación
14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 227, fracción II, en relación con el 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por Erick Alberto Parada Díaz, parte quejosa en dos de los criterios que participan en la presente denuncia.
IV. Criterios denunciados
15. Con el propósito de estar en posibilidad de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, sintetizar las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
16. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 88/2013 y 622/2013
17. Antecedentes en el amparo en revisión 88/2013.
a) Erick Alberto Parada Díaz, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: 1) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reclamó el artículo 23, párrafo segundo, del Acuerdo General 16/2009, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión; 2) de la Subdirectora del Área MX de la Subdirección de Datos Personales, de la jefa del Departamento MX de Protección de Datos personales, de la Analista Especializada y del jefe del Departamento MX de Acervo Documental y Archivo, todos de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante CJF), reclamó, los actos de aplicación y ejecución de la disposición reclamada a la autoridad ordenadora, así como la omisión de proporcionar la información conforme al medio y formato solicitados; 3) de la Comisión, de la Secretaría Técnica y de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, todas del CJF, los actos de aplicación y ejecución de la disposición reclamada a la autoridad ordenadora en la vigesimotercera sesión ordinaria celebrada el tres de diciembre de dos mil doce.
18. b) De la demanda conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esa ciudad, el cual por acuerdo de once de diciembre de dos mil doce, la desechó por notoriamente improcedente, tras considerar que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal (en lo subsecuente CJF), emitidas dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de las atribuciones que legalmente se le confirieron, revisten la naturaleza de terminales e inimpugnables, esto es, son definitivas e inatacables, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en su contra, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
19. c) Inconforme con el acuerdo anterior, el quejoso Erick Alberto Parada Díaz, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, radicado bajo el número de toca RA. 88/2013. En dicho tribunal, seguidos los trámites, en sesión de cuatro de abril de dos mil trece(9) los Magistrados dictaron resolución, en la que revocaron el auto recurrido y ordenaron al Juez de Distrito que admitiera la demanda de amparo, al considerar, esencialmente, lo siguiente:
20. Criterio contendiente:
• Es fundado el planteamiento del recurrente, en cuanto a que la causa de improcedencia invocada en el auto recurrido no es indudable ni manifiesta; esto es así, ya que el quejoso reclamó del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el artículo 23, párrafo segundo, del Acuerdo General 16/2009, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, así como su ejecución, consistente en la omisión de proporcionarle la información que requirió, conforme al medio y formato solicitados (copia de las videograbaciones de diversas sesiones del Pleno del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito), pues afirma que sólo se le proporcionó la versión pública escrita de las videograbaciones. • Ciertamente, –agregó– que el acto reclamado proviene del CJF, por lo que debe tomarse en cuenta que, por mandato constitucional, las resoluciones de ese órgano son definitivas e inatacables, por lo que no procederá juicio ni recurso alguno, salvo cuando se trate de la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, tal como se desprende del artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• No obstante, –concluyó– que para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos del CJF, en este caso debe partirse de la interpretación del artículo 100 de la Constitución General de la República, de acuerdo con el nuevo modelo constitucional en materia de derechos humanos, es decir, a la luz del texto vigente del artículo 1o. de la Constitución Federal, modificado por el decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que prevé el principio "pro personae", en relación con el artículo 17 constitucional, que establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia.
• Por tanto, el motivo de improcedencia que invocó el Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo no es indudable ni manifiesto, en tanto que lo dispuesto en el artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con la fracción XVIII del precepto 73 de la Ley de Amparo, impide la procedencia de la demanda presentada por el recurrente, de ahí que no es evidente en esa etapa inicial del juicio su improcedencia, ya que tal cuestión requiere un estudio profundo, complejo y exhaustivo, que involucra la interpretación de las distintas fuentes jurídicas de los derechos humanos (Constitución, tratados internacionales y criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales), de modo que ese estudio –aplicando los nuevos criterios de interpretación acordes con el artículo 1o. constitucional–, debe realizarse al resolver el fondo del juicio de amparo y no en el auto inicial, de ahí que se concluye que no es factible señalar que la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal sea manifiesta e indudable. Aparte de declararse fundado el agravio se revocó el auto recurrido y se ordenó al a quo que admitiera la demanda de amparo.
21. Antecedentes en el amparo en revisión 622/2013.
a) Erick Alberto Parada Díaz, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: 1) del Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la iniciativa, discusión, aprobación, declaratoria y sanción del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, mediante el cual se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que afectaron los principios de supremacía constitucional y acceso al juicio de amparo; 2) del presidente de la República, la aprobación, expedición y promulgación de los decretos aprobados en términos de la fracción I del artículo 89, de la Constitución Federal, mediante el cual se mandó publicar y observar el decreto mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado –entre otros–.
22. b) De dicho asunto conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil trece, lo registró bajo el número de expediente 630/2013 y lo admitió a trámite. Posteriormente, por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil trece, resolvió sobreseer en el juicio, tras considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción IV del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistió en la inconstitucionalidad del artículo 61, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como causa de improcedencia del juicio de amparo el hecho de que éste se promueva contra adiciones o reformas a la Constitución Federal y, tratándose de actos emitidos por el CJF, de ahí que el precepto reclamado es de naturaleza heteroaplicativa, ya que requiere de un acto de aplicación posterior a su entrada en vigor para adquirir individualización.
23. c) Inconforme con lo anterior, el quejoso Erick Alberto Parada Díaz, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, radicado bajo el número de toca RA. 622/2013, cuyo presidente tuvo al delegado del presidente de la República interponiendo recurso de revisión adhesivo. Seguidos los trámites, en sesión de once de septiembre de dos mil catorce,(10) dicho cuerpo colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo; asimismo, dispuso declarar sin materia la adhesión al recurso de revisión, al considerar, en la parte que interesa, lo siguiente:
24. Criterio contendiente:
• Los agravios son esencialmente fundados, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 130/2011, determinó, esencialmente, que procede la impugnación y consiguiente análisis de constitucionalidad, incluso de oficio, de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que los Jueces de Distrito hubiesen aplicado en el procedimiento del juicio de amparo o en sus sentencias, o bien, que puedan ser necesarias para resolver el recurso de que se trate (ya sea revisión, queja o reclamación); extremos que en el caso particular no se cumplen, puesto que la litis se centra en establecer la regularidad constitucional del proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se expidió la Ley de Amparo vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece, particularmente su artículo 61, fracciones I y III, que señalan que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Federal y actos del CJF.
• El Juez de Distrito resolvió el problema sometido a su conocimiento empleando las relacionadas consideraciones que sustentó el Pleno del Alto Tribunal, pero que no son aplicables en la especie, en cuanto a que el órgano jurisdiccional analizó una cuestión totalmente distinta a la planteada por el quejoso, aquí recurrente, en su ocurso de tutela constitucional, y sin que en momento alguno determinara que las disposiciones de la Ley de Amparo, menos aún su artículo 61, fracciones I y III, sean de naturaleza heteroaplicativa, de ahí que sea desafortunada la consideración del a quo.
• Consecuentemente, la sentencia de sobreseimiento recurrida es ilegal, ya que no había razón para que con base en lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 130/2011, el Juez Federal considerara que el artículo 61, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, sea de naturaleza heteroaplicativa, sin que el quejoso hubiera demostrado la existencia de su primer acto de aplicación, generando esta omisión su falta de interés jurídico para reclamar dicha norma a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, el Tribunal Colegiado ahora analizará las causales de improcedencia invocadas por las partes y no estudiadas por el órgano jurisdiccional.
• Es fundada la causa de improcedencia invocada en su informe justificado por el presidente de la República, sustentada en la consideración de que las restricciones de procedencia contenidas en el artículo 61, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, emanan directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, que el procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución General de la República no puede ser objeto de control jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 constitucional, lo que se refleja en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Federal.
• Lo mismo ocurre tratándose de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción III del precepto legal invocado, referente a la improcedencia del juicio de amparo contra actos del CJF, toda vez que así se prevé expresamente en el artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República, es decir, por disposición constitucional expresa son inatacables y, por ende, definitivas las decisiones del CJF, lo que significa que en contra de ellas no procede ningún medio de defensa legal ni el juicio de amparo, excepto las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, sin que el recurrente se encuentre en alguno de estos últimos supuestos.
• Los artículos 135 y 100, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, –abunda– prohíben en forma categórica y expresa que tanto las reformas y adiciones a la propia Constitución, como los actos del CJF, –con las salvedades antes referidas–, sean objeto de control jurisdiccional, lo que evidentemente las torna en incuestionables. Consecuentemente, si las causas de improcedencia que se prevén en el artículo 61, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, relativas a la impugnabilidad de las adiciones y reformas a la Constitución Federal, y a los actos del CJF, encuentran su fuente directa en los artículos constitucionales antes referidos, entonces es manifiesto que el juicio de amparo indirecto en contra de esos actos, es improcedente, al actualizarse las invocadas causales, de ahí que confirmó la sentencia recurrida, aunque por motivos diversos al invocado por el Juez de Distrito y con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, decretó el sobreseimiento en el juicio.
25. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrati
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31445-89e34aee/procedencia-del-juicio-de-amparo-cuando-se-reclaman · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- COSA JUZGADA EN EL AMPARO INDIRECTO. POR EXCEPCIÓN OPERA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EN UN ANTERIOR JUICIO SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA (II.3o.P.16 K (10a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. (1a. CCCLXX/2014 (10a.))
- CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA SUS ACTOS ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. (IV.1o.A.37 A (10a.))
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