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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 694/2012. · Registro digital (IUS): 80133
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Versión electrónica, Pág. 6.

AMPARO EN REVISIÓN 694/2012. 11 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de junio de dos mil quince.

Vo. Bo.

Señor Ministro

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil once, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

I. Autoridades responsables:

Ordenadoras:

a) Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Secretario de Gobernación.

d) Director General del Diario Oficial de la Federación.

e) Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Ejecutoras:

a) Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal.

b) Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal.

c) Contralor del Poder Judicial de la Federación.

d) Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.

e) Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

f) Delegado en Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

II. Actos reclamados:

a) La discusión, aprobación, refrendo, promulgación, publicación y aplicación del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

b) La resolución dictada en la queja administrativa **********, el veinticuatro de agosto de dos mil once, así como las determinaciones que de ella deriven.

La quejosa señaló como derechos violados en su perjuicio los previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, se registró con el número ********** y fue desechada mediante el auto de veintitrés de septiembre de dos mil once.

En contra de dicho acuerdo, la quejosa interpuso el recurso de revisión **********, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito el diez de noviembre de dos mil once, en el sentido de ordenar al Juez Primero de Distrito revocar el auto recurrido y admitir la demanda de amparo, de no advertir diversa causa para desecharla.

En consecuencia, el Juzgado Primero de Distrito citado admitió a trámite la demanda mediante el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil once. Una vez rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, desahogadas las pruebas pertinentes y celebrada la audiencia constitucional, el veinticuatro de febrero de dos mil doce(1) se emitió la sentencia de veintiocho de marzo del mismo año, en la que se resolvió sobreseer el juicio de amparo, por considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 100, párrafo noveno constitucional, al estimar que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables.

TERCERO. Trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil doce, y fue registrado con el número **********.

CUARTO. Trámite de la Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil doce, el Tribunal Colegiado solicitó a esta Suprema Corte el ejercicio de su facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión de referencia.

En atención a ello, el Presidente de esta Suprema Corte ordenó, mediante auto de tres de agosto de dos mil doce, admitir a trámite el asunto, registrarlo con el número ********** y turnarlo al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que realizara el estudio correspondiente.

Finalmente, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil doce, esta Primera Sala, previo avocamiento del asunto, resolvió por unanimidad de cinco votos ejercer la facultad de atracción, al considerar que reviste una cuestión de importancia y trascendencia.

QUINTO. Trámite del amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil doce, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo en revisión, formándose al efecto el expediente relativo con el número 694/2012 y turnándose los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil doce, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y se ordenó enviar los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que formulara el proyecto de resolución respectivo.

En sesión pública celebrada el día quince de enero de dos mil quince, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el envío de ese asunto al Tribunal Pleno, para que se avocara a su conocimiento y resolución. En consecuencia, previa certificación del Subsecretario General de Acuerdos de fecha diecinueve de enero del año en curso, los autos quedaron radicados en el Tribunal Pleno.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece -la cual resulta aplicable para resolver el presente asunto en términos del artículo Tercero Transitorio del mismo Decreto,(2) toda vez que el juicio de amparo inició bajo su vigencia-; y 10, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, respecto del cual la Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción y determinó que la solución del caso, por su importancia y trascendencia, corresponde al Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario que esta Sala se pronuncie sobre la oportunidad en la presentación del recurso de revisión y la legitimación de quienes lo interpusieron, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito ya se pronunció al respecto en la resolución de veintiocho de junio de dos mil doce.(3)

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso. A fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, se estima necesario destacar las siguientes cuestiones:

I. Antecedentes.

a) El diez de junio de dos mil ocho, **********, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, presentó una denuncia administrativa contra **********, secretaria de juzgado adscrita al Juzgado Décimo de Distrito, por considerar que había incurrido en diversas causas de responsabilidad administrativa.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal ordenó formar el expediente respectivo y radicarlo bajo la denuncia administrativa **********. Asimismo, ordenó que se iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa, designando al titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua para conocer de su instrucción, como órgano auxiliar instructor del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho procedimiento administrativo quedó registrado con el número **********.(4)

b) El veintitrés de junio de dos mil ocho, ********** presentó su renuncia ante el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Chihuahua.

c) El treinta de junio de dos mil ocho, ********** presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal contra **********, a la que correspondió el número **********, por considerar que otorgó a ********** nombramientos para los cargos de secretario particular y oficial administrativo, a pesar de tener un interés personal dada su relación de noviazgo, y que autorizó que no asistiera a laborar sin causa justificada durante un año con un mes, cobrando el sueldo correspondiente.

d) El veintinueve de septiembre de dos mil ocho, ********** presentó demanda laboral en contra de la Juez Décimo de Distrito del Estado, **********, ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, la cual fue registrada como conflicto de trabajo **********.(5)

En dicha demanda solicitó la declaración de nulidad del escrito de renuncia de veintitrés de junio y la reinstalación en el cargo de secretario de juzgado, así como el pago de los salarios caídos y demás prestaciones correspondientes.

e) El diecisiete de febrero de dos mil nueve, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal resolvió la denuncia administrativa **********, declarando por una parte su improcedencia y por la otra que se acreditaron las siguientes causas de responsabilidad atribuidas a **********: (i) la omisión de dar cuenta a la titular en una causa penal, de la puesta a disposición de un bien inmueble y otro mueble, para que el juzgado se pronunciara sobre su aseguramiento; (ii) la omisión de emplazar a una de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo; y, (iii) el retraso para solicitar al analista jurídico del SISE la captura de la sentencia definitiva de un juicio de amparo; por lo que se le impuso una sanción consistente en apercibimiento público.(6)

f) El treinta de septiembre de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió el conflicto de trabajo **********, ordenando a la Juez Décimo de Distrito la reinstalación de ********** y al Poder Judicial de la Federación, a través del Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, el pago de los salarios caídos y las demás prestaciones correspondientes.

g) El diecinueve de mayo de dos mil diez, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió la queja administrativa **********, declarándola infundada en lo relativo al supuesto noviazgo, al no haberse acreditado; y, fundada respecto a que ********** consintió que ********** percibiera salario como trabajador del Juzgado Décimo de Distrito sin que laborara en el mismo durante siete meses; por lo que se le impuso una sanción consistente en la suspensión por seis meses de su cargo y una sanción económica por $********** (********** M.N.).

h) Por su parte, como consecuencia de la resolución del conflicto de trabajo **********, el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal ordenó, mediante auto de tres de junio de dos mil diez, el inicio de la queja administrativa contra **********, la cual se registró con el número **********.

El veinticuatro de agosto de dos mil once, el Pleno de dicho órgano resolvió que la causa de responsabilidad era fundada, al considerar que ********** despidió a ********** en contravención a las disposiciones legales aplicables y de mala fe; por lo que se le impuso una sanción consistente en siete meses de suspensión en el cargo y una sanción económica por $********** (********** M.N.).

Esta última resolución constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Estado de Chihuahua, junto con el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

i). Instruido el juicio de amparo indirecto, el juez de distrito dictó sentencia el día veintiocho de marzo de dos mil doce, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.

II. Consideraciones de la sentencia recurrida.

a) Son ciertos los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación y al Director General del Diario Oficial de la Federación, ya que se publicó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

También son ciertos los actos reclamados al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al Director General de Recursos Humanos y Administrador Regional, ambos de dicho órgano, al Contralor del Poder Judicial de la Federación y al Administrador Local de Recaudación de Chihuahua, lo cual se desprende de la resolución de queja administrativa ********** impugnada.

b) En cambio, se sobresee en el juicio de garantías respecto de los actos atribuidos al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Delegado Estatal de dicho Instituto con sede en la Ciudad de Chihuahua, toda vez que al rendir sus informes negaron los actos que se les reclama y la quejosa no aportó prueba alguna que lo desvirtuara.

c) Se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el 100, párrafo noveno de la Constitución General, que al tratarse de una improcedencia constitucional se actualiza de modo absoluto en todos los casos previstos en ella.

En el caso, el amparo es improcedente debido a que se impugna una resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Federal, que la Constitución considera definitiva e inatacable.

Si bien también se combate la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de su primer acto de aplicación, su estudio no puede desvincularse de dicho acto, en términos de la tesis jurisprudencial 2a./J. 71/2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN".

El artículo 100, párrafo noveno constitucional establece que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, excepciones que no se actualizan en el caso.

En efecto, de la resolución de la queja administrativa ********** combatida, que determinó, entre otras cosas, fundada la causa de responsabilidad atribuida a la quejosa, imponiéndole una sanción consistente en siete meses de suspensión en el cargo que desempeña y una sanción económica, se desprende que no se ubica en alguna de las excepciones señaladas, al no resolver sobre la designación, adscripción, ratificación o remoción de la quejosa.

Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis P./J. 25/2004, de rubro "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."

d) El estudio del deber de respeto de los derechos humanos que impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los que México es parte, así como la reciente reforma al artículo 1° constitucional, no puede ser abordado puesto que la improcedencia del juicio deriva de un mandamiento constitucional.

No obsta a lo anterior el hecho de que se haya admitido la demanda, toda vez que el artículo 145 de Ley de Amparo sólo establece el desechamiento de plano cuando la improcedencia es manifiesta e indudable, sin impedir que una vez admitida la demanda, se estimen causas de sobreseimiento.

Asimismo, es inaplicable el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no debe sobreseerse en juicio cuando se advierta una causa de improcedencia que involucre un argumento íntimamente ligado con el estudio de fondo, porque en este caso la improcedencia es absoluta al tener su origen en la Constitución y no relativa, como en el caso de las improcedencias legales o jurisprudenciales en las que es posible estudiar el fondo del asunto.

Por consiguiente, el juzgador se encuentra imposibilitado por imperativo constitucional para analizar si el juicio de amparo debe considerarse el recurso sencillo y efectivo para la protección de los derechos humanos que reconocen los tratados internacionales invocados.

En consecuencia, se sobresee el amparo respecto a la resolución de la queja administrativa **********, así como respecto del artículo 122 impugnado.

e) Finalmente, se precisa que el sobreseimiento debe hacerse extensivo a las autoridades ejecutoras, por no atribuirse vicios propios a sus actos, pues al haber sobreseído el acto reclamado no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución.

III. Agravios.

a) La sentencia recurrida vulnera los artículos 1°, 103 y 107, fracción IV de la Constitución General, en relación directa con los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, toda vez que no se actualiza la causa de improcedencia aducida por el Juez de Distrito, relativa a que se impugna una resolución del Consejo de la Judicatura Federal que es definitiva e inatacable en términos del artículo 100 constitucional y que si bien también se combate la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la resolución señalada, no se puede desvincular su estudio del acto de aplicación.

Los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo contienen los principios bajo los cuales los Jueces de Distrito deben resolver los juicios de amparo, dentro de los que se encuentran los principios de exhaustividad, que establecen que las sentencias deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, la apreciación de las pruebas, los fundamentos legales y los puntos resolutivos en los que se determine con precisión los actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo; y, de congruencia, que implica que las sentencias no deben contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna) y deben resolver la litis tal y como quedó formulada (congruencia externa).(7)

En el caso, el a quo inobservó los principios referidos al no realizar un estudio integral de la demanda de amparo, en la cual esencialmente se solicitó la aplicación de los principios de convencionalidad y pro persona ante la ausencia de un recurso o medio de impugnación en contra de la resolución de la Queja Administrativa **********, emitida el veinticuatro de agosto de dos mil once por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Lo anterior, en virtud de que aplicó las clásicas y rígidas reglas de estudio del amparo contra leyes y no los principios de convencionalidad y pro persona contenidos en el artículo 1° constitucional, que obligan a todas las autoridades dentro del país, en el ámbito de su competencia, a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución General sino también por aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable.

Estos principios deben interpretarse en concordancia con el artículo 133 constitucional para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, por el que los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales, a pesar de las disposiciones en contrario de la legislación interna. En el caso del amparo indirecto, que es un control de constitucionalidad y convencionalidad concentrado, el posible resultado sería la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad con efectos generales o inter partes, de forma directa o, en último caso, la inaplicación de las normas internas violatorias de tratados internacionales.

Por lo anterior, el a quo antes de determinar la improcedencia del amparo por considerar que se actualiza la causal contenida en los artículos 100 constitucional y 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, debió analizar el Decreto publicado el diez de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformó, entre otros, el artículo 1° constitucional.

En el artículo 1° constitucional citado se establece la obligación de las autoridades de realizar una interpretación conforme cuando en el ámbito de sus atribuciones emitan actos que afecten derechos humanos, lo cual significa armonizar las normas de la legislación interna con las contenidas en tratados internacionales de los que México sea parte, lo que conlleva la obligación de efectuar un control de convencionalidad, esto es, aplicar en sede nacional normas supranacionales incorporadas al derecho interno a fin de verificar que la legislación interna no limite derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Este control de convencionalidad no sólo debe realizarse en función de las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, sino que debe extenderse a la interpretación que los órganos internacionales competentes hayan realizado de dichos tratados, en virtud de que esta jurisprudencia es igualmente vinculante para el Estado Mexicano.(8)

En esta tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (Caso Radilla Pacheco) estableció que el parámetro de análisis del control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos se integra por: a) los derechos humanos contenidos en la Constitución General, así como por la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y c) por los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte y criterios orientadores en los casos en los que no haya sido parte.(9)

Por su parte, el control constitucional tiene sustento en los artículos 103 y 107 constitucionales, cuya ley reglamentaria es la Ley de Amparo. En el caso, resulta aplicable la Ley de Amparo vigente al momento de presentar la demanda, el veintiuno de septiembre de dos mil once, en virtud del Artículo Tercero Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el seis de junio de dos mil once.(10)

En cuanto al artículo 100, párrafo noveno de la Constitución General, que establece que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables salvo que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, se destaca que de un análisis sistemático de los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.

Lo anterior, también tiene sustento en el artículo 17 de la propia Constitución General, en el que se establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, en los plazos y términos que fijen las leyes.

En la sentencia recurrida, el a quo fundamentó la causa de improcedencia aducida en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual no establece ninguna causal en concreto sino que para actualizarse debe ser relacionado con otro artículo o jurisprudencia, en este caso, fue relacionado con el artículo 100, párrafo noveno constitucional.

Es necesario precisar la posición que guarda el Consejo de la Judicatura Federal dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación, que de conformidad con la exposición de motivos del Decreto por el que se reformaron, entre otros, los artículos 94 y 100 de la Constitución General, publicado el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se desprende que es un órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones.

Desde su creación surgieron dudas respecto a su naturaleza, ubicándolo incluso como un órgano desconcentrado de la Suprema Corte de Justicia, lo que suponía una relación de subordinación jerárquica. Sin embargo, se adicionó un segundo párrafo al artículo 94 constitucional para ubicarlo dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación, en consecuencia, no se encuentra en un plano de subordinación respecto de la Suprema Corte, pues aun cuando se creó para liberarla de tareas de administración y vigilancia, se le dotó de independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones, por lo que, en todo caso, existe entre ambos una relación de coordinación respecto a la administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación.

Así, en el marco jurídico nacional, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación cuyas resoluciones son definitivas e inatacables por mandato expreso de la Constitución, eliminando la posibilidad de impugnarlas a través del juicio de amparo. Esta fue la conclusión sostenida por el a quo para sobreseer el juicio de amparo.

No obstante, en el ámbito internacional, en los instrumentos anteriormente citados se establece el derecho de las personas de acceder a la justicia, ante un tribunal que lleve a cabo un procedimiento sencillo y breve que lo ampare contra actos de autoridad que violen en su perjuicio algún derecho fundamental.

Al respecto, se subraya que el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de promulgación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, en cuyos artículos 26 y 27 se establece el principio de pacta sunt servanda y que los Estados no pueden invocar su derecho interno como justificación para incumplir algún tratado.

En virtud de lo anterior, el principio de convencionalidad implica que los Jueces de Distrito al resolver sentencias deben identificar los derechos humanos que están en juego y realizar un estudio de contraste entre el marco normativo interno y el internacional, para aplicar el más favorable a la persona, pudiendo determinar no aplicar la norma interna por contravenir a un tratado internacional, bajo el principio de que éstos deben ser cumplidos de buena fe y sin invocar disposiciones de derecho interno para incumplirlos.

Por tanto, el hecho de que el a quo no haya estudiado las cuestiones de fondo por considerar que existe una limitación constitucional, vulneró el derecho de defensa de la quejosa contra la resolución de la queja administrativa **********, mediante la que fue suspendida siete meses del puesto que desempeña y se le impuso una sanción económica de $********** (********** pesos con ********** centavos).

Asimismo, se vulneraron otros derechos colaterales, como a la salud, dignidad y al trabajo, éste último ya que a pesar de estar suspendida de su cargo, todavía es Juez de Distrito, por lo que estaba impedida para desempeñar cargos de la Federación, los estados, del Distrito Federal o de particulares salvo los no remunerados, según lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución General y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Si bien los Jueces de Distrito se encuentran subordinados jerárquicamente al Consejo de la Judicatura Federal, esto únicamente se circunscribe al ámbito administrativo, puesto que sus resoluciones jurisdiccionales son revisables por los Tribunales de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por estas consideraciones, el a quo no debió sobreseer el juicio de amparo por estimar que la resolución administrativa es inimpugnable por disposición constitucional expresa, con apoyo en las tesis P./J. 25/2004 y XIX.2o.28 K, de rubros: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN" y "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS DETERMINACIONES".

Las tesis citadas por el quo han sido superadas, por lo que son inaplicables de conformidad con el artículo 1° constitucional y las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once en materia de derechos humanos, las cuales impactan directamente en la administración de la justicia federal.

De las reformas referidas, se destaca que robustecen el juicio de amparo al ampliar su procedencia respecto de cualquier ley general, por violaciones a los derechos humanos plasmados en tratados internacionales, entre otras características; así como el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de normas jurídicas.

Aunado a lo anterior, el a quo en contravención a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, soslayó aplicar la jurisprudencia P./J. 116/2009, de rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA INATACABILIDAD DE SUS RESOLUCIONES ES INCONSTITUCIONAL", que si bien se refiere al artículo 65 de la Constitución Política de Baja Califo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80133-4388264e/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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