Sin rubro
AMPARO EN REVISIÓN 639/2010. 17 DE JUNIO DE 2014. PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de junio de dos mil catorce.
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO.- Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil nueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en León, Guanajuato, ********** y **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades denominadas Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todas del Estado de Guanajuato, así como la Jueza Penal del Partido Judicial de Dolores Hidalgo y Agente del Ministerio Público Investigador II de San Felipe y por los actos reclamados consistentes en:
La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato vigente y publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de noviembre de dos mil; precepto que se impugna como heteroaplicativo, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación, que los quejosos hicieron consistir en la tramitación y resolución del medio de impugnación detallado en el siguiente inciso.
La resolución de once de febrero de dos mil nueve dictada en el recurso innominado interpuesto por ********** (tercero perjudicado), que revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida en la averiguación previa **********, instruida contra ********** y **********, por el delito de ataques a las vías de comunicación, previsto en el artículo 230 del Código Penal local, para ahora ordenar que se reabra dicha indagatoria y se alleguen a ésta diversas pruebas; así como, en vía de consecuencia, la ejecución de dicha resolución, además de plantear diversas violaciones procesales cometidas en el trámite del medio de impugnación ordinario referido.
En el amparo de que se trata, se hicieron valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
Que el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato es contrario al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se pretende restringir a los quejosos en sus garantías individuales de seguridad jurídica, pues en la sustanciación del recurso jamás se respetó el principio de legalidad, toda vez que no fueron oídos y vencidos en él.
Que el procedimiento previsto para sustanciar dicho recurso viola las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no debe soslayarse que, en todo asunto de índole penal, como lo es el recurso en comento, el indiciado tiene derecho a una defensa adecuada, la cual no puede satisfacerse por la sencilla razón de que la ley tachada de inconstitucionalidad no garantiza al indiciado su defensa adecuada, aunado a que, en el proceso legislativo, la porción normativa impugnada carece de una fundamentación y motivación para la privación de tales derechos subjetivos públicos.
Que la porción normativa del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato impugnado, viola la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal al no contemplar la audiencia previa y la legalidad.
De dichos preceptos constitucionales se puede desprender que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado, entre otros bienes, de sus posesiones o derechos, sino mediante juicios seguidos ante los Tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni molestado en tales bienes jurídicamente tutelados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Que el artículo 130 impugnado contempla la posibilidad de que, sin previa audiencia, o sin la oportunidad de defensa adecuada, se promueva, sustancie y resuelva un recurso que tiende a afectar un acuerdo de archivo y no ejercicio de la acción penal decretado favorablemente a los indiciados en una averiguación previa, esto a pesar de que la garantía individual de previa audiencia requiere para su satisfacción que nadie sea privado de un derecho sino mediante un juicio agotado, en el cual se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento para no crear indefensión jurídica a una de las partes por una desigualdad procesal de no contar con una defensa adecuada por no haber tenido la oportunidad de una defensa previa por haberse tramitado sin su conocimiento un recurso que tiende a afectar la resolución favorable antes pronunciada a favor del probable responsable de un delito, pues ni siquiera se prevé la posibilidad que al indiciado se le dé vista del citado recurso para que se pueda pronunciar al respecto en defensa.
Que vinculando lo consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental con lo previsto en su diverso artículo 20, Apartado A, fracción IX, se desprende el derecho de contar con una defensa adecuada, la cual, grosso modo, debe contener el derecho subjetivo público de los indiciados de conocer previamente el hecho que se les imputa, manifestarse, alegar, aportar y desahogar pruebas que a los quejosos interese en el juicio de origen, todo lo cual culmina con una resolución que dirime el conflicto.
Que el legislador ordinario local en la porción normativa de la ley impugnada de inconstitucionalidad inobserva la Ley Máxima al permitir la privación de los derechos de seguridad jurídica y legalidad de los quejosos, pues, sin que se hayan agotado previamente las formalidades esenciales del procedimiento, permite que se dé trámite, sustancie y pronuncie una resolución que atenta contra la defensa adecuada que todo inculpado tiene, ya que en dicho recurso únicamente interviene el Ministerio Público adscrito al juzgado que conoce el recurso y el recurrente o inconforme, mas no los indiciados, a pesar de las prerrogativas constitucionales a su favor, como la de audiencia, que se satisface al ser oído y vencido en juicio, de tener conocimiento del inicio de todo procedimiento y sus consecuencias, aportar y desahogar pruebas, alegar y el dictado de una sentencia congruente con lo argumentado y probado en dicho procedimiento en la que no se respeten, pues la audiencia y la adecuada defensa de todo probable responsable son garantías que se deben respetar en toda etapa de un juicio criminal, el cual engloba lo relativo al recurso innominado contra el no ejercicio de la acción penal, pues es vinculante con el pronunciamiento de si existen o no elementos para fincar una responsabilidad penal y para acreditar los elementos del cuerpo de delito.
Que también resulta inconstitucional el artículo 130 de la ley adjetiva penal, porque el procedimiento previsto para el recurso en contra del archivo y del no ejercicio de la acción penal no contempla la posibilidad para que los quejosos cuenten con un defensor que los represente y defienda.
Asimismo, se ve violentada la garantía individual de fundamentación y motivación, pues en el proceso legislativo la porción normativa de la ley atacada de inconstitucionalidad no se motiva por qué razón, circunstancias especiales o causas inmediatas se tomaron en consideración para legislar en forma contraria a la Ley Fundamental; además de que carece de fundamentación, pues no refiere el o los preceptos que permiten que en una ley secundaria sea aprobada en forma contraria al texto de la Ley Suprema.
Que de igual vicio adolecen los actos de aplicación y consecuentemente el procedimiento y, sobre todo, la resolución de once de febrero de dos mil nueve, del expediente ********** relativo al recurso de impugnación innominado en contra del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa número **********, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador II, de San Felipe Guanajuato, resulta violatoria de garantías individuales y su aplicación, por lo que debe ser revocada en todos sus términos por apoyarse en una norma legal que contraviene la Ley Suprema.
La resolución impugnada viola las garantías individuales de los quejosos, porque se dio trámite y se entró al fondo del estudio del recurso en comento a pesar de que fue promovido en forma extemporánea por el recurrente, por lo que les causa perjuicio que la juez penal haya revocado la determinación de archivo y no ejercicio de la acción penal de la referida averiguación previa, ya que, contrario a lo que afirma, las periciales sí fueron debidamente justipreciadas por el Ministerio Público.
SEGUNDO.- Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien, previo desahogo del requerimiento efectuado, por auto de nueve de marzo de dos mil nueve, la registró con el número ********** y, previos los trámites de ley, el veintidós de julio de dos mil nueve celebró la audiencia constitucional.
Posteriormente, por auto de tres de agosto de dos mil nueve, en acatamiento al punto quinto del Acuerdo 18/2008, así como a los diversos Acuerdos 28/2008 y 44/2008, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó hacer remisión del asunto al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en Guanajuato.
TERCERO. Una vez recibidos los autos, por proveído de cinco de agosto de dos mil nueve, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en Guanajuato, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1, fracción I, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 46/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó radicar el asunto bajo el número de expediente ********** y, toda vez que a la fecha en que se habían remitido los autos, ya se había celebrado la audiencia constitucional, ordenó que se turnara el asunto para que se dictara la sentencia correspondiente y, una vez efectuado lo anterior, se devolviera el expediente al juzgado de origen.
Así, el dieciocho de agosto de dos mil nueve, dictó sentencia, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
Segundo. En cumplimiento al punto quinto, incisos 6) y 7) del Acuerdo General 18/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase el expediente junto con disquete que contenga el archivo electrónico de este fallo, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a fin de que proceda a la notificación de la sentencia; lo anterior hágase del conocimiento a la Oficina de Correspondencia Común de este Centro Auxiliar, para los efectos correspondientes.".
Las consideraciones que sustentan el fallo referido, en lo que interesa, son las siguientes:
"...En consecuencia, al no afectar la resolución reclamada el interés jurídico de los quejosos, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 del ordenamiento mencionado.
Determinación que se hace extensivo al artículo 130 del Código de Procedimientos Penales local, pues al ser improcedente el juicio de garantías en cuanto al acto de aplicación cuyo fundamento era tal precepto, ello impide estudiar la constitucionalidad de éste, dada la estrecha vinculación de la norma con el acto concreto de su aplicación.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 221 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Séptima Época, página doscientos diez, cuyo rubro y texto son los siguientes:
'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.' (Se transcribe)
Por lo tanto, resulta imposible analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó; ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, página cuarenta y nueve, de rubro y texto siguientes:
´SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.' (Se transcribe)".
CUARTO. Inconformes con la resolución anterior, por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil nueve, en la Oficialía de Partes del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, los quejosos interpusieron recurso de revisión.
El Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al que, por razón de turno correspondió conocer del asunto, por auto de quince de octubre de dos mil nueve, registró el asunto bajo el número de toca A.R.P. **********.
Dicho Órgano Colegiado dictó sentencia en sesión de catorce de enero de dos mil diez, en la cual, estimó conveniente someter a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción, a efecto de que ponderara el alcance jurídico de los Acuerdos 18/2008, 28/2008 y 44/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, si éstos debían prevalecer sobre las normas reguladoras del procedimiento contenidas en la Ley de Amparo, en específico el artículo 155, en el que se prevén los principios de continuidad y de unidad de la audiencia constitucional, a efecto de que se preserve que el juzgador de amparo que conoció del asunto en su substanciación sea el mismo que dicte la sentencia. La aludida resolución concluyó con el siguiente punto resolutivo:
"ÚNICO. Se ordena enviar los autos del presente recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de lo que a bien tenga determinar con respecto al ejercicio de la facultad de atracción.".
QUINTO. Por oficio número ********** recibido el veintiséis de enero de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito remitió la resolución dictada en el amparo en revisión penal número **********, el toca relativo a dicha revisión, el expediente **********, así como un tomo de pruebas y un disquete.
Recibidos los autos, por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil diez, el Presidente de este Alto Tribunal admitió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción formulada por el Tribunal Colegiado del conocimiento; con el número 10/2010 y, por diverso auto de nueve de febrero del año en curso, dispuso remitirlo al Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de resolución respectivo y seguidos los trámites de ley, en sesión de veintidós de junio de dos mil diez, se dictó resolución al tenor de los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. No ha lugar a ejercer la facultad de atracción solicitada.
SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito.
TERCERO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales precisados en el último considerando de la presente ejecutoria.".
En la referida ejecutoria, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que hay razones jurídicas justificadas para reasumir la competencia originaria, ya que el presente caso reviste las características de interés y trascendencia, condiciones necesarias, exigidas constitucionalmente, para el ejercicio de la facultad de atracción, aplicadas analógicamente al presente caso, como se precisa a continuación:
Que se cumple el requisito material de interés, ya que la naturaleza intrínseca del asunto (el recurso de revisión) es de suficiente entidad, en cuanto involucra el análisis interpretativo de los artículos 94, párrafo sexto, 100, párrafos primero y octavo, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo tocante al alcance de las facultades legislativas de carácter material conferidas al Consejo de la Judicatura Federal en la creación de Juzgados y Tribunales auxiliares, y su posible incidencia en las reglas que norman el procedimiento en el juicio de amparo emanadas del artículo 155 de la Ley de Amparo, lo que, en último análisis constitucional, tiene implicaciones en la administración o impartición de justicia, que constituye un tema sensible en la sociedad mexicana, pues en él confluyen, entre otros, los principios de justicia pronta (artículo 17 constitucional) e inmediatez (artículo 107, fracción VII, constitucional).
Que se satisface el requisito material de trascendencia, toda vez que el criterio que se establezca al respecto repercutirá en forma excepcional en la solución de casos que se encuentren en trámite y futuros, no sólo en el ámbito de los procedimientos penales, sino en el del juicio de amparo en general, lo que ofrecerá certidumbre y seguridad jurídicas a los justiciables, en donde existan tribunales de Circuito y juzgados de Distrito Auxiliares.
Conforme a lo antes expuesto, el Tribunal Pleno determinó que debe reasumir su competencia originaria para conocer del recurso de revisión a que se refiere el presente expediente, ya que se está en presencia de un asunto de interés y trascendencia, al tratarse de un negocio excepcional, por su importancia y que no tiene similitud con la totalidad o mayoría de los asuntos.
DÉCIMO.- Por acuerdo de Presidencia de este Alto tribunal del catorce de julio de dos mil diez, se formó y registró el toca de revisión con el número 639/2010; se mandó notificar por oficio a las autoridades responsables así como al Procurador General de la República; y, finalmente, se ordenó turnar los autos al Ministro Juan N. Silva Meza, para la elaboración del proyecto respectivo.
Tomando en consideración que el Ministro que fungía como relator, fue designado presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil once, se ordenó returnar el presente asunto al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien mediante dictamen del veinticuatro de enero siguiente, solicitó se avocara el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal y por escrito del dieciséis de febrero de dos mil once, solicitó se le excluyera del conocimiento del asunto, por tratarse de un asunto en el que se impugnan actos del Consejo de la Judicatura Federal, por haber ocupado el Cargo de Presidente del mismo.
Finalmente, por acuerdo del Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se returnó el asunto a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para que elaborara el proyecto de resolución respectivo y diera cuenta con él a esta Sala.
Con fecha seis de abril de dos mil once, se listó el asunto para ser visto en sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esa misma fecha se ordenó retirar el asunto y enviarlo al Tribunal Pleno, posteriormente en sesión de diecisiete de junio de dos mil catorce, fue listado el asunto para ser visto en sesión de Pleno.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que subsiste un problema de constitucionalidad relacionado con los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan preceptos de la ley aludida, circunstancia que hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales.
SEGUNDO.- Resulta innecesario analizar la oportunidad de la presentación del presente recurso de revisión, dado que el Tribunal Colegiado en el considerando Tercero de la sentencia recurrida, ya se ocupó de ese análisis y determinó que fue interpuesto dentro del término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo.
TERCERO.- Los impetrantes de garantías ahora recurrentes, en sus agravios aducen en síntesis lo siguiente:
1. En su primer agravio señalan que se violaron las formalidades del procedimiento del juicio de amparo, el principio de continuidad de la audiencia constitucional y el de competencia del juzgado federal que resuelve.
Lo anterior es así, porque, en la especie, fue el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien conoció primero de la demanda de amparo y la radicó bajo el número de expediente **********, quien además sustanció el procedimiento e inició la celebración de la audiencia constitucional sin culminarla, donde a ese juzgador le faltó el dictar la sentencia en forma directa, ya que quien la dictó fue el diverso Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en el expediente **********, quien se declaró competente para dictar la sentencia de amparo que hoy se impugna, lo cual estiman ilegal.
Esto porque, en las leyes emanadas del poder legislativo, que por ser las leyes especiales son las que rigen el procedimiento, no prevén, como parte del procedimiento, que un Juzgado de Distrito conozca del procedimiento de un juicio de amparo y que sea otro Juzgado de Distrito quien conozca del procedimiento de un juicio de amparo para el solo efecto de la elaboración de la sentencia y dictada que sea nuevamente regrese el expediente al Juzgado que previno primero, como en la especie pasó.
Que al contrario, corresponde al Juzgado que previno primero y que radicó la demanda de amparo conocer de éste en su totalidad, lo cual implica el dictado de la sentencia, ya que de no ser así, se violentan las formalidades del procedimiento, debido a que la ley de la materia no prevé que un Juzgado conozca del procedimiento y que otro dicte la sentencia; no, el juzgado que conoce del asunto debe conocerlo en su totalidad, lo que incluye el dictado de la sentencia.
Lo anterior, máxime que fue el Juzgado Séptimo de Distrito del Decimosexto Circuito quien, en fecha veintidós de julio de dos mil nueve, inició la audiencia constitucional del juicio de amparo del que deriva este asunto y a él le correspondía concluirla, audiencia constitucional la cual concluye con el dictado de la sentencia, porque no es debido que la audiencia constitucional la celebre un órgano jurisdiccional y la concluya otro juzgado federal, lo que violenta el artículo 155 de la Ley de Amparo, debido a que, del procedimiento del juicio de amparo sólo puede conocer un solo Juzgado Federal, esto es, el que conoció primero.
Que la audiencia constitucional se conforma de diversas etapas procesales, como lo es la de recepción de las pruebas, los alegatos y el dictado de la resolución, cuyas etapas no son aisladas sino que en ellas rige el principio de unidad y continuidad de la audiencia constitucional lo que hace a esas etapas indivisibles.
Luego entonces, si la audiencia constitucional la inició el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en todas sus etapas a excepción de la última, y la sentencia del juicio de amparo la elabora el diverso Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en el expediente **********, en auxilio del primer órgano jurisdiccional que previno primero del conocimiento del asunto, ello resulta violatorio de las reglas reguladoras del juicio de amparo indirecto, ya que el artículo 155 de la Ley de Amparo no autoriza que la audiencia constitucional la inicie un juez y la concluya otro distinto órgano jurisdiccional. Máxime que, sobre la validez de dicha sentencia, el juez que previno primero del conocimiento del asunto jamás la ha convalidado, pero, aun así, ello es insubsanable.
Así pues, si la sentencia del juicio de amparo fue dictada por un diverso Juez titular de otro órgano jurisdiccional de aquel que previno primero del conocimiento de la demanda de amparo y quien inició la audiencia constitucional, debe entenderse que la sentencia de la demanda de amparo fue dictada fuera de la audiencia constitucional, al no ser posible que un órgano jurisdiccional inicie la celebración de la audiencia constitucional y otro sea el que dicte la sentencia, ya que la audiencia constitucional comprende, en estricto sentido, un solo acto procesal que abarca desde su apertura hasta el dictado de la sentencia, dentro de lo cual, como ya se dijo, comprende el período de pruebas, alegatos de las partes, el pedimento del Ministerio Público y la sentencia, sin que exista en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición que autorice la separación de las etapas que conforman, en una sola unidad, la audiencia constitucional, ni que la audiencia constitucional se lleva a cabo por un juez de órgano jurisdiccional y otro juez dicte la sentencia, lo cual de ser así significa que la sentencia fue dictada fuera de la audiencia constitucional, siendo ello ilegal. Que respalda lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SU CELEBRACIÓN EN FORMA DISTINTA DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE SU REPOSICIÓN".
De ahí que la sentencia dictada y materia del acto impugnado, mediante esta vía, proviene de autoridad incompetente y dictada fuera de la audiencia constitucional, ya que fue una autoridad la que previno del conocimiento del asunto y fue otra la que dictó la sentencia del mismo asunto.
Si bien los Acuerdos 18/2008, 28/2008 y 46/2008 [sic], así como el oficio ********** contemplan la posibilidad para que un Juzgado dé trámite a una demanda de amparo y que otro dicte la sentencia de ese mismo asunto, también es cierto que tales ordenamientos contravienen el principio de especialidad de la ley, pues contemplan un diverso procedimiento del establecido en la Ley de Amparo y, ante tal situación, debe prevalecer el previsto en la ley de la materia, al no ser función del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal regular un aspecto procedimental del amparo, sino que esto es propio del Poder Legislativo, así que, con mayor razón, debe prevalecer el procedimiento que el legislativo estableció al efecto, atendiendo al principio de especialidad de normas legales donde dos ordenamientos legales distintos regulan un mismo tema, en este caso, un aspecto del procedimiento del juicio de amparo, como lo es la audiencia constitucional, donde la Ley de Amparo prevé implícitamente que el Juzgado que radica la demanda debe conocer del asunto en su totalidad, lo cual incluye el dictado de las sentencias de amparo, atentos al artículo 155 de la Ley de Amparo, mas, contrario a ello, los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal prevén que los Juzgados Auxiliares se ocupen del dictado de la sentencias de los juicios que hasta ahora conocen los Juzgados de Distrito, cuando la ley de la materia señala que ello también incumbe a los Juzgados que conocen primero el asunto.
Luego entonces, ante una misma situación regulada en formas diversas debe prevalecer la regulada en la Ley especial que, en este caso, es la Ley de Amparo y no conforme a como lo prevén dichos acuerdos, máxime que no corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal legislar sobre este tema.
Es necesario también resaltar que, por cuestiones especiales y particulares que se pueden presentar en todo juicio de amparo, la ley de la materia previene diversos supuestos para que el Juzgador que conoce de un juicio de amparo deje de conocer de él y siga conociendo otro juzgado, siempre que se actualice algún motivo de impedimento y sobre el cual exista un pronunciamiento especial al efecto para que el Juez que previno primero del conocimiento del asunto deje de hacerlo, cuyo pronunciamiento no existe en autos, por lo que no hay motivo para que otro juzgador conozca para el solo efecto de resolverlo.
En el entendido de que, para que un Juez deje de conocer de un asunto por impedimento alguno, se requiere de una recusación, excusa o conflicto de competencia y en autos no existen tales procedimientos, de ahí que, atendiendo a los supuestos de la Ley Especial, no hay justificación para que otro Juez distinto del que conoce del asunto dicte la sentencia.
En consecuencia, la sentencia materia de la impugnación proviene de autoridad incompetente, dictada fuera de la audiencia constitucional y por un Juez de distinto órgano del que presidió la audiencia, por lo que se debe reponer el procedimiento de la audiencia constitucional para el solo efecto de que sea el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guanajuato, quien dicte la sentencia que el caso amerite, ya que el resto de las etapas de la audiencia constitucional fueron
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80144-b8aaa591/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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