AMPARO EN REVISIÓN 6/2012. **********. 17 DE JUNIO DE 2014. MINISTRO ENCARGADO: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIOS: LORENA GOSLINGA REMÍREZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
Vo. Bo.
Ministro:
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día diecisiete de junio de dos mil catorce.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Demanda. Mediante sendos escritos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Jalisco, el trece de febrero de dos mil ocho, (1) **********, ********** y (2) **********, por conducto de sus respectivos representantes legales ********** y **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
Autoridades responsables:
1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Secretario de Gobernación.
5. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
6. Director del Diario Oficial de la Federación.
Actos reclamados:
En su respectivo ámbito de competencia, la iniciativa, discusión, votación, aprobación, expedición, promulgación, sanción, orden de publicación, no ejercicio del derecho de veto, refrendo y publicación:
• Del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, específicamente los artículos 1, párrafos primero y penúltimo, 2, párrafos primero, tercero y penúltimo, 3, fracciones I, párrafos segundo y tercero, y IV, párrafo segundo, 4, fracción II, incisos c) y e), 5, fracciones I, párrafo segundo, II, párrafo segundo, V y VI, 6, fracción I, 7, 8, fracción V, 9, párrafo último, 10, párrafo tercero y 11, así como los artículos Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno Transitorios, todos de dicha ley.
• Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil siete.
SEGUNDO. Derechos que se aducen violados. Las quejosas señalaron como derechos violados los previstos en los artículos 1°, 14, 16, 31, fracción IV y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narraron los antecedentes del caso y expresaron los conceptos de violación que estimaron convenientes.
TERCERO. Trámite ante el Juez de Distrito de origen y sentencia dictada por el Juez de Distrito auxiliar. De dichas demandas correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, quien mediante autos de catorce de febrero de dos mil ocho, ordenó su registro con los números ********** y **********, respectivamente, y formuló sendos requerimientos a las quejosas para que exhibieran copias suficientes de sus demandas. Una vez desahogados los requerimientos de referencia, en atención a que los juicios aludidos fueron promovidos en contra de las mismas autoridades responsables atribuyéndoles los mismos actos reclamados, por auto de veinticinco de febrero de dos mil ocho, dicho juzgador de amparo ordenó acumular el juicio señalado en segundo lugar, al primero.
Seguidos los trámites legales correspondientes, se verificó la audiencia constitucional el día veintiuno de agosto de dos mil ocho, por lo que encontrándose integrado el expediente para dictar la resolución que en derecho procediera y en cumplimiento a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 10/2008, 15/2008 y 19/2008, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa acta circunstanciada de la misma fecha, el Juez de Distrito del conocimiento ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que ésta lo turnara al juzgado que correspondiera a fin de que dictara el fallo correspondiente.
Recibido el expediente en dicha oficina, se envió al Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil ocho, lo tuvo por recibido, quedando registrado con el número auxiliar ********** para que, en su oportunidad, se dictara la sentencia correspondiente.
Mediante resolución de uno de septiembre de dos mil nueve, dicho juzgador auxiliar determinó sobreseer en el juicio (resolutivo primero, conforme al considerando tercero), negar el amparo solicitado (resolutivo segundo, conforme a los considerandos séptimo y octavo) y conceder la protección constitucional solicitada por las quejosas (resolutivo tercero, conforme al considerando noveno).
CUARTO. Interposición de los recursos de revisión. Una vez hechas las notificaciones correspondientes a las autoridades responsables por medios electrónicos, el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en ausencia del Procurador Fiscal de la Federación, del Oficial Mayor, de los Subsecretarios de Egresos, de Ingresos de Hacienda y Crédito Público, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien actúa en representación del Presidente de la República, también por vía electrónica, interpusieron sendos recursos de revisión, los cuales tuvo por presentados el Juez de Distrito auxiliar mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil nueve.
Encontrándose integrado el expediente, por auto de trece de noviembre de dos mil nueve, el Juez de Distrito auxiliar ordenó devolver los autos al juzgado de origen en términos del Acuerdo General 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que estuviera en posibilidad de ordenar las notificaciones pendientes y, en su caso, remitir el sumario de garantías al tribunal de alzada.
Recibido el asunto en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, su titular, mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, ordenó notificar a las partes el diverso proveído de diecinueve de octubre del mismo año, en el cual el Juzgado de Distrito auxiliar tuvo por interpuestos los recursos de revisión promovidos en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Presidente de la República y, adicionalmente, al advertir que el asunto encuadraba en los supuestos del Acuerdo General 5/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por el que se ordena a los Juzgados de Distrito la suspensión del envío directo a este Alto Tribunal y la reserva de la remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito, de los recursos de revisión interpuestos -entre otros- en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo en los que se impugna la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete), determinó reservar la remisión de los recursos de revisión interpuestos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, hasta en tanto el Pleno o las Salas del Tribunal Constitucional, fijaran los criterios jurisprudenciales correspondientes.
Mediante auto de diez de diciembre de dos mil nueve, el Juez de Distrito de origen tuvo por recibido el escrito suscrito de manera conjunta por los representantes legales de las quejosas, a través del cual interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el uno de septiembre de dos mil nueve, ordenó dar trámite al recurso planteado y, finalmente, reservó proveer en cuanto al envío del asunto al tribunal de alzada, hasta en tanto el expediente se encontrara debidamente integrado.
Una vez integrado el expediente, conforme al Acuerdo General 5/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juez de Distrito de origen nuevamente ordenó reservar la remisión de los recursos de revisión interpuestos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, hasta en tanto el Pleno o las Salas del Tribunal Constitucional, fijaran los criterios jurisprudenciales correspondientes.
Posteriormente, mediante auto de cuatro de marzo de dos mil diez, dicho juzgador de origen tuvo por recibido el oficio 1093-A mediante el cual, el Secretario del Juzgado de Distrito auxiliar hizo de su conocimiento que mediante auto de treinta de noviembre de dos mil nueve, dictado en el expediente auxiliar **********, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión promovido por el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En ese mismo proveído, el juzgador de origen ordenó notificar a las quejosas y al Agente del Ministerio Público correspondiente el medio de defensa aludido y, finalmente, reservó su remisión al tribunal de alzada en los mismos términos que lo había hecho en relación con los demás recursos de revisión interpuestos por las demás partes.
En atención al Acuerdo General 16/2010 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la sentencia en los recursos de revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y se ordena la remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito, para su resolución, de los referidos asuntos que se encuentran en la propia Suprema Corte o en los Juzgados de Distrito) y, toda vez que el expediente se encontraba debidamente integrado, mediante auto de diez de febrero de dos mil once, el Juez de Distrito de origen ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno.
QUINTO. Trámite ante el Tribunal Colegiado de origen y resolución dictada por el Tribunal Colegiado auxiliar. Una vez remitidos los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, su Presidente, mediante auto de quince de febrero de dos mil once, los tuvo por recibidos y ordenó su registro con el número **********. Mediante auto de dos de marzo siguiente, admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos.
Posteriormente, en atención a los Acuerdos Generales 42/2009 y 12/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como al oficio **********, de treinta y uno de marzo de dos mil once, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del citado consejo, mediante auto de once de octubre de dos mil once, el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito ordenó remitir el expediente, para su resolución, al Tribunal Colegiado auxiliar correspondiente.
Recibidos los autos en el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, su Presidente, mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil once, ordenó su registro con el número 748/2011 y turnarlo a la ponencia respectiva para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
En sesión correspondiente al veintitrés de noviembre de dos mil once, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, resolvió declararse legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto, en razón de que en él subsiste un problema de constitucionalidad de los acuerdos generales (10/2008 y 15/2008) emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares, y sobre tal temática no se ha definido jurisprudencia; por tanto, ordenó remitir el expediente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEXTO. Trámite ante este Alto Tribunal. Una vez recibidos los autos, mediante proveído de seis de enero de dos mil doce, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el toca de revisión bajo el número 6/2012, determinó que este Alto Tribunal asumiera su competencia originaria para conocer del presente asunto (en que se plantea vía agravios la inconstitucionalidad de los Acuerdos Generales 10/2008 y 15/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete), ordenó turnar el asunto, para su estudio, al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano y, finalmente, mandó notificar a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, acompañando a éste último copias de los respectivos pliegos de agravios.
SÉPTIMO. Creación de la Comisión 52. En términos del punto Primero del Acuerdo General 11/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de nueve de enero dos mil doce, dicho órgano colegiado determinó crear la Comisión 52 de Secretarios de Estudio y Cuenta para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad de los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos.
OCTAVO. No caducidad y returno. Mediante oficio 529/III-DACAAA-(MRA)-46306, presentado el trece de marzo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación y Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el delegado del Presidente de la República solicitó se dictara sentencia en el presente asunto, a efecto de que no se actualizara la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Al respecto, mediante auto de veinte de marzo de dos mil trece, el Presidente de este Alto Tribunal señaló que en términos del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, se derogó la fracción XIV del artículo 107 constitucional, la cual regulaba la caducidad de la instancia; por tanto, ordenó informar a la autoridad oficiante que, por regla general, en los juicios de amparo ya no correrá plazo de caducidad alguno. Adicionalmente, en atención a que el veintidós de noviembre de dos mil doce, el Senado de la República designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en sustitución del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en dicho proveído ordenó returnar el asunto al primero de los nombrados.
NOVENO. Turno al Ministro encargado de la Comisión 52. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del citado Acuerdo General 11/2010 del Pleno de este Alto Tribunal y conforme a su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se returnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que, si bien se reclamó la inconstitucionalidad de diversos preceptos, entre otros, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y sobre esa temática ya existe jurisprudencia de este Alto Tribunal que permitiría su resolución por parte del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en el asunto subsiste un problema de constitucionalidad relacionado con los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan preceptos de la ley aludida, circunstancia que hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales.
Cabe destacar que si bien el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año señalados, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo en términos del artículo Tercero Transitorio del ordenamiento jurídico citado en primer término,(1) debido a que el presente juicio de amparo inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley.
SEGUNDO. Oportunidad. Los recursos de revisión fueron interpuestos(2) dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, como a continuación se indica:
El Presidente de la República consultó la sentencia recurrida el viernes cuatro de septiembre de dos mil nueve (foja 1140 del cuaderno de amparo), por lo que la notificación surtió efectos el mismo día. Ahora, el plazo de diez días para interponer el recurso, transcurrió del lunes siete al martes veintidós de septiembre de dos mil nueve, debiendo descontarse los días doce, trece, diecinueve y veinte del mismo mes, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, así como los días lunes catorce y miércoles dieciséis de septiembre, por ser inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el viernes dieciocho de septiembre de dos mil nueve, según se desprende del acuse de recibo electrónico certificado correspondiente (foja 1169 del cuaderno de amparo), es claro que fue interpuesto oportunamente.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consultó la sentencia recurrida el lunes once de septiembre de dos mil nueve (foja 1139 del cuaderno de amparo), por lo que la notificación surtió efectos el mismo día. Ahora, el plazo de diez días para interponer el recurso, transcurrió del martes quince al martes veintinueve de septiembre de dos mil nueve, debiendo descontarse los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del mismo mes, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, así como los días lunes catorce y miércoles dieciséis de septiembre, por ser inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el viernes dieciocho de septiembre de dos mil nueve, según se desprende del acuse de recibo electrónico certificado correspondiente (foja 1144 del cuaderno de amparo), es claro que fue interpuesto oportunamente.
La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión consultó la sentencia recurrida el lunes veintiséis de octubre de dos mil nueve (foja 1194 del cuaderno de amparo), por lo que la notificación surtió efectos el mismo día. Ahora, el plazo de diez días para interponer el recurso, transcurrió del martes veintisiete de octubre al lunes nueve de noviembre de dos mil nueve, debiendo descontarse los días treinta y uno de octubre y primero, siete y ocho de noviembre, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, y ser inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el veintiocho de octubre de dos mil nueve, según se desprende del acuse de recibo electrónico certificado correspondiente (foja 2040-bis del cuaderno de amparo), es claro que fue interpuesto oportunamente.
Finalmente, la sentencia recurrida fue notificada a las quejosas recurrentes por medio de lista el miércoles veinticinco de noviembre de dos mil nueve (foja 1915 del cuaderno de amparo), habiendo surtido efectos al día siguiente hábil, es decir, el día jueves veintiséis del mismo mes y año. Ahora, el plazo de diez días para interponer el recurso, transcurrió del viernes veintisiete de noviembre al jueves diez de diciembre de dos mil nueve, debiendo descontarse los días veintiocho y veintinueve de noviembre, y cinco y seis de diciembre, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, y ser inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto mediante escrito presentado el miércoles nueve de diciembre de dos mil nueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, según se desprende del acuse de recibo correspondiente (foja 22 del toca en que se actúa), es claro que fue interpuesto oportunamente.
TERCERO. Materia de estudio en el presente fallo.
En el caso analizado, las quejosas reclaman la inconstitucionalidad, entre otras, de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil siete; en cumplimiento a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 10/2008, 15/2008 y 19/2008, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que el Juez de Distrito de origen llevó a cabo la audiencia constitucional, el asunto fue remitido para su resolución al correspondiente Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el que en su oportunidad pronunció la sentencia respectiva.
En contra de esa determinación, las partes interpusieron sendos recursos de revisión que, previa reserva de trámite, fueron remitidos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente -que proveyó sobre su admisión y trámite- para su resolución, una vez que este Alto Tribunal definió los criterios respectivos (Acuerdo General 16/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Posteriormente, en atención al Acuerdo General 42/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a la circular CAR/02/CCNO/2011, dirigida a los Tribunales Colegiados de Circuito de la República, por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del citado consejo, dichos medios de impugnación fueron remitidos para su resolución al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el cual, resolvió declararse legalmente incompetente y remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que subsiste un problema de constitucionalidad de los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y sobre tal temática no se ha definido jurisprudencia, aspectos que en efecto, se tuvieron en consideración para reasumir la competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer del asunto.
De acuerdo con lo anterior, conforme a los planteamientos contenidos en la demanda de amparo, lo resuelto en la sentencia recurrida y los agravios expuestos por las partes, el presente asunto involucra (tanto para efectos de su procedencia como en su aspecto de fondo), en esencia, el análisis de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y otras disposiciones de carácter general con ella relacionadas.
Pero adicionalmente, se suscita la peculiaridad de que vía recurso de revisión, las quejosas recurrentes en su primer agravio plantean la inconstitucionalidad de los Acuerdos Generales 10/2008 y 15/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de los cuales se crearon Juzgados de Distrito auxiliares a los que se les encomendó el dictado de la resolución correspondiente en aquellos juicios de amparo en los que se hubiese impugnado la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, entre otros.
El contenido esencial de dichos instrumentos normativos, es el siguiente:
Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán.
Mediante dicho acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de abril de dos mil ocho, se creó el Centro Auxiliar aludido "conformado por cuatro tribunales colegiados Auxiliares y nueve juzgados de Distrito Auxiliares (...) los cuales tendrán jurisdicción en toda la República y competencia mixta, para apoyar en el dictado de sentencias, (...)." (punto Primero); para ello, se definieron las líneas generales de su funcionamiento e integración, entre otros aspectos de carácter administrativo.(3)
Acuerdo General 15/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con jurisdicción en la República Mexicana.
A través de este instrumento normativo también publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de abril de dos mil ocho (modificado mediante el diverso Acuerdo General 19/2008, publicado el veintiocho de abril de dos mil ocho), el Consejo de la Judicatura Federal dispuso que "Los Juzgados Quinto de Distrito Auxiliar y Sexto de Distrito Auxiliar ambos del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, iniciarán funciones el dieciséis de abril de dos mil ocho, los cuales funcionarán conforme a lo establecido en el Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal" (punto Primero) y que "apoyarán a los juzgados de Distrito de toda la República en el dictado de sentencias contra la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, entre otros.", para lo cual, a partir de la fecha señalada, "los juzgados de Distrito de toda la República deberán enviar directamente los asuntos antes mencionados después de celebrada la audiencia constitucional a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla." (Punto Segundo)(4)
En el señalamiento de inconstitucionalidad de los acuerdos generales aludidos por estimar que se transgreden los artículos 1°, 13, 14, 16, 17, 94 y 133 de la Constitución General de la República, las quejosas recurrentes aducen, entre otras cuestiones, que el Juez de Distrito auxiliar carece de competencia para resolver el asunto (desde los puntos de vista territorial y material), que se erige como un tribunal especial por haberse creado con posterioridad a la emisión de los actos reclamados en el juicio, además de que indebidamente se le otorga competencia en todo el país, y que con motivo de los acuerdos generales aludidos, el Juez de Distrito que conoció originalmente del asunto se ve obligado por el Consejo de la Judicatura Federal a declinar su competencia a favor del Juez de Distrito auxiliar, vulnerándose así los principios de sujeción a la ley, independencia e imparcialidad.
Como se puede observar, el estudio de los acuerdos generales impugnados implica dilucidar, desde el punto de vista constitucional, si un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y fue tramitado hasta la audiencia constitucional ante un Juez de Distrito, puede ser remitido a un diverso Juez de Distrito auxiliar, a efecto de que dicte la sentencia correspondiente, considerando que puede tener competencia mixta y jurisdicción en toda la República en términos de las disposiciones impugnadas.
Consecuentemente, dado que tal aspecto es el que motivó en exclusiva la reasunción de competencia originaria por parte de este Alto Tribunal, en torno a él quedará circunscrito el estudio de fondo en el presente fallo (primer agr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80103-d7b4cdc8/amparo-en-revision-6-2012-17-de-junio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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