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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 253/2012. **********. 17 DE JUNIO DE 2014. MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIOS: LORENA GOSLINGA REMÍREZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 253/2012. · Registro digital (IUS): 80106
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Versión electrónica, Pág. 2.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día diecisiete de junio de dos mil catorce.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, Torreón, Coahuila, el trece de febrero de dos mil ocho, **********, por conducto de su representante legal **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

Autoridades responsables:

1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Secretario de Gobernación.

5. Secretario de Hacienda y Crédito Público.

6. Director del Diario Oficial de la Federación.

Actos reclamados:

En su respectivo ámbito de competencia, la iniciativa, discusión, votación, aprobación, expedición, promulgación, sanción, orden de publicación, no ejercicio del derecho de veto, refrendo y publicación:

• Del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, específicamente los artículos 1, párrafos primero y penúltimo, 2, párrafos primero, tercero y penúltimo, 3, fracciones I, párrafos segundo y tercero, y IV, párrafo segundo, 4, fracción II, incisos c) y e), 5, fracciones I, párrafo segundo, II, párrafo segundo, V y VI, 6, fracción I, 7, 8, fracción V, 9, párrafo último, 10, párrafo tercero y 11, así como los artículos Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno Transitorios, todos de dicha ley.

• Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil siete.

SEGUNDO. Derechos que se aducen violados. La quejosa señaló como derechos violados los previstos en los artículos 1°, 14, 16, 31, fracción IV y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó convenientes.

TERCERO. Trámite ante el Juez de Distrito de origen y sentencia dictada por el Juez de Distrito auxiliar. De dicha demanda correspondió conocer, por razón de turno, a la Jueza Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, quien mediante auto de quince de febrero de dos mil ocho, la admitió a trámite, quedando registrada con el número **********.

Seguidos los trámites legales correspondientes, se verificó la audiencia constitucional el día ocho de octubre de dos mil ocho, por lo que encontrándose integrado el expediente para dictar la resolución que en derecho procediera y en cumplimiento a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 10/2008, 15/2008 y 19/2008, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de la misma fecha, la Jueza de Distrito del conocimiento ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que ésta lo turnara al juzgado que correspondiera a fin de que dictara el fallo correspondiente.

Recibido el expediente en dicha oficina, se envió al Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien mediante auto de tres de noviembre de dos mil ocho, lo tuvo por recibido, quedando registrado con el número auxiliar ********** para que, en su oportunidad, se dictara la sentencia correspondiente.

Mediante resolución de diez de marzo de dos mil diez, dicho juzgador auxiliar determinó sobreseer en el juicio (resolutivo primero, conforme al considerando tercero), negar el amparo solicitado (resolutivo segundo, conforme a los considerandos séptimo, octavo y noveno) y conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa (resolutivo tercero, conforme al considerando décimo).

CUARTO. Interposición de los recursos de revisión. Una vez hechas las notificaciones correspondientes a las autoridades responsables por medios electrónicos, el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en ausencia del Procurador Fiscal de la Federación, del Oficial Mayor, de los Subsecretarios de Egresos, de Ingresos de Hacienda y Crédito Público, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien actúa en representación del Presidente de la República, también por vía electrónica, interpusieron sendos recursos de revisión, los cuales tuvo por presentados el Juez de Distrito auxiliar mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil diez.

Encontrándose integrado el expediente, por auto de diez de junio de dos mil diez, el Juez de Distrito auxiliar ordenó devolver los autos al juzgado de origen en términos del Acuerdo General 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que estuviera en posibilidad de ordenar las notificaciones pendientes y, en su caso, remitir el sumario de garantías al tribunal de alzada.

Recibido el asunto en el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, su titular, mediante auto de quince de junio de dos mil diez, ordenó notificar a las partes restantes la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito auxiliar, así como los recursos de revisión interpuestos.

Hechas las notificaciones de referencia y, toda vez que el representante legal de la quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, mediante proveído de cinco de julio de dos mil diez, el Juez de Distrito del conocimiento lo tuvo interponiendo el recurso de mérito y al advertir que el asunto encuadraba en los supuestos del Acuerdo General 5/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por el que se ordena a los Juzgados de Distrito la suspensión del envío directo a este Alto Tribunal y la reserva de la remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito, de los recursos de revisión interpuestos -entre otros- en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo en los que se impugna la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete), determinó suspender la remisión de los recursos de revisión interpuestos al Tribunal de Alzada competente, hasta en tanto el Pleno o las Salas del Tribunal Constitucional, fijaran los criterios jurisprudenciales correspondientes.

En atención al Acuerdo General 16/2010 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la sentencia en los recursos de revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y se ordena la remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito, para su resolución, de los referidos asuntos que se encuentran en la propia Suprema Corte o en los Juzgados de Distrito) y, toda vez que el expediente se encontraba debidamente integrado, mediante auto de quince de diciembre de dos mil diez, el Juez de Distrito de origen ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno.

QUINTO. Trámite ante el Tribunal Colegiado de origen y resolución dictada por el Tribunal Colegiado auxiliar. Una vez remitidos los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, su Presidente, mediante auto de cuatro de enero de dos mil diez, admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, quedando registrados bajo el número **********.

Mediante oficio **********, el delegado del Presidente de la República interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual fue admitido a trámite mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil once.

Posteriormente, en atención a la circular **********, dirigida a los Tribunales Colegiados de Circuito de la República, por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se establece que el Primer y Segundo Tribunales Colegiados Auxiliares, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apoyarán en el dictado de sentencias, entre otros, en los amparos en revisión en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil siete y, al advertir que el asunto se ubica en los supuestos de referencia, mediante auto de tres de marzo de dos mil once, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, ordenaron remitir el expediente al Tribunal Colegiado auxiliar correspondiente.

Recibidos los autos en el entonces Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, ahora Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el mismo lugar, su Presidente, mediante auto de seis de abril de dos mil once, ordenó su registro con el número ********** y turnarlo a la ponencia respectiva para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

En sesión correspondiente al ocho de marzo de dos mil doce, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resolvió solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver el asunto, en razón de que en él subsiste un problema de constitucionalidad de los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares, y sobre tal temática no se ha definido jurisprudencia.

SEXTO. Creación de la Comisión 52. En términos del punto Primero del Acuerdo General 11/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de nueve de enero dos mil doce, dicho órgano colegiado determinó crear la Comisión 52 de Secretarios de Estudio y Cuenta para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad de los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos.

SÉPTIMO. Trámite ante este Alto Tribunal. Una vez recibidos los autos en este Alto Tribunal y en atención a que en sesión privada correspondiente al nueve de abril de dos mil doce, el Pleno determinó reasumir competencia para conocer del presente asunto en que se plantea vía agravios la inconstitucionalidad de los Acuerdos Generales 10/2008 y 15/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, mediante auto de doce de abril de dos mil doce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó: registrar el expediente bajo el toca 253/2012; reiteró la reasunción de competencia de este Alto Tribunal para conocer de los recursos de revisión hechos valer; en atención a la creación de la referida Comisión 52, reservó el trámite subsecuente del asunto hasta en tanto este Alto Tribunal emitiera los criterios respectivos y destacó que, por regla general, en los juicios de amparo ya no correrá plazo de caducidad alguno; y notificar a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, acompañando a este último copias de los respectivos pliegos de agravios.

OCTAVO. Turno al Ministro encargado de la Comisión 52. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del citado Acuerdo General 11/2010 del Pleno de este Alto Tribunal y conforme a su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que, si bien se reclamó la inconstitucionalidad de diversos preceptos, entre otros, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y sobre esa temática ya existe jurisprudencia de este Alto Tribunal que permitiría su resolución por parte del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en el asunto subsiste un problema de constitucionalidad relacionado con los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan preceptos de la ley aludida, circunstancia que hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales.

Cabe destacar que si bien el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año señalados, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo en términos del artículo Tercero Transitorio del ordenamiento jurídico citado en primer término,(1) debido a que el presente juicio de amparo inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley.

SEGUNDO. Oportunidad. Es innecesario analizar si los recursos de revisión fueron interpuestos dentro del plazo legal respectivo, habida cuenta que el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante resolución de ocho de marzo de dos mil doce pronunciada en el toca **********, examinó dicha cuestión y concluyó que fueron presentados de manera oportuna.

TERCERO. Materia de estudio en el presente fallo.

En el caso analizado, la quejosa reclama la inconstitucionalidad, entre otras, de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil siete; en cumplimiento a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 10/2008, 15/2008 y 19/2008, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que el Juez de Distrito de origen llevó a cabo la audiencia constitucional, el asunto fue remitido para su resolución al correspondiente Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el que en su oportunidad pronunció la sentencia respectiva.

En contra de esa determinación, las partes interpusieron sendos recursos de revisión que, previa reserva de trámite, fueron remitidos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente -que proveyó sobre su admisión y trámite- para su resolución, una vez que este Alto Tribunal definió los criterios respectivos (Acuerdo General 16/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Posteriormente, en atención al Acuerdo General 42/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a la circular **********, dirigida a los Tribunales Colegiados de Circuito de la República, por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del citado consejo, dichos medios de impugnación fueron remitidos para su resolución al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual, resolvió solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver el asunto, al considerar que subsiste un problema de constitucionalidad de los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de los cuales crea órganos jurisdiccionales auxiliares y les asigna la resolución, entre otros, de aquellos juicios de amparo en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y sobre tal temática no se ha definido jurisprudencia, aspectos que en efecto, este Alto Tribunal tuvo en consideración para reasumir su competencia originaria para conocer del asunto.

De acuerdo con lo anterior, conforme a los planteamientos contenidos en la demanda de amparo, lo resuelto en la sentencia recurrida y los agravios expuestos por las partes, el presente asunto involucra (tanto para efectos de su procedencia como en su aspecto de fondo), en esencia, el análisis de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y otras disposiciones de carácter general con ella relacionadas.

Pero adicionalmente, se suscita la peculiaridad de que vía recurso de revisión, la quejosa recurrente en su primer agravio plantea la inconstitucionalidad de los Acuerdos Generales 10/2008 y 15/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de los cuales se crearon Juzgados de Distrito auxiliares a los que se les encomendó el dictado de la resolución correspondiente en aquellos juicios de amparo en los que se hubiese impugnado la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, entre otros.

El contenido esencial de dichos instrumentos normativos, es el siguiente:

Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán.

Mediante dicho acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de abril de dos mil ocho, se creó el Centro Auxiliar aludido "conformado por cuatro tribunales colegiados Auxiliares y nueve juzgados de Distrito Auxiliares (...) los cuales tendrán jurisdicción en toda la República y competencia mixta, para apoyar en el dictado de sentencias, (...)." (punto Primero); para ello, se definieron las líneas generales de su funcionamiento e integración, entre otros aspectos de carácter administrativo.(2)

Acuerdo General 15/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con jurisdicción en la República Mexicana.

A través de este instrumento normativo también publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de abril de dos mil ocho (modificado mediante el diverso Acuerdo General 19/2008, publicado el veintiocho de abril de dos mil ocho), el Consejo de la Judicatura Federal dispuso que "Los Juzgados Quinto de Distrito Auxiliar y Sexto de Distrito Auxiliar ambos del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, iniciarán funciones el dieciséis de abril de dos mil ocho, los cuales funcionarán conforme a lo establecido en el Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal" (punto Primero) y que "apoyarán a los juzgados de Distrito de toda la República en el dictado de sentencias contra la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, entre otros.", para lo cual, a partir de la fecha señalada, "los juzgados de Distrito de toda la República deberán enviar directamente los asuntos antes mencionados después de celebrada la audiencia constitucional a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla." (punto Segundo).(3)

En el señalamiento de inconstitucionalidad de los acuerdos generales aludidos por estimar que se transgreden los artículos 1°, 13, 14, 16, 17, 94 y 133 de la Constitución General de la República, la quejosa recurrente aduce, entre otras cuestiones, que el Juez de Distrito auxiliar carece de competencia para resolver el asunto (desde los puntos de vista territorial y material), que se erige como un tribunal especial por haberse creado con posterioridad a la emisión de los actos reclamados en el juicio, además de que indebidamente se le otorga competencia en todo el país, y que con motivo de los acuerdos generales aludidos, el Juez de Distrito que conoció originalmente del asunto se ve obligado por el Consejo de la Judicatura Federal a declinar su competencia a favor del Juez de Distrito auxiliar, vulnerándose así los principios de sujeción a la ley, independencia e imparcialidad.

Como se puede observar, el estudio de los acuerdos generales impugnados implica dilucidar, desde el punto de vista constitucional, si un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y fue tramitado hasta la audiencia constitucional ante un Juez de Distrito, puede ser remitido a un diverso Juez de Distrito auxiliar, a efecto de que dicte la sentencia correspondiente, considerando que puede tener competencia mixta y jurisdicción en toda la República en términos de las disposiciones impugnadas.

Consecuentemente, dado que tal aspecto es el que motivó en exclusiva la reasunción de competencia originaria por parte de este Alto Tribunal, en torno a él quedará circunscrito el estudio de fondo en el presente fallo (primer agravio formulado por la quejosa), no sin antes emprender el análisis de los diversos agravios relacionados con la improcedencia del juicio.

CUARTO. Estudio del agravio en que se plantea la improcedencia del juicio por falta de interés jurídico de la quejosa.

En el primer agravio de la revisión adhesiva promovida por el delegado del Presidente de la República, se aduce que la quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 4, fracciones II y III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (en el que se prevén determinadas exenciones), en razón de que omitió exhibir los medios de prueba que acrediten que se encuentra en alguno de sus supuestos, esto es, que solicitó autorización para recibir donativos deducibles o, en su caso, que se le negó por no cubrir los requisitos respectivos (fracción III), o bien, que le reviste al carácter de asociación que presta servicios cuyas instalaciones deportivas no excedan el 25 % del valor total de sus instalaciones (fracción II, inciso c).

Al respecto -sostiene la autoridad adherente-, debe tomarse en cuenta que en términos del artículo Décimo Segundo Transitorio de la ley reclamada, las personas que no contaran con autorización para recibir donativos deducibles, tuvieron la posibilidad de solicitar y obtener dicha autorización en el ejercicio fiscal de dos mil ocho, de manera que si la quejosa no hizo uso de esa posibilidad, tal circunstancia sólo es atribuible a ella.

Por lo anterior -concluye dicha autoridad-, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque la quejosa no tiene interés jurídico para reclamar las normas referidas.

Este Tribunal Pleno estima que con independencia de que el Juez de Distrito hubiese analizado o no de manera exhaustiva la causa de improcedencia planteada por la autoridad adherente, en el sentido de que la quejosa no demostró su interés jurídico para reclamar en el presente juicio -entre otros- la inconstitucionalidad del artículo 4, fracciones II (inciso c) y III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única,(4) lo cierto es que en el caso no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece,(5) respecto de dichas porciones normativas.

En efecto, este Tribunal Pleno ha determinado mediante jurisprudencia que los sujetos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho) tienen interés jurídico para impugnar las normas que estructuran los elementos esenciales del tributo, así como todas las disposiciones que prevén elementos variables, por su sola entrada en vigor (en su carácter de autoaplicativas), siempre que demuestren indudable y específicamente que se ubican en los supuestos de causación, es decir, que son personas físicas o morales residentes en territorio nacional, o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que enajenan bienes, prestan servicios independientes u otorgan el uso o goce temporal de bienes, actividades por las cuales obtienen ingresos, independientemente del lugar donde se generen, y que con ello se les causa un perjuicio en su esfera jurídica.(6)

En el caso, la quejosa demostró los extremos anteriormente señalados con base en diversas probanzas allegadas al juicio.

En efecto, entre las documentales que obran en autos, se encuentran:

a) Copia certificada de la escritura constitutiva de la quejosa;

b) Copia certificada de recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales con sello digital, por concepto de impuesto empresarial a tasa única correspondiente al mes de enero de dos mil ocho; y

c) Copia certificada del comprobante de inscripción de la quejosa en el Registro Federal de Contribuyentes.

De dichas documentales con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, se desprende que la quejosa en su calidad de persona moral residente en territorio nacional y dada de alta ante la autoridad hacendaria como contribuyente, llevó a cabo la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, actividades que le generaron ingresos gravados por el tributo en análisis, y respecto de los cuales se vio en la necesidad de enterar el pago provisional correspondiente, por lo que acude a esta instancia constitucional con motivo del primer acto de aplicación de las normas reclamadas como autoaplicativas.

En ese sentido, se advierte que la quejosa demostró de manera fehaciente, indudable y específica que materialmente se colocó en los supuestos de causación del tributo previstos por el artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única,(7) a partir de lo cual, resintió una afectación o alteración en su esfera jurídica por virtud del nuevo esquema tributario dispuesto en la ley reclamada desde su entrada en vigor.

Lo anterior es así, porque de las documentales antes aludidas deriva que la quejosa como persona moral contribuyente, realizó el pago provisional por concepto de impuesto empresarial a tasa única correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, y tal obligación de pago tiene lugar necesariamente a partir del hecho de que obtuvo ingresos por la realización de las actividades señaladas en el citado artículo 1 de la ley reclamada, lo cual pone de manifiesto sin lugar a dudas que se colocó en los supuestos de causación y que, incluso, después de aplicar la mecánica del tributo, obtuvo a su cargo un impuesto a pagar, todo lo cual provoca una afectación o alteración en su esfera jurídica que se remonta al momento en que entró en vigor la ley aludida, ya que desde entonces se le impusieron diversas obligaciones materiales y formales que culminaron -hasta ese momento- con el pago provisional respectivo; circunstancias que la colocan en aptitud de impugnar las disposiciones que regulan el tributo de referencia, tanto las que se refieren a sus elementos esenciales, como aquellas que prevén elementos variables.

Al respecto, resulta importante destacar que la Segunda Sala de este Alto Tribunal, también mediante jurisprudencia, determinó que el recibo de pago provisional del impuesto empresarial a tasa única con sello digital, es útil para acreditar el interés jurídico necesario para impugnar la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en tanto que la autoaplicación respectiva trasciende a la esfera jurídica del contribuyente y genera consecuencias desde el momento en que las autoridades fiscales reciben el pago provisional correspondiente.(8)

De acuerdo con lo anterior, una vez que la quejosa demostró ubicarse en los supuestos de causación y, por ende, quedó en aptitud de promover el juicio en contra de las disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ello significa que puede impugnar en la presente vía lo dispuesto por el artículo 4, fracciones II (inciso c) y III, de ese cuerpo normativo.

En efe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80106-df46f2d9/amparo-en-revision-253-2012-17-de-junio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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