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Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2016. · Registro digital (IUS): 26693
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-10-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Pág. 743.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 31 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

Lo anterior encuentra apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital: 2000331]

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por **********, parte quejosa en el juicio de amparo del que deriva el recurso de queja **********. Luego, es claro que está legitimada para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

I. Por lo que hace al recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto en sesión de once de diciembre de dos mil catorce, tenemos como antecedentes, los siguientes:

1. **********, fue parte ofendida en la causa penal **********; de ese proceso derivaron juicios de amparo en los que fue quejosa y, concretamente, en el identificado con el número **********, se dolió de que fue resuelto sin que se tomaran en cuenta los antecedentes del caso, derivados del diverso juicio de amparo **********, esto en términos del Acuerdo General 52/2008, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal.

2. Como consecuencia de lo anterior, el quince de mayo de dos mil catorce, esa persona elevó al Consejo de la Judicatura Federal una serie de peticiones, en los siguientes términos:

"Primera petición. Reconocer que el Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, en la solicitud de apoyo en el dictado de la sentencia en autos del amparo indirecto **********, dirigida al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, está obligado a sujetarse a la reglamentación establecida por ese Consejo de la Judicatura Federal contenida en el Acuerdo General 52/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán.

"Segunda petición. Ratificar que, conforme a lo dispuesto en el punto quinto del referido acuerdo, el Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, tiene la obligación de formar un expediente de antecedentes que contenga las copias de las actuaciones que a su juicio deba tener; expediente completo que debería de haber enviado al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región.

"Tercera petición. Reconocer que en el particular, el Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, fue absolutamente omiso en incluir en el expediente que envió al Juzgado Auxiliar, las copias de las actuaciones determinantes, que necesariamente deberían ser tomadas en cuenta por el juzgador auxiliar, a fin de estar en aptitud, este último juzgador, para emitir la sentencia encomendada.

"Cuarta petición. Decretar finalmente que la actuación del Juez Cuarto de Distrito en La Laguna es una actuación irregular, en cuanto a que constituye un incumplimiento manifiesto a lo ordenado en el Acuerdo del Pleno 52/2008.

"Procedencia de esta última petición. Ese Consejo de la Judicatura Federal tiene competencia para investigar las actuaciones de los Jueces de Distrito, para determinar la responsabilidad que corresponda (artículo 83, fracción II). En el particular, se pide únicamente que ese consejo se pronuncie sobre la etapa inicial de procedimiento de investigación para determinar que la actuación denunciada, imputable al Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, constituye una irregularidad en cuanto a que es violatoria de lo dispuesto en el ordenamiento multicitado; sin que la promovente pida a ese consejo que avance a la segunda etapa de la investigación y determine la responsabilidad que pudiera resultar."

3. Posteriormente, mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********** promovió juicio de amparo en contra del Consejo de la Judicatura Federal, de quien reclamó la omisión de emitir algún acuerdo dando respuesta a las diversas peticiones formuladas en el escrito de quince de mayo de dos mil catorce, de manera pacífica y respetuosa.

4. La demanda fue turnada al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la registró con el número **********, y la desechó de plano con apoyo en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, porque el juicio es improcedente en contra de actos atribuidos al Consejo de la Judicatura Federal.

5. En contra de esa determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya sentencia forma parte de la denuncia que nos ocupa; y en ella se sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"TERCERO.-El Juez desechó la demanda de amparo promovida contra la omisión de dar respuesta al escrito de quince de mayo del dos mil catorce, reclamada del Consejo de la Judicatura Federal, pues consideró actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo.

"...

"De la lectura de los agravios antes sintetizados se advierte que la recurrente pretende demostrar que la causa de improcedencia en que el Juez fundó el desechamiento no es indudable ni manifiesta, en virtud de que lo dispuesto por el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, debe ser interpretado a la luz de lo dispuesto por el diverso 100 constitucional.

"Para determinar el tratamiento que deba darse a su planteamiento, se debe tener en cuenta que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en reiteradas ocasiones, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que se encuentra plenamente demostrado, es decir, es un motivo que el Juez de Distrito advierte en forma patente y clara de la simple lectura de la demanda y sus anexos, de modo que aun admitiéndola a trámite, en el dictado de la sentencia definitiva no podría hacerse otra cosa que decretar el sobreseimiento, precisamente, por esa causa de improcedencia que desde un principio revela la aludida demanda.

"A fin de verificar si se actualiza o no la hipótesis de improcedencia advertida por el juzgador respecto de la omisión del Consejo de la Judicatura Federal de dar respuesta al escrito de la quejosa recibido en su oficialía de partes el quince de mayo del dos mil catorce, resulta necesario tener en cuenta que el seis y diez de junio de dos mil once, se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impactaron directamente en la impartición de Justicia Federal.

"La primera modificó al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia en los Estados Unidos Mexicanos que, para los efectos que interesan, fue fortalecido al ampliar su procedencia por violaciones a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La segunda, en íntima relación con la primera, puso en evidencia el reconocimiento del Estado de la progresividad de los derechos humanos, pues a raíz de las reformas, en nuestro país, las normas jurídicas que prevean cualquier derecho fundamental se deberán interpretar y aplicar atendiendo a un principio de mayor beneficio y protección a las personas.

"Entre las normas reformadas se encuentran los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Federal que, en la parte que interesa, establecen:

"‘Artículo 1o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 103.’ (se transcribe)

"De la transcripción anterior se advierte que, a partir de la reforma constitucional, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano.

"Conforme al artículo 103, fracción I, constitucional, los tribunales federales conocerán de los asuntos en que se reclamen normas generales, actos u omisiones de las autoridades que se consideren violatorios de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"En la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 103 constitucional, el Poder Reformador de la Constitución estableció que uno de los cambios más importantes de la iniciativa es el relativo al objeto de protección del juicio de amparo que se había limitado a las garantías individuales, para ampliarse a los derechos humanos reconocidos no sólo por la Constitución, sino también por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"Se propuso establecer con toda claridad que los tribunales de la Federación tienen la atribución de resolver en amparo toda controversia que se suscite no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que incurra cualquiera de los poderes públicos o incluso particulares que violenten derechos sociales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público, o bien, cuando actúen en ejercicio de funciones públicas.

"El Poder Reformador de la Constitución fue preciso al establecer que esa base constitucional debía ser retomada por el texto de la Ley de Amparo que se emitiera, a efecto de generar certeza sobre la procedencia del juicio contra omisiones.

"El dos de abril del dos mi (sic) trece, se publicó la Ley de Amparo, en cuyo artículo 1o. reprodujo la disposición constitucional, como a continuación se demuestra:

"‘Artículo 1o.’ (se transcribe)

"Pues bien, las explicaciones hasta ahora expuestas ponen en evidencia que las reformas constitucionales que dieron origen a la nueva Ley de Amparo tuvieron por objeto garantizar la mayor protección de las personas respecto de actos, normas generales u omisiones provenientes de cualquiera de los poderes públicos o incluso de particulares, cuando violenten los derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"En otras palabras, el Poder Reformador de la Constitución dejó en claro que el juicio de amparo procede no sólo contra normas y actos, sino también contra omisiones que provengan de cualquier autoridad con independencia del poder público a que pertenezca, e incluso de particulares en los casos que la ley así lo permita.

"Lo anterior con la finalidad de garantizar que las violaciones que se cometan afectando derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, serán analizadas y, en su caso, reparadas, por los tribunales federales.

"Como se ve, cuando el legislador estableció que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos y/u omisiones lesivos de derechos fundamentales, tuvo la intención de aclarar que ese medio de defensa procede en los casos en que se pretendan defender violaciones a ese tipo de derechos, con independencia de la naturaleza del acto de que se trate, entendiendo que esa obligación debe cumplirse a la luz del nuevo paradigma del sistema de impartición de justicia que exige el respeto absoluto a los derechos fundamentales y la protección más favorable.

"En efecto, el legislador estableció que tanto actos positivos (de acción) como negativos (omisiones o abstenciones) son susceptibles de ser reclamados en un juicio de amparo, a fin de verificar si son o no violatorios de derechos.

"Este esfuerzo por evidenciar la procedencia del juicio de amparo contra normas, actos u omisiones lesivos de derechos fundamentales, no implica que dicho medio de defensa proceda siempre y en todos los casos, pues, a fin de respetar la garantía de seguridad jurídica, el legislador también estableció un catálogo de hipótesis de improcedencia en el artículo 61 de la Ley de Amparo, catálogo que encuentra justificación en la sentencia de seis de agosto del dos mil ocho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en el Caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos.

"En dicha resolución, la Corte Internacional se pronunció sobre el juicio de amparo estableciendo que la obligación de los Estados de resolver razonadamente la totalidad de los asuntos que se sometan a su conocimiento, no es equivalente a que siempre y en todos los casos exista un análisis sobre el fondo del asunto, pues dicho estudio no es imprescindible para determinar la efectividad del recurso, ya que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la Convención Americana.

"La Corte Interamericana explicó que dicho razonamiento encuentra sustento en la seguridad jurídica, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole, aclarando que, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les sea planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso interpuesto.

"Sentado lo anterior, conviene tener en cuenta que, como se dijo, en respeto a la garantía de seguridad jurídica, el legislador previó en el artículo 61 de la Ley de Amparo, un catálogo de hipótesis que de actualizarse generan la improcedencia del juicio, entre las cuales destaca, para el caso que nos ocupa, la prevista en su fracción III, que establece:

"‘Artículo 61.’ (se transcribe)

"La norma jurídica establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.

"Para comprender el alcance de esa norma resulta necesario tener en cuenta que encuentra su razón de ser en el artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

"‘Artículo 100.’ (se transcribe)

"El precepto transcrito establece que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

"De conformidad con su último párrafo, las decisiones que emita en ejercicio de sus funciones serán definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en su contra, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

"La materia sobre la que versarán sus decisiones la define el artículo 98, segundo párrafo, constitucional, que establece que las funciones de ese órgano se circunscriben a la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Pues bien, si la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 100, penúltimo párrafo, constitucional, resulta claro que cuando el legislador ordinario previó que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, se refirió a las decisiones de ese órgano, excepto aquellas que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia.

"En otras palabras, cuando el legislador estableció que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, se refirió a actos de naturaleza positiva emitidos por ese órgano.

"En efecto, si, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán inatacables las decisiones que emita el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus funciones, resulta que se requiere la existencia de un acto efectivamente emitido por ese órgano en que se contenga su voluntad, en relación con algún asunto que comprenda el ámbito de sus funciones administrativas, de vigilancia y de disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"De esta forma cobra sentido la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en la medida en que es la propia Constitución la que prohíbe que se impugnen por cualquier medio de defensa, incluyendo el juicio de amparo, las resoluciones (actos positivos) que emita el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus funciones.

"Esta interpretación es acorde a lo resuelto por el Alto Tribunal sobre la prohibición prevista en el artículo 100, penúltimo párrafo, constitucional, como a continuación se demuestra:

"Al resolver la contradicción de tesis **********, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una nueva interpretación del artículo 100 constitucional, a la luz de la reforma en derechos humanos, aclarando que el cambio de paradigma derivado de las reformas constitucionales de junio del dos mil once, hizo necesaria una nueva reflexión sobre el criterio que hasta entonces había regido, en el sentido de que, por disposición expresa de la Constitución el juicio de amparo, era improcedente contra cualquier acto reclamado del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia de su naturaleza.

"El Alto Tribunal consideró que si bien, en principio, de conformidad con el artículo 100, primer y penúltimo párrafos, constitucional, las resoluciones pronunciadas por el Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables y, por tanto, la promoción del juicio de amparo en su contra actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce al desechamiento de plano de la demanda, lo cierto es que la reforma de diez de junio del dos mil once, al artículo 1o. constitucional, exige una interpretación atendiendo a la mayor protección de los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva.

"Explicó que una interpretación sistemática de los artículos 1o., 17 y 100 constitucionales, lleva a concluir que la inimpugnabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal prevista en el noveno párrafo del último de los preceptos mencionados, se traduce en una regla general, únicamente, respecto de las determinaciones que dicho organismo adopte en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, pero no así respecto de todas las demás resoluciones o actos que emita.

"Expuso que respecto de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal distintas a las de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, existe un aspecto de razonable opinabilidad en el modo de entender la regla de inimpugnabilidad, en virtud del nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Así, dijo que cuando el artículo 100 constitucional, en su noveno párrafo, prevé la inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, se debe entender sólo referida a las señaladas expresamente por dicha norma, a saber, las dictadas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que únicamente podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del recurso de revisión administrativa.

"Sobre esa base, concluyó que sólo en los casos en que en un juicio de amparo se reclamen resoluciones pronunciadas por el Pleno o las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia y, por tanto, en los casos en que se impugnen actos distintos de aquellos respecto de los que opera la prohibición constitucional, no puede considerarse que exista un motivo notorio y manifiesto de improcedencia que permita desechar de plano la demanda de amparo, razón por la cual deberá admitirse, a fin de respetar los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva.

"Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 12/2013, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo del 2013, página 5, que establece:

"‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe)

"De la (sic) explicaciones anteriores se advierte que el Pleno del Alto Tribunal consideró que una interpretación del artículo 100 constitucional, a la luz de las reformas constitucionales de junio del dos mil once, conduce a concluir que en los casos en que en un juicio de amparo se impugnen actos distintos de las resoluciones pronunciadas por el Pleno o las Comisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, no se puede considerar que exista un motivo notorio y manifiesto de improcedencia que permita desechar de plano la demanda de amparo, razón por la cual deberá admitirse, a fin de respetar los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva.

"En otras palabras, el criterio del Alto Tribunal en relación con la hipótesis de improcedencia que impide que en juicio de amparo se impugnen actos del Consejo de la Judicatura Federal se hace consistir, a la luz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, en que sólo operará en forma manifiesta e indudable en los casos en que se reclamen resoluciones pronunciadas por ese órgano en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

"Es cierto que dicho criterio jurisprudencial se fijó bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, que no preveía expresamente la hipótesis de improcedencia que la nueva legislación de la materia sí establece en su artículo 61, fracción III; sin embargo, si se toma en cuenta que el análisis fue realizado a la luz de las reformas que hicieron necesaria la publicación de una nueva Ley de Amparo que tuvo como propósito reglamentar las nuevas disposiciones en esa materia, resulta claro que ésa es la interpretación que debe regir para la ahora disposición expresa contenida en esa norma legal.

"Y es que, como se dijo, la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción III, de la Ley de Amparo, encuentra fundamento, precisamente, en la prohibición contenida en el artículo 100, penúltimo párrafo, constitucional que, interpretado a la luz de las reformas de junio del dos mil once, llevó al Alto Tribunal a concluir que la inimpugnabilidad en juici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26693-269f39da/consejo-de-la-judicatura-federal-contra-la-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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