CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DE LOS ACUERDOS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE DISTRITO MEDIANTE CONCURSOS INTERNOS, POR UN TERCERO AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. DISIDENTES: GUILLERMINA COUTIÑO MATA, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA, DAVID DELGADILLO GUERRERO Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. PONENTE: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL. SECRETARIO: ISMAEL HINOJOSA CUEVAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa que integran el Primer Circuito.
No pasa inadvertido que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, dispone:
"Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Plenos de Circuito para:
"I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer."
De lo anterior se advierte que los Plenos de Circuito son competentes para resolver contradicciones de tesis "de jurisprudencia" que se susciten entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, no así respecto de los criterios aislados sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el caso.
Sin embargo, este Pleno de Circuito estima que dicha disposición debe interpretarse armónica y sistemáticamente con lo dispuesto en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 107 constitucional, y en el artículo 225 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."
Los preceptos transcritos disponen que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias o discrepantes, los Plenos del Circuito correspondientes decidirán el que deba prevalecer como jurisprudencia; por lo que dichos preceptos no limitan las facultades decisorias de los Plenos a dirimir criterios aislados divergentes sustentados por los Tribunales Colegiados de los respectivos circuitos en los asuntos sometidos a su potestad.
Estimar lo contrario, impediría abordar el estudio de temas sustentados en criterios aislados, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos.
Son aplicables a lo anterior, en lo conducente y por las razones que lo informan, las siguientes jurisprudencias:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena Época. Registro digital: 189998. Instancia: Pleno. Tesis: Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001, materia común, tesis P./J. 27/2001, página 77)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Registro digital: 164120. Instancia: Pleno. Tesis: Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por **********, quien, en su carácter de quejoso, promovió los tres juicios de amparo e interpuso los correspondientes recursos contra el desechamiento de las demandas de amparo, es decir, fue parte en los asuntos que motivaron los criterios contendientes.
TERCERO.-Requisitos. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado supuestos jurídicos esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Existirá contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
CUARTO.-Criterios contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, se transcriben en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones emitidas por los tribunales contendientes.
A. Los antecedentes del recurso de queja QA. 276/2014, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:
Las autoridades responsables y actos reclamados en el juicio de amparo **********, del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que se desechó la demanda, materia del aludido recurso de queja, fueron:
III. Autoridades responsables:
a) Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
b) Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
c) Director del Instituto de la Judicatura Federal y jurado designado.
d) Titular del Diario Oficial de la Federación.
IV. Actos reclamados:
1. El Acuerdo General 22/2014, aprobado el nueve de julio de dos mil catorce, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos internos de oposición.
2. La convocatoria al vigésimo concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito de competencia mixta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de agosto del año en curso.
3. La publicación y ejecución del acuerdo y convocatoria señalados.
El Juez de Distrito desechó la demanda, porque consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo, que restringe la procedencia del juicio contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.
El Tribunal Colegiado confirmó la decisión del Juez de Distrito, y determinó que el juicio de amparo es improcedente contra decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual deriva del precepto 100 constitucional, sin considerar las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Precisó que el carácter definitivo e inatacable de los actos del Consejo de la Judicatura Federal se vería tergiversado si se permitiera la intervención del Poder Judicial de la Federación, para revisar su legalidad, por lo que la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo, no hace más que reconocer una situación jurídica ya prevista en la Constitución Federal, por lo que con base en esa premisa no puede hacerse un análisis sobre la constitucionalidad del mencionado precepto, pues constituiría el estudio de una disposición de la propia Carta Magna.
Lo anterior se desprende de la siguiente transcripción:
"En otro orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo tiene como propósito garantizar la observancia de decisiones que, desde la perspectiva de la propia Ley Fundamental, deben considerarse inatacables, salvo aquellas que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En efecto, el párrafo noveno del artículo 100 constitucional dispone:
"‘Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
"‘...
"‘Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptados conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.’
"Para concretar esa norma fundamental a nivel legal, en la Ley de Amparo vigente se estableció en el artículo 61, fracción III, que el juicio de garantías es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.
"Si no procede el juicio de amparo contra las decisiones del citado órgano de la judicatura es porque el poder reformador de la Constitución Federal y, posteriormente, el legislador ordinario, consideraron que la inatacabilidad de sus decisiones, como órgano terminal, era indispensable para la salvaguarda del estado de derecho.
"Con independencia de la validez de esa determinación -tema que no puede ser analizado por este órgano judicial, como se explicará más adelante-, el carácter definitivo e inatacable de los actos del Consejo de la Judicatura Federal se vería tergiversado si se permitiera la intervención del Poder Judicial de la Federación para revisar su legalidad, por lo que, como órgano terminal, es al citado Consejo al que le compete de manera exclusiva emitir sus resoluciones sin que éstas puedan ser controvertidas en juicio.
"Estas consideraciones conducen a sostener que la causa de improcedencia que se analiza no hace algo más que reconocer una situación jurídica ya prevista en la Constitución Federal, es decir, que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, fuera de los casos de excepción establecidos en el párrafo noveno del artículo 100 constitucional, son inimpugnables.
"Al advertirse esa limitación o restricción en la propia Ley Fundamental, que es trasladada al artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, resulta que no puede examinarse la validez constitucional o convencional de este último precepto, pues si así se hiciera lo que se estaría analizando en los hechos es la regularidad constitucional de una disposición de la propia Carta Magna, esto es, la imposibilidad de impugnar por cualquier medio los actos del Consejo de la Judicatura Federal, fuera de los casos excepcionales mencionados.
"Se afirma lo anterior, porque ese ejercicio de control ha sido expresamente vedado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.).
"...
"En lo conducente, estas consideraciones aparecen reflejadas en la citada tesis, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, página 938, que establece:
"‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe)
"De esta forma, debe declararse inoperante el argumento en análisis, pues no puede prosperar el examen de constitucionalidad y/o de convencionalidad del artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, que el quejoso sostiene que debió efectuarse en el auto impugnado y que, en su caso, este órgano judicial debe realizarlo, pues si así se hiciera se estaría verificando en los hechos la regularidad constitucional de una disposición de la propia Ley Fundamental (artículo 100, párrafo noveno).
"Por estas razones es que resulta inaplicable al caso concreto la jurisprudencia P./J. 12/2013 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’, que derivó de la contradicción de tesis 479/2011, pues además de que el examen respectivo lo efectuó el Alto Tribunal a partir de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en que no se contenía la causal de improcedencia que sirvió de sustento al desechamiento de la demanda, este órgano judicial no puede dejar de aplicar el mandato de prohibición contenido en el párrafo noveno del artículo 100 constitucional.
"Tal conclusión se ve corroborada en la medida en que, recientemente, el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio en el sentido de que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente (nacional o internacional), no se relacionan en términos jerárquicos; sin embargo, aclaró el Alto Tribunal, si en la Constitución Federal existe una restricción expresa al ejercicio de estos derechos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, con independencia de lo que prevean los tratados sobre alguna prerrogativa en particular.
"Esto es, el Alto Tribunal dejó en claro que, por virtud del principio de supremacía constitucional, las restricciones a los derechos fundamentales previstas en la propia Carta Magna -en que se traduce la inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal- deben prevalecer sobre las disposiciones que, contrariando su texto, se contengan en otros instrumentos internacionales.
"El criterio de que se trata, identificado con el número P./J. 20/2014 (10a.), aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, y establece:
"‘DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)
B. Los antecedentes del recurso de queja QA. 239/2014, resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:
Las autoridades responsables y actos reclamados en el juicio de amparo **********, del conocimiento del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que se desechó la demanda, materia del aludido recurso de queja, fueron:
"III. Autoridades responsables:
"El Poder Legislativo que aprobó las normas y no obligar a que concedan condiciones de igualdad para acceder a las funciones públicas que regulan; así como al Titular del Poder Ejecutivo le atribuyo que ordenó su publicación
"a). El H. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
"b). El presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
"c) El director del Instituto de la Judicatura Federal y el jurado designado para estos concursos, por cuanto que participan en la ejecución de los actos reclamados.
"d) El titular del Diario Oficial de la Federación, por la publicación que realizó del acuerdo, convocatoria y normas reclamadas."
"IV. Actos reclamados:
"De las marcadas con los incisos a, b y c), reclamo lo siguiente y las mencionadas al inicio de la fracción III:
"1. El Acuerdo General 22/2014, aprobado el 9 de julio de 2014, por el Pleno de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y los lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos internos de oposición, así como cualquier otro acto que sea consecuencia directa o indirecta de dicho acuerdo, como puede ser las convocatorias que con apoyo del mismo se realicen para acceder a cargo de Juez de Distrito y el contenido del mismo acuerdo, estimado en lo individual como fases del procedimiento para acceder al cargo de Juez de Distrito.
"2. El artículo 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, por inconvencionales e inconstitucionales, al no conceder el acceso a las funciones públicas de juzgar en materia federal en condiciones generales de igualdad a todos los que cumplan los requisitos de la Ley para Juez, Magistrado, Consejero y Ministro del Poder Judicial Federal.
"3. La convocatoria al décimo noveno interno de oposición para la designación de Jueces en el Juzgado de Distrito de Competencia Mixta y primer concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio.
"4. La ejecución parcial de los actos reclamados al director del Instituto de la Judicatura Federal y al jurado designado para este tipo de concurso, porque es inminente que deberán de realizarlos, en franca violación del derecho humano que me corresponde acceder en condiciones generales de igualdad a la función pública de Juez de Distrito, sin establecer procedimientos que favorecen a sus familiares, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, colaboradores y todo aquel para el que siente afecto, lo que el suscrito no tiene y por eso soy discriminado, dada mi mala estirpe y baja bursatilidad como miembro de la clase campesina que soy, negándonos toda posibilidad de desarrollo y ser escuchados para hacer prevalecer nuestros principios y valores;
"b) Del marcado con el inciso d), reclamo la publicación que hizo de las convocatorias, acuerdos y ley que deje establecidas."
El Juez de Distrito desechó la demanda con fundamento en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, sin importar que lo promuevan particulares, servidores públicos o empleados del Poder Judicial de la Federación, ya que en términos del precepto 100 constitucional, las resoluciones de dicho Consejo son inatacables, con excepción de las que se refieren a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las que pueden controvertirse a través de la revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuestos en los que dijo no se ubica el quejoso.
El Tribunal Colegiado revocó la decisión del Juez de Distrito. Determinó que el reclamo de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, diversas a las emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, no constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia, ya que en términos de la sentencia dictada en la contradicción de tesis 479/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una cuestión que atañe al fondo del asunto, por tanto la probable violación de derechos debe analizarse conforme a las particularidades del caso concreto, porque se requiere un análisis profundo para determinar la improcedencia, el que solamente puede hacerse en la sentencia definitiva.
Se transcribe en lo conducente esa ejecutoria:
"Los anteriores argumentos resultan sustancialmente fundados atento a las siguientes consideraciones:
"Como se advierte de autos la materia del presente recurso de queja, estriba en determinar si lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 100 constitucional y 61, fracción III de la Ley de Amparo en vigor, debe analizarse atendiendo a la reciente reforma constitucional, por virtud de la cual se incorpora la tutela y protección de los derechos humanos que se reconocen en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, a fin de establecer si tratándose de actos del Consejo de la Judicatura Federal, la improcedencia del juicio de amparo, es notoria y manifiesta, como lo sostuvo el Juez Federal en el auto de desechamiento.
"Lo anterior en razón de que, como refiere el recurrente, la Juez de Distrito omitió considerar, que en relación con la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal se pronunció al resolver la contradicción de tesis 479/2011, en el sentido de que la impugnación en amparo de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, diversas a la emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
"Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 479/2011, en sesión de trece de febrero de dos mil trece, estableció las siguientes consideraciones: (se transcribe)
"Del texto transcrito se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que lo relativo a la procedencia del juicio de amparo que se promueve contra actos del Consejo de la Judicatura Federal por estimarlos violatorios de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, es una cuestión que atañe al fondo del asunto, en tanto la presumible violación a esos derechos debe analizarse atendiendo a las particularidades del caso concreto y, en consecuencia, no puede estimarse que en tal supuesto la improcedencia del juicio es notoria y manifiesta, que es la condición necesaria para desechar la demanda respectiva.
"Corolario de lo expuesto, en la especie, no existe un motivo de improcedencia absolutamente claro, palpable, objetivo y sin lugar a duda, suficiente para desechar de plano la demanda, por ende, no se actualizan los supuestos exigidos por el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo."
C. Los antecedentes del recurso de revisión RA. 137/2013 (improcedencia), resuelto por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:
Las autoridades responsables y actos reclamados en el juicio de amparo **********, del conocimiento del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que se desechó la demanda, materia del aludido recurso de revisión, fueron:
"III. La autoridad o autoridades responsables:
"a) El H. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;
"b) El director del Instituto de la Judicatura Federal y jurado designado para este concurso, por cuanto que participan en la ejecución del acuerdo reclamado;
"3. El titular del Diario Oficial de la Federación, por la publicación que realizó del acuerdo reclamado;
"IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclama:
"1. El Acuerdo General 6/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos internos de oposición; así como cualquier otro acto que sea consecuenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26079-e4cdc5d1/consejo-de-la-judicatura-federal-la-impugnacion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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